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Télam duele: nueva marcha para evitar el vaciamiento

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Cientos de personas marcharon al CCK para exigir respuestas al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por los 354 despidos en Télam. Es el segundo día de un conflicto que continúa con paros y con la ocupación pacífica de los dos edificios de la agencia. Recibieron el apoyo de Madres de Plaza de Mayo y de sindicatos como CTA, CTERA y Metrodelagados, entre otros. En la calle, entre lágrimas y abrazos, trabajadoras y trabajadores afirman que las cesantías no corresponden a una “reestructuración” sino al vaciamiento del servicio estatal de noticias. Matrimonios con más de 20 años de trayectoria que quedaron sin trabajo. También pacientes oncológicos y con problemas cardíacos. El recuerdo del intento de cierre en el 2000 y cómo se ganó esa batalla. Voces y fotos desde una calle que a gritos y cantos exige la reincorporación.

Foto: Nacho Yuchark


Vanina Alfonso trabaja en el sector de administración en venta de la agencia oficial Télam desde hace 20 años. Su marido, Rodolfo Ávila, hace 25. Ambos están en la calle, de frente al edificio tomado en el que entran a trabajar todos los días, y observan que mientras sus compañeros están organizando la asamblea para comunicar cómo continuarán las medidas de fuerza luego que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunciara que 354 familias se quedarían en la calle, sobre el cartel electrónico en el que desfilan los títulos de los cables informativos hay uno que despierta rabia:

  • «9AM | La agencia Télam tiene futuro».

Es el nombre del comunicado que la empresa lanzó en la web para dar el marco a la ola de telegramas y cartas documento que cientos de trabajadoras y trabajadores recibieron a lo largo de un martes negro. Entre ellos, están Vanina y Alfonso.  “Es un dolor inmenso”, dice ella. “Pero acá estamos, como en el 2000, cuando ocupamos la empresa luego que quisiera cerrar y recuperamos nuestras fuentes de trabajo. Luchamos y salimos. Y acá estamos, viendo que el comunicado que sacaron es una vergüenza. Estamos hablando del 40 por ciento de la agencia en la calle. Eso es vaciamiento. Y acá nos vamos a quedar. Así la vamos a seguir luchando. Tenemos tres hijos, uno discapacitado. Pero todavía no saben: todavía no tuve el coraje de decirles que a su papá y a su mamá los dejaron sin trabajo”.
Rodolfo entró en Télam en 1993. Tenía 21 años. Fue su primer trabajo. Hoy tiene 47, y el martes se despertó como todas las mañanas para ir al archivo administrativo cuando les llegó la notificación a su casa. “A mí me mataron. Pasaron muchos administradores pero nunca se vio algo así. Es un desguace, no hay criterio de nada: echaron a trabajadores con enfermedades, otros a punto de jubilarse, matrimonios como el nuestro. Yo tengo una hipoteca, me quedan ocho años: es para que mis hijos, por lo menos, tengan el techo que yo no tuve. ¿Y ahora? Mi mujer es fuerte como toda mujer. El hombre es más débil: yo estoy hecho mierda. Pero lucharemos. No vamos a bajar los brazos. Para nada”.

Foto: Nacho Yuchark

El desguace de punta a punta

Las trabajadoras y los trabajadores de Télam van hacia el segundo día de ocupación pacífica dentro de los dos edificios de las calles Bolívar y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la oleada de telegramas y cartas documentos. Por el micrófono que pasa de mano en mano en una mañana fría, anuncian que muchos de ellos eran pacientes oncológicos y con problemas cardíacos. Todes tienen en sus manos un cartel que exige «No a los despidos en Télam», y lo sostienen entre lágrimas que se secan con abrazos, mientras otro trabajador propone cambiar la consigna a «No al desguace de Télam» porque “los despidos ya fueron”.
Daniel Segal, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), uno de los gremios que nuclea a lxs trabajadorxs de Télam, explica a lavaca el panorama: “Es un plan de desguace del gobierno nacional, personificado en las figuras de Lombardi y Pousa (Rodolfo, presidente de la agencia). Buscan que los trabajadores no tengan derechos laborales, que el Estado controle la pauta oficial y que no haya una agencia estatal que pueda competir con los grandes medios monopólicos. Ellos dicen que es una reestructuración, pero en realidad se están ahorrando cuatro horas de intereses de Lebacs: son 250 millones de pesos”.

