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Retrato de la estafa: por qué el nuevo tarifazo es inconstitucional

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La resolución de la secretaría de Energía que implica solventar los costos que las empresas petroleras tuvieron por la devaluación a partir del cobro de una cuota a los usuarios, generó una ola de rechazo que va desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario Javier Iguacel. Mientras los intendentes llaman a no pagar las nuevas boletas, el CEPIS presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la norma. “Quieren aplicar en términos retroactivos una cuota cuando la gente ya canceló su obligación de pago con su boleta”, explican a lavaca. El antecedente del 2016 cuando la Corte frenó el tarifazo de gas. Y quién es Iguacel, el funcionario que renunció a YPF cuando se privatizó y ahora afirma que la sociedad tiene que acostumbrarse a que la “energía cuesta”.


“Es una estafa sobre la estafa: esta política es una aspiradora del bolsillo”, grafica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la organización que el lunes presentó ante la Justicia Federal de La Plata un amparo colectivo contra la resolución 20/2018 de la secretaría de Energía, que impone un nuevo tarifazo y una compensación a las petroleras por la devaluación registrada entre abril y septiembre a través de un cobro en 24 cuotas con interés a usuarios y usuarias.
El rechazo de la insólita medida se proyectó en todo el arco político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para derogar la resolución y hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario Javier Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. En ese sentido, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también inició un amparo colectivo junto a un club de barrio de ese distrito.
Además, el perfil Derecho en zapatillas difundió un modelo de carta de presentación a las empresas que se volvió viral y que argumenta por qué la suba viola principios de irretroactividad y derecho a la propiedad. El texto completo es el siguiente:

  • «Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. […] de fecha […] en atención a incluir un cargo retroactivo. Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del código civil y comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del código civil y comercial) y mi derecho de propiedad. Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado».

La tormenta Iguacel ya se desató.

La estafa

El CEPIS presentó un amparo colectivo para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución firmada por Iguacel. “El lunes presentamos la medida, que es de alcance nacional, y en principio incluiría a todos los ciudadanos del país: no solo plantea la inconstitucionalidad de la resolución 20 de la secretaría de Energía del viernes pasado, sino que también pedimos la inconstitucionalidad de la reglamentación del marco regulatorio del gas”, explica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular de la organización. “El macrismo salió a decir que la resolución era legal porque se basaban en unas normas de Menem. ¿Por qué contestamos con esto? Porque afectan derechos constitucionales, a la propiedad, a la garantía de razonabilidad y al interés económico de usuarios y consumidores en su relación de consumo, como prevé el artículo 42 de la Constitución. Esto se suma a un agravante que es que lo quieren aplicar en términos retroactivos cuando la gente ya canceló su obligación de pago con la boleta”.
Lovelli explica por qué la medida es de carácter colectivo: “Es una única norma desde un único emisor que tiene efectos comunes sobre un montón de gente, y ese montón de gente tiene intereses que son homogéneos. Vos, yo, todos usamos el gas para lo mismo”.
El CEPIS es la misma organización que en 2016 presentó un amparo colectivo y logró frenar los tarifazos luego que la Corte Suprema dictaminara que el Gobierno no podía fijar las tarifas de gas sin una audiencia pública, que estableció de cumplimiento obligatorio. Lovelli: “En esa ocasión, planteamos la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Energía, entonces dirigido por Juan José Aranguren, porque no había cumplido con la obligación constitucional de brindar a usuarios y consumidores la información adecuada y veraz, ni de participar en el procedimiento de formación de la tarifa. Es decir, faltaba la audiencia pública”.
El actual amparo, que se suma a un corpus de medidas y de acciones planteadas, está a la espera de que el fiscal federal de La Plata, Guillermo Ferrara, dictamine sobre la viabilidad y la competencia de la denuncia. Luego, se le correrá vistas al Estado para que conteste, aunque ya comenzó a hacerlo a través de los medios. “La mayoría de las quejas por el aumento de gas son de militantes kirchneristas”, declaró el secretario Iguacel, desde el ojo de la tormenta.

