#NiUnaMás
Tercer informe del Observatorio Lucía Pérez sobre femicidios, travesticidios, intentos de femicidios, huerfanxs e infancias víctimas de violencia de género
Informe del Observatorio Lucía Pérez. Mirá el Padrón 2020 y los informes especiales, acá.
154 femicidios, 80 desde que se inició el aislamiento social obligatorio.
43 travesticidios.
3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
6 eran niñas.
9 eran menores de 20 años.
12 tenían más de 70 años.
192 huérfanxs.
72 intentos de femicidios durante la cuarentena.
18 femicidas se suicidaron después de asesinar.
Estas son las cifras que hoy gritan Ni Una Menos.
En este informe detallamos algunas de las tantas urgencias que plantean estos datos. La más dramática es la situación de las infancias, que reclaman un derecho que el Estado incumple: aquel que les otorga la ley Brisas y que el engorroso trámite judicial a través del cual se debería concretar hoy les niega.
También es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingresos de denuncias que al no unificarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el asilamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos, que existen y hoy no se ejecutan, como sucedió en estos seis meses del año con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Resumimos también en este informe el crecimiento de los pedidos de auxilio en contexto de aislamiento social obligatorio, detallando los informes de fuentes oficiales de 10 provincias y 6 ciudades.
Exigimos respuestas concretas y eso significa que los recursos lleguen a los territorios, a las víctimas y a tiempo.
Exigimos ser escuchadas y eso significa que ningún plan contra la violencia de género puede ignorar la voz de las víctimas y sus familias
Exigimos estar vivas y ser libres.
Eso representa el grito Ni Una Menos.
Niñez y femicidios: la deuda del Estado
192 criaturas quedaron huérfanas por femicidios en este 2020. El número es mayor si se tiene en cuenta que en 10 casos registrados en nuestro padrón no se informa qué cantidad de hijxs tenía la madre asesinada. La cifra es dramática, y más: revela que el Estado no cumple en tiempo y forma con el derecho a la asistencia que les otorga la Ley Brisas.
Un ejemplo: la policía de San Javier, Misiones, organizó una colecta para recaudar alimentos, pañales y ropa para asistir al hijo de Yanina Tavarez, asesinada a los 19 años. La criatura, de dos años, quedó a cargo de su tía que solicito ayuda para poder sostener la crianza.
En Santa Fe, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de los 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre. Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoce que es “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.
Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Vanesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.
El problema está la tramitación en sí misma. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Anses les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.
La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señala que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro. La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”. Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Anses” que es donde se lleva adelante todo el proceso.
Infancias y violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio
En la Ciudad de Buenos Aires, durante el aislamiento en el Ministerio Público Tutelar se tramitaron alrededor de 400 causas que involucran a más de 600 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas e indirectas de la violencia de género.Los chicos que presencian situaciones de violencia hacia sus madres o que directamente la reciben a través de golpes o insultos, pueden sufrir consecuencias asimilables a las de víctimas directas, según explican especialistas en la temática.
TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS
La agrupación La Rosa Naranja informa cotidianamente sobre travesticidios y transfemicidios. Durante el año 2020 se registraron 43 de estos crímenes. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Son 30 los travesticidios y transfemicidios desde que se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
ABORTOS LEGAL: DEUDA DE LA DEMOCRACIA
En lo que va de año dos mujeres murieron a causa de la clandestinidad del aborto. Ambas durante la cuarentena. Ivana, 22 años, de Pirané, falleció el 27 de abril como consecuencia de una infección generalizada, luego de practicarse un aborto clandestino. B, 41 años, llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cursando un aborto. Presentó fiebre y una hemorragia severa, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardiaco y falleció el 19 de mayo.
Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales (https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic). En Argentina la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones para el primer nivel de atención, y los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales. Desde esa misma dirección se difundió también un folleto sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos, “permite brindar información clara y precisa para mejorar la calidad en el acceso”, explicó Valeria Isla a cargo de la Dirección. (https://mcusercontent.com/3de47a5599b54218bf1a87e74/files/113efc59-8dcc-45d4-88b8-27f23c7d946c/Folleto_ILE_con_medicamentos_Digital_accesible.pdf)
Todo esto no logró que dejen de presentarse obstáculos en el acceso. Un ejemplo: en Santiago del Estero a una niña de 12 años no se le garantizó la interrupción legal del embarazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Se pronunció sobre: “Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad”.
Durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento. “Pasaron de, un promedio, de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.
