Nota
Perdón
(Texto en el que se basó el testimonio de Claudia Acuña, testigo en el juicio ético que la Asociación Madres de Plaza de Mayo organizó el 29 de abril de 2010)
La pregunta que tratamos de responder hoy es qué rol cumplió el periodismo durante la dictadura. Estamos hablando, entonces, de una época de censura marcial.
Mirar de frente y a la cara a ese agujero negro absoluto nos permite hoy reconocer los mecanismos que tejieron esa red que secuestró la libertad de expresión no de un profesional de la comunicación ni de un medio, sino de toda la sociedad.
Mi hipótesis es que el plan criminal que llevó adelante la dictadura incluyó a un grupo de medios y personas cuya tarea fue difundir, sostener y justificar la máquina de terror.
Tomo como base un caso testigo: el de la editorial Atlántida, por entonces propiedad de la familia Vigil y editora de la revista Gente, en esos años dirigida por Samuel Gelblung; la revista Somos, cuya edición política estuvo a cargo de Gustavo Landívar y la secretaría de redacción la desempeñaron Héctor D’ amico (hoy secretario general del diario La Nación) y Jorge de Luján Gutierrez (hoy director de la revista gente) y la revista Para Ti, dirigida por Lucrecia Gordillo y Agustín Botinelli.
De manera sincronizada y sistemática, estas publicaciones difundieron un discurso homogéneo que podría distinguirse en dos grandes líneas narrativas:
1) En primer lugar, la difusión del sustento ideológico del terror. Sería interminable la lista de ejemplos que podría entregar a este tribunal, especialmente los referidos a cómo se creó una gramática que justificó la represión, criminalizó a las víctimas y muy especialmente a la organización sindical y resaltó las virtudes del plan económico en general y la personalidad del ministro José Alfredo Martínez de Hoz en particular. Creo puede dar una idea certera de qué a niveles llegó esta literatura de propaganda este texto que se publicó con el título de Carta Abierta a los padres argentinos, en la revista Gente a fines de diciembre de 1976, en forma de nota periodística en la revista Somos y luego, como guía de consejos para padres en la revista Para Ti. Entrego al Tribunal las copias correspondientes y solicito que se lean los párrafo por mi seleccionados:
Carta abierta a los padres argentinos, publicada en la revista Gente en diciembre de 1976:
«Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden. Que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien. Pero ese optimismo -por lo menos, en exceso- también es peligroso. (…) Hoy, aún cuando el fin de la guerra parece cercano, aún cuando el enemigo parece en retirada, todavía hay posiciones claves que no han podido ser recuperadas. Porque hay que entender algo, con claridad y para siempre. En esta guerra no sólo las armas son importantes. También los libros, la educación, los profesores. La guerrilla puede perder una o cien batallas, pero habrá ganado la guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el club, en la iglesia. Ese es su objetivo principal. Y eso es lo que todavía puede conseguir. Sobre todo si usted, que tiene hijos, no está alerta. (…) Porque si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando la llamen de la morgue».
Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas, artículo publicado en la revista Para Ti en marzo de 1977:
«Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese transbordo ideológico que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos: diálogo, burguesía, proletariado, América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etc.
(…) Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico. Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes».
2) Otra de las líneas narrativas estuvo destinada a contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Comenzó en el año 1977 como puede inferirse de las notas cuyas copias entrego a manera de ejemplo.
Esta línea llegó a su máxima expresión en 1978, en la misma medida en que se fortalecía la organización de las denuncias y al ritmo en que los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos comenzaban a investigarlas. Así surge la frase «campaña anti-argentina» que recorre todas las publicaciones de Atlántida y cuya síntesis emblemática son las famosas postales que reemplazaron a las tradicionales fichas de cocina de la revista Para Ti durante 4 números, en agosto de 1978. De esta etapa, entrego al tribunal algunos ejemplos y destaco especialmente una tapa de la revista Somos que hoy puede parecer una parodia de la revista Barcelona: Es la que lleva la foto del general Videla festejando el gol de la selección argentina en el Mundial 78 y lleva por título «Un país que cambió». Lo paradigmático, sin embargo, es su contratapa: El aviso del nuevo Ford Falcon modelo 78, «para un marcha más serena, suave y gratificante».
No quiero, sin embargo, explayarme sobre esto que considero los ejes centrales del mecanismo porque me interesa resaltar algunos casos que para mi representan hasta dónde fue capaz de llegar.
1) Uno es esta nota publicada en la revista Somos el 16 de diciembre de 1977 titulada Cómo viven los desertores de la subversión que ilustran con fotos que muestran un supuesto «centro de rehabilitación para extremistas», según dice el epígrafe. Conociendo hoy la realidad de los campos de concentración de la dictadura da miedo mirar estas fotos.