Quién es

Javier Iguacel es ingeniero petrolero y activo tuitero, en cuyo perfil se presenta como admirador de Nelson Mandela. Nació el 16 de octubre de 1974 en Capital Sarmiento, un municipio de 15 mil habitantes al norte de la provincia de Buenos Aires. Estudió en el Colegio Marista Manuel Belgrano y realizó la carrera de ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En una entrevista con El Constructor, dijo que comenzó a trabajar a los 11 años arriba de un tractor de campo: “No por necesidad, porque gracias a Dios mis padres siempre tuvieron para vivir y educarme, pero cualquier cosa adicional a lo que era estudiar y comer lo tenía que sacar de mi propio bolsillo, para eso trabajaba en el campo”.
Entró a trabajar a YPF cuando tenía 23 años. Su modelo de ejecutivo era José “Pepe” Estenssoro. Cuenta que en 1999 decidió renunciar cuando la petrolera anunció que sería vendida a la española Repsol. “Soy de los que creen que la energía del país debe generarle riqueza a la gente y no soporté que YPF fuera subsidiaria de Repsol”, apuntó Iguacel a iProfesional. Según Lucas Logaldo -exdirector general de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Viabilidad, excoordinador de Comunicación del PRO en la provincia de Buenos Aires y jefe de Gabinete en Energía-, en ese entonces Iguacel le escribió una carta a Roberto Monti, presidente de YPF, para comunicarle su renuncia “porque creía que la empresa debía ser estatal”.
En ese momento –cuenta- había nacido su primer hijo. «Era una época complicada. Estábamos en Malargüe, dejé todo y nos instalamos en Buenos Aires con mi familia. Fui a ver a profesores míos de la Facultad, recorrí empresas buscando trabajo y finalmente ingresé en Pérez Companc». Desde ese año hasta 2015, hizo su carrera en el sector privado desde empresas petroleras como Pecom Energía y Pluspetrol. Por eso vivió Mendoza, Neuquén y hasta Angola, entre otros lugares. Tuvo tres hijos: el primero nació en Malargüe (Mendoza), el segundo en Rincón de los Sauces (Neuquén) y la tercera en su pueblo natal, Capitán Sarmiento.
El secretario se jacta en las entrevistas de nunca quedarse quieto. “Siempre fui de tomar decisiones que mucha gente no compartía en su momento, en especial mi familia, que pensaba que estaba loco. No podían entender cómo me quedaba sin trabajo. La última fue la renuncia a la vicepresidencia de Pluspetrol”. Un detalle: Pluspetrol es la tercera firma con más terrenos concesionados en Vaca Muerta, detrás de YPF y de Gas y Petróleo de Neuquén (GyP). Tiene el 7,6 por ciento de los 30 mil km cuadrados del proyecto, que no sólo abarca la mayoría de superficie neuquina, sino que se extiende a Mendoza, La Pampa y Río Negro. A mediados de septiembre, la empresa firmó junto con YPF el compromiso con Neuquén para invertir 180 millones de dólares en la etapa piloto para la explotación no convencional de hidrocarburos.
Pero, en 2015, Iguacel rechazó la vicepresidencia para lanzarse a su carrera política. Primero, según especificó, “dándole una mano” a un dirigente peronista: “Pero cuando vi que la corrupción era muy grande, que íbamos camino a ser Venezuela, me decidí y me candidateé en Capitán Sarmiento”. Perdió las elecciones a intendente por 200 votos frente a Oscar Ostoich (FpV), quien en ese entonces fue reelecto por quinta vez.
Sin embargo, la derrota no tuvo sabor amargo: durante la campaña cultivó la confianza de diversos funcionarios, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo propuso como titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Iguacel aceptó, según explicó, “para cambiar el sistema de corrupción que caracterizó la obra pública durante el kirchnerismo”. Un área suculenta: según Chequeado, Iguacel pasó así a manejar un presupuesto de 40 mil millones de pesos, es decir, más del 40 por ciento del presupuesto total del Ministerio para 2018.
El secretario cumple con otro de los que parece ser un requisito para el gabinete Cambiemos: aparece en los Paradise Papers vinculado con la petrolera Pluspetrol Angola Corporation en las Islas Caimán. Su nombre figura como abogado para realizar actividades legales, financieras y bancarias en nombre de la offshore. La documentación difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung muestra que la estructura de la petrolera para administrar sus operaciones incluye sociedades en Gibraltar, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas. Logaldo explicó a Página/12: “Todo es legal. Él fue representante legal de la subsidiaria de Pluspetrol en Angola pero jamás apretó un botón para realizar una operación o mover dinero de una empresa de la petrolera en Islas Caimán”.
El último poder de abogado de la Petrolera lo recibió en 2014, seis meses antes de dar el salto como precandidato del PRO en Capitán Sarmiento.

