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¿Qué deja la industria minera? La experiencia uruguaya

Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.

Publicada

hace 9 años

24/05/2016

Mientras Orosur obtiene sus ganancias gracias a las renuncias fiscales, en Minas de Corrales más de 200 de sus trabajadores cobran subsidios por desempleo. Una nota de Betania Núñez en Brecha.

¿Qué deja la industria minera? La experiencia uruguaya

Foto: Rinaldo Mora, IMR

El Poder Ejecutivo decidió dar más de un beneficio al grupo Orosur. El primero, el más sonado, fue exonerar a la empresa del canon que tiene que abonarle al Estado, “único pago por el oro que se lleva del país”, según calificó la organización Uruguay Libre. La medida fue tomada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. La decisión no es para nada habitual, según fuentes de esa cartera que rastrearon, sin suerte, antecedentes similares, y permitió a Orosur embolsarse entre 600 mil y 700 mil dólares, según cálculos aportados a Brecha por la propia empresa.
Pero la exoneración del pago del canon al Estado no es el beneficio más jugoso que ha obtenido. La segunda gracia le aportó 2,5 millones de dólares, resultado de la renuncia estatal a cobrarle los impuestos a la exportación. El monto, según un informe que la empresa publicó para sus inversores, habría sido resarcido por el Estado en abril. Este mecanismo está previsto exclusivamente para las empresas que exportan productos industrializados.
En este sentido, Víctor Bacchetta, integrante de Uruguay Libre, plantea que para “pedir la devolución de impuestos, Orosur usó el mismo argumento que había intentado instalar Aratirí”. La trampa de esa justificación se basa en fijar el precio que tendría el mineral sin ningún proceso, para luego decir que con el método empleado se genera valor agregado. Sin embargo, Bacchetta sostiene que si no incorporaran esos procesos, de los que las mineras se jactan, el producto no tendría valor porque directamente “no lo podrían vender”, ya que en las condiciones en que lo extraen “no lo compra nadie. El lingote de doré, que no es oro puro sino una mezcla de oro y plata, o el mineral de hierro, como pensaba exportar Aratirí, son materias primas, no tienen un proceso industrial. Logramos que quitaran ese concepto de la ley de minería de gran porte, pero ahora Orosur lo alega y aceptan devolverle el impuesto”.
Los montos de los dos beneficios sumados son sugestivos si se mira el superávit de la empresa en los primeros cuatro meses de 2016, que asciende a 3.100.000 dólares. Es prácticamente la misma cifra a la que renunció el Estado sumando la exoneración del canon (a fines de diciembre) y la devolución de los impuestos a la exportación (que se habría concretado en abril). Sin embargo en Orosur todavía no están conformes. Héctor López, gerente de Planeamiento y Presupuesto de la empresa, dijo a Brecha que “siempre estamos pensando en bajar impuestos, en bajar la Ute, en bajar el gasoil, en todo. Estamos peleando por todos lados”, y anunció que analizan pedir la exoneración del pago del canon para otros proyectos.
El beneficio ya obtenido corresponde exclusivamente al oro extraído desde abril de 2015 a marzo de 2016 en dos de las concesiones que posee la minera, la de Arenal Subterráneo y la de Laureles. No obstante, la solicitud original, realizada en conjunto por varias empresas que componen el mismo grupo económico –Orosur Mining Inc, Loryser SA, Montemura SA, Minera San Gregorio SA y Glendora SA, que en total controlan 570 mil hectáreas en territorio uruguayo–, era para seis concesiones y por cinco años. El Estado descartó cuatro por una cuestión legal, el ya célebre artículo 47 del Código de Minería, que establece que las exoneraciones pueden brindarse sólo durante los primeros diez años de cualquier explotación. Si bien ese elemento del artículo no se está incumpliendo, a diferencia de lo que señalaron varios medios de prensa, hay otro punto que genera debate. El mismo artículo habla de la exoneración del canon como una medida de fomento de la explotación, para la cual deben “existir razones de interés general”. Pero el Ejecutivo no puso condiciones ni exigió contrapartidas al beneficio, algo que se reconoce desde la propia empresa: “Compromisos, que yo sepa, no”, dijo aBrecha Javier Martínez, gerente de Medio Ambiente de Orosur, y agregó que tanto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, como Cosse, visitaron las instalaciones y se mostraron preocupados por“mantener el negocio, porque mientras esto siga funcionando, hay alguna proyección de que las cosas mejoren. Si no se lograba llegar a una ecuación positiva, a resultados positivos, seguramente no hubiese habido retorno. Eso se entendió bien y se apoyó por ese lado”.
En cambio, para Alfredo Caputo, catedrático de derecho minero, la exoneración “no puede ser una resolución caprichosa, no puede ser un favor a la empresa por dificultades momentáneas que esté atravesando o porque la empresa se haya administrado mal, esa exoneración tiene que redundar en interés de toda la población”. Como ejemplo, Caputo plantea que sería razonable otorgar una exoneración condicionada a que se incorporen “técnicas modernas que permitan extraer el oro sin usar cianuro”, a diferencia de las que emplea Orosur y por las que lleva importadas más de 3 mil toneladas de un producto en base a cianuro desde 2011 hasta mayo de 2016.
Otro motivo podría ser el de mantener los puestos de trabajo, pero Orosur sigue enviando a sus trabajadores al seguro de paro (véase nota “La hojarasca minera”), y esa estrategia es publicitada a los accionistas como parte de la reducción de los costos de la empresa. En este sentido, Bacchetta señala, con las cifras en la mano, que la producción de Orosur ha descendido en los últimos años, y “lo que han hecho es prolongar la vida útil de las instalaciones con pequeños proyectitos que duran unos meses”. Su lectura coincide con el relato que hizo el propio gerente de Planeamiento y Presupuesto al contar que Laureles, uno de los proyectos que obtuvo la exoneración del canon, ya terminó: “Era un proyecto muy corto, muy marginal, lo hicimos para no tener que mandar a todo el mundo al seguro de paro, eso nos dio casi un año de vida”.
Según Bacchetta, mediante esta estrategia de pequeños proyectos “lo que está haciendo Orosur es un destrozo, la zona está quedando como un queso”, y se trata de 65 mil hectáreas concesionadas a la minería, “más de cuatro veces lo que era el distrito minero de Aratirí”. “La tesitura del gobierno es la de la desesperación”, dice Bacchetta, porque nunca se previó qué sucedería con Minas de Corrales cuando el proyecto de Orosur se agotara. “Es una minería que ni siquiera tiene una proyección de futuro. Las minas en algún momento se agotan, pero nadie pensó nunca en aprovechar el período extractivo para generar otros emprendimientos que vinieran después.”
La prensa tituló “exoneración ilegal”, y no lo es. Pero el Estado renunció a un dinero que equivale a la ganancia de la empresa. Mientras, el “interés social”, esa condición ine-ludible para brindar el beneficio de la exoneración, no se encuentra debajo de las rocas. Los trabajadores continúan siendo enviados al seguro de paro. Minas de Corrales sigue sin una alternativa productiva. Y por la frontera se sigue escapando la riqueza.