2) Otro ejemplo es esta serie de notas que dan cuentan de la situación de niños involucrados en operativos militares. La primera es publicada por la revista Somos el 30 de diciembre de 1977 con el título Los hijos del terror e informa, de manera muy especial como podrá apreciar el tribunal, del operativo realizado el 15 de setiembre de 1977 en Uruguay donde fue detenido, entre otros, el pianista Miguel Angel Estrella y diputado Jaime Dri en un procedimiento que derivó luego en el traslado ilegal de los detenidos al centro de detención clandestino ESMA y para su comparación entrego una copia de la misma noticia publicada por el diario uruguayo La República.
La segunda nota que involucra a niños fue publicada el 24 de marzo de 1978, se titula Los herederos del odio y hace referencia, en un tono similar a la anterior, al «abandono» de tres niños «que eran hijos de María Luisa Cerviño, una notoria subversiva».
Según consta en el legajo N° 1791 de la Conadep María Luisa Cerviño fue privada ilegalmente de su libertad el 7 de abril de 1977. Cito esa denuncia:
«El mayor de los niños, de 11 años de edad, relató que junto a su madre y sus hermanos, Paula y Marcos, ´fueron a visitar a Jesús en la iglesia´, y luego se dirigieron a una confitería (de Villa Devoto). Al salir vio a unos señores vestidos de civil armados que los rodean. Allí su madre baja a la niña de dos años que tenía en brazos y corre, siendo baleada y herida. Luego, dos hombres la introducen a un auto, y a los chicos en otro. La abuela de los chicos se enteró que su hija estaba internada en un Hospital de Villa Devoto, donde le dijeron que personal del Ejército la había retirado sin ser curada.
María Luisa fue vista en el campo de concentración El Vesubio.
La citada nota de la revista Somos no menciona ninguno de estos datos. Concluye, en cambio, con la siguiente infomación, que solicito al tribunal de lectura:
«Quizá la explicación a esto, que en principio parece inexplicable, le den dos cartas halladas recientemente durante un operativo antisubversivo. Una de ellas, firmada por «tu padre» está dirigida a Ernesto y dice:
«No puedo concebir que esta sociedad podrida te contagie con tus sus dibujos, sus parques de diversiones y juguetes (…) (corte en el orginal) Debes hacer honor al nombre que te puse , Ernesto, por el Che, utilizar a tu reaccionaria madre para que te alimente hasta que puedas hacerlo solo e incorporarte a la organización y nunca escuchar sus consejos burgueses que pueden hacer de vos un maricón amanerado».
3) Otro ejemplo concreto de hasta dónde llegó la prensa en tiempos de dictadura es el caso de Thelma Dorothy Jara de Cabezas, secuestrada en la puerta del Hospital Español la noche del 30 de abril de 1979 y mantenida prisionera en la ESMA durante un año. Era una madre que buscaba a su hijo de 17 años desaparecido desde el 10 de mayo de 1976. Por esta madre se habia presentado el habeas corpus N º746 ante el Juzgado Federal Nº5 que fue rechazado. Está probado que en ocasión de su cautiverio fue sometida a mecanismos de tortura y que fue obligada por sus secuestradores a realizar un reportaje para la revista Para Ti, que fue publicado el 10 de setiembre de 1979.
La entrevista formó parte de la campaña que esa editorial montó en oportunidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su segundo párrafo señala:
«La señora Thelma Jara de Cabezas es un testimonio (sic) nunca antes contado. Es sacar a la luz la verdad y la infamia que se esconden detrás de grupos con clara e inequívoca ideología, que se amparan en una supuesta y malintencionada defensa de los derechos humanos».
La primera denuncia judicial por este falso reportaje fue en 1984 y contra Aníbal Vigil, director ejecutivo de Editorial Atlántida, pero se diluyó como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ahora está en manos del juez Sergio Torres que debe investigar si hay delito, como sostiene la nueva querella que le atribuye a las autoridades de Atlántida la condición de partícipes necesarios en el delito de privación ilegítima de la libertad.
4) Otro ejemplo: La falsa carta atribuida al capitán del equipo holandés de fútbol, Rudd Krol que fue publicada en la revista El Gráfico el 13 de junio de 1978. Al publicarse, el embajador de Holanda presentó un protesta formal y la selección de ese país amenazó con retirase de la Copa. Finalmente, decidieron dar una conferencia de prensa donde el propio Krol desmintió lo publicado, pero la mayoría de los medios locales no publicó la noticia. La falsa carta decía lo siguiente:
«Mi preciosa:
Mamá me contó que los otros días lloraste mucho porque algunos amiguitos te dijeron cosas muy feas que pasaban en Argentina. Pero no es así, es un mentirita infantil de ellos. Papá está muy bien. Aquí todo es tranquilidad y belleza-. Esto no es la Copa del Mundo sino la Copa de la Paz. No te asustes si ves alguna foto de la concentración con soldaditos vestido de verde al lado nuestro, esos son nuestros amigos, nos cuida y nos protegen. Dile a tus amiguitos la verdad: Argentina es una tierra de amor».