Foto: Nacho Yuchark


-¿Cómo se explica esta situación?
-Comenzó con persecución sindical. Los que nos oponíamos a que se incumplan los derechos, éramos perseguidos: a mí me hicieron un juicio que perdieron en primera instancia pagando abogados externos a Télam. Luego, vino el vaciamiento de áreas: sacaron publicidad y dejaron sin contralor de la pauta oficial al Estado argentino. Luego, el vaciamiento informativo: cerraron portales de idiomas como portugués e inglés, el portal de deportes en pleno mundial, el reporte nacional y le siguió el achicamiento de horarios de trabajo del sector audiovisual. Después, nos negaron la paritaria y echaron a dos personas. Allí comenzó el rumor de que serían muchos más, hasta este fin de semana. Echaron a la mitad del personal que trabaja acá. Hablan de una agencia nueva, pero nada nuevo pueden hacer. Vamos a tener menos caudal informativo, menos gente administrativa, secciones vacías: hoy en Infografía no hay nadie, y era la estrella de los medios gráficos. La vaciaron de punta a punta.

La vida en un telegrama

“Nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se sumó a esto y decidió mantenerse con un perfil muy ideológico”, dijo el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, eje de los insultos junto a Lombardi, en declaraciones a Radio Berlín. 

354 despidos en Télam: del llanto a la lucha, en medio del Mundial


En la calle, sin embargo, lo que hay es rabia. “Y desconcierto total”, dice Anabella Luna, 26 años en Télam en el sector de Publicidad. “No me lo imaginaba. El atropello en estos dos años fue muy grande. Se te viene todo encima, y resumen tu vida a un telegrama. Nos entristece a todos, y por la cabeza se te pasa la plata, el FMI, el recorte, y el qué hacemos después”.
Vanina Sepúlveda, del área técnica audiovisual, entró en 2007. “Estoy muy shockeada. Todavía no entiendo lo que pasa, y lo terrible es lo que ponen en el portal, diciendo cosas que no son ciertas. Una de las áreas que más creció fue la audiovisual. Era lo más visible. Y acá estoy”.

Foto: Nacho Yuchark

El criterio precarizador

La asamblea votó en la calle una marcha hacia el Centro Cultural Kirchner (CCK) para exigir una respuesta de Lombardi. En la previa, recibieron la vista de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y sumaron el apoyo de los dirigentes docentes Sonia Alesso, Roberto Baradel y Daniel López (CTERA, SUTEBA y UTE). También de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, y Roberto Pianelli, de Metrodelegados. En la cabecera, además, estuvo Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, entre otros.
Mientras, sobre una Avenida Belgrano cortada, circulaban preguntas y respuestas sobre cómo distribuirían las guardias de cara a un fin de semana dentro de la agencia para continuar la permanencia pacífica. Un trabajador que tomó el micrófono propuso apelar a la experiencia de las trabajadoras y los trabajadores de Tiempo Argentino para realizar “una Agencia de lxs trabajadorxs”. También, de utilizar sus herramientas laborales para seguir haciendo periodismo y denunciar así a los responsables de los despidos.
Por el cartel electrónico que da a la calle, mientras tanto, siguen circulando los títulos de los cables y se repite otra vez el comunicado oficial.
A su lado, hay una gigantografía de Lombardi con una palabra: “Vaciador”.

Foto: Nacho Yuchark


Una de las que inicia la marcha hacia el CCK es Natalia Concina, 37 años, periodista de Sociedad. Ingresó a Télam hace 13 años, y se enteró que estaba despedida mientras hacía su trabajo. El martes entró a las 7 de la mañana y mandó dos cables: uno informaba sobre el estado de tránsito, otro sobre un tweet de Patricia Bullrich sobre su deseo de importar el Fan ID del Mundial de Rusia para controlar “a los violentos” en las canchas de Argentina. Al mediodía le llegó la carta documento: “La situación fue muy desprolija: algunos recibimos telegramas, otros recibieron un mail que les daba la bienvenida a la nueva Télam. Yo estoy oficialmente despedida, pero muchos no recibieron ni una cosa ni la otra”.
Concina apunta que no hubo ninguna respuesta oficial más allá del comunicado. “Nadie vino a dar la cara. Nuestros jefes directos no tienen idea, los jefes de redacción no están acá, los de recursos humanos no nos reciben. Así es la situación. Y hasta ayer hacían algo perverso: te decían que no te preocuparas si vos laburabas, porque no ibas a tener problemas. Es una locura, el criterio ´bueno´ o ´malo´ no corre: sabíamos que iba a ser una lista arbitraria y caprichosa. ¿Cuál es el criterio para dejar 354 personas en la calle en este contexto de país?”.
La pregunta, aún, no tiene respuesta.

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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