Nota
“Un sopapo a la impunidad”: fue apartada la jueza en la causa de Facundo Castro

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar a la jueza María Gabriela Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años de Pedro Luro, ocurrida en 2020. La medida fue celebrada por la familia como un avance importante en el pedido de verdad y justicia: Marrón fue una pieza clave en la construcción de impunidad, trabando medidas cruciales para la investigación, orientando las sospechas a la propia familia. Su recusación también había sido requerida por los dos fiscales del caso. Qué dijo cada juez. Las referencias a la CIDH y al caso Bulacio. Y el deseo de Cristina para lo que viene: “Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas” dijo a lavaca. Compartimos el fallo completo.
“En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los representantes del MPF (Ministerio Público Fiscal), al que adhirieron además los querellantes de autos, y APARTAR a la señora jueza María Gabriela Marrón de la tramitación de estas actuaciones”.

Cuando a Cristina Castro le comunicaron este fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal conocido este lunes, no pudo parar de llorar. “No lo podía creer, porque pensé que nos pateaban para febrero. Me acordé cuando fuimos a CABA, que dijimos que íbamos a revertir esta situación, que era lo que nos impedía seguir avanzando”, dice a lavaca. “Lo que no esperaba era este cachetazo que le dan: esta clase sobre cómo debe actuar un juez”.
Es que la resolución de la Sala I llegó un 27 de diciembre y eso significa que, al menos, Cristina y su familia tiene un motivo para respirar en vistas al 2022: los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la jueza Ana María Figueroa, resolvieron por unanimidad correr a la jueza Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo. El pedido de recusación era uno de los principales reclamos de Cristina para avanzar por el pedido de verdad y justicia, acompañada por sus abogados y por el equipo de la Comisión Provincial de la Memoria. Este año sumó la actuación de los fiscales Andrés Heim (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), quienes también habían exigido la recusación ya que denunciaron que la magistrada había perdido “la imparcialidad que debe tener como jueza del caso”. Cabe recordar que tanto Heim como Azzolín habían sido designados por la Procuración General de la Nación luego de que la familia lograra apartar al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, también denunciado por entorpecer la investigación de forma nociva para el pedido de verdad.

“El fallo nos abre un buen panorama para lo que vendrá, y ahora es posible entender un poco todos los ataques que hemos sufrido en este tiempo”, valoró en diálogo con lavaca el abogado Leandro Aparicio, quien fue víctima de denuncias y aprietes por parte de la policía, la justicia y el operador mediático Germán Sasso, uno de los principales impulsores de la versión policial. “Ahora hay que encauzar la investigación en donde siempre tuvo que haber estado: la desaparición forzada”.
Cristina, además, destaca el tiempo que le dedicaron los jueces a esta “clase sobre cómo debe actuar un juez”, tal como lo definió ella: el fallo ocupa unas 47 fojas.
Por eso, afirma: “Fue un sopapo a la impunidad”.
Todo lo que no debe hace una jueza
Facundo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 cuando salió de su casa en Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca para ir a ver a su exnovia y su cuerpo esqueletizado fue encontrado por un pescador en un cangrejal inhóspito el 15 de agosto de ese año. Su desaparición coincidió con el momento más crítico de la pandemia desde el punto de vista de las medidas sanitarias y de cómo la policía tradujo esa política en los territorios. El último contacto del joven de 22 años fue con diversos oficiales de la Bonaerense, y a partir de ahí la causa fue acumulando hechos que orientan las hipótesis hacia ese sector, en particular a los oficiales Mario Sosa, Jana Curuhuinca, Xiomara Flores y Alberto González, con las operaciones que la familia tuvo que sufrir, además, del propio Estado, por el accionar del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En medio de ese peregrinaje por la verdad, la familia siempre se encontró con la reticencia del poder judicial.
Por ese motivo, la querella decidió recusar a la jueza Marrón, que se había negado a medidas de prueba cruciales como el secuestro de móviles o teléfonos policiales, entre otras, además de revictimizar a la familia y tratarla de mentirosa. Sin embargo, el 30 de marzo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca había rechazado el pedido, por lo que los fiscales interpusieron un recurso de casación, que motivó este fallo.
En ese caso, los fiscales Heim y Azzolín, junto a la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, expresaron que la resolución era asimilable a una “sentencia definitiva” ya que la continuidad de la jueza Marrón sellaría “el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación”.

