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UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

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Investigación exclusiva: MU accedió a 10 convenios entre empresas de agronegocios y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Monsanto, Bayer y Syngenta, entre otras, firmaron acuerdos o capacitaciones para influir en la formación pública y apropiarse de los conocimientos. El interés por las semillas, el eje en biotecnología y un «giro empresario», caracterizados en los documentos que aquí se consignan. Por Darío Aranda en la MU 117.

Monsanto, Syngenta, Bayer, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y semillera Don Mario son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, pero en la Facultad eso no amerita debate ni cuestionamientos. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado. En Agronomía de la UBA se celebra, se impulsa y se justifica.

Club de amigos

«Es la cuna del agronegocio. Ahí te forman para el modelo sojero y encima otras universidades toman ese modelo», explicó años atrás en una ronda de mate Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la organización Campesinos del Valle de Conlara, San Luis. Se refría a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).
Fundada en 1904, aún hoy es visible en la Fauba una placa recordatoria del primer rector, Pedro Arata, por parte de la Liga Patriótica Argentina, grupo fascista que reprimió a obreros en las primeras décadas del Siglo XX. «Patria y orden», precisa la placa, fechada en 1922.
Las carreras de grado son Agronomía, Ciencias Ambientales, Economía y administración agrarias, Gestión de agroalimentos, Planificación y Diseño de paisajes. La Facultad tiene un perfil vinculado al modelo sojero, con cátedras que son un llamado al agro empresario (Mercados Agropecuarios, Comercio Interno y Externo, Cereales) y la muy publicitada maestría en «agronegocios».
También cuenta con una «foro laboral» donde las grandes compañías buscan a sus próximos empleados. «Tu CV se ve», es el eslogan. Algunas de las empresas que auspician son Dow, Basf, Nidera, Cargill, Bayer, Rizobacter y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde concluyen más de 60 compañías semilleras, incluidas todas las internacionales).
La Fauba también cuenta con la «Fundación Facultad de Agronomía», que tiene entre sus objetivos «coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias». Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.

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Mu 117: Ser Macrix

Las pruebas

En el sitio de internet de la Fauba se podía observar un listado con medio centenar de convenios con las más diversas empresas. Al solicitarlos de manera formal, nformaron que se trata de documentos «confidenciales» y, acto seguido, el listado dejó de estar visible en la página de la Facultad.
MU accedió a diez de esos convenios «confidenciales». Todos los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Donde la facultad pública no puede revelar los datos sin el permiso de las empresas.

Expediente 1: Acuerdo de cooperación con Monsanto Argentina, para «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja»

«Acuerdo de cooperación. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Monsanto Argentina». Expediente 82565/2014. La cláusula primera señala que el objetivo es «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja». Por la Facultad estuvo a cargo Pablo Grijalba.
«La Fauba autoriza expresamente a Monsanto a utilizar los resultados del proyecto de investigación en las distintas publicaciones que Monsanto efectúe, sean éstas de carácter científico o técnico y se trate de materiales de difusión que tengan o no fines publicitarios», precisa el punto 3.4. del contrato. Y tiene directa relación con la forma de validación que usan las empresas, que se escudan en los «sellos» de universidades públicas por tener mayor legitimidad (y lavar su mala imagen).
La cláusula cuarta señala que «la información y los resultados, parciales o definitivos, serán propiedad de Monsanto». El «aporte» que hizo la empresa fue de 26.400 pesos y el contrato duró cinco meses.
Al tratarse de una de las empresas más cuestionados del mundo, en la cláusula décima contiene una cuota de sarcasmo: «Las partes actuarán de forma tal de satisfacer los más altos estándares éticos aplicables al negocio».
Por la Facultad firmó el decano Rodolfo Golluscio. Por Monsanto Santiago Mazzini y Alberto Peper.

Expediente 2: Capacitación de Bayer por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos».

2. El expediente 20694/2015 es con la alemana Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Fue por «capacitación», a cargo de Sebastián Senesi, director de la maestría de agronegocios de la Facultad, negador de las consecuencias del agronegocio. Su CV señala vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.
La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos», destinado a «empleados, técnicos y empresarios». Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede misma de Bayer.
La cláusula quinta señala que los empleados de Bayer acceden «al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba».
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: «La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario».

Expediente 3: Convenio con Bayer para realizar un segundo programa «de capacitación ejecutiva»

Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (21103/2014), por 400.000 pesos para «realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos». La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.

Expediente 4: Convenio con la semillera Don Mario para el «mejoramiento genético de soja y trigo»

Don Mario es una de las mayores semilleras de capitales nacionales, con trabajo junto a las grandes compañías internacionales. Firmó con la Fauba el convenio 62505/2013, para el mejoramiento genético de soja y trigo. Por la facultad estuvo a cargo la cátedra de bioquímica, y la persona designada fue Eduardo Pagano (un impulsor del agro transgénico). El acuerdo fue por tres años. La empresa pagó 282.000 pesos.

