Un capítulo más que evidencia la artillería pesada del narcoestado mexicano contra el periodismo y los defensores de Derechos Humanos: luego del asesinato del periodista  Javier Valdez y antes de la investigación del New York Times que revela cómo el Estado mexicano espía periodistas, en la última edición de MU la periodista uruguaya radicada en México Eliana Gilet escribió este relato narra el espionaje en primera persona.
Una investigación del New York Times reveló cómo el Estado Mexicano espía a periodistas, activistas de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos de manera ilegal.
Agencias gubernamentales mexicanas invirtieron en 2011 80 millones de dólares en Pegasus,  un software desarrollado por la empresa israeli NSO-Group  que permite infiltrar celulares y monitorear a los usuarios, accediendo a mensajes y comunicaciones, como también al micrófono y cámara del aparato.
La investigación revela huellas de ese software en teléfonos de periodistas, activistas y abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si bien aún no se sabe de dónde provino el hackeo, desde la empresa israelí afirman que su servicio es ofrecido exclusivamente a agencias gubernamentales, por lo cual no deja muchas dudas sobre quién está detrás de estas infiltraciones ilegales.
Un capítulo más que evidencia la artillería pesada del narcoestado mexicano contra el periodismo y los defensores de Derechos Humanos. En la última edición de MU, luego del asesinato del periodista  Javier Valdez y antes de esta investigación del New York Times, la periodista uruguaya radicada en México Eliana Gillet escribió este relato narra el espionaje en primera persona.

Solos y vigilados

Crónica desde México. El espionaje y la infiltración a quienes reclaman por los desaparecidos. Y lo que explicó el último periodista asesinado, para entender el oficio. ▶ ELIANA GILET
Desde que desperté los ojos me pesan como si los párpados trajeran agua, la nuca está rí- gida y la tensión se alojó para siempre bajo mi omóplato izquierdo. Los dedos me temblequean si no tecleo. Mi compañero, ansioso fotógrafo primo hermano de un cable pelado, se rehúsa a salir de la cama. Está triste y enojado, dice. Nos ladramos en vez de hablarnos, nosotros que siempre supimos tratarnos tan bien. No es tan grave, digo, porque parece poco el año que llevamos reporteando lo que pasa en México desde sus calles, y no desde sus escritorios. No es tan grave, pienso en la mañanita, cuando volvemos a dialogar, porque aún no somos adictos a los antidepresivos y al alcohol, aún no somos cínicos sin remedio, descorazonados por la tragedia y el rencor, por la falta de consuelo. Estamos lejos de casa, lejos del santuario que es la Ciudad de México, aunque después de que mataron al fotógrafo Rubén Espinosa esa idea ya no se la cree nadie.
Tampoco le cree nadie a Enrique Peña Nieto cuando se roba nuestras palabras y las devuelve vacías en cadena nacional, desde la residencia de Los Pinos, con todos los gobernadores y funcionarios, después de que las marchas le coparon el país. Su respuesta fue plagiarnos. “No se mata la verdad asesinando periodistas”, dijo con voz de un muerto que lee feo. No supimos si reírnos o llorar porque nos arruinó una consigna para siempre.
El asesinato de Javier Valdéz nos encontró cubriendo la Primera Caravana Internacional de Búsqueda en vida de personas desaparecidas, organizada por familias que buscan en cárceles, servicios forenses y hasta entre las trabajadoras sexuales a ver si alguien reconoce a quienes llevan en las fotos colgadas del cuello. Hacen lo que la justicia no. Como Miriam Rodríguez, una madre que investigó el paradero de los restos de su hija desaparecida, y logró encarcelar a una decena de sus apropiadores. Fue asesinada por un comando armado en su casa en San Fernando, Tamaulipas, el día de la madre.

Al llegar la caravana a cada ciudad, se marcha. Los tres periodistas que cubrimos uno de los movimientos más importantes de este México herido, freelancers precarios de recursos escasos e ingenio inversamente proporcional, decidimos marchar detrás de las madres, de negro, con carteles que dicen que estamos hartos, que nos dolió que mataran a uno de los maestros, de los buenos y solidarios, como nos duelen todos, pero este un poquito más.
Nuestro papel de observadores nos permitió reconocer que ese tipo que nos siguió, que tomó fotos de cada uno de los que estábamos en la marcha, era un infiltrado. Uno de los marchantes lo increpó por su actitud. Le reclamó que borrara las fotos, que para quién trabajaba. Lo había mandado la Inteligencia del Ejército Mexicano.
Tres días antes, en la marcha en Torreón, pasó lo mismo. Pelo a rape, lentes de sol, ropa gris, me lanza una foto. ¿Por qué me fotografía?, le pregunto. Que tiene un familiar desaparecido, me dice, que vino con el de la camioneta. Mi compañero corre y confirma que nadie lo conoce. Las madres lo rodean, el tipo saca un carnet de la Secretaría de Defensa Nacional, vigente. Un militar en funciones.
Dos días después, entre las fotos que las madres ponen en el piso para que la gente diga si ha visto a alguno de sus hijos, otros dos jóvenes preguntan dónde se aloja la caravana y ante la presión de ellas, que desconfían, revelan que forman parte del Centro de Investigación y Seguridad Militar.