En el último informe -son semestrales- elaborado por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se preguntan ¿Cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar la pandemia? La respuesta: “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto
inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19”
En el mismo informe se analiza que la legalización implica un ahorro para el sistema de salud. “Lejos de constituir una carga onerosa, diversas estimaciones coinciden en que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) causaría una significativa reducción del gasto del sistema de salud. Uno de ellos calculó que garantizar la IVE implicaría un ahorro de entre 43% con respecto del dinero que el sector público emplea tanto en garantizar ILE como en la atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Si el Estado produjera el misoprostol para efectuar esas intervenciones, el ahorro ascendería al 55%”.
https://gedesyr.blogspot.com/2020/04/como-ayudaria-la-legalizacion-de-la.html
Violencia de género y aislamiento obligatorio: relevamiento en 10 provincias y seis ciudades
Nación
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), desde que inició la cuarentena, recibió 250 consultas por delitos de género en todo el país. Tras ampliar los canales de atención virtuales y telefónicos, hubo un promedio de casi 20 actuaciones por semana. Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, registró más de 250 consultas de personas víctimas de delitos de género (tanto vía telefónica como por mail), a partir de las cuales se han iniciado 31 investigaciones preliminares, doce de las cuales ya han sido judicializadas. En el resto de los casos, se ha brindado asesoramiento a personas que requerían alguna clase de información o acompañamiento previo a la realización de la denuncia o, en el caso de que quisieran formularla pero respecto de hechos que no correspondían a la competencia de la Unidad Fiscal, se han realizado derivaciones a las jurisdicciones pertinentes.
Tucumán
En lo que va de 2020 se registraron 12 femicidios, cifra que se acerca peligrosamente al total de asesinatos a mujeres a causa de la violencia machista en 2019 que registró 13 casos. En los meses de confinamiento desde la División Violencia de Género de la Policía se recibieron más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia. Según detallaron en un informe, el 20 % de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente y el 10% tenía alguna medida de protección. En tanto, el 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que ésta compartía con el agresor. El Jefe de la División, Comisario Principal Luis Perdigón detalló que trabajan con un total de 117 causas por diferentes hechos. «Por estas causas tenemos 12 personas detenidas y 8 prófugos de la justicia”.
Salta
Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio y hasta el martes 2 de junio hubo 19 intentos de femicidios y un total de 1.476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio de la provincia. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.
Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 20 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta, lo que implica un aumento sostenido, dado que hasta el 7 de abril pasado el promedio de denuncias diarias alcanzaba las 15.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en todo 2019 recibió 8.307 denuncias por violencia de género. Mientras que en lo que va de 2020, hubo 3.478, y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1.476.
De las 1.476 denuncias recibidas este año, la mayor parte, 942, corresponden al Distrito Judicial Centro; 188 fueron presentadas en la jurisdicción del Distrito Judicial Sur; 186 corresponden al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.
https://www.pagina12.com.ar/270210-en-cuarentena-aumentaron-las-denuncias-por-violencia-de-gene
Mendoza
Desde el 20 de marzo 21 hombres han sido detenidos por distintas causas de violencia de género. La cifra representa un detenido cada cuatro días. De estos sospechosos, el delito más grave –al menos en cuanto a la pena que arriesgan- es por abuso sexual con acceso carnal, es decir, que el agresor presuntamente violó a su pareja o expareja. La mayor cantidad de imputados fue por amenazas simples -8 casos-, seguido por lesiones leves -6 casos-. En tanto que hubo tres hechos de desobediencia a la autoridad –sujetos que violaron la prohibición de acercamiento a su víctima- y dos de amenazas agravadas por el uso de arma.
En total, las estadísticas muestran que se hicieron 2.080 intervenciones en toda la provincia por situaciones de violencia doméstica. Al aislamiento y la situación de vulnerabilidad de las víctimas se sumó otra variable, la crisis económica que se agudizó con la pandemia. El CAI duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo con 1.188 abordajes. “Estamos hablando de intentos de estrangulamiento, de abusos sexuales, de lesiones, de problemáticas graves y en muchos casos de chicas que ya habían sufrido violencia con otra pareja y que volvieron a revivir este flagelo con otro compañero”, advirtió Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer en el Poder Judicial.
https://www.elsol.com.ar/la-otra-pandemia-se-duplicaron-los-casos-de-violencia-domestica
Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata
Más de siete mil mujeres de Mar del Plata se conectaron virtualmente con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad para recibir asesoramiento frente a contextos de violencia de género en lo que va de esta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.
Facebook fue la vía más elegida por las mujeres para hacer llegar pedidos de ayuda o consultas por asesoramiento frente a distintas circunstancias: en esta red, se constataron alrededor de 4900 requerimientos.
La cuenta oficial que tiene en twitter la Dirección de la Mujer fue la segunda vía con mayor nivel de actividad: allí se registraron unas 1700 solicitudes de ayuda. En el última instancia figura Instagram, con un número aproximado de 500 consultas.