Y apuntaron:
- “La decisión puesta en crisis, a entender de este Ministerio Público, tiende a garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.
- “Cabe afirmar que el magistrado actuante (por Marrón) realiza […] una errónea valoración de la prueba producida en autos y una ponderación de enunciados dogmáticos, concluyendo con un razonamiento alejado de las reglas de la sana crítica racional, ya que mediante la ausencia o la apariencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación por medio de la anuencia en la introducción de hipótesis que ninguna de las partes aportó”.
- “La actuación de la jueza en el proceso ha reflejado un claro temor fundado de parcialidad: obstruyendo y demorando la producción de prueba relevante para el caso; sentando una posición casi inexpugnable de avance de la pesquisa o la concreción de medidas de pruebas que involucran de manera directa al personal policial que ha tenido contacto directo con Facundo Astudillo Castro, previo a su desaparición”.
- También subrayan que puso “en duda la veracidad de los dichos de Cristina Castro Alaniz y auxiliares de la justicia (perito de parte propuesto por la querella particular); construyendo y consolidando una única verdad, un dogma […] que, descartando sesgada y arbitrariamente las diversas aristas que presenta el caso, intenta imponer como única posibilidad que la víctima murió ahogada por sumersión de manera accidental en el estuario donde fue encontrado su cuerpo, y en esa empresa, ha incurrido en una clara y flagrante intromisión en las facultades de resorte exclusivo de esta parte”.
Sobre este lapidario diagnóstico es que los jueces se expresaron.
El fallo
El primer voto fue del juez Petrone:
“Entiendo que, a partir de las circunstancias verificadas en este legajo (…), el temor de parcialidad alegado por los recurrentes resulta razonable. En efecto, en el marco de una investigación delegada en los términos del art. 196 bis del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), las decisiones adoptadas por la magistrada Marrón, así como también su falta de respuesta oportuna ante determinadas peticiones del Ministerio Público Fiscal, permiten sospechar fundadamente que aquella habría asumido una hipótesis de ocurrencia de los hechos, no obstante tratarse de una cuestión que será materia de decisión más adelante, que incidiría en su apreciación sobre las líneas de investigación que los acusadores consideran pertinentes profundizar”.
El juez Barroetaveña adhirió.
El voto más interesante fue el de la jueza Figueroa, ya que encuadró su análisis en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, incorporados a la Constitución Nacional. Pero, sobre todo, cita las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado argentino sobre el caso.
- Recuerda que, según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del beneficiario”, y agrega: “En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representante”.
- Recuerda también que la CIDH instó al Estado a esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo Castro. “Es por ello que, considero de decisiva relevancia asegurar la observancia de las garantías imperantes en la conducción del proceso por todos los agentes judiciales intervinientes, y que se asegure una exhaustiva y profunda exploración de todas las líneas de investigación que podrían generarse a fin de dilucidar, esclarecer y –eventualmente determinar las responsabilidades que pudieren surgir a lo largo de la investigación, conforme las recomendaciones efectuadas por la Comisión”.
- Figueroa también rememora el caso Bulacio, donde fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que determinó la “responsabilidad internacional para el Estado Argentino” por su deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus autores y encubridores. “La obligación de investigar debe cumplirse ´con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa´. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación ´[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
- Para Figueroa, “el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo cuando se trata de analizar la imparcialidad objetiva del juzgador, ya que lo que `está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso`”.
Y concluye: “Es imperioso eliminar todo tipo de suspicacia que conduzca a presumir o poner en crisis la independencia del Poder Judicial. A partir de las circunstancias verificadas, es razonable la sospecha de parcialidad alegada por el Ministerio Público Fiscal, conforme la jurisprudencia internacional en cuanto a que el aspecto objetivo de la imparcialidad, exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso”.
La corrupción y la paz