Expediente 5: Convenio con Bayer para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada»

El convenio 71101/2013 es con Bayer, e involucró por la Facultad a Marcelo Carmona para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada». El convenio fue por 18 meses y por un monto de 157.950 pesos.

Convenio 6: Convenio con Monsanto para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes»

Monsanto y la Fauba también firmaron el convenio 79554/2014 para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes». La responsable por la facultad fue Adriana Kantolic (cátedra de cultivos industriales y actual vicedecana electa). La duración fue de ocho meses y el monto total de 108.000 pesos. «La Facultad ofrecerá a Monsanto la posibilidad de llevar a cabo una jornada conjunta de análisis y discusión de los resultados del proyecto con el objetivo de identificar y evaluar posibles aplicaciones de los mismos en las estrategias comerciales de Monsanto», específica la cláusula tercera.

Expediente 7: Convenio con Syngenta para evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz

El expediente 12478/2015 es con Syngenta y estuvo a cargo de la cátedra de Cerealicultura. Fue por tres años y su objetivo fue evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz.

Expediente 8: Convenio entre la Asociación Semilleros Argentinos «marco de cooperación académica»

El convenio 86862/2015 es con la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), donde dominan las grandes empresas transgénicas internacionales. Se trató de un «convenio marco de cooperación académica» por tres años, que sirvió de base para acuerdos específicos. Firmó por ASA su presidente, Alfredo Paseyro, un conocido empresario impulsor del agronegocio. La cláusula dos establece que «las actividades académicas a desarrollar abordarán preferentemente el promover y facilitar el intercambio de conocimientos a través de la capacitación de los alumnos en temas referentes al mejoramiento genético y a la aplicación de la biotecnología». También destaca que ASA apoyará simposios, congresos y talleres donde la Facultad promueva la biotecnología.

Expediente 9: Convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja sobre «el sistema de agronegocios de la Soja en la Argentina»

También figura un convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), lleva el número 39366/2014. Se trata de un estudio que analizó «el sistema de agronegocios de la soja en la Argentina, su cadena y prospectiva al año 2020».

Expediente 10: Programa de Becas con Monsanto

Con Monsanto también se firmó el convenio 228939/2012 para un «programa de becas» de posgrado de hasta 1000 dólares mensuales. Por un total de 168.000 dólares.

Voces desde adentro

Una docena de docentes expresan críticas desde hace años al perfil pro agronegocio de la Fauba. Pero, ante la consulta periodística, ninguno quiso hablar públicamente. Las respuestas fueron similares: la Fauba está volcada al modelo de agricultura industrial desde siempre, pero la última gestión no es la peor. O, dicho de otro modo, cuestionar públicamente a la gestión es beneficiar a otros peores. El trillado «hacer el juego a la derecha».
El decano de la Facultad, Rodolfo Golluscio, no respondió las consultas de MU (aunque las preguntas fueron enviadas incluso por escrito y se había comprometido a contestar).
Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) argumentó que la Fauba «tiene muchos convenios, de todo tipo, con organismos públicos, empresas de los agronegocios y también organizaciones sociales». Consideró que los convenios con compañías «no son determinantes de la orientación en la formación y en las actividades de investigación-extensión».
Javier Souza Casadinho, docente de la cátedra de extensión y sociología rural, cuestionó la relación universidad-sector privado: «Si bien la firma de convenios de la Facultad con empresas se ajusta al marco legal y posibilitó continuar realizando investigación durante coyunturas económicas en las cuales primaba el desfinanciamiento educativo, constituye una estrategia cuestionable y muy controvertida, ya que se utilizan recursos públicos para la consecuente producción de bienes y servicios al servicio de las empresas privadas».
Souza Casadinho, que también es coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), destacó que también existen líneas de investigación y proyectos de extensión junto con «personas con discapacidad, productores familiares y personas privadas de su libertad». Sin embargo, consideró que la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires «deberían brindar más recursos y realizar más acciones de investigación y extensión frente problemáticas como el uso y efecto de los plaguicidas, y prácticas agroecológicas. La Facultad se financia con fondos públicos aportados por los ciudadanos y a ellos y sus necesidades debemos atender».
El centro de estudiantes está controlado desde hace años por LAI (Línea de Agronomía Independiente), agrupación de la derecha agraria. En el otro extremo, ideológico y de votos, está Abriendo Caminos, del Partido Obrero. Ante la consulta de MU, respondieron con un escrito. «Rechazamos los convenios con las empresas contaminantes y la orientación privatista que desarrollan las autoridades, las cuales representan intereses completamente antagónicos a un modelo productivo que plantee la utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población y que se desarrolle cuidando el ambiente y la salud».
Afirmaron que los convenios «son la forma en que se materializan los compromisos con las empresas y en un marco de ajuste es una herramienta para acallar las voces críticas ya que priman las cátedras que investigan y aplican desarrollos en favor del agronegocio. Por ende los convenios y el ajuste van de la mano». La agrupación Abriendo Caminos también denunció que la Fauba mantiene convenios con la Compañía Tierras Sud Argentina (Benetton) y la UBA con Gendarmería Nacional.
Fernando Frank es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar y parte de la organización Campesinos del Valle de Conlara (San Luis). Fue quién arrojó a MU la primera señal sobre el perfil de la Fauba. No tiene dudas de que Agronomía de la UBA es una «productora de cuadros del agronegocio».
«La Fauba irradia muchas cosas. Irradia en libros, programas, temas de investigación, priorización de problemas. Irradia incluso hacia otros países vecinos: los agronegocios en el Cono Sur son hegemónicos en muchos territorios, y Argentina y Brasil son los principales productores de agrónomos reproductores de esa hegemonía», afirmó Frank.
Cuestionó el modelo dominante: «Lo hegemónico, la reproducción del sistema, hace que de la Fauba egresen todos los años más y más agrónomos que van a cada provincia a impulsar un modelo que desmonta, aplica los paquetes de siembra directa, agrotóxicos, transgénicos y los monocultivos».
También remarcó que las facultades tienen muchas contradicciones dentro, con agrupaciones estudiantiles independientes y críticas, profesores e investigadores contrahegemónicos, y las cátedras libres que muestran otro modelo. Consideró imprescindible que haya cientos de agrónomos para el desarrollo rural agroecológico,con enfoque de soberanía alimentaria e independiente de las transnacionales.

