#NiUnaMás
Tercer informe del Observatorio Lucía Pérez sobre femicidios, travesticidios, intentos de femicidios, huerfanxs e infancias víctimas de violencia de género
Informe del Observatorio Lucía Pérez. Mirá el Padrón 2020 y los informes especiales, acá.
154 femicidios, 80 desde que se inició el aislamiento social obligatorio.
43 travesticidios.
3 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.
6 eran niñas.
9 eran menores de 20 años.
12 tenían más de 70 años.
192 huérfanxs.
72 intentos de femicidios durante la cuarentena.
18 femicidas se suicidaron después de asesinar.
Estas son las cifras que hoy gritan Ni Una Menos.
En este informe detallamos algunas de las tantas urgencias que plantean estos datos. La más dramática es la situación de las infancias, que reclaman un derecho que el Estado incumple: aquel que les otorga la ley Brisas y que el engorroso trámite judicial a través del cual se debería concretar hoy les niega.
También es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingresos de denuncias que al no unificarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el asilamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos, que existen y hoy no se ejecutan, como sucedió en estos seis meses del año con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Resumimos también en este informe el crecimiento de los pedidos de auxilio en contexto de aislamiento social obligatorio, detallando los informes de fuentes oficiales de 10 provincias y 6 ciudades.
Exigimos respuestas concretas y eso significa que los recursos lleguen a los territorios, a las víctimas y a tiempo.
Exigimos ser escuchadas y eso significa que ningún plan contra la violencia de género puede ignorar la voz de las víctimas y sus familias
Exigimos estar vivas y ser libres.
Eso representa el grito Ni Una Menos.
Niñez y femicidios: la deuda del Estado
192 criaturas quedaron huérfanas por femicidios en este 2020. El número es mayor si se tiene en cuenta que en 10 casos registrados en nuestro padrón no se informa qué cantidad de hijxs tenía la madre asesinada. La cifra es dramática, y más: revela que el Estado no cumple en tiempo y forma con el derecho a la asistencia que les otorga la Ley Brisas.
Un ejemplo: la policía de San Javier, Misiones, organizó una colecta para recaudar alimentos, pañales y ropa para asistir al hijo de Yanina Tavarez, asesinada a los 19 años. La criatura, de dos años, quedó a cargo de su tía que solicito ayuda para poder sostener la crianza.
En Santa Fe, el registro que lleva el equipo de género la concejala Norma López señala que de los 41 femicidios ocurridos el año pasado, 25 chicos quedaron sin sus madres y al cuidado de familiares, un número que para este año, ya está en 25 víctimas fatales y 15 niños sin madre. Si bien a mediados del año pasado se conoció la entrega del beneficio de dos casos en la provincia, los familiares de víctimas señalan las trabas que persisten. “Hay abuelas a cargo de chicos que no pueden cobrarla y ni siquiera tienen una jubilación”, señaló Eva Domínguez, de Mujeres de Negro. Desde el mismo Estado provincial, responsable de garantizar el beneficio, reconoce que es “una tramitación muy compleja”, dijo Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad.
Eva Domínguez señala uno a uno los nombres de las mujeres muertas y cuyos hijos “deberían acceder a la ayuda y no la tienen”, y detalla: “Están los tres hijos de Jesica Olivera (muerta en 2018 acuchillada por su pareja), y los dos hijos de Carina Coria quemada en Villa Constitución; y los padres de Paula Perassi están a cargo de sus nietos y ni siquiera tienen una partida de defunción para pedir la aplicación de la ley”.
Eva cuida de sus dos sobrinos, los hijos de Vanesa Celma. “Ella murió en su casa y en su dormitorio, pero no hay imputado, y ahí además de la burocracia está la interpretación de ley y la perspectiva de género de la Justicia”, dice.
El problema está la tramitación en sí misma. En el caso de Rosalía Jara, la mujer desaparecida y asesinada en Fortín Olmos, en el norte provincial, a tres años del crimen el caso no fue elevado a juicio y su hija aún debe esperar. “A muchas familias la Anses les reclama presentar la sentencia firme cuando la normativa indica que con sólo la imputación es suficiente”, agrega Eva.
La subsecretaria de Mujeres de la provincia admite “la complejidad del trámite”, y señala que se viene trabajando en una guía para que los municipios acompañen a las familias. “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requieren no sólo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”, afirmó Marinaro. La funcionaria admite que “eso ya dificulta el acceso a la ley”, y agrega que “es un trámite que demora”. Por eso, ya elevaron a la Nación el pedido de “una reforma para hacerlo más ágil y accesible”, mientras que desde las provincia “se trabaja en el acercamiento de las familias y con la Anses” que es donde se lleva adelante todo el proceso.
