#NiUnaMás
Tercer informe del Observatorio Lucía Pérez sobre femicidios, travesticidios, intentos de femicidios, huerfanxs e infancias víctimas de violencia de género
Informe del Observatorio Lucía Pérez. Mirá el Padrón 2020 y los informes especiales, acá.
154 femicidios, 80 desde que se inició el aislamiento social obligatorio.
43 travesticidios.
3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
6 eran niñas.
9 eran menores de 20 años.
12 tenían más de 70 años.
192 huérfanxs.
72 intentos de femicidios durante la cuarentena.
18 femicidas se suicidaron después de asesinar.
Estas son las cifras que hoy gritan Ni Una Menos.
En este informe detallamos algunas de las tantas urgencias que plantean estos datos. La más dramática es la situación de las infancias, que reclaman un derecho que el Estado incumple: aquel que les otorga la ley Brisas y que el engorroso trámite judicial a través del cual se debería concretar hoy les niega.
También es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingresos de denuncias que al no unificarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el asilamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos, que existen y hoy no se ejecutan, como sucedió en estos seis meses del año con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Resumimos también en este informe el crecimiento de los pedidos de auxilio en contexto de aislamiento social obligatorio, detallando los informes de fuentes oficiales de 10 provincias y 6 ciudades.
Exigimos respuestas concretas y eso significa que los recursos lleguen a los territorios, a las víctimas y a tiempo.
Exigimos ser escuchadas y eso significa que ningún plan contra la violencia de género puede ignorar la voz de las víctimas y sus familias
Exigimos estar vivas y ser libres.
Eso representa el grito Ni Una Menos.
Niñez y femicidios: la deuda del Estado
192 criaturas quedaron huérfanas por femicidios en este 2020. El número es mayor si se tiene en cuenta que en 10 casos registrados en nuestro padrón no se informa qué cantidad de hijxs tenía la madre asesinada. La cifra es dramática, y más: revela que el Estado no cumple en tiempo y forma con el derecho a la asistencia que les otorga la Ley Brisas.
Un ejemplo: la policía de San Javier, Misiones, organizó una colecta para recaudar alimentos, pañales y ropa para asistir al hijo de Yanina Tavarez, asesinada a los 19 años. La criatura, de dos años, quedó a cargo de su tía que solicito ayuda para poder sostener la crianza.
En Santa Fe, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de los 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre. Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoce que es “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.
Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Vanesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.
El problema está la tramitación en sí misma. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Anses les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.
La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señala que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro. La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”. Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Anses” que es donde se lleva adelante todo el proceso.
Infancias y violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio
En la Ciudad de Buenos Aires, durante el aislamiento en el Ministerio Público Tutelar se tramitaron alrededor de 400 causas que involucran a más de 600 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas e indirectas de la violencia de género.Los chicos que presencian situaciones de violencia hacia sus madres o que directamente la reciben a través de golpes o insultos, pueden sufrir consecuencias asimilables a las de víctimas directas, según explican especialistas en la temática.
TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS
La agrupación La Rosa Naranja informa cotidianamente sobre travesticidios y transfemicidios. Durante el año 2020 se registraron 43 de estos crímenes. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Son 30 los travesticidios y transfemicidios desde que se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
ABORTOS LEGAL: DEUDA DE LA DEMOCRACIA
En lo que va de año dos mujeres murieron a causa de la clandestinidad del aborto. Ambas durante la cuarentena. Ivana, 22 años, de Pirané, falleció el 27 de abril como consecuencia de una infección generalizada, luego de practicarse un aborto clandestino. B, 41 años, llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cursando un aborto. Presentó fiebre y una hemorragia severa, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardiaco y falleció el 19 de mayo.
Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales (https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic). En Argentina la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones para el primer nivel de atención, y los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales. Desde esa misma dirección se difundió también un folleto sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos, “permite brindar información clara y precisa para mejorar la calidad en el acceso”, explicó Valeria Isla a cargo de la Dirección. (https://mcusercontent.com/3de47a5599b54218bf1a87e74/files/113efc59-8dcc-45d4-88b8-27f23c7d946c/Folleto_ILE_con_medicamentos_Digital_accesible.pdf)
Todo esto no logró que dejen de presentarse obstáculos en el acceso. Un ejemplo: en Santiago del Estero a una niña de 12 años no se le garantizó la interrupción legal del embarazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Se pronunció sobre: “Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad”.
Durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento. “Pasaron de, un promedio, de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.
En el último informe -son semestrales- elaborado por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se preguntan ¿Cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar la pandemia? La respuesta: “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto
inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19”
En el mismo informe se analiza que la legalización implica un ahorro para el sistema de salud. “Lejos de constituir una carga onerosa, diversas estimaciones coinciden en que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) causaría una significativa reducción del gasto del sistema de salud. Uno de ellos calculó que garantizar la IVE implicaría un ahorro de entre 43% con respecto del dinero que el sector público emplea tanto en garantizar ILE como en la atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Si el Estado produjera el misoprostol para efectuar esas intervenciones, el ahorro ascendería al 55%”.
https://gedesyr.blogspot.com/2020/04/como-ayudaria-la-legalizacion-de-la.html
Violencia de género y aislamiento obligatorio: relevamiento en 10 provincias y seis ciudades
Nación
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), desde que inició la cuarentena, recibió 250 consultas por delitos de género en todo el país. Tras ampliar los canales de atención virtuales y telefónicos, hubo un promedio de casi 20 actuaciones por semana. Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, registró más de 250 consultas de personas víctimas de delitos de género (tanto vía telefónica como por mail), a partir de las cuales se han iniciado 31 investigaciones preliminares, doce de las cuales ya han sido judicializadas. En el resto de los casos, se ha brindado asesoramiento a personas que requerían alguna clase de información o acompañamiento previo a la realización de la denuncia o, en el caso de que quisieran formularla pero respecto de hechos que no correspondían a la competencia de la Unidad Fiscal, se han realizado derivaciones a las jurisdicciones pertinentes.
Tucumán
En lo que va de 2020 se registraron 12 femicidios, cifra que se acerca peligrosamente al total de asesinatos a mujeres a causa de la violencia machista en 2019 que registró 13 casos. En los meses de confinamiento desde la División Violencia de Género de la Policía se recibieron más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia. Según detallaron en un informe, el 20 % de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente y el 10% tenía alguna medida de protección. En tanto, el 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que ésta compartía con el agresor. El Jefe de la División, Comisario Principal Luis Perdigón detalló que trabajan con un total de 117 causas por diferentes hechos. «Por estas causas tenemos 12 personas detenidas y 8 prófugos de la justicia”.
Salta
Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio y hasta el martes 2 de junio hubo 19 intentos de femicidios y un total de 1.476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio de la provincia. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.
Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 20 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta, lo que implica un aumento sostenido, dado que hasta el 7 de abril pasado el promedio de denuncias diarias alcanzaba las 15.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en todo 2019 recibió 8.307 denuncias por violencia de género. Mientras que en lo que va de 2020, hubo 3.478, y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1.476.
De las 1.476 denuncias recibidas este año, la mayor parte, 942, corresponden al Distrito Judicial Centro; 188 fueron presentadas en la jurisdicción del Distrito Judicial Sur; 186 corresponden al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.
https://www.pagina12.com.ar/270210-en-cuarentena-aumentaron-las-denuncias-por-violencia-de-gene
Mendoza
Desde el 20 de marzo 21 hombres han sido detenidos por distintas causas de violencia de género. La cifra representa un detenido cada cuatro días. De estos sospechosos, el delito más grave –al menos en cuanto a la pena que arriesgan- es por abuso sexual con acceso carnal, es decir, que el agresor presuntamente violó a su pareja o expareja. La mayor cantidad de imputados fue por amenazas simples -8 casos-, seguido por lesiones leves -6 casos-. En tanto que hubo tres hechos de desobediencia a la autoridad –sujetos que violaron la prohibición de acercamiento a su víctima- y dos de amenazas agravadas por el uso de arma.
En total, las estadísticas muestran que se hicieron 2.080 intervenciones en toda la provincia por situaciones de violencia doméstica. Al aislamiento y la situación de vulnerabilidad de las víctimas se sumó otra variable, la crisis económica que se agudizó con la pandemia. El CAI duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo con 1.188 abordajes. “Estamos hablando de intentos de estrangulamiento, de abusos sexuales, de lesiones, de problemáticas graves y en muchos casos de chicas que ya habían sufrido violencia con otra pareja y que volvieron a revivir este flagelo con otro compañero”, advirtió Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer en el Poder Judicial.
https://www.elsol.com.ar/la-otra-pandemia-se-duplicaron-los-casos-de-violencia-domestica
Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata
Más de siete mil mujeres de Mar del Plata se conectaron virtualmente con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad para recibir asesoramiento frente a contextos de violencia de género en lo que va de esta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.