Es en Monclova donde llega a un punto cúlmine la vigilancia. Mismo modus operandi: fotografiar a todos. Pero este infiltrado pasa una línea: se acerca a uno de los organizadores de la Caravana y lo entrevista diciendo ser un periodista principiante. Minutos más tarde es rodeado por policías municipales –la corporación más permeada por el crimen organizado- que lo esposan. “No se pasen de lanza tampoco”, les grito desde el tumulto, porque no puedo olvidar que a muchos de los que miran desde las fotos en el piso se los llevó esa misma policía. Cuando lo suben a la camioneta, el detenido le dice por lo bajo a un policía que se lo lleven. ¿Un detenido pidiendo que lo lleven? El coronel Victorino Reséndiz Cortés le arrebata el teléfono y lo entrega a los familiares. Además de las fotos de la marcha, enviadas a un chat con el nombre “trabajo”, hay una foto suya vestido de verde. El periodista principiante es otro militar infiltrado.
Más datos en el celular: en la conversación se da nombre y foto del coordinador de la marcha, se señala “al puto de los derechos humanos que nos viene sacando fotos” y se descubre finalmente a quién reporta el infiltrado: el C4, centro de comando y vigilancia integrado por militares y policías al servicio del Estado mexicano. El mismo C4 que en la masacre de Ayotzinapa seguìa cada movimiento de los estudiantes y, milagrosamente, perdió todo registro del momento en que los policías se llevaron a los 43 normalistas, que siguen desaparecidos desde 2014.
El coordinador de la caravana insiste en que se lleve al infiltrado ante la fiscalía local, donde confirman que es un militar activo dedicado a tareas de vigilancia. Se presenta el segundo jefe del batallón de Frontera Coahuila, Pablo Muñoz, diciendo que lo que hacen no es espionaje porque se trata de un evento público y que sus agentes van de civil para protección de su gente del Ejército, como se hace incontables veces.

La conversación de whatsapp a la que envió las fotos de las familias de desaparecidos tiene más imágenes de otras marchas. El infiltrado es un especialista en vigilar cualquier movilización social en la aterrorizada ciudad de Monclova.
Entre las fotos que el infiltrado –el soldado Celso Arbona López, 35 años-, envía a su superior inmediato al que le rinde cuentas, hay un montón de videos pornográficos.
Antes, el día en el que lo habíamos conocido, Javier Valdéz nos explicó algo que no hemos podido sacarnos de la cabeza: “El buen periodismo está solo, la sociedad no lo abraza y por eso, nos pueden seguir matando”. No le preguntamos al maestro de la crónica sinaloense si él sentía miedo a morir, o si le costaba dormirse a veces de todo lo que le quedaba en la mente. No le preguntamos nada por lo acelerados que estábamos al haber llegado a la cuna del narcotráfico mexa: el estado de Sinaloa. Era enero. También acompañábamos a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Otro logro de las familias, salvo que ellos se han vuelto expertos rastreadores de fosas clandestinas.
Valdéz nos citó en su café de siempre, en Culiacán, cerca de la redacción de Río Doce, el semanario cooperativo que fundó junto a otros dos periodistas –Alejandro Villareal e Ismael Bojórquez- para seguir haciendo el periodismo de investigación que necesitan estos tiempos violentos. Desde el 15 de mayo, cuando dos encapuchados le dispararon doce tiros a quemarropa, en su mesa de siempre, la número 9, descansan un diario, una flor, y un café cargado que espera que llegue con su sombrero y su oficio de sabueso, a sentarse a degustarlo y conversar.
Cierto que la muerte es la mejor agencia de publicidad que se ha inventado, pero Valdéz ya se había ganado el amor de un pueblo, a fuerza de profesionalismo y calidez humana.
Nos dijo que hacer buen periodismo es hacer periodismo y punto, y que para tratar con el narco había que hacer como con todo: saber en qué suelo estás pisando. Confirmar la información con una base amplia de fuentes y, sobre todo, entender que hay cosas que uno no va a publicar.

“La autocensura es sobrevivir, una forma de no rendirse. Aunque no haya en Sinaloa una intromisión en la redacción o una atmósfera amenazante, aprendes a no cruzar una línea. Si una fuente pasa un dato, pero a ese ni el Ejército lo toca, ¿qué hace uno? Pues no lo publica. La decisión es saber qué parte de la historia no vas a reportear. Apréndete esto: aquí ser valiente, es ser pendejo”.
Nunca como en esta semana entendimos el miedo y el rigor que significa reportear en estas tierras en guerra. Una guerra que nadie quiere salvo los militares y los sicarios, los profesionales de la muerte y la mentira. Los enemigos del periodismo y punto, que, paradójicamente, son los únicos que no nos dejan solos.