Infancias y violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio
En la Ciudad de Buenos Aires, durante el aislamiento en el Ministerio Público Tutelar se tramitaron alrededor de 400 causas que involucran a más de 600 niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas e indirectas de la violencia de género.Los chicos que presencian situaciones de violencia hacia sus madres o que directamente la reciben a través de golpes o insultos, pueden sufrir consecuencias asimilables a las de víctimas directas, según explican especialistas en la temática.
TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS
La agrupación La Rosa Naranja informa cotidianamente sobre travesticidios y transfemicidios. Durante el año 2020 se registraron 43 de estos crímenes. Chinina Karly Sasha Palomino y Roberta Carabajal fueron asesinadas en la vía pública, baleada y apuñalada. En ambos casos las carátulas con las que se comenzó la investigación fueron “homicidio”.
Son 30 los travesticidios y transfemicidios desde que se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
ABORTOS LEGAL: DEUDA DE LA DEMOCRACIA
En lo que va de año dos mujeres murieron a causa de la clandestinidad del aborto. Ambas durante la cuarentena. Ivana, 22 años, de Pirané, falleció el 27 de abril como consecuencia de una infección generalizada, luego de practicarse un aborto clandestino. B, 41 años, llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, La Matanza, cursando un aborto. Presentó fiebre y una hemorragia severa, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardiaco y falleció el 19 de mayo.
Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales (https://www.who.int/es/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic). En Argentina la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación emitió recomendaciones para el primer nivel de atención, y los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales. Desde esa misma dirección se difundió también un folleto sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos, “permite brindar información clara y precisa para mejorar la calidad en el acceso”, explicó Valeria Isla a cargo de la Dirección. (https://mcusercontent.com/3de47a5599b54218bf1a87e74/files/113efc59-8dcc-45d4-88b8-27f23c7d946c/Folleto_ILE_con_medicamentos_Digital_accesible.pdf)
Todo esto no logró que dejen de presentarse obstáculos en el acceso. Un ejemplo: en Santiago del Estero a una niña de 12 años no se le garantizó la interrupción legal del embarazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Se pronunció sobre: “Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad”.
Durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento. “Pasaron de, un promedio, de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.
En el último informe -son semestrales- elaborado por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se preguntan ¿Cuántas camas aportaría la legalización del aborto para enfrentar la pandemia? La respuesta: “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto
inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19”
En el mismo informe se analiza que la legalización implica un ahorro para el sistema de salud. “Lejos de constituir una carga onerosa, diversas estimaciones coinciden en que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) causaría una significativa reducción del gasto del sistema de salud. Uno de ellos calculó que garantizar la IVE implicaría un ahorro de entre 43% con respecto del dinero que el sector público emplea tanto en garantizar ILE como en la atención de las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Si el Estado produjera el misoprostol para efectuar esas intervenciones, el ahorro ascendería al 55%”.
https://gedesyr.blogspot.com/2020/04/como-ayudaria-la-legalizacion-de-la.html
Violencia de género y aislamiento obligatorio: relevamiento en 10 provincias y seis ciudades
Nación
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), desde que inició la cuarentena, recibió 250 consultas por delitos de género en todo el país. Tras ampliar los canales de atención virtuales y telefónicos, hubo un promedio de casi 20 actuaciones por semana. Entre el 20 de marzo y el 20 de junio, registró más de 250 consultas de personas víctimas de delitos de género (tanto vía telefónica como por mail), a partir de las cuales se han iniciado 31 investigaciones preliminares, doce de las cuales ya han sido judicializadas. En el resto de los casos, se ha brindado asesoramiento a personas que requerían alguna clase de información o acompañamiento previo a la realización de la denuncia o, en el caso de que quisieran formularla pero respecto de hechos que no correspondían a la competencia de la Unidad Fiscal, se han realizado derivaciones a las jurisdicciones pertinentes.
Tucumán
En lo que va de 2020 se registraron 12 femicidios, cifra que se acerca peligrosamente al total de asesinatos a mujeres a causa de la violencia machista en 2019 que registró 13 casos. En los meses de confinamiento desde la División Violencia de Género de la Policía se recibieron más de 800 denuncias de mujeres que fueron víctimas de violencia. Según detallaron en un informe, el 20 % de las víctimas habían denunciado a su agresor previamente y el 10% tenía alguna medida de protección. En tanto, el 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que ésta compartía con el agresor. El Jefe de la División, Comisario Principal Luis Perdigón detalló que trabajan con un total de 117 causas por diferentes hechos. «Por estas causas tenemos 12 personas detenidas y 8 prófugos de la justicia”.