Lo que cuesta la energía

Iguacel se ganó el buen visto del Gabinete al denunciar al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, por la adjudicación de obras por supuesto sobreprecio, en el que culpó al exministro de Planificación, Julio De Vido, aunque su objetivo era la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También obtuvo el buen visto por el mejoramiento de las rutas. De todos modos, el camino tuvo sus baches.
Por un lado, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional lo denunció por el nombramiento de Eduardo Plascencia al frente de la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial ya que, según la entidad, se trataba de un ciudadano estadounidense que no tenía habilitado su título profesional de ingeniero. Por otro, también llegó a los medios cuando Infobae reveló que contrató los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca para mejorar su oratoria: según la publicación, se desembolsaron facturas por 25 mil pesos a cuenta del organismo. Y en diciembre de 2017 quedó en medio de un escándalo por un error insólito en la obra de un puente ferroviario en Luján para unir la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional N°5: la obra tuvo que ser reformada porque las formaciones del ferrocarril eran más anchas y no podían pasar. “En tiempo récord terminamos de poner los cuatro puentes del bypass de Luján”, escribió orgulloso en Twitter. “Esto me emociona”. La emoción tuvo un costo de 1200 millones de pesos para el Estado.
Iguacel pasó al frente del Ministerio de Energía tras la eyección de Juan José Aranguren, el principal rostro de los tarifazos. Tras la reconversión de los ministerios, hoy ocupa el rol de Secretaría. Desde allí amenazó que si no se respeta el contrato con las productoras de gas, la tarifa podría aumentar hasta el triple. «Tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad”, sostuvo en declaraciones radiales.
Según la agencia NA, el cálculo de lo que la “energía cuesta”, y que saldrá de los bolsillos de usuarios y usarías directo a las empresas, alcanza los 10 mil millones de pesos.

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Daniel Solano: la Corte Suprema confirmó la detención de los siete policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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24 de marzo de 2023: Que la memoria (los) ilumine

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Crónica de un nuevo 24 de marzo desde la voz de la gente, que habla de todo: de cuánto estaba el chori la marcha pasada a cuánto está hoy; de la pesificación de los fondos jubilatorios y de las elecciones por venir; de las dos marchas, y de la realidad. La necesidad de seguir enfrentando al fascismo, ¿cada vez más presente?, y la energía que da la calle. El recuerdo de Hebe, la presencia y las palabras de Nora Cortiñas, la partida sin condena de Carlos Blaquier. Lo pendiente: los juicios aún en curso, la falta de respuestas del Poder Judicial y de la política, les desparecides de hoy. La presencia de niñas y niños como herencia de una sana costumbre: memoria, verdad y justicia, ahora y siempre.

Y si de vos
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,
tus ojos tristes,
tu caminar lento,
tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,
una larga espera
de la que no volveremos
nunca,
o tal vez sí…

“Octubre 1976”, de Ana María Ponce, desaparecida.
24 de marzo de 2023: una de las intervenciones callejeras con el Nunca Más como bandera. Foto: Sol Tunni

Ahora es marzo de 2023.

24 de marzo de 2023.

Un pibe alto camina lento, con ojos tristes; el frente y el dorsal de su musculosa negra, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi abuelo”. Al lado, su mamá, camina lento, con una sonrisa apenas esbozada. Su musculosa gris, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi papá”. Caminan lento porque hay un océano de cabezas, pies y corazones que se dirigen desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, a reivindicar la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 47 años de la noche más sombría.

