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“Un sopapo a la impunidad”: fue apartada la jueza en la causa de Facundo Castro

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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar a la jueza María Gabriela Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años de Pedro Luro, ocurrida en 2020. La medida fue celebrada por la familia como un avance importante en el pedido de verdad y justicia: Marrón fue una pieza clave en la construcción de impunidad, trabando medidas cruciales para la investigación, orientando las sospechas a la propia familia. Su recusación también había sido requerida por los dos fiscales del caso. Qué dijo cada juez. Las referencias a la CIDH y al caso Bulacio. Y el deseo de Cristina para lo que viene: “Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas” dijo a lavaca. Compartimos el fallo completo.

“En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los representantes del MPF (Ministerio Público Fiscal), al que adhirieron además los querellantes de autos, y APARTAR a la señora jueza María Gabriela Marrón de la tramitación de estas actuaciones”.

Cuando a Cristina Castro le comunicaron este fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal conocido este lunes, no pudo parar de llorar. “No lo podía creer,  porque pensé que nos pateaban para febrero. Me acordé cuando fuimos a CABA, que dijimos que íbamos a revertir esta situación, que era lo que nos impedía seguir avanzando”, dice a lavaca. “Lo que no esperaba era este cachetazo que le dan: esta clase sobre cómo debe actuar un juez”.

Es que la resolución de la Sala I llegó un 27 de diciembre y eso significa que, al menos, Cristina y su familia tiene un motivo para respirar en vistas al 2022: los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la jueza Ana María Figueroa, resolvieron por unanimidad correr a la jueza Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo. El pedido de recusación era uno de los principales reclamos de Cristina para avanzar por el pedido de verdad y justicia, acompañada por sus abogados y por el equipo de la Comisión Provincial de la Memoria. Este año sumó la actuación de los fiscales Andrés Heim (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), quienes también habían exigido la recusación ya que denunciaron que la magistrada había perdido “la imparcialidad que debe tener como jueza del caso”. Cabe recordar que tanto Heim como Azzolín habían sido designados por la Procuración General de la Nación luego de que la familia lograra apartar al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, también denunciado por entorpecer la investigación de forma nociva para el pedido de verdad.

Cristina, la madre de Facundo: «Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas».

“El fallo nos abre un buen panorama para lo que vendrá, y ahora es posible entender un poco todos los ataques que hemos sufrido en este tiempo”, valoró en diálogo con lavaca el abogado Leandro Aparicio, quien fue víctima de denuncias y aprietes por parte de la policía, la justicia y el operador mediático Germán Sasso, uno de los principales impulsores de la versión policial. “Ahora hay que encauzar la investigación en donde siempre tuvo que haber estado: la desaparición forzada”.

Cristina, además, destaca el tiempo que le dedicaron los jueces a esta “clase sobre cómo debe actuar un juez”, tal como lo definió ella: el fallo ocupa unas 47 fojas.

Por eso, afirma: “Fue un sopapo a la impunidad”.

Todo lo que no debe hace una jueza

Facundo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 cuando salió de su casa en Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca para ir a ver a su exnovia y su cuerpo esqueletizado fue encontrado por un pescador en un cangrejal inhóspito el 15 de agosto de ese año. Su desaparición coincidió con el momento más crítico de la pandemia desde el punto de vista de las medidas sanitarias y de cómo la policía tradujo esa política en los territorios.   El último contacto del joven de 22 años fue con diversos oficiales de la Bonaerense, y a partir de ahí la causa fue acumulando hechos que orientan las hipótesis hacia ese sector, en particular a los oficiales Mario Sosa, Jana Curuhuinca, Xiomara Flores y Alberto González, con las operaciones que la familia tuvo que sufrir, además, del propio Estado, por el accionar del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En medio de ese peregrinaje por la verdad, la familia siempre se encontró con la reticencia del poder judicial.

Por ese motivo, la querella decidió recusar a la jueza Marrón, que se había negado a medidas de prueba cruciales como el secuestro de móviles o teléfonos policiales, entre otras, además de revictimizar a la familia y tratarla de mentirosa. Sin embargo, el 30 de marzo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca había rechazado el pedido, por lo que los fiscales interpusieron un recurso de casación, que motivó este fallo.

En ese caso, los fiscales Heim y Azzolín, junto a la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, expresaron que la resolución era asimilable a una “sentencia definitiva” ya que la continuidad de la jueza Marrón sellaría “el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación”.

El cangrejal en el que fue encontrado Facundo. Imagen de una de las producciones realizadas por la revista MU investigando la desaparición. Foto: Sebastián Smok.

