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Roberto de la Cruz Gómez, detenido por manifestarse contra la Ley Bases: “El miedo no construye ningún derecho”
Fue detenido por manifestarse en contra de la Ley Bases y, desde entonces, está preso en Ezeiza desde hace casi 2 meses (al igual que Daniela Calarco Arredondo) con casi nula atención judicial: la defensora oficial no le llevó ni una copia de la causa, pero sí la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuyos representantes son los únicos que lo visitan.
Pidió a la jueza María Romilda Servini que lo reciba para que le muestren las pruebas que justifican su detención; si no lo consigue asegura a lavaca que iniciará una huelga de hambre.
En esta entrevista brinda su versión de los hechos, sin vueltas: “No tengo nada que ocultar, porque yo no hice nada”, afirma este hombre de 44 años que pasó de vivir de Grand Bourg a su lugar de trabajo porque no podía pagar el aumento del transporte.
El momento de su detención, filmado por lavaca. Su causa como un “libreto”, que pasó de acusarlo de terrorista y responsable de un golpe de Estado, a resistencia a la autoridad y daños a bienes públicos. Su versión sobre la supuesta foto que lo incrimina. Su historia, su conciencia, y su lección: “Quédenese tranquilos, si quieren manifestarse hay que salir, no tengan miedo: el miedo no construye ningún derecho”.
Por Franco Ciancaglini
“¿Me aguantás que traigo una silla?”
Roberto se prepara porque sabe que la charla se viene larga. Está ávido de contar su versión de los hechos que lo tienen hace 56 días preso en el penal de Ezeiza. Al final de la charla, cuando le pregunto si quiere omitir algo de lo que hablamos, dirá sin vueltas: “No, no: poné todo. No me perjudica en nada, porque te digo la verdad: no hice nada. No tengo nada que ver”.
A continuación, lo que hizo y lo que no hizo Roberto de la Cruz Gómez el día de la votación de la Ley Bases en el Senado.
Y lo que piensa.
País en picada
La charla con Roberto (44 años) ocurre el mismo día en que se anuncia la instrumentación de parte de la Ley Bases. Y esa es una conexión que trae él, prendido a las noticias que transmite la tevé del Módulo 5 Pabellón 6 de la cárcel de Ezeiza: “¿Te enteraste lo del colectivo?” comienza relatando otra noticia ocurrida en Florencio Varela: “Cargaron el colectivo con tanta gente que se rompió el piso mientras iba andando, un muchacho se cayó al asfalto y el colectivo lo pisó con las ruedas, se murió”, relata, azorado.
¿Qué simboliza para él esta muerte? “Que el país se está yendo en picada. Que la gente se va a ir cayendo muerta. Que tenemos un Estado ausente, que es imposible viajar, imposible llegar a tu trabajo, volver a tu casa. Que te llenan de aumentos. Ese colectivo no estaba en condiciones de viajar, y así van a ir pasando cosas… Es la primera muerte de un trabajador”.
Roberto tiene una lectura de la realidad capaz de conectar hechos aislados como parte de una misma trama: lo llamamos para hablar de su caso, pero él habla de quienes –como él– también están sufriendo. “En este gobierno hubo muchas muertes por esto, como por no recibir los medicamentos oncológicos”, sigue sobre esta realidad silenciosa que acaso es parte del sistema en el que –sabe– él está encarcelado.
Otra noticia, mientras la da un sorbo al mate: “Hoy leí también que una de cada cinco personas es indigente. Esa gente está metiéndose adentro de los tachos de basura. Está pidiendo comida, vendiendo medias, porque se hace imposible vivir. Hay por lo menos tres jubilados que se han suicidado, uno incluso escribió una carta diciendo que así no podía vivir más”.
La vida antes de la cárcel
Roberto es de Grand Bourg. Tiene 44 años. Hasta el momento de su detención trabajaba en una panadería del barrio porteño de Once, a dos colectivos y un tren de su casa: 2 horas por viaje. Cumplía las 8 horas, 6 días a la semana incluyendo los feriados, ya que las panaderías casi no cierran.
Cuando responde cuánto ganaba, avisa: “Agarrate Catalina: ganaba 5.700 pesos por día, por 8 horas. Me pagaban por quincena”.
No hace falta sacar muchas cuentas para entender que no llegaba ni al ya devaluado sueldo básico.