El pibe alto se llama Thomas Aballay y sostiene un cartel que contiene la foto de su abuelo, cuya sonrisa es tan ancha que parece desbordarse de la imagen. Se lee: “Jorge Oscar Tanco, detenido desaparecido, 16/09/1976”. Dice: “Pertenezco a la agrupación de Nietos de desaparecidos, conmueve un montón estar acá. El Nunca Más no debe quedar en el aire, por eso hay que seguir luchando”. Lo escucha su mamá, Maika Tanco, la hija de Jorge. Plantea deudas de esta democracia en relación a los castigos por los crímenes de lesa humanidad: “Necesitamos hablar no sólo del pasado, sino del presente y del futuro. La cárcel para los genocidas debe ser definitiva; cárcel común, no que estén en sus casas. Además, los juicios están retrasados. En los últimos cuatro años no hubo adelantos significativos y eso quedó manifiesto en que el empresario Carlos Blaquier acaba de morir sin ser juzgado por su complicidad con la dictadura. 47 años después, no es justicia. Y él ni siquiera la tuvo; falleció como inocente, y no lo fue”.

Lo que plantea Maika, minutos después lo confirman en números desde Sobrevivientes, Familiares Compañerxs y Amigxs del Centro Clandestino de Detención «El Olimpo”, emplazado en el barrio porteño de Floresta: “Hoy, 8 de cada 10 condenados por delitos de lesa humanidad están en sus casas cumpliendo las penas que debieran completar en cárcel común”. Desde que se reabrieron los juicios, entre 2006 y 2022 hubo 283 sentencias dictadas, 1115 personas condenadas y 171 absueltas. Hay 15 juicios en curso y 75 causas aguardan fecha de debate. En relación a la falta de celeridad, se debe a la escasez de tribunales orales disponibles. Un ejemplo es el proceso judicial por las violaciones de derechos humanos en el Centro Clandestino “Puente 12”, en La Matanza. El debate, pactado para principios de 2022, recién comenzará el próximo 3 de abril “por cuestiones de agenda”.

Como el mundial

El olor a humo que emana de decenas de parrillas acompañan toda la marcha. Hay olor a chori, hay olor a un pueblo que, pese a ser una fecha que evoca la peor de las crueldades, se hermana, se abraza. Se trata de una fecha para encontrarse y reencontrarse, con unx mismo y con el resto. El barro que se multiplica con el paso de las horas en varios sectores de la Plaza de Mayo refleja la masividad de la cita ineludible. Hay mil banderas de organizaciones sociales, de partidos, de sindicatos; pasacalles, stencils, graffitis viejos y que acaban de nacer; bombos, cánticos, intervenciones artísticas; hay sueños compartidos: “La importancia de estar acá es mostrar que la derecha, los milicos, la policía, no tiene la cancha libre; desearía que fueran menos, pero no lo son, siguen teniendo mucho poder. Entonces, la única defensa que tenemos es la calle”, alza Cecilia, 69 años, de Florida Norte. Y profundiza: “Hay que apuntar a la igualdad social como eje; tenemos alimentos para millones de personas, pero la mitad de nuestra población infantil es pobre. Alguien se la está llevando y es contra ellos que debemos pelear”.

Antes de empezar a marchar, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le dice a la lavaca que está “con mucha fuerza para seguir pidiendo Memoria, Verdad y Justicia”; le dice que “el país está cada día peor, porque este gobierno, gobierna para los ricos, y hay que resistir en la calle”; le dice que pasó su cumpleaños (93, el 22 de marzo) “muy feliz, llena de abrazos y de afecto, pero la felicidad nunca es completa y será así hasta encontrar a Gustavo (su hijo, desaparecido)”; dice que el compromiso “debe ser hasta morir” y antes de terminar la charla, en medio de un intenso calor, propone ir tomar una cerveza al final de la jornada.

