Nota
Represión en Villa Mascardi contra la comunidad mapuche: “¿Querías tierra? Comé tierra, india de mierda”

El gobierno nacional, la justicia provincial y la oposición comandada por Patricia Bullrich -responsable política de la muerte impune de Rafael Nahuel en ese mismo territorio- se unieron en la represión contra la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Bariloche. Fue el debut del comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi -conformado por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria-, creado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. «Entraron tirando gases lacrimógenos a las ruka (viviendas), apuntando con armas, nos vinieron a cazar con armamentos fuertes, hasta con balas de plomo; dispararon mientras chicos de 6 y 8 años junto a adolescentes corrían escapando hacia lo más alto de la montaña. También nos quemaron nuestras pertenencias”, cuentan desde la comunidad, y suman el comentario racista de uno de los efectivos que grafica el título de esta nota. Por qué reclaman ese territorio, y la doble vara política entre los mapuches y magnates como Joe Lewis en Lago Escondido, entre otros debates sobre usurpaciones, soberanías y cobardías de ayer y hoy.
El gobierno nacional decidió intervenir ayer en el conflicto territorial en Villa Mascardi de la peor manera posible: con represión.
Más de 250 efectivos, un helicóptero, un carro hidrante, gases lacrimógenos, le dieron cuerpo a una decisión que horas antes había sido determinada por el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que en la resolución 637/2022 publicada anteayer en el boletín oficial dictaminó la creación del Comando Unificado de Seguridad zona Villa Mascardi, conformado por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El flamante Comando, junto a fuerzas provinciales, tuvo su debut con un arrasamiento a la lof Lafken Winkul Mapu tras una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Federal de Bariloche, comandado por la jueza Silvana Domínguez.




La comunidad mapuche se ubica en las laderas del Lago Mascardi, 30 kilómetros al sur de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Por esa zona habitó el pueblo ancestral hasta la Conquista del Desierto a finales del siglo XIX, cuando fueron desterrados, torturados, aniquilados. Allí volvieron en 2017 cuando recuperaron su sitio sagrado, días antes del asesinato de Rafael Nahuel por el Grupo Albatros, de la Prefectura Naval. De allí fueron desalojados ayer con el aparato represivo del Estado puesto a disposición. Mauro Millán es el lonko del Lof Pillan Mahuiza. Desde Mascardi le cuenta a lavaca: “Fue un ejército arremetiendo contra una comunidad. El despliegue militar fue increíble, nunca habíamos visto algo así, fue como si estuviesen invadiendo otro país, y en este caso invadieron el territorio mapuche”. Suma: “Detuvieron a mujeres y a varios niños también, dispararon con todo lo que tenían”.
Una de las seis mujeres que continúan encarceladas –junto a dos bebés– se llama Betiana Colhuan Nahuel, a quien apresaron con su bebé de cuatro meses. Denuncia: “Entraron tirando gases lacrimógenos a las ruka (viviendas), apuntando con armas, nos vinieron a cazar con armamentos fuertes, hasta con balas de plomo; dispararon mientras chicos de 6 y 8 años junto a adolescentes corrían escapando hacia lo más alto de la montaña. También nos quemaron nuestras pertenencias”.
Betiana Colhuan Nahuel es la machi de la comunidad, autoridad tradicional mapuche. “Una o un machi es quien puede tratar enfermedades, como una médica; un término más conocido para el común de la gente que usan otros pueblos puede ser chamán. En el pueblo mapuche existen muchos roles dentro de nuestro sistema de organización comunitaria, la machi es quien puede ver enfermedades y tratarlas con medicina tradicional, es decir plantas y ceremonias propias de nuestra cultura”, explica Maitén Cañicul Quilaleo, comunicadora e integrante del colectivo mapuche Txafkuleiñ (Estamos unidxs) de Junín de los Andes.


