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Tres millones de razones detrás del crimen de Mariano Ferreyra

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El balazo que mató a Mariano Ferreyra hizo blanco también sobre una situación que simboliza la época. La precarización laboral se ha transformado en un negocio de alrededor de 3.000.000 de pesos mensuales a costa de los trabajadores, que se reparten entre concesionarios ferroviarios, empresas tercerizadas, burocracia sindical & afines. Allí está el nido de la impunidad, y el negocio que salieron a defender las patotas y barrabravas, ante la inacción policial que –según quien opine en estos días- es: a) sospechosa, b) cómplice, c) discapacitada.
RamalMarcelo Ramal, economista, profesor en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, 56 años recién cumplidos, es uno de los referentes del Partido Obrero. En diálogo con lavaca trazó un mapa que permite orientarse en el pantano de este asesinato. ¿Cómo se explica la violencia contra los trabajadores, proveniente del propio gremio?: “Aquí se tocó un negocio muy sucio, el de las tercerizaciones. La cuestión empezó del siguiente modo: el Roca estaba en manos de Sergio Taselli. Llegó un momento en el que el grado de vaciamiento era tal que el gobierno se vio obligado a rescindirle la concesión”.
(Breve aclaración: Taselli, empresario del planeta kirchnerista, fue concesionario de la mina de Río Turbio, en la que se le atribuye el vaciamiento y deterioro de la seguridad que derivó en la muerte de 14 mineros en 2004. En febrero de 2006, Hebe de Bonafini denunció públicamente esa cercanía con el gobierno definiendo a Taselli como “otro Yabrán” y señalando a la Casa Rosada: “Si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno, ése pasará a ser enemigo de las Madres”).
Radiografía del negocio
marchaRamal continúa su razonamiento: “Al salir Taselli del Roca, se creó una Unión Transitoria de Empresas llamada UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) donde intervienen Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías, concesionarios de la privatización”.
A partir de esa situación se instaló lo que el economista considera una estructura perversa: “Se plantea la famosa historia: el ferrocarril tiene pérdidas, las tarifas no alcanzan. Entonces el Estado entrega subsidios. Les dice: ‘Ponemos el dinero para que ustedes trabajen’. Es como si la concesión presentara la factura, digamos, y el Estado les da ese dinero. Ahí se arma el siguiente negocio: inventan la tercerización o subcontratación. Una parte importante de las tareas las derivan a empresas truchas que son seudo empresas armadas por ellos mismos, en las que participa también la burocracia sindical. Supongamos el caso de una empresa de mantenimiento de los durmientes. Declaran que tienen tantos trabajadores, tantos costos, y un presupuesto de determinada cantidad mensual. Esos servicios son siempre sobrefacturados. Y luego le pagan a los trabajadores un salario que no tiene nada que ver con el convenio ferroviario”.
Los nombres de estas empresas dicen poco: CONFER S.A., ECOCRED S.A, AUMONT S.A, MAPRA S.R.L., S.G.C., EXPERVIAS S.R.L, HERSO S.A, ROTTIO S.A, HUNTER, SAP S.A, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda., LIMBA, Aceros Zapla, BR-T, Amanci, Copacre, entre otras. El dirigente ferroviario Flavio Bustillo denunció que la Unión Ferroviaria es dueña de algunas de estas empresas, donde trabajan los propios sindicalistas o familiares suyos, como el caso de Maxi Pedraza (hijo del secretario general de la Unión Ferroviaria), en una supuesta cooperativa llamada Unión del Mercosur.
En junio de este año los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la persecución que sufren los que intentan organizarse o presentarse como delegados sin el aval de la burocracia. Este año ya habían existido enfrentamientos dado que los trabajadores exigían la efectivización, lo cual provocó despidos por parte de las empresas.
Pero los reclamos no se apagaron sino que se redoblaron: a la efectivización, se sumó la exigencia de reincorporación de los 117 despedidos.
Números
Hay alrededor de 20 empresas que tercerizan servicios para los ferrocarriles, e involucran a unos 1.500 trabajadores. “Esas empresas pagan salarios de entre 2.000 y 2.500 pesos, pero un ferroviario cobra entre 5.000 y 8.000. La diferencia se la facturan al Estado y se la quedan las empresas concesionarias, repartiendo con las contratistas y con la burocracia sindical. Mojan todos”. Calculando esa diferencia que plantean los trabajadores en unos 2.000 pesos por cabeza, como mínimo, con un total de 1.500 mujeres y hombres en esa situación, la bolsa a repartir alcanza los 3.000.000 (tres millones) de pesos mensuales, que explican la virulencia sindical que, al no contar para estas cosas con respaldo expreso de los trabajadores agremiados, contrata barrabravas para atacar a los trabajadores. Los tres millones pertenecen exclusivamente al rubro salarial de las tercerizadas, tal vez una migaja del negocio mayor, por el que las concesionarias reciben poco más de 100 millones de pesos mensuales por parte del Estado, además del pago de todos los sueldos del personal de planta.
“El otro tema” plantea Marcelo Ramal, “es el de las condiciones laborales, que también son totalmente diferentes. El ferroviario está protegido por un convenio de trabajo. Los tercerizados no tienen defensa alguna, y por la misma tarea cobran la mitad, pero trabajan el doble. Y no entran a la Unión Ferroviaria, sino que quedan en gremios como la UOCRA o incluso Empleados de Comercio. La burocracia no lucha contra esto, porque es la esencia del negocio que armaron”.
¿Eso es una certeza o una sospecha que no se puede probar? Ramal: “Es la certeza que tiene cualquier trabajador ferroviario al cual le pregunten”.
Un detalle que muestra que la trampa está lejos de ser un secreto: la Cámara Laboral en un fallo reciente ha explicado que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Agrega: “Resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador”.
La nueva situación
Pero toda esta situación está mutando en los últimos meses, debido a un nuevo elemento en juego, según Ramal: “Si la burocracia era renuente a la efectivización de los compañeros, ahora directamente no quieren saber nada, en alianza con la empresa, porque el gobierno está yendo hacia un reajuste progresivo de las tarifas y una reducción de los subsidios. Para entender la situación, con la crisis del 2001 y 2002 el gobierno lo único que hizo fue plantear que los concesionarios debían mantener las tarifas congeladas. Estos respondieron que así perderían la rentabilidad de los tiempos de Menem. El gobierno contestó: la diferencia la ponemos nosotros. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno por diferentes cuestiones está intentando la eliminación progresiva de los subsidios. Eso liquida la bolsa de plata que alimenta todo este negocio de las mercerizadas. Entonces no quieren incorporar a trabajadores efectivos porque en realidad lo que se viene es el despido de más trabajadores tercerizados”.
Datos
Mariano Ferreyra militaba en el Partido Obrero, y estaba buscando trabajo como tornero en Avellaneda. Ramal: “Un pibe extraordinario, que desde los 14 años militaba y había estado en Puente Pueyrredón cuando mataron a Darío y Maxi. Estoy conmovido. Otra vida de un chico. Pero a la vez creo que una burocracia sindical que tiene que recurrir al crimen, está agotada”.
Al escribirse estas líneas, Elsa Rodríguez, que recibió un balazo en la cabeza, estaba en coma. Tiene 7 hijos, es empleada doméstica, milita en el Partido Obrero. Nelson Aguirre, con dos balazos (pierna y glúteo) participó en silla de ruedas de la marcha de este jueves 21, y dijo que se puede identificar a los autores. Ramal: “Ahora queremos que los responsables estén presos”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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