Salta
Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio y hasta el martes 2 de junio hubo 19 intentos de femicidios y un total de 1.476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio de la provincia. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.
Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 20 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta, lo que implica un aumento sostenido, dado que hasta el 7 de abril pasado el promedio de denuncias diarias alcanzaba las 15.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en todo 2019 recibió 8.307 denuncias por violencia de género. Mientras que en lo que va de 2020, hubo 3.478, y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1.476.
De las 1.476 denuncias recibidas este año, la mayor parte, 942, corresponden al Distrito Judicial Centro; 188 fueron presentadas en la jurisdicción del Distrito Judicial Sur; 186 corresponden al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.
https://www.pagina12.com.ar/270210-en-cuarentena-aumentaron-las-denuncias-por-violencia-de-gene
Mendoza
Desde el 20 de marzo 21 hombres han sido detenidos por distintas causas de violencia de género. La cifra representa un detenido cada cuatro días. De estos sospechosos, el delito más grave –al menos en cuanto a la pena que arriesgan- es por abuso sexual con acceso carnal, es decir, que el agresor presuntamente violó a su pareja o expareja. La mayor cantidad de imputados fue por amenazas simples -8 casos-, seguido por lesiones leves -6 casos-. En tanto que hubo tres hechos de desobediencia a la autoridad –sujetos que violaron la prohibición de acercamiento a su víctima- y dos de amenazas agravadas por el uso de arma.
En total, las estadísticas muestran que se hicieron 2.080 intervenciones en toda la provincia por situaciones de violencia doméstica. Al aislamiento y la situación de vulnerabilidad de las víctimas se sumó otra variable, la crisis económica que se agudizó con la pandemia. El CAI duplicó el número de sus intervenciones durante la fase del aislamiento social y el pico máximo de los casos se registró en mayo con 1.188 abordajes. “Estamos hablando de intentos de estrangulamiento, de abusos sexuales, de lesiones, de problemáticas graves y en muchos casos de chicas que ya habían sufrido violencia con otra pareja y que volvieron a revivir este flagelo con otro compañero”, advirtió Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer en el Poder Judicial.
https://www.elsol.com.ar/la-otra-pandemia-se-duplicaron-los-casos-de-violencia-domestica
Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata
Más de siete mil mujeres de Mar del Plata se conectaron virtualmente con la Dirección de la Mujer de la Municipalidad para recibir asesoramiento frente a contextos de violencia de género en lo que va de esta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.
Facebook fue la vía más elegida por las mujeres para hacer llegar pedidos de ayuda o consultas por asesoramiento frente a distintas circunstancias: en esta red, se constataron alrededor de 4900 requerimientos.
La cuenta oficial que tiene en twitter la Dirección de la Mujer fue la segunda vía con mayor nivel de actividad: allí se registraron unas 1700 solicitudes de ayuda. En el última instancia figura Instagram, con un número aproximado de 500 consultas.
Bahía Blanca
La oenegé Manos Entrelazadas recibió más 200 llamados vinculados con situaciones de violencia de género en lo que va de la cuarentena, de acuerdo con lo que informó su titular, Encarnación Quiroga. Según el reporte, del 20 de marzo al 2 de mayo hubo 162 pedidos de asistencia legal y psicológica. Y desde el 3 de mayo al último lunes 22 de junio, otros 54.
San Isidro
En la comuna se registraron 5 femicidios y 170 situaciones de violencia que debieron ser abordadas por la Dirección de la Mujer y Políticas de Género, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía especialista en Género. “Desde el inicio del aislamiento aumentaron las desobediencias . El contexto del encierro provoca que los agresores amenacen constantemente a las víctimas por redes sociales”, explica Carolina Cricenti, directora del área. Y agrega: “Entregamos 20 botones antipánicos desde el 20 de marzo a hoy, algo que sorprendió. Los comenzamos a repartir en noviembre del año pasado y solo fueron necesarios tres, pero ahora ese número se incrementó”. De este modo, consiguieron detener a tres hombres que violaron las medidas impuestas por el juzgado.
