Nota
Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado
El juzgado federal de Esquel comunicó de forma oficial que la sangre del apuñalado por el puestero de Benetton no pertenece a Santiago Maldonado. Se cae así la principal hipótesis sostenida por el gobierno y el foco vuelve donde nunca tendría que haber dejado de estar: el lugar de los hechos. En esa trama, la corporación Benetton aparece en el centro. La comisaría que montó el Estado para proteger sus intereses. El caso que se convierte en un antecedente para comprender la represión desatada en el Pu Lof de Cushamen. Las versiones e indicios que señalan que Benetton financia los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Más datos y testimonios que reconstruyen qué pasó el día que Santiago desapareció.
“Nosotros ya sabíamos que no era de Santiago. Esto era solo para desviar el foco. Poco a poco se van cayendo todas estas hipótesis de mierda. Lo concreto es que Santiago está desaparecido. ¿Ahora que van a decir los medios?”, dice a lavaca Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, minutos después de que el Juzgado Federal de Esquel comunicara de forma oficial que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó que la sangre de la persona herida por un puestero de Benetton el 21 de julio en Epuyén no es la de Santiago Maldonado. Así se desmoronó la principal hipótesis del Gobierno nacional.
Lavaca había reconstruido en exclusiva cuatro testimonios que desmentían esa hipótesis: son tres personas que vieron a Santiago en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio en El Bolsón, y otra que contó que llevó al joven hasta la Pu Lof de Cushamen en la mañana del 31 de julio. El Gobierno mantuvo la versión del puestero hasta que la Justicia se expidiera. Y la Justicia se expidió.
El comunicado completo:
- “El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó -en el día de la fecha- que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen en la provincia del Chubut no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso. El estudio fue requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 ´MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS´.
- Asimismo, se comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, en las tres prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón de la provincia de Río Negro”.
La confirmación oficial devuelve la atención a la principal hipótesis denunciada desde el 1 de agosto por la familia, la comunidad mapuche, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel: Santiago es víctima de una desaparición forzada de persona.
Y en la trama de su desaparición no tiene un rol el puestero, pero sí Benetton.

Este mapa sobre las tierras que posee la corporación Benetton en Argentina fue realizado por el diario El País de España en un completo informe sobre la represión al pueblo mapuche en Argentina. Se puede leer acá: https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/
El rol de Benetton
Sergio Nahuelquir es uno de los werken (voceros) de la Pu Lof. Se presenta así: “Mi nombre es Sergio Nahuelquir, soy tataranieto de Ñancuche Nahuelquir, uno de los primeros que llegó a Cushamen. Bisnieto de Gregorio Nahuelquir, nieto de Ludovico, uno de los últimos lonkos que existió en la zona. Hijo de Florentino y padre de Lautaro”. Su presentación no es al azar: su historia está vinculada a Cushamen: “Nací a la orilla del camino que va desde El Maitén a Cushamen, ahí pasa por el Río Pichico. En ese lugar nací yo, a dos kilómetros de la Redonda, a 5 km de la escuela 69, donde trabajo Trinidad Huala, la abuela de Facundo (Jones Huala, el lonko preso de forma ilegal desde el 27 de junio). Ellos vivieron allí cerca de mina de Indio. Casi la mayoría de los que estamos haciendo la recuperación somos de alguna u otra manera de Cushamen: nietos, hijos. No somos de ningún otro lado”.
Desde esa historia, habla de Benetton.
Dice: “La compañía siempre existió. Mi papá trabajaba ahí mientras era la compañía inglesa. Amansaba burros. En ese tiempo había mula y después, al tiempo, se fue para Santa Cruz a seguir amansando allá. Nos fuimos en el año 80 por una realidad: en Cushamen no era posible la vida. Nos teníamos que ir porque nos íbamos a morir de hambre. Y así fueron la mayoría de las historias, que tenían que salir de Cushamen. Y yo tenía que volver alguna vez. Sabemos que la compañía inglesa en ese entonces y ahora Benetton es un aparato opresor de todo lo que es la zona. Ha funcionado siempre así. La gente trabaja sumisamente en lo que es Leleque. Todo el empresariado que ha venido siempre han oprimido al pueblo. Te dan permiso para que saques leña, pero no más de lo necesario. Te dan permiso para usar caballos, pero solo uno. Y así el poder fue aumentando hasta la complicidad: ahora podemos ver el ejemplo claro del intendente del Maiten, al que queremos denunciar porque ha discriminado la Pu Lof, pero quien se vale de lo que es la compañía para pagar los salarios sociales complementarios. También para hacer sus gestiones políticas: al deber favores, debe poner todo el pueblo en contra de la recuperación porque, sino, no está cumpliendo con su trabajo. También sabemos que El Maitén tiene muchas donaciones: Benetton sostiene económicamente a El Maitén. Son relaciones carnales”.
