Nota
Andalgalá: policía sí, consulta popular no
«Es una forma de intimidarnos» dice el profesor Aldo Flores a lavaca. al referirse al amenazador aumento y despliegue de fuerzas policiales en Andalgalá, Catamarca, donde los vecinos de la asamblea El Algarrobo impiden y lograron detener por ahora al proyecto minero Agua Rica. También se supo que el proyecto de referéndum para apoyar o rechazar la minería, aprobado por el Concejo Deliberante, fue ahora rechazado por el poder judicial provincial.Flores es uno de los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá, donde los asambleístas fueron reprimidos ferozmente el 15 de febrero último, ocasionando la posterior pueblada que derivó en la quema de parte de la intendencia. Ahora la infantería patrulla las calles y los vecinos notan un aumento de presencia policial, semana tras semana.
Flores plantea: «Es una forma de intimidarnos. ¿A qué más pueden venir? ¿Se incrementaron los robos, los asesinatos? Acá no pasa nada de eso, todo el mundo conoce a todos. Que venga la marina, el ejército, lo que sea… No les tenemos miedo». Mientras en la gobernación aseguran que el personal cumple «tareas comunitarias», desde El Algarrobo sugieren que las fuerzas se encargan de «vigilar y recolectar información sobre quién piensa bien y quién mal sobre la minera», dice Aldo. Según un comunicado que circuló vía mail, se han detectado policías preguntando a jóvenes sobre la actividad minera, los incidentes tras la represión, y el referéndum, cuya realización ha sido rechazada por el poder judicial. El reclamo por el injustificado aumento policial y de infantería ya fue denunciado por los vecinos a diputados de Congreso y Nación.
Para recordar
El 15 de febrero vecinos autoconvocados prohibían el paso vehicular a la planta de la empresa minera Agua Rica. Desde la fiscalía de Andalgalá llegó la orden de desalojo, y la policía fue también la protagonista de los hechos que dejaron decenas de personas heridas y contusas, – sin omitir mujeres y niños- y más de 40 detenidos. La reacción espontánea fue una pueblada, que derivó en la quema de parte de la intendencia y la rotura de vidrios de las oficinas de la propietaria de la mina, la canadiense Yamana Gold. Tras los incidentes el gobierno ordenó detener las obras en la planta «hasta que vuelva la paz social». En el reciente comunicado los vecinos proclaman que no habrá paz social sino hasta que la minera deje el pueblo, y aún más: presentaron una ordenanza para extender la prohibición de la minera en toda la provincia.
Colonia y 25 de Mayo
Mientras tanto, y respetando los caracolescos tiempos burocráticos, los vecinos impulsaban un referéndum que defina la opinión de la comunidad sobre la instalación de la minera en Andalgalá. El 11 de marzo el Concejo Deliberante aprobó el pedido, aunque no lo fechó. Semanas más tarde se supo que la justicia catamarqueña y dejó al plebiscito sin validez, hasta tanto «determinar su constitucionalidad».
Aldo Flores: «Lo están estirando para más adelante porque saben que si lo largan ahora, pierden. Están trabajando para dar vuelta a la gente y ver si mejoran las condiciones, pero el pueblo está firme en la idea de no querer la minería». Además, llegado el caso de la votación, los vecinos desconfían del eventual recuento en los comicios. Por eso, algunos insisten en dar vuelta la página del referéndum y apurar con fuerza la ordenanza provincial que prohíba la minería a cielo abierto en todo el territorio.
En esa línea se mueve la reunión del 1° de mayo, en Catamarca, a todas las asambleas ambientales del noroeste argentino. La propuesta es trabajar por una ley nacional de minería que controle los rastreos de las empresas y limite el otorgamiento de licencias. Además, Aldo invita: «Después, en la semana del 25 de mayo, estaremos realizando una serie de actividades con la idea de refundar la Nación, porque estamos tan colonizados como antes».
La trampa de las mineras
La palabra cae justa con el contexto actual: los vecinos de Andalgalá sienten que el pueblo está sitiado, militarizado. El discurso de la paz social comienza a derretirse. «Es una provocación», dice Aldo, al tiempo que dispara una sospecha vecinal: que la minera se está filtrando por detrás de la montaña, en camionetas (y para ello no hay seguridad), «pero nosotros no tenemos la logística para comprobarlo y seguirles cada paso».
En tanto, los asambleístas de El Algarrobo mantienen el corte sobre la ruta y se reúnen en asamblea todos los días. Un modo de compartir esperanzas, incertidumbres y conversar los pasos a seguir. Aldo resume: «Todo lo que venga por la vía legal nos genera desconfianza, pero nuestra firmeza está en la convicción de que el pueblo de Andalgalá no quiere la minería, y eso va más allá de la burocracia. Sabemos que si sale el plebiscito pueden derogarlo dentro de un año, o hacer lo que quieran. Con una ley lo mismo. No creemos en eso. Creemos en la fuerza de la gente, en su consciencia, y vamos a seguir trabajando con el pueblo con la convicción de que queremos vivir y tenemos derecho a elegir esas condiciones».
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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