Mineras sin corrales

“Orosur controla más de 570 mil hectáreas en Uruguay”, proclama en su sitio web la empresa, en el perfecto inglés en que se dirige a sus posibles inversores. El dato fue señalado a Brecha por Bacchetta como un incumplimiento a la ley, y fue considerado por Caputo como un elemento que podría conducir a una posición monopólica en el mercado.
El Código de Minería establece que una misma empresa no puede controlar más de mil hectáreas para la explotación minera, no más de 2 mil para la exploración y no más de 200 mil para la prospección. Pese a que la norma le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar esas extensiones, aclara específicamente, que “en ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado”. Según Caputo, “por el fundamento de las leyes análogas, habría que aplicar el mismo concepto en el caso de la prospección y la exploración”. Además, dice, dar permiso de prospección en más de 200 mil hectáreas a una misma empresa “no sería fundado si condujera a una situación de monopolio en la prospección”, porque tanto ésta como la exploración “están encaminadas a lograr la explotación”. Hacerlo sería como autorizar “una situación que conduce a un monopolio en la prospección que luego está prohibida para la explotación. Por esta razón no querida por el legislador, el Ejecutivo estaría inhibido de otorgar extensiones que condujeran al monopolio en todos los casos”.
Otra circunstancia que podría estar favoreciendo la gran extensión que controla Orosur es la de operar como un grupo económico integrado por diferentes empresas. Si bien la ley de minería de gran porte reconoce la figura de “grupo económico” y establece que las empresas que lo integren serán consideradas como un solo sujeto de derecho, el Código de Minería no hace esa salvedad. Al respecto, Caputo considera que habría que reformar el código para subsanar las diferencias entre una y otra norma.

Temas:

Sentencia por el 19 y 20: ¿justicia o impunidad?

Córdoba: cómo actuar ante la violencia policial

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De la idea al audio: taller de creación de podcast

Publicada

hace 1 semana

03/07/2025

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Publicada

hace 2 semanas

26/06/2025

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

Publicada

hace 1 mes

03/06/2025

83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.

83 días hasta hoy.

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar: