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UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

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Investigación exclusiva: MU accedió a 10 convenios entre empresas de agronegocios y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Monsanto, Bayer y Syngenta, entre otras, firmaron acuerdos o capacitaciones para influir en la formación pública y apropiarse de los conocimientos. El interés por las semillas, el eje en biotecnología y un «giro empresario», caracterizados en los documentos que aquí se consignan. Por Darío Aranda en la MU 117.

Monsanto, Syngenta, Bayer, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y semillera Don Mario son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba). Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, pero en la Facultad eso no amerita debate ni cuestionamientos. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado. En Agronomía de la UBA se celebra, se impulsa y se justifica.

Club de amigos

«Es la cuna del agronegocio. Ahí te forman para el modelo sojero y encima otras universidades toman ese modelo», explicó años atrás en una ronda de mate Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la organización Campesinos del Valle de Conlara, San Luis. Se refría a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).
Fundada en 1904, aún hoy es visible en la Fauba una placa recordatoria del primer rector, Pedro Arata, por parte de la Liga Patriótica Argentina, grupo fascista que reprimió a obreros en las primeras décadas del Siglo XX. «Patria y orden», precisa la placa, fechada en 1922.
Las carreras de grado son Agronomía, Ciencias Ambientales, Economía y administración agrarias, Gestión de agroalimentos, Planificación y Diseño de paisajes. La Facultad tiene un perfil vinculado al modelo sojero, con cátedras que son un llamado al agro empresario (Mercados Agropecuarios, Comercio Interno y Externo, Cereales) y la muy publicitada maestría en «agronegocios».
También cuenta con una «foro laboral» donde las grandes compañías buscan a sus próximos empleados. «Tu CV se ve», es el eslogan. Algunas de las empresas que auspician son Dow, Basf, Nidera, Cargill, Bayer, Rizobacter y la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov, donde concluyen más de 60 compañías semilleras, incluidas todas las internacionales).
La Fauba también cuenta con la «Fundación Facultad de Agronomía», que tiene entre sus objetivos «coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias». Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.

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Mu 117: Ser Macrix

Las pruebas

En el sitio de internet de la Fauba se podía observar un listado con medio centenar de convenios con las más diversas empresas. Al solicitarlos de manera formal, nformaron que se trata de documentos «confidenciales» y, acto seguido, el listado dejó de estar visible en la página de la Facultad.
MU accedió a diez de esos convenios «confidenciales». Todos los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Donde la facultad pública no puede revelar los datos sin el permiso de las empresas.

Expediente 1: Acuerdo de cooperación con Monsanto Argentina, para «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja»

«Acuerdo de cooperación. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y Monsanto Argentina». Expediente 82565/2014. La cláusula primera señala que el objetivo es «evaluar la susceptibilidad de variedades de soja». Por la Facultad estuvo a cargo Pablo Grijalba.
«La Fauba autoriza expresamente a Monsanto a utilizar los resultados del proyecto de investigación en las distintas publicaciones que Monsanto efectúe, sean éstas de carácter científico o técnico y se trate de materiales de difusión que tengan o no fines publicitarios», precisa el punto 3.4. del contrato. Y tiene directa relación con la forma de validación que usan las empresas, que se escudan en los «sellos» de universidades públicas por tener mayor legitimidad (y lavar su mala imagen).
La cláusula cuarta señala que «la información y los resultados, parciales o definitivos, serán propiedad de Monsanto». El «aporte» que hizo la empresa fue de 26.400 pesos y el contrato duró cinco meses.
Al tratarse de una de las empresas más cuestionados del mundo, en la cláusula décima contiene una cuota de sarcasmo: «Las partes actuarán de forma tal de satisfacer los más altos estándares éticos aplicables al negocio».
Por la Facultad firmó el decano Rodolfo Golluscio. Por Monsanto Santiago Mazzini y Alberto Peper.

Expediente 2: Capacitación de Bayer por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos».

2. El expediente 20694/2015 es con la alemana Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Fue por «capacitación», a cargo de Sebastián Senesi, director de la maestría de agronegocios de la Facultad, negador de las consecuencias del agronegocio. Su CV señala vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.
La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos», destinado a «empleados, técnicos y empresarios». Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede misma de Bayer.
La cláusula quinta señala que los empleados de Bayer acceden «al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba».
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: «La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario».

Expediente 3: Convenio con Bayer para realizar un segundo programa «de capacitación ejecutiva»

Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (21103/2014), por 400.000 pesos para «realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos». La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.

Expediente 4: Convenio con la semillera Don Mario para el «mejoramiento genético de soja y trigo»

Don Mario es una de las mayores semilleras de capitales nacionales, con trabajo junto a las grandes compañías internacionales. Firmó con la Fauba el convenio 62505/2013, para el mejoramiento genético de soja y trigo. Por la facultad estuvo a cargo la cátedra de bioquímica, y la persona designada fue Eduardo Pagano (un impulsor del agro transgénico). El acuerdo fue por tres años. La empresa pagó 282.000 pesos.

Expediente 5: Convenio con Bayer para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada»

El convenio 71101/2013 es con Bayer, e involucró por la Facultad a Marcelo Carmona para elaborar dos programas informáticos «de decisión química para trigo y cebada». El convenio fue por 18 meses y por un monto de 157.950 pesos.

Convenio 6: Convenio con Monsanto para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes»

Monsanto y la Fauba también firmaron el convenio 79554/2014 para ensayos en soja «bajo condiciones de campo en diferentes latitudes». La responsable por la facultad fue Adriana Kantolic (cátedra de cultivos industriales y actual vicedecana electa). La duración fue de ocho meses y el monto total de 108.000 pesos. «La Facultad ofrecerá a Monsanto la posibilidad de llevar a cabo una jornada conjunta de análisis y discusión de los resultados del proyecto con el objetivo de identificar y evaluar posibles aplicaciones de los mismos en las estrategias comerciales de Monsanto», específica la cláusula tercera.

Expediente 7: Convenio con Syngenta para evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz

El expediente 12478/2015 es con Syngenta y estuvo a cargo de la cátedra de Cerealicultura. Fue por tres años y su objetivo fue evaluar la adaptabilidad de variedades de maíz.

Expediente 8: Convenio entre la Asociación Semilleros Argentinos «marco de cooperación académica»

El convenio 86862/2015 es con la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), donde dominan las grandes empresas transgénicas internacionales. Se trató de un «convenio marco de cooperación académica» por tres años, que sirvió de base para acuerdos específicos. Firmó por ASA su presidente, Alfredo Paseyro, un conocido empresario impulsor del agronegocio. La cláusula dos establece que «las actividades académicas a desarrollar abordarán preferentemente el promover y facilitar el intercambio de conocimientos a través de la capacitación de los alumnos en temas referentes al mejoramiento genético y a la aplicación de la biotecnología». También destaca que ASA apoyará simposios, congresos y talleres donde la Facultad promueva la biotecnología.

Expediente 9: Convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja sobre «el sistema de agronegocios de la Soja en la Argentina»

También figura un convenio con la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), lleva el número 39366/2014. Se trata de un estudio que analizó «el sistema de agronegocios de la soja en la Argentina, su cadena y prospectiva al año 2020».

Expediente 10: Programa de Becas con Monsanto

Con Monsanto también se firmó el convenio 228939/2012 para un «programa de becas» de posgrado de hasta 1000 dólares mensuales. Por un total de 168.000 dólares.

Voces desde adentro

Una docena de docentes expresan críticas desde hace años al perfil pro agronegocio de la Fauba. Pero, ante la consulta periodística, ninguno quiso hablar públicamente. Las respuestas fueron similares: la Fauba está volcada al modelo de agricultura industrial desde siempre, pero la última gestión no es la peor. O, dicho de otro modo, cuestionar públicamente a la gestión es beneficiar a otros peores. El trillado «hacer el juego a la derecha».
El decano de la Facultad, Rodolfo Golluscio, no respondió las consultas de MU (aunque las preguntas fueron enviadas incluso por escrito y se había comprometido a contestar).
Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) argumentó que la Fauba «tiene muchos convenios, de todo tipo, con organismos públicos, empresas de los agronegocios y también organizaciones sociales». Consideró que los convenios con compañías «no son determinantes de la orientación en la formación y en las actividades de investigación-extensión».
Javier Souza Casadinho, docente de la cátedra de extensión y sociología rural, cuestionó la relación universidad-sector privado: «Si bien la firma de convenios de la Facultad con empresas se ajusta al marco legal y posibilitó continuar realizando investigación durante coyunturas económicas en las cuales primaba el desfinanciamiento educativo, constituye una estrategia cuestionable y muy controvertida, ya que se utilizan recursos públicos para la consecuente producción de bienes y servicios al servicio de las empresas privadas».
Souza Casadinho, que también es coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), destacó que también existen líneas de investigación y proyectos de extensión junto con «personas con discapacidad, productores familiares y personas privadas de su libertad». Sin embargo, consideró que la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires «deberían brindar más recursos y realizar más acciones de investigación y extensión frente problemáticas como el uso y efecto de los plaguicidas, y prácticas agroecológicas. La Facultad se financia con fondos públicos aportados por los ciudadanos y a ellos y sus necesidades debemos atender».
El centro de estudiantes está controlado desde hace años por LAI (Línea de Agronomía Independiente), agrupación de la derecha agraria. En el otro extremo, ideológico y de votos, está Abriendo Caminos, del Partido Obrero. Ante la consulta de MU, respondieron con un escrito. «Rechazamos los convenios con las empresas contaminantes y la orientación privatista que desarrollan las autoridades, las cuales representan intereses completamente antagónicos a un modelo productivo que plantee la utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población y que se desarrolle cuidando el ambiente y la salud».
Afirmaron que los convenios «son la forma en que se materializan los compromisos con las empresas y en un marco de ajuste es una herramienta para acallar las voces críticas ya que priman las cátedras que investigan y aplican desarrollos en favor del agronegocio. Por ende los convenios y el ajuste van de la mano». La agrupación Abriendo Caminos también denunció que la Fauba mantiene convenios con la Compañía Tierras Sud Argentina (Benetton) y la UBA con Gendarmería Nacional.
Fernando Frank es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar y parte de la organización Campesinos del Valle de Conlara (San Luis). Fue quién arrojó a MU la primera señal sobre el perfil de la Fauba. No tiene dudas de que Agronomía de la UBA es una «productora de cuadros del agronegocio».
«La Fauba irradia muchas cosas. Irradia en libros, programas, temas de investigación, priorización de problemas. Irradia incluso hacia otros países vecinos: los agronegocios en el Cono Sur son hegemónicos en muchos territorios, y Argentina y Brasil son los principales productores de agrónomos reproductores de esa hegemonía», afirmó Frank.
Cuestionó el modelo dominante: «Lo hegemónico, la reproducción del sistema, hace que de la Fauba egresen todos los años más y más agrónomos que van a cada provincia a impulsar un modelo que desmonta, aplica los paquetes de siembra directa, agrotóxicos, transgénicos y los monocultivos».
También remarcó que las facultades tienen muchas contradicciones dentro, con agrupaciones estudiantiles independientes y críticas, profesores e investigadores contrahegemónicos, y las cátedras libres que muestran otro modelo. Consideró imprescindible que haya cientos de agrónomos para el desarrollo rural agroecológico,con enfoque de soberanía alimentaria e independiente de las transnacionales.

Menemismo y Banco Mundial

La vinculación universidad-empresas tiene su referencia inicial en Estados Unidos, acentuada luego de la Segunda Guerra Mundial, y comenzó su mayor avance en América Latina a partir de la década del 80. En 1994, el Banco Mundial emitió políticas de educación superior para los «países en desarrollo». En Argentina tuvo su mayor expresión durante el menemismo, con la Ley de Educación Superior (LES), que incluyó financiamiento del Banco Mundial.
La LES amplió las posibilidades de fuentes de financiamiento con empresas y el perfil mercantilista. Ventas de servicios, subsidios, convenios de colaboración y cobro de aranceles fueron instalándose con cada vez mayor frecuencia en la educación pública de Argentina. Los eufemismos utilizados fueron (y son) «recursos adicionales» o «recursos propios».
Amplios sectores naturalizan en la actualidad el financiamiento privado en las universidades públicas. Pero también académicos críticos y agrupaciones estudiantiles cuestionan que la educación esté influenciada (cuando no al servicio) del mercado.
La LES fue sostenida por los sucesivos gobiernos. Incluso el Ministerio de Ciencia de la Nación profundizó la política de estado al fomentar la «vinculación» de investigadores y compañías, y llama a construir «incubadoras de empresas» desde la universidad pública. Entre sus pilares de política científica y educativa sobresale la biotecnología, la misma que sostiene e impulsa la Facultad de Agronomía.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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LA ÚLTIMA MU: MARICI WEW

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