Nahuelquir cuenta que esa relación se vio muy clara en enero cuando la Pu Lof sufrió tres violentas represiones en dos días por parte de Gendarmería, Infantería y policía provincial. “La Gendarmería se alojó en el gimnasio del Maitén que donó Benetton. La compañía también proveyó el catering y la comida: estuvieron allí cinco días. Fue un gran despliegue, como 200 efectivos alojándose allí. Todo eso lo paga Benetton”. En la descripción del operativo del 10 de enero, el Diario Jornada dice: “En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones”. Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, cuenta que los allanamientos de enero fueron dirigidos por el propio administrador general de Benetton, Ronald McDonald: “Los caballos secuestrados fueron trasladados en un camión de la compañía”.
Nahuelquir: “Cada vez que se mueven todas esas fuerzas es evidente de dónde viene la parte económica. No hay que ser muy ciego para sacar conclusiones: diez días antes de la represión donde se llevaron a Santiago había habido una gran nevada. Se estuvo por todos lados buscando conseguir medios o helicópteros para subir a las montañas. No se consiguió, pero a los diez días fue la represión y aparecieron helicópteros, drones, de todo. ¿Para qué? Para cazar al mapuche. Allí es algo que sabemos: es la parte en la que Benetton hace su articulación con el Estado».
-¿Y la cuestión con los puesteros?
-Cuando se entró hace dos años atrás a la recuperación (marzo de 2015), empezaron los incendios de los puestos. ¿Casualidad que sólo sean de Benetton? ¿Con toda la seguridad que tienen? Sucede de forma impune en toda la zona protegido por el gobierno local y los intendentes. Hay declaraciones del Ejecutivo que dice que por qué no toma la gente las manos en el asunto y los lleva a la comisaría. El año pasado, en noviembre, decían: ´Corre peligro en la ruta 40 el turismo de toda la Comarca´. Y son ellos quienes hacen los sabotajes. Además, los propios trabajadores están en situación de precariedad: tienen el fogón, el caballo, el perro y la carne, que deben pagar: Benetton le cobra al puestero la comida del salario. Tampoco se pueden agremiar: ahora deben estar cobrando 6 mil pesos”.
La comisaría Benetton
Daniel Loncon, otro de los voceros, cuenta que la subcomisaría de Leleque tiene más móviles policiales que otras localidades cercanas como Epuyén, Maitén, El Hoyo. Nahuelquir: “Allí antes había una estación de servicio. Hoy es la comisaría de Benetton”. El werken no puede confirmar que dentro de la estancia opere una base informal de Gendarmería, pero afirma: “Lo que sí hay es una relación carnal con la subcomisaría. Inclusive no se sabe si la camioneta blanca que se llevó a Santiago no entró a la estancia. La Justicia nunca dispuso, por un lado, indagar a Gendarmería, y por otro, ordenar el seguimiento de los móviles. Tampoco allanó la subcomisaría”.
Loncon: “Lo que advertimos, puntualmente, es un corrimiento adrede por parte del Estado. Intencional. Había una ruta provincial que conectaba Cushamen con El Maitén pero, como se metía en sus campos, Benetton pidió que se corriera esa ruta: la Provincia tuvo que hacer dos puentes sobre el Río Chubut para que la ruta no pase por su campo. Son cuestiones y pretensiones que este privado tiene y la provincia obedece cabalmente sin chistar. Ese corrimiento estatal no es fortuito: tiene que ver con una intencionalidad para que ese privado ocupe el lugar, por una cuestión filantrópica, pero que compra voluntades. Hoy hay un pueblo como Cushamen que intenta despegarse del proceso de recuperación territorial cercano y es un frente interno que tenemos que resolver como comunidades. El Estado cómplice se corre de su rol para que el privado cumpla así un rol de protectorado. Hasta un fiscal le dijo al propio McDonald que la estancia de Benetton tenía más patrulleros que cualquier otro pueblo. Fue cuando el mayordomo le reclamó seguridad porque estaban incendiando puestos: le dijo que vaya a golpear la puerta a otros poderes porque ellos tienen destinados patrulleros que habían sido sacado de sus pueblos para cuidar sus intereses”.
El suceso que relata Loncón ocurrió en junio del 2016 y puede escucharse a través de un audio que reprodujo el sitio noticiasesquel.com.ar. El fiscal de El Hoyo, Oscar Oro, respondió al pedido de la multinacional de más seguridad: “En la Compañía Tierras del Sud había 20 policías y no sé si 3 o 5 móviles policiales. O sea que en un momento dado, un particular tenía más policías y más móviles que una comisaría. Pero además esos policías que fueron afectados a la Compañía Tierras del Sud fueron sacados de otras comisarías que se quedaban desprovisto de gente. Es como que el Estado sigue mirando para otro lado”.