Menemismo y Banco Mundial

La vinculación universidad-empresas tiene su referencia inicial en Estados Unidos, acentuada luego de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó su mayor avance en América Latina a partir de la década del 80. En 1994, el Banco Mundial emitió políticas de educación superior para los «países en desarrollo». En Argentina tuvo su mayor expresión durante el menemismo, con la Ley de Educación Superior (LES), que incluyó financiamiento del Banco Mundial.
La LES amplió las posibilidades de fuentes de financiamiento con empresas y el perfil mercantilista. Ventas de servicios, subsidios, convenios de colaboración y cobro de aranceles fueron instalándose con cada vez mayor frecuencia en la educación pública de Argentina. Los eufemismos utilizados fueron (y son) «recursos adicionales» o «recursos propios».
Amplios sectores naturalizan en la actualidad el financiamiento privado en las universidades públicas. Pero también académicos críticos y agrupaciones estudiantiles cuestionan que la educación esté influenciada (cuando no al servicio) del mercado.
La LES fue sostenida por los sucesivos gobiernos. Incluso el Ministerio de Ciencia de la Nación profundizó la política de estado al fomentar la «vinculación» de investigadores y compañías, y llama a construir «incubadoras de empresas» desde la universidad pública. Entre sus pilares de política científica y educativa sobresale la biotecnología, la misma que sostiene e impulsa la Facultad de Agronomía.

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Informe de Periodistas Argentinas, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: más de la mitad fue víctima

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la colectiva Periodistas Argentinas dio a conocer los resultados de la encuesta Equidad en Medios de Comunicación realizada este año.

Lo que permiten ver las 213 respuestas recibidas es el altísimo nivel de violencia simbólica y concreta que las periodistas vienen soportando históricamente en el ejercicio de la profesión.

El dato es alarmante: El 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral, mientras que un 9,9% dijo no estar segura.

Fuente: Periodistas Argentinas

Desde la colectiva entonces se brindó la posibilidad a quienes sufrieron violencia o no estaban seguras de sí la situación podía definirse como de violencia, a contar su experiencia.

“Las siguientes son algunas de las respuestas textuales expresadas por las periodistas que participaron de la Encuesta Equidad en Medios de Comunicación, realizada por Periodistas Argentinas entre agosto y septiembre de 2021”, expresaron en un comunicado y detallaron:

Periodistas Argentinas impulsó activamente la Ley de Equidad en Medios de Comunicación como una herramienta eficaz en pos de la erradicación de las violencias. La ley fue aprobada la madrugada del 10 de junio, bajo una enorme presión de empresas periodísticas que buscaban trabarla.

En la encuesta un apartado de preguntas es sobre la normativa. El 64,8% dijo conocer los principales puntos de la ley. Entre los principales derechos que la ley garantiza se identifican como prioritarios: la equiparación salarial, equidad en espacios de decisión y poder, y protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

A la luz de los resultados hoy presentados, queda clara la urgencia de que se haya convertido en Ley para construir un ejercicio del periodismo libre de violencias.

