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Radio Pocahullo: rebelde, comunitaria y multicultural

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En San Martín de los Andes, 150 vecinos y 50 trabajadores son dueños de esta emisora que ha sido clave para difundir la lucha del pueblo mapuche.

 
Camina rápido, habla con vehemencia y en cada oración agrega alguna frase fuerte. Fumador y bebedor de mate compulsivo, Roberto Arias es periodista y se le nota más que a nadie, por lo cual es fácil reconocer al director de la FM Pocahullo, la radio más conocida de San Martín de los Andes. La paradoja es que en esta ciudad -paraíso de turistas esquiadores y comerciantes- la Pocahullo es una emisora sobre todo rebelde, que abre las puertas a los vecinos para sus reclamos y, como si fuera poco, se ha convertido en un espacio de comunicación para el Pueblo Mapuche. Es Arias quien presenta, entonces, a esta emisora comunitaria, intercultural:
La radio comenzó siendo de cuatro personas del partido radical que buscaban un medio para hacer campaña y ganarle al Movimiento Popular Neuquino, tradicional brazo del justicialismo en Neuquén.
Pero mientras los patrones intentaban -sin suerte- su maniobra política; los trabajadores de Pocahullo comenzaron a relacionarse, casi sin darse cuenta, de un modo distinto con la audiencia, a tender lazos solidarios y generar una apertura hacia adentro de la radio. Derrotados en las elecciones del 90, los cuatro radicales quisieron venderla.
Así llegó el día en que Arias le dijo a los dueños:
No pueden, porque esta radio que quieren vender la construimos nosotros.
Y comenzó la pelea.
La única salida que les ofrecieron era venderles los equipos transmisores.
La pregunta fue entonces: «¿de dónde sacábamos nosotros esa cantidad de plata?», revive Arias.
La respuesta la ofreció la audiencia.
Era 1990 y en San Martín de los Andes, los trabajadores de la Pocahullo fueron notificados de que serían parte de una radio comunitaria con todas las letras. Los encargados de darles la noticia serían los propios vecinos. Fue el resultado de una colecta en la que 150 oyentes pusieron 60 pesos -dólares en ese momento- suficientes para comprar los equipos de la radio. Luego, echaron a los patrones. Por último, se organizaron como Cooperativa de Consumo y Provisión de Servicios Pocahullo y dieron vida, junto con los trabajadores, a la primera radio comunitaria de la zona.
La batalla del pueblo mapuche
La dictadura militar obligó, en San Martín de los Andes, al Pueblo Mapuche a sufrir un prolongado y silencioso encierro. A partir de la llegada de la democracia comenzaron, lentamente, a salir a mostrar su cultura. Con la salida, vino el choque y en los noventa, con el advenimiento masivo de empresas a la Patagonia, la pelea por la propiedad de las tierras estaba -como hasta hoy- en pleno estallido. En este complejo panorama comenzó a intervenir la Pocahullo. Daniel uno de los tres directores, cuenta de qué manera:
Nosotros no solamente ponemos el grabador al funcionario. Vamos a reuniones, a cortes de ruta y a movilizaciones.
