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Un día histórico: se confirmó el juicio político a los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía

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Después de años de lucha tras el juicio misógino que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, la Bicameral que enjuicia a los magistrados confirmó que se iniciará un juicio político contra dos de los jueces que firmaron el vergonzoso fallo. Fue el mismo día en el que en la misma ciudad sede de esos tribunales, La Plata, quedó inaugurada la muestra El Cuarto de Lucía, otra de las acciones que lleva adelante la familia en busca de promover un nuevo juicio y sensibilizar a las personas sobre qué significa hablar de la violencia femicida hoy. Podrá visitarse hasta el 26 de abril, de 17 a 21 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.

La instalación que viajó desde Mar del Plata y fue adaptada al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Foto: Sebastian Smok

Marta la mira fijo.

La joven está en cuclillas frente a la mesita en la que se ofrecen volantes de la muestra y revistas. Acaba de salir de El cuarto de Lucía.

Y mientras su amiga hojea los materiales, ella mira al piso cerrando y abriendo los ojos, conteniendo las lágrimas.

Marta la mira fijo, y de pronto se le acerca.

Sin pedirle permiso, la abraza. Y entonces la joven estalla en un llanto que es catarsis, dolor y grito de justicia.

No se conocen. Y se quedarán hablando, Marta y la joven, durante un largo rato en el que ella parará de llorar y comenzará a reírse.

Y terminarán fundidas las tres en otro abrazo sanador y cómplice.

“Les hablo como si fueran mis hijas”, asegura Marta después de esa charla que mantuvieron solo entre ellas y nadie más escuchó. “Les hablo porque no quiero que se vayan con esa angustia a la casa, esa sensación que tenía ella después de haber visto el cuarto”, dice.

Foto: Sebastian Smok

Cada persona que recorre la instalación que reproduce el cuarto de su hija sale distinta y transformada. No todas salen llorando; todas salen atravesades, con ganas de conversar con alguien, dejar un mensaje, una firma, un pedido, de charlar con Marta y Guillermo, que en la muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata están presentes, viendo las reacciones pero también siendo parte protagonista de una puesta en escena que ellos decidieron acompañar viajando desde Mar del Plata, haciendo malabares con los horarios laborales.

Junto a la periodista Claudia Acuña y el diseñador de MU Sebastián Smok se encargaron una vez más que la muestra llegue desde Mar del Plata, de la mano de la Campaña Nacional Somos Lucía, de los hacedores de la instalación (Héctor Martiarena, de Almacenes Culturales; Alejandra Vilar, Escenógrafa; Natalia Beresiarte, muralista; Juan Ignacio Echeverría, Escenógrafo), y lograra instalarse en el centro de la capital provincial, gracias a la acogida del director del museo Pettoruti, Federico Rovituso, y el Ministerio de Mujeres provincial que estuvo a cargo de la logística.

En esta edición, además de la reproducción del cuarto, de la proyección de videos y de la invitación a realizar una acción junto a la Campaña Somos Lucía, sobre el reverso de la muestra se comenzaron a pintar los más de 900 nombres de mujeres y personas trans asesinades en la Provincia de Buenos Aires.

Así y otrra vez más, quedó inaugurado en La Plata El cuarto de Lucía, como una forma de accionar desde el arte contra la violencia femicida y convertir al dolor y a la injusticia en abrazos sanadores, charlas cómplices y tejido social.

Un día especial

Que la segunda edición de la muestra haya sido inaugurada ayer fue especial para la familia. Temprano, Marta y Guillermo amanecieron con la noticia de que la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que venía postergando la decisión sobre juzgar o no a los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía, finalmente se reuniría.

¿Casualidad? Marta: “Fue Lucía”.

La noticia, entonces: se confirmó el juicio político a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas que en 2018 dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez. El jury no alcanzó a Aldo Carnevale, el tercer juez que componía el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, ya  que pidió la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Foto: Sebastian Smok

Con los ojos de su hija pintado a las espaldas, Marta reflexiona sobre el cruce de la inauguración con la noticia del jury: “Si te tengo que decir que tengo alegría, no es alegría porque no puedo estar alegre no teniendo a Lucia acá, pero sí es muy fuerte y muy especial: triunfamos. Hoy es un día de gloria para nosotros. Triunfamos en esta lucha para que estos jueces tengan que pasar por el jury. Eso es lo que nos interesa, que jueces como estos no pueden seguir trabajando, ejerciendo, ejecutando sentencias, diciendo que hacen justicia cuando esto no es justicia: lo que hacen es injusticia. Por eso digo que es un día de gloria para todos, para todos los que hemos luchado, para todas las familias que hemos perdido hijas de esta manera tan cruel. Es un día especial”.

La parada de El cuarto de Lucía en la capital provincial de la se dio gracias

El fin de una costumbre

La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió ayer acusar a Viñas y Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Estos jueces son los responsables del vergonzoso fallo que hizo un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, con quién se acostaba, qué le gustaba fumar.

Fue también ese tribunal marplatense el que condenó a ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos a Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”; el que absolvió de la acusación de encubrimiento agravado a Maciel, 61 años, quien murió luego por un cáncer de pulmón; y fue ese tribunal el que no condenó a ninguno de los tres ni por el femicidio ni por el abuso sexual de una niña de 16 años.

Esa sentencia de la impunidad fue anulada el 12 de agosto del 2020 por los jueces Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini de la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, en un fallo ejemplar.