Lucía Iérmoli tiene 35 años y está embarazada de seis meses. “Las conquistas hay que defenderlas acá, contra el poder concentrado que sigue creciendo. No estar un día como hoy marcaría una ausencia. Que reviente de gente esta plaza es un logro de todas, de todos. No sé cuántos lugares en el mundo tienen un día que reivindique la memoria”, dice, con voz tierna y con Vera en la panza, que también sigue creciendo. A su lado, su amiga Alejandra Spinetta, 59 años, agrega: “No se puede no estar acá; si uno falta, si no se compromete, es dejarle el lugar para que avance la derecha”.

A unos metros, Laura, de 66, está contenta. Muestra una vitalidad que está recuperando, a medida que avanzan las horas: “Es mi primera movilización después de la pandemia; estuve muy enferma, durante muchos años, pero hoy sentía que debía estar con mi pueblo y no me arrepiento: me llena de energía”.

Detrás, una imagen bellísima que retrata a Hebe de Bonafini, en el primer 24 sin su presencia física. Está con sus dos hijos, chiquitos, ambos desaparecidos. Una frase acompaña el cuadro, a 40 años de la recuperación de la democracia: “El día que me muera no me tienen que llorar. Hagan una fiesta en la calle, porque hice lo que quise y peleé con todo como quise”.

Retrato de Hebe de Bonafini: símbolo de lucha y de una época. Foto: Sol Tunni

El 24 de marzo de 1995 a las 6 de la mañana llegó al mundo Victoria Rossi. “Victoria por la frase del Che, de ‘hasta la victoria siempre’, por el concepto del triunfo del pueblo”, rememora Viqui, a metros de la Catedral vallada, en su cumpleaños 28. “A partir de que empecé a militar en el centro de estudiantes del secundario, sentí que los 24 de marzo ya no había lugar para festejos personales, sí para abrazos, sí para estar con mi gente, pero desde un lado más colectivo”. Su mamá y su papá, militantes de izquierda, venían a las marchas mucho antes de que se decretara feriado, allá por 2022: “Desde chiquita fui consciente del valor que tenía esta fecha y me acuerdo que en cuarto grado fue el último cumple que festejé en la escuela. Sin embargo, estar acá es lo más importante en este día; un año no vine y algo me faltó. Decidí que esa sensación no la quiero sentir más”. Y asocia: “Más allá de que esto no sea una celebración, vivo un 24 de marzo como lo más parecido a ganar un campeonato del mundo, porque hay un gran motivo para juntarse: hay orgas, partidos, familias, parejas, gente que va de la mano con quien quiere y eso tiene que ver con la búsqueda de la libertad por la que peleaban las y los desaparecidos”.

Ideas de ayer a hoy

Un hombre cuarentón camina de la mano de su hija. Ambos tienen puesta el mismo modelo de remera que exige “Juicio y castigo”. La diferencia es que una es talle X y la otra es talle S. Expresa Lucas: “Estamos acá por dos motivos: por responsabilidad social y porque mi papá es uno de los 30 mil”. ¿Qué utopías de su viejo hay que traer al presente? “Nunca dejar de hacer política seria y trabajar mucho en los barrios”. Se va a seguir marchando, siempre de la mano de su hija. En su espalda, de su mochila cuelga un pañuelo blanco que denuncia: “Pablo Córdoba, desaparecido”.

Ana Valverde escucha atentamente el documento leído por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Tiene 72 años, milita hace 54 y lleva bien alto un cartel con la foto y el nombre de Patricia Gaitán, desaparecida por la última dictadura cívico militar eclesiástica. “La principal pelea de los 70 que hay que dar hoy es cómo lograr la unidad de las y los laburantes”. Dice que es jubilada y protesta porque “el gobierno nacional acaba de confiscar el fondo de garantía de sustentabilidad que estaba en dólares y que por un DNU lo pesificó. Esto no perjudica a quienes ahora somos jubilados, sino también a ustedes, los más jóvenes”.

–¿Vos aportás? –me pregunta.
–Sí.
–Bueno, te acaban de afanar.

