Nota
Qué hay detrás de la redada judicial contra organizaciones sociales, culturales y políticas en Córdoba
Organizaciones sociales y políticas que firmaron una denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en la consagración de la impunidad de esos delitos fueron allanadas hoy, en una redada judicial que secuestró redoblantes de murga, cajas de leche y que se llevó detenido al fletero que trasladó el equipo hasta la marcha contra el gatillo fácil que se realizó este lunes. El raid del fiscal Gustavo Dalma incluyó partidos políticos. “Nadie cruza ese límite sin tener una espalda política ancha”, sintetiza una de las abogadas testigo del atropello judicial. Qué dice la denuncia sobre la relación entre el Estado policial y el Poder Judicial. Y cómo se relaciona con el tratamiento de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.
Abogadas, abogados y organizaciones sociales denunciaron el 31 de mayo el rol del Poder Judicial en la impunidad del gatillo fácil en Córdoba. Presentaron un informe completo, causa por causa y fiscal por fiscal que demostraba cómo funciona la máquina de la violencia institucional. El 31 de julio ampliaron esa denuncia y la presentaron con una movilización que los acompañó hasta la sede del Fiscal General de esa provincia. Primero les dijeron que la dejen en mesa de entradas, pero ante la evidencia de una multitud movilizada, el fiscal general Alejandro Moyano aceptó recibir a los abogados. Prometió responderles en breve.
Hoy, cuando se cumple exactamente un mes, esa respuesta parece estar presente en la redada judicial que azotó a 11 organizaciones sociales, culturales y políticas, muchas de ellas firmantes de esa denuncia.
El operativo policial fue sincronizado y ordenado por el fiscal Gustavo Dalma. El resultado: allanaron siete organizaciones sociales, dos domicilios particulares y dos partidos políticos opositores (PO y Partido para la Victoria), en los que secuestraron cajas con leche, bombos y redoblantes de murga, banderas con los rostros de chicos acribillados por gatillo fácil y afiches con la cara de Santiago Maldonado.
En el allanamiento al comedor de Casa 1234, al leer el acta con el material incautado, alguien preguntó:
-“Por qué se llevan esos pañuelos”.
El policía respondió:
-“Porque tienen símbolos anarquistas”
¿Y desde cuándo el símbolo anarquista es un delito?
-“Tenemos órdenes expresas de buscar simbología anarquista”, respondió el oficial.
En ese operativo el allanamiento estuvo a cargo del cabo primero Nicolás Funes y se realizó sin testigos, aunque luego convocaron a cuatro personas para que firmaran el acta. Lo hicieron “en disconformidad”.
Otro saldo de la redada judicial: tres detenidos. Uno de ellos es el fletero que trasladó el equipo de sonido al acto que este lunes manifestó contra el gatillo fácil. Su domicilio fue allanado durante la mañana, como los 11 restantes.
El segundo detenido es familiar de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional en esa provincia. Estaba limpiando la mesa del comedor que funciona en su barrio. Fue apresado por otra causa, pero en el marco de esa redada.
El tercero es un vecino del comedor que funciona en la calle Vélez Sarfield 1234. El cargo: “resistencia a la autoridad”.
Esta redada judicial sin precedentes se desató por una supuesta llamada anónima que justificó las órdenes de allanamiento bajo la excusa de “identificar a los encapuchados que cometieron los desmanes”, que se produjeron al finalizar la marcha contra el gatillo fáci,l realizada este lunes. Se trata, entonces, de una redada desatada contra las organizaciones sociales y políticas que convocaron a esa marcha, justificada con el argumento de averiguar quién rompió la vidriera de una financiera.
La lista de organizaciones sociales y políticas coincide con las que firmaron la denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales, que concluía con estas premonitorias palabras:
“Somos conscientes de la incomodidad que produce nuestro accionar en determinados sectores de los poderes de turno por este reclamo que es denuncia y desenmascaramiento de procedimientos represivos y autoritarios. Pero también somos conscientes de la necesidad de que estas palabras resuenen y lleguen a ser escuchadas por toda la comunidad”.
Que así sea.

Así lucía el espacio Bataclana, uno de los allanados.

Esta era una de las actividades que allí se desarrollaban.
Qué denunciaron
“Creemos que en este momento es urgente denunciar y repudiar el rol político que está teniendo el Poder Judicial a la hora de asegurar impunidad a miembros de la Policía de Córdoba. Porque es la institución policial quien al formar parte del Estado tiene un límite legal establecido y es el Poder Judicial el que debe garantizarlo”. Once abogadas y abogados querellantes en casos de gatillo fácil, dos legisladores provinciales del FIT (uno con mandato vencido) y 19 organizaciones sociales, suscribieron la denuncia que describe cómo funciona la máquina judicial en casos de violencia institucional. Es interesante leerlo en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado, porque el procedimiento de la investigación fiscal y su relación con la fuerza de seguridad involucrada parece idéntico.