En febrero, según la resolución 5 del punto 3 firmada por el secretario de Transporte, se dispuso un aumento en trenes y colectivos según un esquema que sigue aplicándose hoy para más aumentos. Hasta aquel momento –mes y pico antes de la sanción de la Ley Bases– el boleto de tren que pagaba Roberto pasó a 200 pesos y el de colectivo, a casi 100. Alrededor de 600 pesos por día que Roberto debía sacar de su sueldo (le quedan 3.900 x por día) solo para llegar al trabajo. “Me tengo que comprar un aceite y me sale 2 lucas. Carne no como. El pan, la sal… era vivir para comer. Nada más”.
Roberto pensó una variante para no perder el trabajo: irse a vivir a la panadería. “Cuando empezaron a subir las cosas hablé con el dueño y le dije: mirá, se me hace imposible con el viaje, ¿me das la oficina para armarme una pieza? Me dijo que si, que no tenía ningún problema. Mi día franco volvía a mi casa; después vivía lamentablemente ahí”.
El día de la sanción de la Ley Bases cayó 12 de junio, miércoles, día de franco.
El día de la detención
Su voz del otro lado del teléfono suena paciente y reflexiva, tal vez producto de que el tiempo en la cárcel abunda, pero además habla con la seguridad de quien se sabe víctima de una injusticia.
Roberto no pierde su lucidez ni la conciencia de por qué llegó allí: “Yo fui a manifestarme contra la Ley Bases, no te voy a decir que pasaba por ahí”. ¿Por qué se manifestó?: “A mí no me convenía por la ley de trabajo, que justo hoy veo que están por instrumentarla”.
Roberto había ido a la plaza ya el día martes después del trabajo (sale a las 21), porque algunas organizaciones anunciaban una vigilia. Tenía una bandera de argentina a la que ató a un palo y sobre la que escribió con marcador, sobre la mesa de la panadería, una leyenda:
–“No a la Ley Bases. Patria si, colonia no”.
La llevó tanto ese martes de noche como al día siguiente, temprano por la mañana.
Dio unas vueltas por Congreso, y se sorprendió por el desmedido operativo de seguridad. “Me fui a comer a mi trabajo, y volví de nuevo a la Plaza”, cuenta. “Cuando volví ya había una humareda, se ve que habían prendido fuego un auto. Ni me acerqué. Llegué y salí una cuadra antes de Sáenz Peña. La policía había cruzado el vallado hasta justo frente a Congreso, a Callao, y habrán hecho tres, cuatro pasos para adentro. No avanzaban, se quedaban ahí tirando balas de goma. Y la gente no salía corriendo, se estaba escondiendo de las balas y de los gases, atrás de unas vallas. No era una barricada, era para cubrirnos de los gases. No la pusimos ni nosotros, estaba ahí. Y el palo era mi bandera”.
Roberto grafica el momento que, supuestamente, quedó sellado en una foto que figuraría en la causa; él no la vio personalmente: “Hasta el día de hoy no me mandaron la causa. La abogada (la defensora oficial Florencia Gabriela Plazas) me dijo que no me la podía traer porque no tenía presupuesto para imprimirla…”.
Sobre la foto: “Lo único que tienen es una foto mía con un palo junto a otros manifestantes. Ese palo era de la bandera que había hecho el día anterior. Supuestamente dicen que estaba agrediendo a la policía desde ahí. En la foto se ve que ninguna de las personas estaba con piedras, ni botellas ni nada”.
A Roberto lo detendrían más de una hora después de ese suceso, momento captado por lavaca:
Sigue su relato: “De ahí empieza a avanzar la policía para seguir tirando. Empezamos a ir para atrás, había jubilados que decían: ‘Vamos a quedarnos’. Yo les decía: ‘Mejor vámonos’ y empezamos a sacar a la gente porque pensamos que iban a venir las motocicletas: a esas no les importa si estabas manifestándote o no. Seguimos retrocediendo, diciendo, ¿hasta dónde van a tirar balas? Llegamos hasta 9 de Julio. Ahí estaban las motos, la Policía Federal. Estaban deteniendo personas, había un grupo de chaleco azul que manoteaba gente”.