A los tiros
Celedonio Díaz es músico y escritor de Esquel. Publicó algunos libros referidos a la historia local. Algunos de ellos son utilizados como material universitario y en escuelas públicas, como El desalojo de la tribu Nahuelpán. Díaz dice a lavaca: “La subcomisaría de Leleque surgió con la excusa del abigeato y coincidió con la decisión de pavimentar las rutas de ingreso a El Maitén, haciéndose la traza a pedir de la boca de Benetton, que la hizo pasar frente a la estancia ´La Burrada´, de su propiedad. Desde antes del 2005 y hasta el 2008, el camino de salida de El Maitén a El Bolsón y Bariloche era por la Aldea Buenos Aires Chico, donde vive y reclama derechos la Comunidad del longko Sepúlveda, tiroteado hace unos años por Héctor Guajardo, hermano del ex intendente de El Maitén”.
Guajardo es un estanciero conocido en la zona. Tiene un frigorífico y se dedica a la producción agropecuaria. Los conflictos venían de hace años. En marzo de 2006 se interpuso una demanda civil que denunciaba la construcción de un puesto en tierras de la comunidad Sepúlveda y la introducción de ganado. Hubo medidas cautelares, denuncias penales y un largo proceso judicial. En 2010, al lonko le avisaron que Guajardo había entrado a sus tierras. Ve los rastros de la camioneta, sale a buscarlo a caballo. El empresario lo atacó a balazos. Una fuente de esa causa dice a lavaca “Por poco no le produjo la muerte. Esa causa penal que empezó por tentativa de homicidio terminó con una probation por abuso de armas”.

Noceti y el testigo
Guajardo también aparece vinculado a los hechos del 1 de agosto. Una de las voceras de la Pu Lof, Soraña Maicoño, llegó a la comunidad con otras dos personas a las 9 de la mañana, luego que les informaran el hostigamiento de Gendarmería en el territorio. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.
Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. A esa hora salieron de la Pu Lof para alejarse del territorio e informar a diferentes organizaciones cuál era la situación en la comunidad. No pudieron: “Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.
Les revisaron el auto, les secuestraron volantes, mientras veían cómo camionetas de Gendarmería salían con urgencia en dirección a la Lof: “También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Era como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban”. Soraya cuenta que entre las 13 y las 13.15 ven llegar una camioneta blanca con luces azules, “tipo led”, en la parrilla del vehículo. “Baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: ‘Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también’. Nos quedamos duras.”.
-¿Era Noceti?
-Era Noceti.
Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar esa acta fue Héctor Guajardo.
Quién manda
Desde ese lugar –donde estuvo más de seis horas demorada- Soraya cuenta qué vio: “Al estar todo el día detenidas frente al casco de la estancia, se veían que entraban y salían camionetas de Benetton con sus capataces: paraban y hablaban con los gendarmes, se dirigían en dirección a la Pu Lof, volvían, bajaban a la subcomisaría. Como nosotras queríamos ir al baño, nos custodiaban hasta la subcomisaría. También podíamos observar cómo los capataces hablaban desde sus camionetas a los gendarmes. Veíamos a los peones que venían a caballo, porque habían andado del otro lado del alambre del territorio, y llegaban hasta la comisaría. Si bien los sueldos los paga el Estado, la subcomisaría es bancada por Benetton y es para Benetton. Más de una vez han baleado el territorio y entraron a cualquier hora de la madrugada. Eso se da denunciado, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta. Hay una connivencia que, más que una complicidad, marca una señal: quien manda ahí es Benetton”.
El antecedente
“Es notoria la capacidad de influencia de Benetton sobre funcionarios y sobre las fuerzas de seguridad”, dice a lavaca Gustavo Macayo, abogado del matrimonio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que en 2002 inició la recuperación de sus tierras ancestrales frente a la Estancia Leleque de la multinacional, a pocos kilómetros del actual Pu Lof. Macayo fue una de las decenas de personas de Esquel espiadas por servicios de inteligencia en el marco del intento de aplicación de la Ley Anterrorista a la comunidad de Cushamen en 2015. Es una de las voces especializadas que pueden graficar la mutación de esos territorios.
“Tomé la primera causa en 2002. Ellos ocuparon el predio con la idea de que era fiscal y no tenía propietario, porque ese lugar no forma parte de las estancias de Benetton. Qué pasa: en algún momento fue cercado por la multinacional. Lo mismo pasa hoy con la Lof en Cushamen: estaba abierto y era tierra fiscal. Las comunidades vecinas continuaban utilizándolo aun cuando lo habían cerrado, para pastoreo y sin hacer ocupación permanente ni construcciones. El conflicto tomó mucho estado público y pudimos llegar a juicio oral y público en 2004. Allí explotó con mucha fuerza el tema Benetton y las estancias de los ingleses de la Patagonia, que datan de 1896 y se originan en una donación de 10 estancias de 90 mil hectáreas cada una. Es decir: un feudo de 900 mil hectáreas. Eso lo hizo el presidente José Evaristo Uriburu”.