Una síntesis de sus principales datos de contexto:
- “Durante las investigaciones que tienen como objeto estos casos – gatillo fácil, o de abuso policial- las fiscalías basan sus conclusiones sólo en las declaraciones que hacen los mismos miembros de las Fuerzas de Seguridad. No se contemplan ni se encuentran relevantes para la investigación, las declaraciones del resto de los testigos”.
- “La investigación, parte, nace de las declaraciones de los mismos miembros de la fuerza, a partir de allí se construye la hipótesis de lo sucedido, y se investiga en esa línea, no buscando la verdad de los hechos”.
- “Todo esto sucede sin detenciones preventivas para el personal policial, despreciando totalmente la influencia y el poder real que tiene un agente policial en nuestra sociedad, quienes pueden en un alto nivel de probabilidad entorpecer la investigación de diferentes maneras: plantar pruebas, deformar declaraciones, amenazar testigos, etc.; demostrando así cierto privilegio procesal- totalmente ilegal e infundado- otorgado por las mismas fiscalías a los policías”.
- “Estas apreciaciones las hacemos a partir de nuestra profesión, de nuestro trabajo como abogadas, abogados en causas de “abuso policial” y de “gatillo fácil”. Además de la mismísima realidad existente en nuestros barrios y nuestras calles que confirman la profundización de un Estado Policial en nuestra Provincia, un alto grado de poder y crisis en la institución policial, que se ve totalmente descontrolada e impune”.

El fiscal Gustavo Dalma, responsable de la redada a 11 organizaciones políticas y sociales de Córdoba.
El Estado policial
- “Sólo en 2016, 39 policías fueron echados de la fuerza y en lo que va de 2017 fueron apartados de su cargo varios miembros de la cúpula policial por diversos hechos delictivos”.
- “Nuestra provincia es una de las más policializadas del país, excediendo abismalmente el número de policías recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un piso razonable para medir la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada 100 mil vecinos. Córdoba excede este número por más del doble. Aun así, el delito no ha disminuido en nuestra Provincia, por el contrario, ha ido en aumento”.
- “Córdoba es la tercera en el orden nacional en casos de violencia institucional”.
- “La Policía de Córdoba tiene un promedio de un joven muerto por mes por gatillo fácil”.
- “Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba, las víctimas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba” en el transcurso de casi 6 años (desde 2011 hasta Abril de 2016), se eleva a 77. En 2013 y 2014 es donde se registraron más víctimas (18), y en los 4 primeros meses del 2016 -fecha hasta donde se recopilaron casos para el informe citado-, el número ascendía a 5”.
- “El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada “ejecución extrajudicial”, es decir: gatillo fácil. En lo que va de éste 2017, es decir, en sus primeros 5 meses ya tenemos 3 casos de gatillo fácil. Hay como se advierte, muchísimos casos de “gatillo fácil”, “de abuso policial”, y otros motivos preocupantes que nos convocan como: las amenazas a los familiares de víctimas de gatillo fácil, o abusos policiales. También la persecución a los amigos, y familiares de víctimas de violencia policial es algo común, que la Justicia jamás investiga”.
La denuncia detalla luego los casos más emblemáticos de gatillo fácil, cómo fue el tratamiento fiscal y cómo el resultado fue la impunidad de sus responsables. Uno por uno y fiscal por fiscal.
El video en el que secuestran bombos y redoblantes de murga, y hasta cajas de leche
La redada
Los allanamientos ordenados hoy por el fiscal Gustavo Dalama de hoy se realizaron en:
- La Casa 1234. Barrio Güemes. Es un espacio cultural, dedicado principalmente a las artes gráficas, que ofrece talleres y realiza ferias de publicaciones y serigrafías.
- Kasa Karakol, de la Federación de Organizaciones de Base. Fue firmante de la denuncia. Es donde la policía “secuestró” bombos, redoblantes y cajas de leche.
- La casa de una de las madres de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Fue firmante de la denuncia.
- La casa del fletero que llevó materiales a la marcha que se realizó el lunes contra el gatillo fácil. Quedó detenido.
- Bataclana Espacio Cultural. Sala que ofrece talleres de acrobacia, danza, teatro y títeres.
- Biblioteca Leopoldo Marechal. Integra la CONABIP.
- Comedor del Frente de Organizaciones en Lucha. Barrio Müller. Fue firmante de la denuncia. Tres personas fueron llevadas hasta la Central de policía para confirmar su identidad. Fueron seleccionadas a partir de una lista que llevó la policía junto con la orden de allanamiento librada por el fiscal Gustavo Dalma.
- Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Una biblioteca que ofrece talleres de títeres y murga y que nació en un barrio que resistió un desalojo.
- Espacio social anarquista. Barrio Güemes. Fue firmante de la denuncia.
- Local del partido Obrero. Dos legisladores del FIT fueron firmantes de la denuncia.
- Local de Partido de la Victoria, sede del kirchnerismo cordobés.

La lista de las organizaciones allanadas.
Sintetiza sobre este raid judicial una de las abogadas, presente en los allanamientos: “Ya hemos naturalizado que la policía irrumpa en comedores, también en colegios, y hasta en los lugares dónde nos organizamos, pero hoy se marcó una diferencia al allanar sedes de partidos políticos. Un fiscal no puede ordenar cruzar ese límite sin tener una espalda política muy ancha”.
A las 18, el Ministerio Público Fiscal cordobés dio a conocer el siguiente comunicado:
“La Fiscalía de instrucción a cargo de Gustavo Dalma ordenó 15 allanamientos y la detención de tres personas vinculados a los incidentes del día 28 de agosto en el centro de la ciudad. Todos por la supuesta comisión de delitos comunes. Dos de ellos bajo la figura de itimidación pública y el tercero por resistencia a la autoridad».
Denuncia presentada antes el fiscal general de Córdoba el 31 de mayo de 2017
Ampliación de la denuncia entregada en mano al fiscal general de Córdoba el 31 de julio de 2017
Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
Nota
La transfiguración de Miguelito Pepe: los milagros seducen
Una obra teatral que recurre al milagro como ingrediente imprescindible para una transformación. Un niño santo en un pueblo perdido. Su primera intervención paranormal desata furor y de todas partes van a suplicarle lo imposible. La transfiguración de Miguelito Pepe es un unipersonal con la dramaturgia y dirección de Martina Ansardi en el que el actor Tuco Richat se pone en la piel de varios personajes que dialogan con lo sagrado y lo profano. Este viernes 30 de mayo a las 20.30 podés ver en MU Trinchera Boutique la primera de tres funciones.
Por María del Carmen Varela.
La transfiguración de Miguelito Pepe gira en torno a un fenómeno que sucede en un pueblo norteño. Miguelito, un niño de Famaillá, se convierte de la noche a la mañana en la gran atracción del pueblo. De todas partes van a conocerlo y a pedirle milagros. En todo el pueblo no se habla de otra cosa que del niño santo, el que escucha los pedidos de quien se le acerque y concede la gracia.
La obra tiene dramaturgia y dirección de la activista y artista travesti Martina Ansardi, directora teatral, actriz, bailarina, coreógrafa y socia de Sintonía Producciones, quien la ideó para que fuera itinerante.
Se trata de un unipersonal en el que el actor Tuco Richat se luce en varios personajes, desde una secretaria de un manosanta que entrega estampitas a quien se le cruce en el camino, una presentadora de televisiòn exaltada a un obispo un tanto resentido porque dios le concede poderes a un changuito cualquiera y no a él, tan dedicado a los menesteres eclesiásticos.
La voz de la cantante lírica Guadalupe Sanchez musicaliza las escenas: interpreta cuatro arias de repertorio internacional. A medida que avanza la trama, Richat irá transformando su aspecto, según el personaje, con ayuda de un dispositivo móvil que marca el ritmo de la obra y sostiene el deslumbrante vestuario, a cargo de Ayeln González Pita. También tiene un rol fundamental para exhibir lo que es considerado sagrado, porque cada comunidad tiene el don de sacralizar lo que le venga en ganas. Lo que hace bien, lo merece.
Martina buscó rendir homenaje con La transfiguraciòn de Miguelito Pepe a dos referentes del colectivo travesti trans latinoamericano: el escritor chileno Pedro Lemebel y Mariela Muñoz. Mariela fue una activista trans, a quien en los años `90 un juez le quiso quitar la tenencia de tres niñxs. Martina: “Es una referenta trans a la que no se recuerda mucho», cuenta la directora. «Fue una mujer transexual que crió a 23 niños y a más de 30 nietes. Es una referenta en cuanto a lo que tiene que ver con maternidad diversa. Las mujeres trans también maternamos, tenemos historia en cuanto a la crianza y hoy me parece muy importante poder recuperar la memoria de todas las activistas trans en la Argentina. Esta obra le rinde homenaje a ella y a Pedro Lemebel”.
Con el correr de la obra, los distintos personajes nos irán contando lo que sucedió con Miguelito… ¿Qué habrá sido de esa infancia? Quizás haya continuado con su raid prodigioso, o se hayan acabado sus proezas y haya perdido la condición de ser extraordinario. O quizás, con el tiempo se haya convertido, por deseo y elección, en su propio milagro.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA
Viernes 30 de mayo, 20.30 hs
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