Y apuntaron:

  • “La decisión puesta en crisis, a entender de este Ministerio Público, tiende a garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.
  • “Cabe afirmar que el magistrado actuante (por Marrón) realiza […] una errónea valoración de la prueba producida en autos y una ponderación de enunciados dogmáticos, concluyendo con un razonamiento alejado de las reglas de la sana crítica racional, ya que mediante la ausencia o la apariencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación por medio de la anuencia en la introducción de hipótesis que ninguna de las partes aportó”.
  • “La actuación de la jueza en el proceso ha reflejado un claro temor fundado de parcialidad: obstruyendo y demorando la producción de prueba relevante para el caso; sentando una posición casi inexpugnable de avance de la pesquisa o la concreción de medidas de pruebas que involucran de manera directa al personal policial que ha tenido contacto directo con Facundo Astudillo Castro, previo a su desaparición”.
  • También subrayan que puso “en duda la veracidad de los dichos de Cristina Castro Alaniz y auxiliares de la justicia (perito de parte propuesto por la querella particular); construyendo y consolidando una única verdad, un dogma […] que, descartando sesgada y arbitrariamente las diversas aristas que presenta el caso, intenta imponer como única posibilidad que la víctima murió ahogada por sumersión de manera accidental en el estuario donde fue encontrado su cuerpo, y en esa empresa, ha incurrido en una clara y flagrante intromisión en las facultades de resorte exclusivo de esta parte”.

Sobre este lapidario diagnóstico es que los jueces se expresaron.

El fallo

El primer voto fue del juez Petrone:

“Entiendo que, a partir de las circunstancias verificadas en este legajo (…), el temor de parcialidad alegado por los recurrentes resulta razonable. En efecto, en el marco de una investigación delegada en los términos del art. 196 bis del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), las decisiones adoptadas por la magistrada Marrón, así como también su falta de respuesta oportuna ante determinadas peticiones del Ministerio Público Fiscal, permiten sospechar fundadamente que aquella habría asumido una hipótesis de ocurrencia de los hechos, no obstante tratarse de una cuestión que será materia de decisión más adelante, que incidiría en su apreciación sobre las líneas de investigación que los acusadores consideran pertinentes profundizar”.

El juez Barroetaveña adhirió.

El voto más interesante fue el de la jueza Figueroa, ya que encuadró su análisis en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, incorporados a la Constitución Nacional. Pero, sobre todo, cita las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado argentino sobre el caso.

  • Recuerda que, según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del beneficiario”, y agrega: “En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representante”.
  • Recuerda también que la CIDH instó al Estado a esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo Castro. “Es por ello que, considero de decisiva relevancia asegurar la observancia de las garantías imperantes en la conducción del proceso por todos los agentes judiciales intervinientes, y que se asegure una exhaustiva y profunda exploración de todas las líneas de investigación que podrían generarse a fin de dilucidar, esclarecer y –eventualmente determinar las responsabilidades que pudieren surgir a lo largo de la investigación, conforme las recomendaciones efectuadas por la Comisión”.
  • Figueroa también rememora el caso Bulacio, donde fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que determinó la “responsabilidad internacional para el Estado Argentino” por su deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus autores y encubridores. “La obligación de investigar debe cumplirse ´con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa´. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación ´[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
  • Para Figueroa, “el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo cuando se trata de analizar la imparcialidad objetiva del juzgador, ya que lo que `está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso`”.

Y concluye: “Es imperioso eliminar todo tipo de suspicacia que conduzca a presumir o poner en crisis la independencia del Poder Judicial. A partir de las circunstancias verificadas, es razonable la sospecha de parcialidad alegada por el Ministerio Público Fiscal, conforme la jurisprudencia internacional en cuanto a que el aspecto objetivo de la imparcialidad, exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso”.

La corrupción y la paz

La jueza Marrón, desplazada.

Cristina Castro destaca el voto de Figueroa: “Me llamó la atención que dijera que un juez no solo debe ser imparcial, sino también tiene que parecerlo. Es interesante porque pone el ojo en lo que está pasando. Y, sobre todo, porque intervienen: son los que tienen que hacerlo cuando están actuando mal. Si en tu trabajo no funcionás lo justo es que te saquen. Si no, podés corromperte. Este año ya han fallado para hacer el jury a los jueces del caso de Lucía Pérez, ahora apartaron a Marrón, y tendrían que hacer lo mismo con muchos otros. Así van a empezar a entender lo mal que está la justicia, para poder hacer algo, y pelear desde otro ángulo más justo”.

El juez que reemplazará a Marrón es Walter López Da Silva, del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, un juez que ya intervino en la causa cuando subrogó a Marrón. “Lo primero que tenemos que hacer ahora es tener una audiencia con él en febrero”, dice Cristina. “Lo segundo, seguir con todas las medidas que necesitamos urgente”.

-¿Qué imagen de todo este tiempo se te vino a la cabeza después del fallo?

-Facu se me vino. Su lucha. Está todo el tiempo en mi cabeza. Justo ese día, una docente de Bahía me mandó una foto con Facu sonriendo, con los dedos en V.

La imagen que menciona Cristina. Facundo, abajo, a la derecha, con remera blanca, sonrisa grande y los dedos en V.

Sigue diciendo esa madre: «Mi hijo era feliz en esa foto y tendría que haber sido feliz por mucho tiempo. Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas. Todos los días me levanto así y me acuesto así, pensando que el siguiente puede ser el gran día. Ahora, al menos, podemos empezar el 2022 con el deseo de llevar un poco de paz al alma de Facundo, y de poder tener un poco de justicia como familia».

La sonrisa de Facundo, otro caso en el que se espera que «justicia» sea algo más que una palabra bella.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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