Un pasacalle grita: “30.000 razones contra el FMI”; un cartel pegado con engrudo sigue la línea: “Basta de extorsiones del FMI”; desde arriba del escenario, en el documento que leen los organismos de derechos humanos, se agita: “El Poder económico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos”. Abajo, la inflación arrasa. Alberto es de Avellaneda y atiende una parrilla que instaló en la esquina de Avenida de Mayo y Carlos Pellegrini: “En la marcha pasada, el chori estaba 150 pesos, cobrándolo caro; hoy, yo lo tengo 700, como barato; en otros puestos está hasta 900”. A 50 metros, Viviana está sentada en un banquito. En el piso, sobre una lona, expone pañuelos blancos y azules, con la consigna “Nunca Más”. “El año pasado estaban 250 pesos, hoy 500”. Agrega: “Fue muy floja la venta, hoy se vendió mucho menos que en 2022”.

La primera actividad que arranca el 24, a media mañana, y la que cierra, a eso de las 20, se da en Plaza de los Dos Congresos. Es un festival por la memoria donde cantan bandas de heavy metal, que se organiza desde hace 16 años. Quien presenta a las bandas se llama Fernando Ricart, tiene 52 años, un pelo larguísimo y un padrino que estuvo detenido desaparecido: “Se lo llevaron por ser delegado, como si eso fuera un delito. Estuvo un mes y medio desaparecido, pero el daño que le hicieron fue para siempre. Se lo llevaron siendo uno, y me devolvieron a otra persona. Nunca se recuperó”. Andrés, 39 años, escucha la música pesada junto a su hijo de 6. Lleva una remera que se pregunta qué hicieron con Santiago Maldonado. Le pregunto qué ideas de la militancia de los 70 serían importantes que hoy sean prioridad: “Se perdió la perspectiva de un cambio revolucionario real; el peronismo tiene su eje en la Justicia, como si no fuera parte de este sistema que hay que cambiar de raíz; mientras que la izquierda partidaria sigue en la pelotudez, discutiendo en el Congreso sobre concepciones marxistas de hace tiempo, sin pensar en el cambio social actual”.

Rocío y Darío viajaron desde Tandil junto a su hijo Amadeo, de un año recién cumplido, para sentir en vivo y en directo la marcha que tantos años recorrieron cuando vivían en Buenos Aires. “La memoria se construye desde la cuna y las Madres y las Abuelas son la escuela”, recuerda ella. “La mejor manera de reivindicar a las y los desaparecidos es seguir su camino: el trabajo de base que se hacía en esos años”, recuerda él, que al igual que su bebé lleva puesta una remera de Diego Maradona. A su lado está Belén, una amiga de la pareja que por primera vez es parte de esta movilización: “En Tandil es diferente; hay un espacio fuerte y comprometido con los derechos humanos, pero es una ciudad mayormente oligarca; para mí es muy fuerte estar acá. Más que nunca debemos mantener viva la memoria y para eso hay que movernos”.

Memoria en este momento

Hay un graffiti recién pintado en la estación de subte Lima, de la línea A, que reza: “Memoria en este momento”.

Aparece también en paredes, en carteles y en diversos reclamos. Elizabeth tiene 70 años y lleva colgado un cartel que pide “Libertad a Assange, una verdad sin mordaza”. Lo relaciona con el 24 de marzo: “En el caso de Julian, se condena la libertad de expresión, no hay derecho a la información de la población y se expone cómo se persigue a la gente cuando se descubren los secretos de los gobiernos”. Detrás de ella, un stencil negro exhorta: “Abran los archivos secretos de la Dictadura”. Elizabeth tiene tres compañeros desaparecidos: Mónica Epstein, Hernán Abriata y Klaus Zleschank. “De ellos, además de recordarlos, hay que seguir su ejemplo: militar por una mejor redistribución de los ingresos”.

El recorrido desde la 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo está acompañado por afiches de la organización La Poderosa con un encabezado: “40 años alimentando la democracia”. Se da en el marco de un proyecto de ley que impulsa el conglomerado de asambleas villeras para que se reconozca con un salario a las más de 70 mil cocineras comunitarias que trabajan en el país sin percibir un salario. ¿Qué implica el reconocimiento laboral? “Un salario ligado al Mínimo Vital y Móvil como base; acceso al aguinaldo, vacaciones, seguridad social, cobertura contra riesgos en el trabajo por enfermedades y maternidad, por invalidez y vida, retiro, acceso a la jubilación y guarderías”, expresan desde el movimiento.