El relato de Roberto coincide con el de todos y todas las detenidos: mientras la policía tiraba, las motos amedrentaban y policías de chaleco azul cazaban arbitrariamente. Son famosos los casos de vendedores ambulantes o de un joven que salía del subte y quedaron detenidos. La 9 de Julio, a varias cuadras del Congreso, podía parecer una zona de descanso frente a la Plaza Congreso. Fue en cambio el lugar, o la trampa, donde la policía esperaba para la mayoría de esas detenciones.
Roberto: “Entonces volvemos por donde veníamos, de nuevo hacia la Plaza. No había por donde salir. Cuando me vuelvo llego hasta Sáenz Peña y pregunto si se puede pasar para el otro lado, habían hecho un cordón. Digo: yo soy manifestante, quiero pasar del otro lado. No, no se puede pasar, no se pasa más, no pueden entrar más a la plaza”.
Y entonces, la detención: “Al lado del cordón me agarran, no es que me corrió la policía ni nada”.
¿Resistencia a la autoridad? “No me resistí para nada, le dije ‘pará, pará’, y se me tiraron encima, me caí con el codo y uno me pisó y me sacó las zapatillas pisándome; les pedí que me pasaran la zapatilla y me la dieron. Me ataron con un precinto y me llevaron corriendo con una zapatilla menos, yo tenía la otra en la mano, estaba toda la plaza mojada, llegué lleno de barro”.
El mundo del revés: “Si ellos no hubiesen empezado a reprimir, no pasaba nada. Y si yo no me acercaba, no me detenían, yo solo quería pasar para el otro lado. Yo no tengo por qué irme corriendo”.
Roberto fue llevado al lugar donde estaba el resto de los detenidos, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, justo al lado del Congreso; a metros, mientras tanto, las y los senadores sesionaban. “Ahí estaba Remigio (Ramón Ocampos, 64 años, también detenido), el famoso parrillero, las tres chicas… Ah, importante: a mí no me leyeron los derechos en ningún momento. No podían encontrar testigos, como no encontraron a nadie me subieron adentro; en la causa dice que vinieron dos personas y es mentira”.
Luego de lo que Roberto calcula fue una hora, les avisan que serían trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en Lugano. En el camión celular ocurre una escena insólita: “Yo tenía todavía mi celular. Entonces le dije a un amigo que me estaban llevando detenido. Y le aviso al dueño de mi trabajo: “Dani, por ahí llego más tarde a trabajar mañana”. Porque cundo me pregunta por qué me llevan detenido, me dicen ‘por resistencia a la autoridad’”. Pensé: bueno, mañana me largan”.
Al rato del viaje, su celular vuelve a sonar. Era su amigo. “Me dice: ‘¿Estás ahí con el parrillero? En el noticiero está saliendo que vos sos terrorista’. ¡Ni siquiera habíamos llegado a Lugano!”.
En paralelo, el presidente Javier Milei felicitaba a las fuerzas por haber parado un golpe de Estado y acusó a los detenidos de terroristas.
En Lugano, los “terroristas” eran alrededor de diez. “Estábamos todos sentados hablando. Algunos ya venían con la causa inventada. Yo dije: ‘A mi me detuvieron queriendo pasar de un lado a otro’. El parrillero dice: ‘Yo estaba subiendo la parrilla y me tiraron al piso’… Le preguntamos a la policía y nos dicen que estábamos detenidos por resistencia a la autoridad. A todos los detenidos nos dijeron eso. Y es más, ahí en Lugano es donde el comisario dijo: mañana se van, quédense tranquilos”.
Desde entonces lleva 56 días preso, al igual que Daniela Calarco.
El “terrorismo” y los palazos
¿Qué pensás de que el Presidente te dijera terrorista?
Me causa gracia. Porque de verdad creo que este tipo (por Milei)… él fue a Israel, él sabe lo que son los ataques terroristas… Ataques terroristas son los que hace Israel con Palestina, lo que hace Palestina con Israel, es lo que pasó en la AMIA. Prender fuego cosas (por la gente que prendió fuego) no es un ataque terrorista. Yo encima ni eso hice. Creo que el tipo vive en una fábula”.