Cristina Castro destaca el voto de Figueroa: “Me llamó la atención que dijera que un juez no solo debe ser imparcial, sino también tiene que parecerlo. Es interesante porque pone el ojo en lo que está pasando. Y, sobre todo, porque intervienen: son los que tienen que hacerlo cuando están actuando mal. Si en tu trabajo no funcionás lo justo es que te saquen. Si no, podés corromperte. Este año ya han fallado para hacer el jury a los jueces del caso de Lucía Pérez, ahora apartaron a Marrón, y tendrían que hacer lo mismo con muchos otros. Así van a empezar a entender lo mal que está la justicia, para poder hacer algo, y pelear desde otro ángulo más justo”.
El juez que reemplazará a Marrón es Walter López Da Silva, del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, un juez que ya intervino en la causa cuando subrogó a Marrón. “Lo primero que tenemos que hacer ahora es tener una audiencia con él en febrero”, dice Cristina. “Lo segundo, seguir con todas las medidas que necesitamos urgente”.
-¿Qué imagen de todo este tiempo se te vino a la cabeza después del fallo?
-Facu se me vino. Su lucha. Está todo el tiempo en mi cabeza. Justo ese día, una docente de Bahía me mandó una foto con Facu sonriendo, con los dedos en V.

Sigue diciendo esa madre: «Mi hijo era feliz en esa foto y tendría que haber sido feliz por mucho tiempo. Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas. Todos los días me levanto así y me acuesto así, pensando que el siguiente puede ser el gran día. Ahora, al menos, podemos empezar el 2022 con el deseo de llevar un poco de paz al alma de Facundo, y de poder tener un poco de justicia como familia».

Nota
1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría
La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.
Por Facundo Lo Duca
El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.
Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.
A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.
Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:
─Señora, su hija se quitó la vida.
La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.
La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.
La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.
La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.
La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.
El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.
La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.
La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.
A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.
Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.
La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.
La bonaerense de Laprida
En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.
Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.
Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.
Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.
Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.
Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.
En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.
Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.
Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.
Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.
#NiUnaMás
3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.
De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.
Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.
El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.


Las voces de las familias
Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida
Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas.
Marisa, mamá de Luna Ortiz
Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios.
Facundo, papá de Luna Ortiz
Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.



Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001
La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.
Thelma Fardin, actriz
Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida.


Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015
Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.
Mónica, mamá de Iara Rueda
Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.




Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli
Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.
Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan
A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años. Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable.
Alfredo, papá de Carla Soggiu
Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.
Mamá de Analía Aros
Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.




Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa
Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.
Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa
Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre».
Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas
Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.
Erika, amiga de Claudia Tuppa
Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.
Familiares de Sofía Fernández
Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar. El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.




Abuela de Chiara Ramírez
Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.
Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje
La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.




Las organizaciones que acompañaron
Sobre el final el micrófono se abrió y las siguientes organizaciones compartieron unas palabras:
· MTR 12 de abril
· Pan y rosas
· Las rojas
· AGD-UBA
· Crculo de amigas feministas
· ATE-CTA Autónoma
· MST
· PSTU
· Movimiento Teresa Rodriguez
· Marabunta
· Isadora – izquierda socialista
· MTL rebelde
· Romina del Plá, plenario de trabajadoras PO.
· Opinión socialista
Nota
El Nunca Más a la violencia patriarcal: foro en Plaza de Mayo