3.4. Vicente López
Hubo 150 denuncias radicadas desde el inicio del confinamiento, según informan fuentes municipales. Durante el Aislamiento Social Obligatorio se asistieron a 400 mujeres. “Este número incluye a personas que ya estaban en contacto con el espacio y a aquellas que se contactaron una vez iniciada la pandemia”, indican desde el municipio. Hasta antes de la cuarentena el Municipio llevaba instalados 147 botones antipánico en viviendas de mujeres en situación de vulnerabilidad.
https://www.clarin.com/zonales/cuarentena-mataron-mujeres-repartir-botones-antipanico_0_U6xYNTljf.http
Santa Fe
Santa Fe Capital
Desde que se implementó el aislamiento social la Municipalidad de Santa Fe atendió 248 situaciones de violencia de género. Los datos oficiales se refieren a lo actuado entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. En ese lapso, la Dirección de Mujeres y Disidencias realizó 105 intervenciones en abril y 118 en mayo, según informó la titular del área, Soledad Artigas. La funcionaria planteó además que la cuarentena fue un factor por el que empeoraron “las situaciones de desigualdad de las personas trans“.
Rosario
La Unidad de Violencia de Género del MPA recibió entre el 20 de marzo y el 27 de mayo 639 denuncias, entre las que se realizaron a través de comisarías y de los sistemas on line implementados
El Teléfono Verde y la línea de WhatsApp recibió en el mismo período 1776 comunicaciones, a razón de 25 por cada día de aislamiento en abril y trepando a 29 en mayo, un mes en el cual las consultas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita.
En tanto, la Justicia recibió casi una decena de denuncias por día, más de 600 acumuladas desde el 20 de marzo; y el municipio acumuló a través del Teléfono Verde y su línea de WhatsApp hasta 30 consultas cada 24 horas.
Por su parte,en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima por violencia de género.
Corrientes
En seis meses esta provincia registra 3 femicidios y 9 intentos de femicidios El 68% de las víctimas fue asesinada en su hogar o en la vivienda compartida con su agresor, según el informe que se presentó en el Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.
Formosa
Durante la cuarentena más de 400 mujeres fueron atendidas por la Secretaria de la mujer, informó la doctora Natalia Verón, del equipo técnico de esa Secretaría.
- Neuquén
A pedido de la legislatura se presentaron dos informes sobre violencia de género y cuarentena. Uno de los informes fue elaborado por la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, dependiente ministerio de Desarrollo Social, señala: “Desde el comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha se ha registrado un incremento de un 34% de las situaciones en el registro mensual. Los mismos revisten la gravedad de ser código A, lo que representa un indicador alarmante, ya que en mencionadas situaciones las mujeres se encuentran en peligro inminente de vida, y en la mayoría de los casos sin redes familiares de contención y vulnerabilidad socio-económica.”
El otro, por el ministerio de Ciudadanía y es sobre la Línea 148, que funciona las 24 horas y concentra su demanda en violencia familiar. En marzo ingresaron 258 casos nuevos, en abril 346 y en mayo 382. En el segundo mes de aislamiento el 76% de estas situaciones involucraban a mujeres y el 12% a niños y niñas.
San Juan
En los primeros dos meses y medio de la cuarentena se asistió a 40 víctimas que necesitaron de un refugio, informó Adriana Ginestar, a cargo de la Dirección de la Mujer. En total con los niños sumaron 60 personas.
Durante abril y mayo se registraron 800 pedidos de ayuda en la Dirección de la Mujer y las áreas departamentales, que se conectaron a través de la Línea 144.
El Cisem recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. 4367 por situaciones de emergencia, es decir cuando el agresor está atacando, amenazando, insultando o ejerciendo violencia sobre la víctima. Desde mayo los llamados aumentaron un 40%. Se recibe un promedio de 60 llamadas diarias.
#NiUnaMás
Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena
(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.
En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común
Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.
«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».
¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.
#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor
Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Pablo Grillo: ante la censura, la respuesta fue la calle
Pablo Grillo: censura en el Senado y convocatoria frente al Congreso
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
Ituzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Mu 209: Una de terror
Mu 208: Lara Brenda Morena
Mu 207: Crear lo que viene
Derechos HumanosHace 2 semanasLa historia de las Madres de Plaza de Mayo: Érase una vez 14 mujeres…
MU en Tierra del FuegoHace 4 semanasCapítulo II: Crónica de un industricidio
NotaHace 6 díasCrece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
MU en Tierra del FuegoHace 4 semanasCapítulo I: geopolítica desde el fin del mundo
ColonialidadHace 2 semanasMalvinas y Antártida en la mira: La guerra invisible