Atilio y Rosa sufrieron desalojos y causas penales. El conflicto motivó la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Viajaron a Italia y se entrevistaron con el propio Benetton, que les prometió la donación de tierras, pero la familia la rechazó: sólo aceptarían la restitución de sus tierras. El Estado reconoció el territorio en el marco de la Ley N° 26.160 (Emergencia Territorial Indígena, se buscará una prórroga en el Senado en los próximos días). “Hoy están conformados como comunidad. La situación de ellos está judicializada, pero suspendido el trámite por la aplicación de la ley” explica Macayo.
Benetton nunca reconoció la derrota. “El poder ya venía ampliándose a partir del Museo Regional Leleque, que lo hizo con ayuda de antropólogos, historiadores y otras personas que se prestaron a armar una narrativa sobre el poblamiento de la Patagonia. Tiene todo tipo de material de archivo y es uno de los museos más grandes de la región, donde Benetton cuenta la historia de la Patagonia. Es muy grave: es una multinacional propietaria de la mayor cantidad de tierras en Argentina”.
La multinacional se fue asentando. Macayo: “Antes cuando sucedía un delito en algún paraje y llamabas a la comisaría de El Maitén, no te podían mandar a nadie porque no tenían móviles. Si tenían, estaban rotos. Y si estaban bien, no tenían nafta. Eso era permanente. Frente al Museo, allí mismo, había una estación de servicio. La empresa compra ese predio y ahí se transforma en una comisaría. A partir de allí en El Maitén y en Leleque hay una cantidad de vehículos policiales modernísimos. También hay una participación a través de obras en las diversas localidades, que lo posicionan como el vecino económicamente más importante de toda la Patagonia: no hay otra empresa que atraviese Neuquén, pase por Río Negro y llegue a Chubut”.

Fuerzas de seguridad y corporaciones
El abogado Gustavo Macayo agrega a lavaca: “Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, sean o no legítimos, aparece la mano del Estado más cruel que nunca. Es una constante: pasa con Chevron en Neuquén, con Barrick en San Juan, con Monsanto en Córdoba. También aquí. Maitén y Leleque están militarizados hace años: es impresionante y desmesurado para el nivel de peligrosidad que puede tener el grupo de mapuches que están recuperando el predio. Habría que hacer una pericia muy detallada para determinar si es parte de la reserva Cushamen, de la ocupación original de la comunidad Vuelta del Río o si forma parte de alguna de las estancias. Hasta que no se haga, no podemos hablar ni de delito ni de propiedad privada. Para la comunidad, ese es un predio ocupado tradicionalmente por familias indígenas”.
Celedonio Díaz: “La otra entrada y salida era por Vuelta del Río, un tramo de 25 kilómetros de tierra que cruza por la comunidad del mismo nombre y por el casco de la estancia FitiRwin de Benetton. El edificio de la subcomisaría era propiedad de los hermano Sarquís, abogados ambos, y uno de ellos juez de Cámara de Esquel».
Hector Sarquis, uno de los dos hermanos, fue abogado de José Vicente El Kazen, un empresario que denunció por usurpación a la familia de Mauricio Fermín en Vuelta del Río. Esa denuncia motivó un desalojo violento en marzo de 2003 –muy recordado en la zona- ordenado por el juez José Colabelli, quien en 2004 fue destituido por ese hecho: hoy retornó a los Tribunales de Esquel.
Sigue Díaz: «Los Sarquís explotaron durante muchos años el negocio de ramos generales de la estancia, en el edificio donde funciona ahora el Museo Leleque. Ellos heredaron ese comercio concesionado por los gringos a su padre. Después se hicieron ´dueños´ o compraron por otros medios un predio que lindaba y/o abarcaba parte del actual lof. Vendieron más tarde ese predio de pocas hectáreas a un joven que, luego, falleció. Entonces fue que los Sarquís construyeron el edificio donde funciona la subcomisaría: se instalaron en un cruce de caminos estratégico que llevaba a Cholila y a El Maitén, donde nos deteníamos los viajeros a cargar el combustible. El último encargado se llamó Juan Arbe y estuvo allí hasta que falleció. La recuperación de Rosa y Atilio fue el fusible que les disparó la idea de darle a Benetton una policía más cercana al lugar donde, se preveía, surgirían los conflictos de reclamos de devolución de tierras después de promulgada la ley 26.160”.
Nota
Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.
Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.
Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.
Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.
Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia
La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.
Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.
Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.
Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.
En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.



El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.
Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.
Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.
Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.


Las condenas:
- Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
- Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
- La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
- Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
- El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
- El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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