Uno de esos afiches lo tiene a su lado Francisca, que vive en la calle y ahora está delante de un kiosco de diarios cerrado. Tiene una bandeja de arroz por la mitad y una voz que pide escucha: “Se la pasa muy difícil acá”. Y en un puñado de palabras, esgrime una deuda sustancial de la democracia: “Pensemos, ¿cuántos políticos en los últimos años hablaron de la situación de calle, de las villas? Eso dice mucho de cómo estamos”.

Detrás de su lente, la mirada de Oswald, colombiano de 41 años que hace 14 vive en Argentina, fotografía a un pueblo que recuerda sin parar. “Es imposible estar acá y no compararlo con mi país. Allá, pese a que no hubo una dictadura tan marcada, la serie de gobiernos de derecha y los paramilitares han desaparecido a más gente que en cualquier dictadura del cono sur”. Añade: “Por eso es tan importante valorar lo que se consiguió acá. En mi país, el miedo y la violencia aún imposibilita la unión de familiares de víctimas para reclamar en conjunto. En el último tiempo la juventud comienza a jugar un rol clave y para esto la Argentina es un ejemplo a seguir”.

Sobre Avenida de Mayo, un gazebo contiene a un grupo de “peruanos autoconvocadxs” que vocifera por la “dictadura que vive Perú”. Más de 60 caras se alternan con cintas de luto negro, en un antimemorial que estremece. Son las “víctimas del Estado Peruano”. Merly tiene 36 años, nació en Parcona Ica y hace 20 vive en Argentina. “Estamos acá porque también queremos decir Nunca Más. Las muertes tienen rostro y la mayoría son de pueblos originarios, del sur del país”.

Carolina, de 23, muestra su juventud caminando rápido, para no perderle pisada a sus amigos que van un poco más adelante. “Recordar a los desaparecidos de la dictadura es luchar por los desaparecidos de hoy. La derecha sigue avanzando y no lo podemos permitir”. A pocos metros de la Plaza de Mayo, donde desemboca la enorme movilización, Daniela, de 35, vende hamburguesas veganas. En el frente de su heladerita de telgopor está pegado un cartel con los colores de la diversidad, que se pregunta: ¿Dónde mierda está Tehuel? “No se puede aceptar tener desaparecides en democracia. El Estado define de quién se ocupa y de quién no, discriminando a las identidades trans. El racismo sigue, nunca se fue”.

¿Dónde está Tehuel?. Foto: Sol Tunni

Pablo está a pasos de la Pirámide de Mayo. Tiene 36 años, una militancia desde la juventud y un miedo que le recorre el cuerpo: “La democracia vuelve a estar en riesgo; las voces que la amenazan vuelven a tener más peso, que se traducen en persecución, en proscripción, en prohibición”. Suma: “Sufrimos salarios de miseria que sólo lo podremos dar vuelta con una transformación obrera y un pacto social que resguarde un piso que la derecha busca perforar. Para esto, hay que poner el cuerpo como en los 70, porque salvo en determinados momentos como el 2001 o la reforma jubilatoria del macrismo, no pudimos hacerlo en unidad”. A su lado, lo escucha Fidel, su hijo de 8 años.

–¿Por qué estás acá? –le pregunto a Fidel.

–Por la desaparición de los compañeros.

La tarde empieza a caer, la multitud a desconcentrarse y, mientras las paredes siguen pintando preguntas, también se escuchan versos que alimentan la memoria.

Se que algún día dejaré de pertenecer al mundo,
y nunca más podré escribir,
ni hacer el amor,
ni disfrazar la naturaleza con un poema,
ni viajar en los libros,
ni exponer mis ideas.
Por eso en este poema dejo, mar, cielo y luna
mariposas, besos y sirenas,
y me dejo a mí,
porque cuando muera seguiré viviendo en estos
versos.

“Poema para no morir”, de José Beláustegui, desaparecido.
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