Maitén profundiza sobre hasta dónde cala hondo el ataque de ayer: “La recuperación territorial se inicia con el objetivo concreto de levantar el Rehue (altar) de la machi Betiana, luego de más de 100 años que no hubiera de este lado del territorio ancestral mapuche, que nosotros lo reconocemos como Puel Mapu. La denominación que damos al territorio es Wall Mapu –lo que hoy se conoce como Argentina y Chile–. Cuando no había Estados, ni fronteras, nuestro pueblo se movía por un amplio territorio. Cuando llega la Conquista del Desierto, denominada así por el Estado argentino, una de las tareas fue prender fuego vivas a las mujeres que se dedicaban a la medicina. En Argentina no había vuelto a nacer una persona que tenga la posibilidad de ejercer esa función comunitaria. Hasta Betiana, quien hizo un proceso de formación desde muy niña. Porque no solo implica conocer la medicina, o el lawen, decimos nosotros, que es hablar el mapuzugun, su idioma materno. También un montón de cambios en la vida cotidiana de la ciudad para ejercer este rol mapuche, tras la recuperación de su territorio días antes de que mataran por la espalda a Rafael Nahuel, su primo”.
Eduardo Soares integra la Asociación Gremial de Abogados de Argentina, que acompaña gran parte de las causas del pueblo mapuche, incluida la que derivará en el juicio por la recuperación territorial de sus siete hectáreas, en un sitio lindante a grandes extensiones de tierras cuyos dueños son, en gran parte, empresarios multimillonarios. “Casi todos los juicios los hemos ganado y eso es lo que ha movido a hacer la barbaridad que ayer ejecutaron juntos el gobierno nacional, el provincial, la Justicia Federal”, arranca y continúa: “En este lugar es donde estuvieron las últimas machis eliminadas por los ejércitos de Roca. Se levanta la machi al recuperarse el territorio e inmediatamente el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, arrasaron ese lugar. Lo mismo hicieron ayer, llevándose a las lamien (hermanas), a los peñis (hermanos), separando a los chiquitos de las madres, gaseándolos, precintándolos, poniendo a las mujeres con la cabeza contra la tierra y diciéndoles: ‘¿Querías tierra? Comé tierra, india de mierda’”. Justamente el último domingo, a horas del desalojo y la represión, Bullrich fue parte de una movilización en Villa Mascardi contra el pueblo mapuche.


En la resolución que crea el Comando Unificado se justifica la decisión debido a que en “los últimos días de septiembre se originaron nuevos hechos de violencia en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, Provincia de Río Negro, que consistieron en el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina” y que “la Fiscalía Federal de Bariloche imputó de los hechos a los miembros de la comunidad autodenominada ‘Lof Lafken Winkul Mapu’”. Al respecto, responde Soares: “Esperamos con ansias el juicio por la recuperación territorial porque no tenemos dudas de que vamos a ganarlo; contamos con más de 150 testigos, informes técnicos, historiadores y antropólogos que van a explicar por qué esos territorios le corresponden a la comunidad que los había recuperado. Pero no podían arriesgarse a perder Mascardi y eso lo leyó la Justicia federal, los cobardes del gobierno de Río Negro y de Nación, las derechas peronista y macrista, las oligarquias y burguesías que buscan apropiarse de la Patagonia. Entonces, con la complicidad de sus medios de comunicación, de sus diputados y senadores, de sus Pichettos, empezaron a golpear a la comunidad con el armado de causas como la del supuesto ataque a un camión de Gendarmería abandonado en la ruta, o usurpaciones que nunca se dieron; nuestros defendidos jamás usurparon nada que no sean los territorios que consideran propios ancestralmente”.
El lonko Mauro Millán agrega un dato no menor: “La comunidad está puesta a derecho, discutiendo su territorio a través de la Justicia. Pero esta decisión política cambia todo y supera la imaginación de lo que podíamos creer en relación al aparato represivo”. Va más allá: “Se trató de una medida ejemplificadora, estimulada por un sector supremacista y racista, conformado por empresarios y partidos políticos, del PRO –encabezado por el puntero Diego Frutos– y del peronismo involucrados en el negocio inmobiliario. El pueblo mapuche está tocando fibras muy sensibles y crearon un relato cargado de falacias, hasta incluso hablando de narcotráfico para generar este grado de violencia inusitado”.
En cuanto a la complicidad de los Estados, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que sobre el conflicto dijo estar “defendiendo la soberanía de la Patagonia”, es la misma que apelará el fallo contra el terrateniente inglés Joe Lewis, obligado a garantizar el acceso al Lago Escondido. “Queda claro que cuando hablan de soberanía, lo que hacen es una parodia”, sintetiza Mauro Millán.
Tras el accionar de las Fuerzas de Seguridad, ningún funcionario del gobierno nacional se pronunció por fuera de este ministerio. Su máximo responsable, Aníbal Fernández, ayer aseguró: “No hubo represión en el operativo de Villa Mascardi”.
Le contesta Millán, mientras ve cómo pasan por delante de sus ojos varias tanquetas: “250 tipos entraron a los balazos… ¿Qué es eso?»
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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