Bahía Blanca
La oenegé Manos Entrelazadas recibió más 200 llamados vinculados con situaciones de violencia de género en lo que va de la cuarentena, de acuerdo con lo que informó su titular, Encarnación Quiroga. Según el reporte, del 20 de marzo al 2 de mayo hubo 162 pedidos de asistencia legal y psicológica. Y desde el 3 de mayo al último lunes 22 de junio, otros 54.
San Isidro
En la comuna se registraron 5 femicidios y 170 situaciones de violencia que debieron ser abordadas por la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía especialista en Género. “Desde el inicio del aislamiento aumentaron las desobediencias . El contexto del encierro provoca que los agresores amenacen constantemente a las víctimas por redes sociales”, explica Carolina Cricenti, directora del área. Y agrega: “Entregamos 20 botones antipánicos desde el 20 de marzo a hoy, algo que sorprendió. Los comenzamos a repartir en noviembre del año pasado y solo fueron necesarios tres, pero ahora ese número se incrementó”. De este modo, consiguieron detener a tres hombres que violaron las medidas impuestas por el juzgado.
3.4. Vicente López
Hubo 150 denuncias radicadas desde el inicio del confinamiento, según informan fuentes municipales. Durante el Aislamiento Social Obligatorio se asistieron a 400 mujeres. “Este número incluye a personas que ya estaban en contacto con el espacio y a aquellas que se contactaron una vez iniciada la pandemia”, indican desde el municipio. Hasta antes de la cuarentena el Municipio llevaba instalados 147 botones antipánico en viviendas de mujeres en situación de vulnerabilidad.
https://www.clarin.com/zonales/cuarentena-mataron-mujeres-repartir-botones-antipanico_0_U6xYNTljf.http
Santa Fe
Santa Fe Capital
Desde que se implementó el aislamiento social la Municipalidad de Santa Fe atendió 248 situaciones de violencia de género. Los datos oficiales se refieren a lo actuado entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. En ese lapso, la Dirección de Mujeres y Disidencias realizó 105 intervenciones en abril y 118 en mayo, según informó la titular del área, Soledad Artigas. La funcionaria planteó además que la cuarentena fue un factor por el que empeoraron “las situaciones de desigualdad de las personas trans“.
Rosario
La Unidad de Violencia de Género del MPA recibió entre el 20 de marzo y el 27 de mayo 639 denuncias, entre las que se realizaron a través de comisarías y de los sistemas on line implementados
El Teléfono Verde y la línea de WhatsApp recibió en el mismo período 1776 comunicaciones, a razón de 25 por cada día de aislamiento en abril y trepando a 29 en mayo, un mes en el cual las consultas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita.
En tanto, la Justicia recibió casi una decena de denuncias por día, más de 600 acumuladas desde el 20 de marzo; y el municipio acumuló a través del Teléfono Verde y su línea de WhatsApp hasta 30 consultas cada 24 horas.
Por su parte,en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima por violencia de género.
Corrientes
En seis meses esta provincia registra 3 femicidios y 9 intentos de femicidios El 68% de las víctimas fue asesinada en su hogar o en la vivienda compartida con su agresor, según el informe que se presentó en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.
Formosa
Durante la cuarentena más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaria de la mujer, informó la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de esa Secretaría.
- Neuquén
A pedido de la legislatura se presentaron dos informes sobre violencia de género y cuarentena. Uno de los informes fue elaborado por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, dependiente ministerio de Desarrollo Social, señala: “Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha se ha registrado un incremento de un 34% de las situaciones en el registro mensual. Los mismos revisten la gravedad de ser código A, lo que representa un indicador alarmante, ya que en mencionadas situaciones las mujeres se encuentran en peligro inminente de vida, y en la mayoría de los casos sin redes familiares de contención y vulnerabilidad socio-económica.”
El otro, por el ministerio de Ciudadanía y es sobre la Línea 148, que funciona las 24 horas y concentra su demanda en violencia familiar. En marzo ingresaron 258 casos nuevos, en abril 346 y en mayo 382. En el segundo mes de aislamiento el 76% de estas situaciones involucraban a mujeres y el 12% a niños y niñas.
San Juan
En los primeros dos meses y medio de la cuarentena se asistió a 40 víctimas que necesitaron de un refugio, informó Adriana Ginestar, a cargo de la Dirección de la Mujer. En total con los niños sumaron 60 personas.
Durante abril y mayo se registraron 800 pedidos de ayuda en la Dirección de la Mujer y las áreas departamentales, que se conectaron a través de la Línea 144.
El Cisem recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. 4367 por situaciones de emergencia, es decir cuando el agresor está atacando, amenazando, insultando o ejerciendo violencia sobre la víctima. Desde mayo los llamados aumentaron un 40%. Se recibe un promedio de 60 llamadas diarias.
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7 años sin Lucía: Salvando el corazón
Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá
El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.
El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.
La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.
Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
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