Pero el pedido de destitución es otro reclamo que la familia sostiene incansablemente desde antes y que en 2019 fue promovido por las entonces diputadas nacionales Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti y Romina del Pla, y el diputado Facundo Moyano. Recién ayer, dos años después, se supo la respuesta.

Aquel día de la presentación, en una de las salas del Congreso de la Nación, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, apoyó el reclamo que hoy es realidad con estas palabras: “La costumbre que tienen los jueces de culpar a la víctima es lo que tenemos que combatir. La lucha tiene que ser fuerte y permanente. Nos tenemos que dedicar a cada caso. No tiene que quedar nadie impune. Hay que hacerles entender que esa inhumanidad no se puede permitir”.

Y no se permitió.

Foto: Sebastian Smok

Lo que dice la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral había sido constituida en febrero pasado y está integrada por doce legisladores, cinco senadores y siete diputados. En la resolución que se conoció ayer fueron contundentes al analizar el accionar de los jueces de primera instancia. Para hacerlo retomaron los hechos, el proceso judicial y la anulación del mismo por parte del Tribunal de Casación.

Luego de un minucioso análisis y hacia el final de su escrito, concluyen:

–          “Considerar a la niña como no vulnerable frente a la situación juzgada bajo un grave error en la percepción de los hechos y la estigmatización operada sobre la víctima, nos conducen inevitablemente a concluir que los jueces denunciados no reúnen las condiciones que la constitución y las leyes determinan para proseguir en el cargo para el que prestaran juramento de desempeñar fielmente, habiendo por el modo de proceder frente a este caso puntual de una manera inidónea y arbitraria, perjudicando la fe del sistema jurisdiccional, desprestigiando la administración de justicia”.

–          “Se considera que han incumplido los deberes a su cargo, que consiste en juzgar las cuestiones sometidas a su competencia de manera imparcial, con respeto a los derechos de la víctimas, que se han visto avasallados sin considerar que la misma era una menor, en un estado de vulnerabilidad, apontocando su pronunciamiento sobre la base de prejuicios androcéntricos, estereotipados en perjuicio de una menor de edad, desconociendo la aplicación obligada de la cuestión de género y no discriminación, junto a las demás cuestiones contenidas en la normativa nacional e internacional”.

–          “Con su proceder los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, incurrieron acciones en cuanto a las consecuencias de su decisión y mediando la omisión concreta de sus obligaciones legales, una clara defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura, por lo que deben ser destituidos”.

–          “Sobre estos magistrados, hoy acusados, descansan en sus manos los bienes, la hacienda y la libertad de las personas que habitan el suelo de la Provincia de Buenos Aires, que en casos como el que nos ocupa han burlado el mandato por el cual fueron ungidos para administrar justica, produciendo con sus desviadas conductas procesales y legales, han burlado la confianza pública y la fe en las Instituciones del Estado, que se vieron degradadas por sus acciones, desprestigiando el sistema de justicia”.

–          “Puede afirmarse que la mala conducta de los magistrados en el caso que nos ocupa, traducida en hechos, actos u omisiones contrarias a la obligación de obrar dentro del ejercicio de sus funciones configura  mal desempeño, tal como se ha verificado, motivadamente, con las exigencias que caracterizan a esta etapa procesal”.

Foto: Sebastian Smok

Luchar sirve

Marta comparte esta resolución por Whatsapp, la difunde, saca fotos a la muestra, las manda, graba un video contando los días que se llevan sin justicia, se pone a hablar con las jóvenes que salen del cuarto: no para.

Está desbordada de emociones – entre las que hoy por suerte se cuenta la felicidad- y ya piensa junto a Guillermo y la Campaña Nacional Somos Lucía los próximos pasos para que este jury deje afuera del sistema a los jueces misóginos pero también se feche un nuevo juicio que se juzgue a los culpables del femicidio de su hija.

Hasta que eso suceda es al menos inocente creer que esta familia va a parar, como no paró ni un segundo desde hace casi 5 años.

La lección que dibujan Marta, Guillermo, Lucía, Matías y todes quienes les acompañan es entonces mucho más que el estudio de un caso, el seguimiento de una experiencia o una anécdota familiar: es la forma efectiva en la que al menos por el día de ayer los familiares de víctimas tuvieron una noticia que festejar, porque comprobaron que luchar sirve, que si no hacen cada una de las marchas, sentadas, acciones, reuniones, pedidos, cartas y todos los etcéteras imaginables los jueces no enfrentan un juicio político y la posibilidad anular un proceso y recomenzar otro no sería ahora un antecedente real y concreto para todas las víctimas.

Desde la muestra en La Plata, Marta dibuja su propia parábola sobre qué significa este fallo para las mujeres víctimas de femicidios, sus familiares, sus injusticias y, sobre todo, para lo que viene: “Estoy absolutamente convencida que fue las luchas en las calles, el salir, no importa si hace frío, calor, llueve, truene, seamos diez veinte, no importa la cantidad sino la calidad de personas, y el compromiso que tenemos cada una. Eso es lo importante. Está lucha que hemos llevado desde hace cerca de los cinco años, del día que hemos perdido a Lucia, no la hemos parado nunca. Siempre hemos estado. Es fundamental que sigamos por este camino de lucha, y de tener una convicción de lo que queremos hacer y de hacía donde vamos. En este tipo de lucha hay momentos que creés que no va a ser posible y sin embargo con la paciencia, con la paz, con la convicción, todo termina dando frutos”.

La muestra El cuarto de Lucía podrá visitarse hasta el 26 de abril, de 17 a 21 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en La Plata (Av. 51 N° 525 entre 5 y 6). Más info:

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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