Una movilización calificada como “cacerolazo descomunal” por la Asamblea por el Agua de Mendoza, fue la respuesta que la noche del lunes dio la sociedad mendocina a la violencia estatal provocada, pasado el mediodía, contra quienes reclamaban sus derechos frente al avance de la megaminería en la provincia. La acción policial, con gases lacrimógenos y balas de goma, arrasó sin omitir a mujeres y niños según las actuales doctrinas de seguridad de los intereses de las corporaciones. De un total de 45 detenidos, todavía se desconocía el paradero de 30 mientras las comunidades preparan planes de lucha para resistir al proyecto impulsado por la provincia y por la Nación, a través del propio presidente Alberto Fernández. La Asamblea de Uspallata resolvió retomar de modo total el corte de ruta hacia Chile, y diversas localidades se organizaban para replicar esa medida en otros puntos del territorio provincial en una Navidad signada por el Mendozazo.  

“Ningunear, infiltrar, reprimir e imponer” dicen los asambleístas que fue la estrategia del gobierno del radical Rodolfo Suárez para rechazar el veto a las reformas a la Ley 7722, que abren el uso de sustancias tóxicas como sopas ácidas y cianuro para la explotación de minería a cielo abierto.

Con diferencias en el origen pero con la misma lógica, Mendoza tuvo su versión de la receta neoliberal chilena y la población está reaccionando con un criterio: no dejarse avasallar.

El repudio a la reforma de la Ley había llegado en forma de marcha gigantesca, surgida desde muchos pueblos del interior provincial reclamando el veto o la no promulgación de esos cambios votados por diputados y senadores en una típica sesión exprés de fin de año.

La respuesta gubernamental al reclamo pacífico de la ciudadanía fue la represión a esas comunidades que el domingo habían organizado caravanas conmovedoras rumbo a la capital, nutridas principalmente por familias. “Ya frente a la casa de gobierno, había personas que no habían estado en la marcha. Las veías y te dabas cuenta de que no tenían nada que ver con nuestras movilizaciones, gente encapuchada, que nadie conocía. Y del otro lado, un clima de provocación por parte del gobierno y la policía. El acto era totalmente pacífico, pero lo dispersaron con esa provocación para que se instalen las mineras” explicó a lavaca la asambleísta María Teresa “Guni” Cañas.

Hubo 45 detenidos. Anoche no se sabía el paradero de 30 de ellos.

La diputada Anabel Fernández Sagasti salió durante la tarde a decir que “Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche”. Agregó: “Si el Gobernador Rodolfo Suárez elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta”. Pidió“diálogo, razonabilidad y consensos”, cosa que jamás el gueto político puso en práctica en los últimos años frente a la sociedad mendocina a la que se está imponiendo este proyecto.

De hecho, el propio presidente Alberto Fernández había anunciado el miércoles ante la Asociación Empresaria Argentina (que reúne a las empresas más poderosas el país) que la Ley en Mendoza iba a aprobarse. Lo sabía dos días antes. El diálogo que tuvo con los empresarios el Presidente, jamás se intentó con las comunidades que rechazan la invasión, destrucción y contaminación de su territorio por parte de multinacionales  mineras que en la propia Argentina han demostrado su incapacidad para dar empleo o generar beneficios para la sociedad.  La situación amenaza también a Chubut, el otro ejemplo citado por Fernández ante el aplauso de las corporaciones.

Se pronunció también el obispo mendocino Marcelo Colombo quien pidió al gobernador por carta que vete las modificaciones a la Ley: “Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente”.

Otro párrafo muy descriptivo del obispo Colombo: “En reiteradas oportunidades en este último tiempo, esta Arquidiócesis se expresó sobre la cuestión minera, insistiendo en la imprescindible licencia social como punto de partida. Así también lo señaló Ud. en la campaña electoral. Quizá, más tarde, Ud. pudo identificar su importante victoria en las urnas con esa licencia social. Pero no es así. Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere un consenso específico y explícito. De otra manera, se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas”.

Promesas de campaña rotas, falta de amistad social y aceleración de fin de año para evitar toda posibilidad de discernir, forman parte del lugar común de buena parte de la clase política argentina, repetido ahora en Mendoza con el agravante de la violencia contra la sociedad

Hipótesis sobre el futuro, según Guni Cañas: “La marcha de la noche fue de las mayores que hayan existido. No nos van a frenar, vamos a seguir reclamando por el derecho al agua, al ambiente y a la salud”.

Sergio Onofrio, también asambleísta: «Esto está empezando. Me consta que hay un quiebre también en el kirchnerismo, porque Fernández Sagasti ahora busca despegarse pero venía actuando en línea con la sanción de las reformas». Sergio cuenta que varios departamentos mendocinos ya anunciaron los cortes de ruta y la posibilidad de desactivar la fiesta de la vendimia, en la medida en que esta medida no se retrotraiga. En los próximos días estarán presentándose los recursos para que la Suprema Corte provincial declare inconstitucional la reforma votada en la legislatura. La causa: la regresividad de es reformas que borran los avances que se venían logrando con la ley 7722. Desde el punto de vista de lo constitucional, en la Asamblea por el Agua recordaban ayer un texto poco difundido entre la casta política.

Se trata del artículo 41º de la Constitución Nacional.

Dice: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo». 

De esos derechos y de ese deber se están haciendo cargo quienes habitan una provincia que de muchos modos están defendiendo bienes comunes y derechos de todos los habitantes del país. Lo que ocurre en estos días no es un problema mendocino, sino una batalla más en el dilema de cómo vivir y producir en un planeta que siga vivo, y en el enigma vigente de cómo construir una democracia.