Enumeración: “Después de terrorismo pasó a hablar de golpe de Estado. Después, supuestamente, sedición. Y más tarde el cargo bajó a intimidación pública”, cuenta sobre las tipifaciones de los delitos que supuestamente cometió. De ninguno el poder judicial pudo reunir pruebas y finalmente los cargos por los cuales se justifica su detención son “resistencia a la autoridad” y “daños a bienes públicos del Estado”. Los mismos que pesan sobre Daniela Calarco.
¿Es una causa armada? “No lo pensé. Son libretos, no son causas. Me inventaron cuatro causas y no me pudieron comprobar nada. Lo único que tienen es una foto con un palo, y no estoy rompiendo nada. Así que de daños no tienen nada. Y resistencia a la autoridad, es imposible. Si estaban con balas de goma, con Gendarmería, ¿cómo me voy a resistir?”.
Frente a la represión, Roberto sabe que estar ahí era su derecho: “Yo me como un derecho y me tiraron gas pimienta, balas de goma…”. Otra mirada sobre las operaciones: “Según Patricia Bullrich el kirchnerismo quería bajar la Ley Bases. Y el kirchnerismo no hizo nada. Yo he estado ahí y he visto a La Cámpora, jóvenes de veintipico de años que cuando se armó el quilombo se fueron todos corriendo. Los vi. En plenos disturbios no quedó nadie de La Cámpora. Los ‘hostiles’ como dice la causa, éramos los que marchábamos, los jubilados y gente suelta”.
Corrección: “En realidad los únicos hostiles fueron los policías. Ellos estaban tirando del vallado para este lado, balas de goma, gas pimienta. Y yo creo que la gente se cansó ese día. Vos querés marchar y te ponen una valla y te tiran balas de goma, para que te vayas. Como dijo ese periodista Majul: ‘Si vos veías eso, te tenías que ir a tu casa’. ¿Por qué me tengo que ir? Si yo tengo el derecho de estar parado ahí, ¿por qué tengo que recibir gas pimienta, balas de goma? Yo he visto señoras grandes que recibían palazos. La gente sale a protestar y ahora lo que quieren hacer es detener a la gente. Que pongan un comunicado: si salen a manifestarse, van presos. Bueno, es más o menos lo que dijo Adorni”.
“Que me muestren las pruebas”
A falta de patrocinio privado, la causa de Roberto de la Cruz Gómez es representada por la defensora pública de Gabriela Plazas. Él resume su actuación de esta manera: “No se les cayó una idea para defenderme”. Y retoma el símbolo de las focotopias: “No me trajeron la fotocopia de la causa. Imagínate cómo me defendieron”.
En cambio, resalta el acompañamiento de la APDH, que incluye dos visitas semanales además de las fotocopias para las que la defensora oficial no tiene presupuesto.
A falta de intermediarios legales, Roberto decidió enviar una carta él mismo en formato de pronto despacho para que la jueza María Romilda Servini lo atienda.
Es el segundo que elabora: “En el primero me contestó que no podía porque se iba de vacaciones por la feria judicial. Bueno, ya volvió. Si no me responde me voy a declarar en huelga de hambre y hacerla cargo de mi seguridad. Quiero que me diga por qué estoy detenido, cuáles son las razones… La defensora me dijo que la jueza tiene un montón de argumentos pero no tiene pruebas. Pero con argumentos no puede dejarme detenido. Yo quiero que me muestren las pruebas”.
Mientras espera la respuesta, que debe llegar en las próximas horas, Roberto ensaya otra conclusión de lo que le está pasando: “Ellos me tienen detenido por un capricho, un capricho de este gobierno que quiere darle una lección a la gente. Pero a la gente no le importa, va a salir igual”.
Confía en que, a falta de pruebas, más pronto que tarde estará en la calle: “Tengo ganas de seguir con mi vida cotidiana. Seguir trabajando, ser un ciudadano como todos. Mantener mi trabajo, porque si no trabajo no voy a poder ni existir. Y creo que el que tiene trabajo tampoco va a poder…”.
Sabe que no tiene prensa en los noticieros que mira desde la cárcel, pero aprovecha la conversación porque quiere enviar un mensaje. Desde el Módulo 5 del Pabellón 6 del penal de Ezeiza, un hombre preso por manifestarse pide calma y alienta:
– Quédense tranquilos: si quieren manifestarse hay que salir, no tengan miedo. El miedo no construye ningún derecho.
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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros
(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.
El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.
La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.
Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.
Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.
Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.
Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.
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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.
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