El juez federal Gustavo Lleral decidió cerrar la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolver al único gendarme imputado luego de comunicarle a la mamá del joven que estaba siendo “extorsionado”. Según su resolución, no hay ninguna conexión entre la violenta represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche y la consecuente desaparición y muerte de Santiago. La familia advirtió que impugnará la decisión: “Sólo demuestra que estamos ante un crimen de Estado”. Lavaca repasa en este artículo las principales irregularidades y falencias de una investigación que, desde el 1 de agosto de 2017, contó con la injerencia directa del Estado, principal acusado y responsable, en ocultar hechos, desviar la investigación y cuestionar a la familia.
A las 9:27 de la mañana del 28 de noviembre, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral llamó a Sergio Maldonado para comunicarle la decisión de cerrar la causa por la desaparición forzada de su hermano. Así lo informó Sergio en un video que compartió junto a su abogada, Verónica Heredia, para tratar de poner palabras a lo inexplicable: la determinación de un magistrado nacional que, según hizo pública la familia del joven de 28 años, afirmó estar siendo “extorsionado” para cerrar la causa de un caso que conmovió a la Argentina. “¿Qué nos queda a nosotros si no sentir miedo?”, pregunta Sergio mirando a cámara. “Si un juez dice que lo extorsionan y aprietan, ¿qué es lo que queda para los familiares? Qué queda tanto para Andrea, mi compañera, para Verónica y para mí, que estamos todo el tiempo visibles, si no es sentir otra cosa que miedo en esta impunidad que maneja la justicia. Pedimos el acompañamiento de los organismos”.
La familia informó que Lleral se comunicó telefónicamente con Stella Peloso, madre de Santiago. “La llamo primero a usted para que no se entere por los medios”, le dijo.
La familia reveló las palabras exactas del juez federal:

• “Estoy siendo extorsionado”.
• “Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”.
• “Por eso debo hacer esto”.
• “No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos”.
• “Los hechos no configuran delito”.
• “Espero que ahora haga el duelo tranquila”.

Stella le preguntó si hay “alguien preso” por la muerte de su hijo.
“Por ahora no”, fue la respuesta del juez federal Lleral.
Stella, entonces, sintetizó: “No voy a hacer el duelo tranquila. Voy a esperar justicia”.
El juez habló esta mañana por Radio Mitre y desmintió esa conversación. “¿Eso significa que Stella mintió? ¿Otra vez apuntando contra la familia? ¿De dónde va a sacar Stella esa conversación y esas palabras si no es del juez?”, pregunta a lavaca la doctora Heredia. La abogada fue notificada a las 10 de la mañana. Allí se enteró que Lleral había decidido acumular la causa de desaparición forzada de persona con la del hábeas corpus. Y, también, rechazar las pruebas que familia había solicitado:

• Declaraciones de testigos que estuvieron con Santiago el 1 de agosto en la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen.
• De peritos que informaron que la autopsia “no estaba correctamente realizada”.
• Que, además, podían tener información del celular de Santiago.
• Otras preguntas sobre la autopsia.

En su resolución, Lleral también decidió absolver al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa. “Era la única persona sindicada en el expediente por decisión propia”, precisó Heredia, que explica que el juez tomó la determinación luego de recibir las pericias sobre el DNI de Santiago, prueba que la familia había desestimado porque se había roto la cadena de custodia. De todas formas, luego de esa pericia, Lleral dispuso el fallo de 263 páginas. Heredia apunta a lavaca que no es posible que una resolución de esas características estuviera escrita de un día para el otro. “Es grotesco. Además, a lo largo de las páginas, va construyendo con prueba que no es prueba. El testimonio de Lucas Pilquiman, por ejemplo, que es la última persona que ve a Santiago, no lo pudimos controlar: estuvo solo ante el juez. ¿Pero por qué entonces descarta lo que atestiguó Nicasio Luna, que dijo que alrededor de Santiago había gendarmes?”.
En el video, la abogada sumó:“Como dijimos desde el primer momento, el doctor Lleral quería avanzar en esta resolución de cerrar la causa sin haber hecho un solo acto de investigación. El 1 de noviembre pasado pedimos que se convocara a un grupo de expertos independientes para que realicen una investigación que Lleral no pudo, o no quiso, hacer”. El pedido fue rechazado por la Corte Suprema.
Y cerró: “Vamos a impugnar esta resolución y vamos a seguir prestando batalla a esta impunidad que quiere el Estado argentino”.