Facebook fue la vía más elegida por las mujeres para hacer llegar pedidos de ayuda o consultas por asesoramiento frente a distintas circunstancias: en esta red, se constataron alrededor de 4900 requerimientos.
La cuenta oficial que tiene en twitter la Dirección de la Mujer fue la segunda vía con mayor nivel de actividad: allí se registraron unas 1700 solicitudes de ayuda. En el última instancia figura Instagram, con un número aproximado de 500 consultas.
Bahía Blanca
La oenegé Manos Entrelazadas recibió más 200 llamados vinculados con situaciones de violencia de género en lo que va de la cuarentena, de acuerdo con lo que informó su titular, Encarnación Quiroga. Según el reporte, del 20 de marzo al 2 de mayo hubo 162 pedidos de asistencia legal y psicológica. Y desde el 3 de mayo al último lunes 22 de junio, otros 54.
San Isidro
En la comuna se registraron 5 femicidios y 170 situaciones de violencia que debieron ser abordadas por la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía especialista en Género. “Desde el inicio del aislamiento aumentaron las desobediencias . El contexto del encierro provoca que los agresores amenacen constantemente a las víctimas por redes sociales”, explica Carolina Cricenti, directora del área. Y agrega: “Entregamos 20 botones antipánicos desde el 20 de marzo a hoy, algo que sorprendió. Los comenzamos a repartir en noviembre del año pasado y solo fueron necesarios tres, pero ahora ese número se incrementó”. De este modo, consiguieron detener a tres hombres que violaron las medidas impuestas por el juzgado.
3.4. Vicente López
Hubo 150 denuncias radicadas desde el inicio del confinamiento, según informan fuentes municipales. Durante el Aislamiento Social Obligatorio se asistieron a 400 mujeres. “Este número incluye a personas que ya estaban en contacto con el espacio y a aquellas que se contactaron una vez iniciada la pandemia”, indican desde el municipio. Hasta antes de la cuarentena el Municipio llevaba instalados 147 botones antipánico en viviendas de mujeres en situación de vulnerabilidad.
https://www.clarin.com/zonales/cuarentena-mataron-mujeres-repartir-botones-antipanico_0_U6xYNTljf.http
Santa Fe
Santa Fe Capital
Desde que se implementó el aislamiento social la Municipalidad de Santa Fe atendió 248 situaciones de violencia de género. Los datos oficiales se refieren a lo actuado entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. En ese lapso, la Dirección de Mujeres y Disidencias realizó 105 intervenciones en abril y 118 en mayo, según informó la titular del área, Soledad Artigas. La funcionaria planteó además que la cuarentena fue un factor por el que empeoraron “las situaciones de desigualdad de las personas trans“.
Rosario
La Unidad de Violencia de Género del MPA recibió entre el 20 de marzo y el 27 de mayo 639 denuncias, entre las que se realizaron a través de comisarías y de los sistemas on line implementados
El Teléfono Verde y la línea de WhatsApp recibió en el mismo período 1776 comunicaciones, a razón de 25 por cada día de aislamiento en abril y trepando a 29 en mayo, un mes en el cual las consultas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita.
En tanto, la Justicia recibió casi una decena de denuncias por día, más de 600 acumuladas desde el 20 de marzo; y el municipio acumuló a través del Teléfono Verde y su línea de WhatsApp hasta 30 consultas cada 24 horas.
Por su parte,en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima por violencia de género.
Corrientes
En seis meses esta provincia registra 3 femicidios y 9 intentos de femicidios El 68% de las víctimas fue asesinada en su hogar o en la vivienda compartida con su agresor, según el informe que se presentó en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.
Formosa
Durante la cuarentena más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaria de la mujer, informó la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de esa Secretaría.