Entre las muchas ideas que llevaron adelante los periodistas de Pocahullo para apoyar la organización del pueblo mapuche está la coordinación de la primera FM Mapuche y, ahora, la organización de la primera AM. Pero el aporte más interesante fue la creación de la Red de Comunicación Rural, que consistió en instalar pequeñas cabinas en cada paraje y capacitar a las personas que viven allí para que puedan utilizarlas. Las cabinas están comunicadas con la radio y son espacios comunicacionales que ejercen misiones salvadoras cuando nieva y quedan aislados, pero que también jugaron un rol importantísimo en los dos cortes de ruta que realizó el Pueblo Mapuche hace ya tres años. Arias duda un momento antes de comenzar a dar detalles, pero luego aconsejado por Daniel, despliega un apasionante relato:
La Red de Comunicación Rural tiene una frecuencia abierta que puede escuchar cualquiera. Cuando se desató el conflicto con las comunidades mapuches, ellos empezaron a contar sobre su situación desde esa cabinas; comunicaban cuales iban a ser las medidas de fuerza, cómo iban a cortar la ruta, por ejemplo. Fue en ese momento cuando nos empezaron a interferir. Logramos hacer una investigación interna y descubrimos que la interferencia provenía de la Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial. ¿Cómo interferían? Y… cuando estaba hablando algún mapuche decían barbaridades, es decir operaban sobre la comunicación. Lo primero que hicimos fue disimular: hacer como que no sabíamos quiénes eran. Lo segundo, fue denunciar la violación contra la libertad de expresión. Y lo tercero, aprovechar que nos escuchaban para darles información falsa. Hacíamos ir a la policía a lugares donde no pasaba nada. Así, facilitábamos la llegada del movimiento hasta el verdadero lugar de la protesta. Además, empezamos a interferirles a ellos y a enterarnos de lo que hablaban. Les hacíamos creer que teníamos más fuerza; que pensaran que había gente apostada en diferentes lugares estratégicos que se comunicaban entre sí, pero en realidad estábamos en un mismo lugar y lo que hacíamos era pasarnos el handy uno al otro.
En paralelo, Pocahullo también tenía que transmitir:
Molestamos a todo el mundo porque pusimos ese conflicto al aire. Hicimos notas para Buenos Aires y para Neuquén capital, cosa que antes nunca sucedía», recuerda Arias.
Los cortes de ruta que menciona Roberto sucedieron en el 2002, camino al Cerro Chapelco. En ese momento los pueblos reclamaban por la contaminación del cerro y daban a conocer públicamente y por primera vez, la cantidad de niños y adultos enfermos por beber el agua con efluentes cloacales. La medida de fuerza fue el último recurso tras años de espera de justicia, ya el Pueblo Mapuche había llevado la denuncia a los tribunales que comprobaron -después de los cortes-que el nivel de contaminación era altísimo.
Por supuesto, la historia de esta batalla tiene algunos tramos menos luminosos:
Nuestra emisora fue saboteada, robada, y hasta hemos recibido amenazas de muerte», asegura Arias.
En 2002, alguien entró a las oficinas de Pocahullo y se robó una computadora. Un robo que podría considerarse simplemente eso: un robo. Sin embargo, en esa máquina había una grabación en la que el director de juntas vecinales, Adrián Pérez, proponía incendiar la radio. Al día siguiente, el auto de uno de los trabajadores de la emisora apareció con una estaca clavada en el asiento y un mensaje contundente: «te vamos a matar». Para dejar más clara la intención, dos días después el secretario del intendente municipal en persona esperó a Roberto Arias en la radio armado con un cuchillo y un revólver. Lograron esquivarlo y denunciar lo ocurrido y aunque jamás apareció la computadora con la grabación, al menos consiguieron que se echara al director de juntas vecinales.
La organización
Como cooperativa duraron poco, ya que Domingo Cavallo -en ese entonces ministro de Economía- resolvió que cada integrante debía pagar 100 dólares por cada miembro de la comisión directiva. Obligados a cambiar de figura jurídica, hoy son la Asociación Civil sin fines de lucro Jaime de Nevares -en honor al obispo ya fallecido- y sus integrantes son los 150 vecinos que la cobijan más los 50 trabajadores que sostienen día a día su programación. Tiene tres directivos sin plazo en el cargo y que, por lo tanto, pueden ser removidos en cualquier momento. Reciben la ayuda de pasantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional del Comahue y las decisiones de contenido se toman entre todos en asambleas semanales. Aun discuten si deberían o no ganar algunos pesos. Con publicidades y algunos esporádicos aportes internacionales -aseguran- les alcanza. Por ahora están seguros de que no quieren comercializar los espacios de la radio. «Nuestra tesis es que la radio es una herramienta de transformación social. Y no son para nosotros palabras. Lo hacemos cotidianamente, cuando damos información o cuando tenemos que poner el cuerpo junto a nuestros vecinos trabajadores o nuestros vecinos mapuches», concluye Arias.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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