La justificación de la violencia estatal

El CELS, organismo querellante en la causa, también repudió el fallo. “De acuerdo al juez, la desaparición y la muerte de Santiago se produjeron por ´la confluencia de ´simples y naturales realidades´ que resultaron ´inevitables´. Es decir que, según su análisis, no habría ninguna conexión entre la incursión irregular de la Gendarmería en el territorio de la Pu Lof, el uso de la fuerza, la persecución de los manifestantes y la muerte de Santiago cuando intentaba escapar. Esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal”.
A tono con lo que fue el accionar estatal desde el 1 de agosto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteó de inmediato que “la verdad le ganó al relato”, que “quisieron engañar a la sociedad y generar miedo”, y celebró en primera persona: “Logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad”. El CELS cuestionó: “Escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos”.
En su comunicado, la familia precisó:

• La resolución “sólo demuestra que estamos ante un crimen de Estado, ante una desaparición forzada seguida de muerte, donde cada una de las personas del Estado que intervinieron desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha son responsables”.
• “Esta resolución, dictada en el marco del G20, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y ancho del país, demuestra que saben de su injusticia y arbitrariedad, que saben de nuestra fortaleza como del acompañamiento del pueblo y que saben que resistiremos”.
• “Seguiremos luchando como desde el primer dia contra la impunidad que impone el Estado con sus medios de comunicación. Pero también como desde el primer día, con todas las herramientas que el Estado de Derecho nos garantiza acompañados por la sociedad civil organizada en las calles”.

Lavaca comparte los principales hechos de un caso aún impune.
1) La violencia del operativo
A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.
El juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

• Ingresar al territorio sin orden judicial.
• Arrojar piedras a los manifestantes.
• Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
• Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
• Ocultar fotografías y videos del operativo.
• Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
• Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
• Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2) La respuesta del Estado
Tanto la familia de Santiago y el CELS denunciaron que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo respondió de tres maneras:

1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.
Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo.
A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

• El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
• El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
• El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.
3) El rol del Poder Judicial
Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1 de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes.
Otras irregularidades descritas por el CELS:

• Las medidas de búsqueda fueron tardías.
• Las pericias sobre las camionetas se realizaron con demoras y los gendarmes habían sido avisados.
• El 15 de agosto –es decir, catorce días después de los hechos-, se allanaron los escuadrones para secuestrar elementos relevantes.
• Los rastrillajes en el territorio no dieron ningún resultado: el 18 de septiembre, un megaoperativo mantuvo precintado durante 12 horas a los principales testigos y no se dejó ingresar a la pesquisa ni a la familia ni a las querellas.

El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la lleva el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.
4) La autopsia
El cuerpo apareció el 17 de octubre en el Río Chubut, a metros de donde fue visto con vida por última vez. La familia comunicó que la conclusión de los peritos fue unánime y que determinaron que la muerte de Santiago fue asfixia por sumersión coayuvada por hipotermia. La fecha de muerte no es exacta ya que se establecieron tres métodos: uno da una fecha mayor a 53 días, otro mayor a 60 y otro mayor a 73 días de fallecimiento. Las operaciones de prensa volvieron: el Gobierno buscó instalar que Santiago se ahogó solo porque no sabía “Tengo más dudas que antes”, dijo Sergio. “Lo que sí es que él no murió porque estaba de turista: estaba escapando de una represión ilegal de Gendarmería”.
Al cumplirse un año de los hecho, en conferencia de prensa, Sergio sintetizó: “En la autopsia no pudieron respondernos nada. Ni cómo, ni dónde, ni cuándo, o si estuvo 20 o 50 días en el agua. El Estado estuvo en el mismo lugar que aparece el cuerpo el 5 de agosto y el 18 de septiembre. Ellos no lo encontraron. Ellos dijeron que no estaba. Y ellos dijeron que es desaparición forzada: no lo inventamos nosotros”.
Las fotos del cuerpo de Santiago se filtraron a la prensa. La propia fiscal Ávila advirtió que tenía elementos que “permitirían acreditar” que las imágenes salieron del médico de la Policía Federal y comunicador ligado a la actividad minera en Esquel, Werther Augusto Aguiar, uno de los funcionarios que participó del procedimiento judicial en el río y acompañó el “resguardo” del cuerpo hasta la morgue de Esquel.
La denuncia no hace más que confirmar el pedido de la familia Maldonado desde el minuto cero de la causa: la necesidad de un grupo de expertos independientes ya que los funcionarios del Estado, como quedó en evidencia con la resolución del juez federal Lleral, no garantizan la búsqueda de verdad, sino consagrar la impunidad.