“Este 3J volvemos a salir a las calles” comienza diciendo el comunicado de las Familias de Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones, que convocan este sábado 3 de junio a su primer foro nacional.
Será desde las 12 hasta las 18 horas en Plaza de Mayo. Son más de treinta las familias que promueven la actividad y que compartirán sus experiencias, dolores y lucha durante la jornada. Llegarán desde distintos puntos del país: Mar del Plata, Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy y distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada incluirá dos mesas de intercambio, una marcha y una gran asamblea para elaborar a cielo abierto un petitorio que se presentará a las autoridades responsables de prevenir y responder con políticas concretas la violencia femicida. El documento se construirá así colectivamente.
El contexto: durante 2023, según el registro del Observatorio Lucía Pérez, se produjeron 139 femicidios y travesticidios que dejaron 76 infancias huérfanas. Y hubo además hasta ahora 133 tentativas de femicidios.
Se hicieron también 140 marchas para exigir verdad y justicia. Sin embargo, se sigue soportando un accionar judicial que alienta la impunidad de estos crímenes atroces. Un ejemplo: el reciente femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco, que corre serios riesgos de quedar impune por el desempeño de la fiscalía.
Las actividades, familias convocantes y el documento completo de la convocatoria.
Programación de actividades
12hs: Mesa: Poder Judicial y construcción de la impunidad: las víctimas juzgan al sistema. Qué exigimos.
13hs – 16hs: Inicio de asamblea.
Coordina: Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones.
13.30hs: Marcha de las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones con organizaciones sociales desde el Av. de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo para abrazar a las familias. La asamblea recibe a la columna y sigue el debate.
16hs: Mesa: La red territorial que da batalla a la violencia patriarcal. Exposición de las organizaciones políticas y sociales que acompañan a las familias.
17hs. Acción artística
18hs: Cierre con llamada de tambores
Familias que convocan
Norma, mamá de Tehuel de La Torre | Marta y Guillermo, padres de Lucia Pérez | Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa | Marisa y Facundo, padres de Luna Ortiz | Alfredo y Roxana, padres de Carla Soggiu | Laura y Gustavo padres, hermanos y sobrinos de Natalia Melmann | Rodrigo, tío de Marina TripodI | Ezequiel, tio de Katerine Moscoso | Mónica y Juan, padres de lara Sabrina Rueda | Blanca, mamá de Agustina Fredes | Sonia, hermana de Joanna Córdoba I Susana, mamá de Julieta Gonzalez | María, mamá de Camila Cinalli | Noemi, mamá de Lia Martinez | Adriana, mamá de Pilar Riesco | Mariela, mamá de Paola Tacacho | Leticia, mamá de Georgina Grispi | Gabriel, hermano de Gisela Lopez | Matilde, mamá de Camila Peñalba | Analia, mamá de Camila Flores | Fabiana, mamá de Julieta Delpino | Lorena, hermana y tía de Susana, Bárbara, Micaela y Marisol | Marta, mamá de Johana Ramallo | Silvana, mamá de Agustina Fernández | Mónica, mamá de Julieta Ortega | Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela Fernández | Víctor, hermano de Micaela Catán | Graciela, tía de Vivi Altamirano | Alejandro, hermano de Sofi Fernández | Adriana, hija de Paula | Patricia, mamá de Micaela Rascovsky | Oscar, papá de Bárbara Zabala | Susana, mamá de Julieta González | Lorena, hermana de Laura Rivero y tía de Thiago | Mónica, mamá de Alejandra Álvarez.
Comunicado completo de la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones
Este 3J volvemos a salir a las calles, esta vez convocando a una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 y hasta las 18. Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones nos proponemos elaborar así, escuchando, reflexionando y elaborando con todas las organizaciones sociales y personas, un petitorio que entregaremos luego a las autoridades responsables de implementar las políticas necesarias para frenar la impunidad y lograr Femicidios Nunca Más.
Soportamos un gran dolor al perder a nuestros seres queridos, pero la carga es todavía más grande porque tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y femicidios relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estas causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del Poder Judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino.
En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir, por ejemplo, peritos de parte, ya que los peritos del Poder Judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar trescientos mil pesos?
Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo queremos verdad y justicia.
Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres, trans y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si salimos a reclamar, el Poder Judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez. La violencia contra nuestras víctimas nunca frena. Esa es la máquina que alienta los femicidios.
No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando.
Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.
Este sábado 3 de junio, realizaremos una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 hs. El micrófono estará abierto para todas las familias, víctimas, activistas y organizaciones que deseen tomar la palabra.
Ni una menos. Ni una más. Basta de violencia. Basta de femicidios.
Basta de impunidad.
Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones
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