- Neuquén
A pedido de la legislatura se presentaron dos informes sobre violencia de género y cuarentena. Uno de los informes fue elaborado por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, dependiente ministerio de Desarrollo Social, señala: “Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha se ha registrado un incremento de un 34% de las situaciones en el registro mensual. Los mismos revisten la gravedad de ser código A, lo que representa un indicador alarmante, ya que en mencionadas situaciones las mujeres se encuentran en peligro inminente de vida, y en la mayoría de los casos sin redes familiares de contención y vulnerabilidad socio-económica.”
El otro, por el ministerio de Ciudadanía y es sobre la Línea 148, que funciona las 24 horas y concentra su demanda en violencia familiar. En marzo ingresaron 258 casos nuevos, en abril 346 y en mayo 382. En el segundo mes de aislamiento el 76% de estas situaciones involucraban a mujeres y el 12% a niños y niñas.
San Juan
En los primeros dos meses y medio de la cuarentena se asistió a 40 víctimas que necesitaron de un refugio, informó Adriana Ginestar, a cargo de la Dirección de la Mujer. En total con los niños sumaron 60 personas.
Durante abril y mayo se registraron 800 pedidos de ayuda en la Dirección de la Mujer y las áreas departamentales, que se conectaron a través de la Línea 144.
El Cisem recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. 4367 por situaciones de emergencia, es decir cuando el agresor está atacando, amenazando, insultando o ejerciendo violencia sobre la víctima. Desde mayo los llamados aumentaron un 40%. Se recibe un promedio de 60 llamadas diarias.
#NiUnaMás
Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords
En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.
Por Evangelina Bucari
En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.
Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.
La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.
Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.
Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.
“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.
RADIOGRAFÍA
El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.
Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.
En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.
Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.
Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).
Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.
Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.
Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.
En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.
Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.
Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.
LA ANTIAGENDA
El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.
Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.
Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.
Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.
Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.
Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.
Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.
En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.
En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
#NiUnaMás
El 3J porteño: Vamos
Por Claudia Acuña
Fotos: Juan Valeiro
Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
A pocas cuadras y sobre Hipólito Yrigoyen están las madres de Brenda y Morena, dos de las tres masacradas en el triple narco femicidio agradeciendo que la multitud las abrace y sin esperar –ni ellas ni la multitud– ser referente de nada ni vocera de nadie: ser una más es ser Ni Una Menos.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
A metros del cine Gaumont no es la casualidad sino la fuerza de esta marea la que hace chocar a la actriz Laura Paredes con Teresa Laborde. Laura interpretó a su mamá –Adriana Calvo– en la película Argentina, 1985. Teresa es lo que allí se contó: la nena que nació en un Falcon Verde, hoy una bella y luchadora mujer: su sonrisa es el símbolo de una victoria social y el abrazo entre ambas es la postal de la inquebrantable alianza entre el arte y la memoria. De ese caudal abreva esta marea. Somos las hijas y las nietas de la batalla por la justicia.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
“Estoy en contra de todo gobierno que quiera sacarme mis derechos” enarbola una chica con capacidad para sintetizar lo que este movimiento expresa políticamente.
“Faltan 10 femicidios para que empiece el Mundial” es el mensaje impreso en una hoja A4 que reparte una señora.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
“Merecemos vivir sin miedo”, gritan ambos carteles que traen desde Avellaneda Luna, 9 años, y Tatiana, 18, sobrina y tía, mientras caminan la Avenida de Mayo de la mano y cuentan que esta es su primera vez. “Hablamos ayer con mis hermanas. Nos escuchamos. La verdad es que este gobierno se está pasando de la raya con este tema. Yo le conté que todos los días camino por la calle con un ojo en la espalda. Ninguna queremos que ella crezca así. y decidimos que teníamos que estar. Ellas trabajan y no podían venir, pero decidimos que nosotras sí y ahora están pendientes del teléfono para saber si estamos bien. Y estamos bien porque hay mucha gente por suerte”.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Mucha gente, sí. Muy joven en su gran mayoría, más varones que otras veces, también y pocas columnas de organizaciones, la mayor parte ocupando la primera fila de lo que calculan el foco de las cámaras. El ancho resto, que desborda la plaza y riega Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio, está poblada por las incontenibles gotas de esta marea que emerge con el grito que transforma el dolor y la tristeza en organización y rebeldía.
Quizá no sea una suerte, pero casi.
Quizá eso que grita Ni Una Menos sea la providencial expresión de un acto de fe en ese nosotras que nos impulsa a salir a las calles de todo el país sin especular con que esté garantizado de antemano para acudir: vamos.
Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
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