Muchos de los ejemplos que aquí traigo son burdos y, por eso mismo, se podría sospechar que he sido tendenciosa en la selección. Pero señor fiscal: este es el nivel que tiene el infierno. Y llamar a esto periodismo insulta de todas las maneras posibles mi profesión.
Por último, y para no limitarme a un solo caso, y dar idea de hasta cuándo persiste en el tiempo esta burda pero sistemática operación discursiva y dar una idea de la promiscuidad, aporto el editorial publicado por el diario La Prensa el 5 de junio de 1982, bajo la dirección de Máximo Gainza Castro: Allí se sostiene:
«El éxito obtenido por las fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, la prudencia y discreción con que habitualmente proceden sus miembros en el gobierno, la inclinación de las autoridades por la democracia y la libertad son hechos de pública notoriedad que se traducen en la tranquilidad general y el orden jurídico que prevalece en el país. Los órganos de opinión se expiden con absoluta independencia. Los derechos existen y las garantías constitucionales, subsisten.»
El general Ramón Camps dedicó su libro donde da su versión del caso Timerman a Gainza Castro, a quien la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo reclama infructuosamente que declare en el causa en la que intenta averiguar el paradero de su nieta Clara Anahí. Chicha Mariani nos contó que descubrió que en la declaración que hizo Camps ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asegura que el señor Gainza Castro estuvo presente en el operativo donde fue secuestrada su nieta. Hasta que el señor Gainza Castro no aclare esta versión quedará pendiente una pregunta siniestra ¿qué hacía el director de un diario en un operativo donde se secuestró un bebe?
Quizá La mejor síntesis sobre el rol que cumplió la prensa durante la dictadura fue la que escribieron Ignacio Lozano, por entonces propietario del diario La Opinión de Los Angeles y Edward Seaton, propietario y editor del diario Mercury de Kansas en un informe que dio a conocer la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 1978, donde se retrató la actitud de los editores argentinos de la siguiente manera:
«La mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial». Otros editores y directores «dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que ‘van a cooperar’.
Según interpretó este informe en 1978 el motivo de esta actitud es el siguiente:
«Se benefician de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel».
El informe señaló que la única «notable excepción» a la ausencia de cobertura de los crímenes del gobierno militar es el Buenos Aires Herald, dirigido por David Cox. Fue precisamente Cox quien aseguró en una entrevista:
«Si sólo hubiésemos tenido una prensa decente, no podría haber pasado lo que pasó».
No encuentro mejor manera de concluir todo lo que estas pruebas representan que con las palabras que le dijo Risha Timerman al entonces director de La Nación, Claudio Escribano. Fue cuando Risha asistió con sus hijos a una reunión de la SIP realizada en 1981 para denunciar el arresto y las torturas a la que era sometido su esposo Jacobo. Escribano, sentado en la primera fila, desmintió su testimonio acusando a Risha de mentirosa ya que en Argentina y en plena dictadura había libertad de expresión. Fue entonces cuando Risha le dijo:
«Nadie te pide tanto».
«Nadie les pidió tanto» podríamos decirles hoy a quienes ayer, 28 de abril de 2010, distinguieron a José Claudio Escribano como miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
No soy ingenua y entiendo que en estos días un debate como este pretende ser utilizado por la mediocre interna política argentina, pero también sé que esto es posible porque en todos estos años no supimos ni quisimos construir un espacio de debate y autocrítica.
Que sea hoy y en la calle es mérito de las Madres.
Y nuestra falta.
Hoy tampoco nadie nos pide tanto.
Nos piden simplemente que asumamos que nuestro oficio tiene derechos, pero también obligaciones. Y que aceptemos que esas obligaciones son ineludibles, porque son éticas y sociales.
Eso que nos piden hoy es algo que comprendió el Colegio de Periodistas de Chile cuando en junio de 2008 pidió públicamente perdón a víctimas y familiares de la dictadura pinochetista por considerar que hechos como los que aquí se citan afectan a la profesión toda. Dijeron entonces nuestros colegas chilenos:
«Sabemos que pedir perdón no es suficiente, pero sí imprescindible para restablecer algo de la dignidad perdida».
Hago suyas sus palabras.
Perdón.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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