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#NiUnaMás

A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lucas González, el crack fusilado

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Lucas González, de 17 años, fue asesinado por la Policía de la Ciudad tras recibir varios disparos el miércoles por parte de tres efectivos de civil. Ayer, mientras el joven futbolista del Club Barracas luchaba por su vida, la fuerza de seguridad porteña celebraba su quinto aniversario de creación con diferentes actos: cinco años de violencia institucional impune. Quién era Lucas, y qué representa la violencia policial exacerbada contra los jóvenes que se juegan la vida.

Por Facundo Lo Duca. Fotos de Sergio Pisani y Agustina Salinas

Cobertura colaborativa junto a revista cítrica

Toca la pelota cortita, al ras de la cancha, y corre. Lucas González, de 17 años, sabe que en el medio no puede quedarse quieto. El despliegue es importante. Puede dormir la pelota con la suela derecha, aunque le llegue repiqueteando o aguantar la estocada del rival en la línea con el cuerpo tenso, pero saber moverse puede marcarle una diferencia. Entonces avanza: su remera roja y blanca del Club Barracas Central se ondula, el arco contrario se agranda. Avanzar. Como si no importara todo lo demás. Así jugaba y vivía Lucas González.

El miércoles por la mañana, tras terminar su entrenamiento en la sexta división del Club Barracas Central, Lucas y otros tres futbolistas regresaban a sus hogares en un mismo auto. Cuando pasaron por un kiosco, frenaron a comprar un jugo. De pronto, un coche con tres personas se detuvo a su lado. Eran policías metropolitanos de civil ─identificados luego como Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass─, quienes les exigieron que se detengan, apuntándoles con un arma. Ante el miedo, los jóvenes aceleraron. Los efectivos respondieron a la fuga con disparos. Uno de ellos impactó directo en la cabeza de Lucas, quien fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. Los otros tres adolescentes fueron detenidos sin ninguna razón y pasaron la noche en un centro de menores. Lucas murió ayer. El mismo día que la Policía de la Ciudad celebró cinco años de su creación con diferentes actos.

“Era un jugadorazo y muy buena persona”, dice Hugo Barras, compañero de equipo de Lucas desde la comisaria vecinal 4D de Barracas. Familiares y amigos del joven se acercaron hasta acá el mismo día de su muerte para reclamar justicia con un mensaje unisonó: basta de gatillo fácil.

David Menéndez, que lleva una bandera de reclamo contra la violencia institucional, también compartió cancha y vestuario con González en el Club Barracas: “Era muy alegre y un buen compañero. Como jugador, un crack. Se comía el medio”, cuenta. Cuando el miércoles por la tarde se enteró lo que le había ocurrido a Lucas a través de las noticias, en donde lo apuntaban como un presunto ladrón que escapó de la Policía, se quedó helado. “Fue muy feo escuchar todo eso de él. Somos pibes que entrenamos y jugamos al fútbol. Nada más. No puede ser que se digan esas cosas. Me duele mucho”, dice.

Los padres y madres de compañeros de equipo del joven también se acercaron a la comisaría. “Pienso que es una más de las tantas muertes de gatillo fácil que sucedieron durante el macrismo y de Larreta ahora. Lucas era un divino, buen compañero, con sentido del humor y solidario”, cuenta Mariel.

“Tenía buen despliegue en la cancha. Buen pie. Todos lo querían. Se sacrificaba mucho por jugar. Viajaba bastante para entrenar y era un pibe muy sano”, dice Sergio, fotógrafo y padre de Camilo, también jugador de la sexta del conjunto de Barracas. “Estamos muy tristes por este asesinato, producto del gatillo fácil y la impunidad. Fue a sangre fría. En ese lugar que hay cámaras, de pronto ahora no las hay o no funcionan. La policía de la ciudad es fascista. Hoy había efectivos por todo el barrio: militarizaron Barracas”.

Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass, policías de la Ciudad.

Durante la mañana del jueves, mientras Lucas agonizaba en el Hospital El Cruce, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Futbol en la ciudad, encabezó un acto en una comisaría donde confesó “orgullo” por esta fuerza de seguridad. A la noche, incluso, había una gala en el Colón para honrar a su labor en Capital.

Los tres efectivos que asesinaron a Lucas formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.

En sus declaraciones, apuntaron a los futbolistas como presuntos ladrones que intentaron agredirlos. En las últimas horas, están siendo investigados y fueron pasados a disposición por el ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil. Cabe resaltar, entre sus víctimas, la desaparición de Arshak Karhanyan joven perteneciente a esa misma fuerza y que fue visto por última vez en 2019, tras conversar con otro agente. Actualmente hay varios efectivos implicados en ese caso, cumpliendo funciones con total normalidad.

¿Feliz aniversario?

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La última MU: El poder a la imaginación

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