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“Un sopapo a la impunidad”: fue apartada la jueza en la causa de Facundo Castro

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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar a la jueza María Gabriela Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 22 años de Pedro Luro, ocurrida en 2020. La medida fue celebrada por la familia como un avance importante en el pedido de verdad y justicia: Marrón fue una pieza clave en la construcción de impunidad, trabando medidas cruciales para la investigación, orientando las sospechas a la propia familia. Su recusación también había sido requerida por los dos fiscales del caso. Qué dijo cada juez. Las referencias a la CIDH y al caso Bulacio. Y el deseo de Cristina para lo que viene: “Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas” dijo a lavaca. Compartimos el fallo completo.

“En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los representantes del MPF (Ministerio Público Fiscal), al que adhirieron además los querellantes de autos, y APARTAR a la señora jueza María Gabriela Marrón de la tramitación de estas actuaciones”.

Cuando a Cristina Castro le comunicaron este fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal conocido este lunes, no pudo parar de llorar. “No lo podía creer,  porque pensé que nos pateaban para febrero. Me acordé cuando fuimos a CABA, que dijimos que íbamos a revertir esta situación, que era lo que nos impedía seguir avanzando”, dice a lavaca. “Lo que no esperaba era este cachetazo que le dan: esta clase sobre cómo debe actuar un juez”.

Es que la resolución de la Sala I llegó un 27 de diciembre y eso significa que, al menos, Cristina y su familia tiene un motivo para respirar en vistas al 2022: los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la jueza Ana María Figueroa, resolvieron por unanimidad correr a la jueza Marrón de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo. El pedido de recusación era uno de los principales reclamos de Cristina para avanzar por el pedido de verdad y justicia, acompañada por sus abogados y por el equipo de la Comisión Provincial de la Memoria. Este año sumó la actuación de los fiscales Andrés Heim (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y Horacio Azzolín (Unidad Especializada en Ciberdelincuencia), quienes también habían exigido la recusación ya que denunciaron que la magistrada había perdido “la imparcialidad que debe tener como jueza del caso”. Cabe recordar que tanto Heim como Azzolín habían sido designados por la Procuración General de la Nación luego de que la familia lograra apartar al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, también denunciado por entorpecer la investigación de forma nociva para el pedido de verdad.

Cristina, la madre de Facundo: «Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas».

“El fallo nos abre un buen panorama para lo que vendrá, y ahora es posible entender un poco todos los ataques que hemos sufrido en este tiempo”, valoró en diálogo con lavaca el abogado Leandro Aparicio, quien fue víctima de denuncias y aprietes por parte de la policía, la justicia y el operador mediático Germán Sasso, uno de los principales impulsores de la versión policial. “Ahora hay que encauzar la investigación en donde siempre tuvo que haber estado: la desaparición forzada”.

Cristina, además, destaca el tiempo que le dedicaron los jueces a esta “clase sobre cómo debe actuar un juez”, tal como lo definió ella: el fallo ocupa unas 47 fojas.

Por eso, afirma: “Fue un sopapo a la impunidad”.

Todo lo que no debe hace una jueza

Facundo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 cuando salió de su casa en Pedro Luro en dirección a Bahía Blanca para ir a ver a su exnovia y su cuerpo esqueletizado fue encontrado por un pescador en un cangrejal inhóspito el 15 de agosto de ese año. Su desaparición coincidió con el momento más crítico de la pandemia desde el punto de vista de las medidas sanitarias y de cómo la policía tradujo esa política en los territorios.   El último contacto del joven de 22 años fue con diversos oficiales de la Bonaerense, y a partir de ahí la causa fue acumulando hechos que orientan las hipótesis hacia ese sector, en particular a los oficiales Mario Sosa, Jana Curuhuinca, Xiomara Flores y Alberto González, con las operaciones que la familia tuvo que sufrir, además, del propio Estado, por el accionar del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En medio de ese peregrinaje por la verdad, la familia siempre se encontró con la reticencia del poder judicial.

Por ese motivo, la querella decidió recusar a la jueza Marrón, que se había negado a medidas de prueba cruciales como el secuestro de móviles o teléfonos policiales, entre otras, además de revictimizar a la familia y tratarla de mentirosa. Sin embargo, el 30 de marzo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca había rechazado el pedido, por lo que los fiscales interpusieron un recurso de casación, que motivó este fallo.

En ese caso, los fiscales Heim y Azzolín, junto a la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, expresaron que la resolución era asimilable a una “sentencia definitiva” ya que la continuidad de la jueza Marrón sellaría “el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación”.

El cangrejal en el que fue encontrado Facundo. Imagen de una de las producciones realizadas por la revista MU investigando la desaparición. Foto: Sebastián Smok.

Y apuntaron:

  • “La decisión puesta en crisis, a entender de este Ministerio Público, tiende a garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes al tornar al proceso judicial en una ficción que vuelve infructuosa cualquier actividad que pudiera llevarse adelante con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la obligación de tomar medidas judiciales efectivas para impedir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos”.
  • “Cabe afirmar que el magistrado actuante (por Marrón) realiza […] una errónea valoración de la prueba producida en autos y una ponderación de enunciados dogmáticos, concluyendo con un razonamiento alejado de las reglas de la sana crítica racional, ya que mediante la ausencia o la apariencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación por medio de la anuencia en la introducción de hipótesis que ninguna de las partes aportó”.
  • “La actuación de la jueza en el proceso ha reflejado un claro temor fundado de parcialidad: obstruyendo y demorando la producción de prueba relevante para el caso; sentando una posición casi inexpugnable de avance de la pesquisa o la concreción de medidas de pruebas que involucran de manera directa al personal policial que ha tenido contacto directo con Facundo Astudillo Castro, previo a su desaparición”.
  • También subrayan que puso “en duda la veracidad de los dichos de Cristina Castro Alaniz y auxiliares de la justicia (perito de parte propuesto por la querella particular); construyendo y consolidando una única verdad, un dogma […] que, descartando sesgada y arbitrariamente las diversas aristas que presenta el caso, intenta imponer como única posibilidad que la víctima murió ahogada por sumersión de manera accidental en el estuario donde fue encontrado su cuerpo, y en esa empresa, ha incurrido en una clara y flagrante intromisión en las facultades de resorte exclusivo de esta parte”.

Sobre este lapidario diagnóstico es que los jueces se expresaron.

El fallo

El primer voto fue del juez Petrone:

“Entiendo que, a partir de las circunstancias verificadas en este legajo (…), el temor de parcialidad alegado por los recurrentes resulta razonable. En efecto, en el marco de una investigación delegada en los términos del art. 196 bis del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), las decisiones adoptadas por la magistrada Marrón, así como también su falta de respuesta oportuna ante determinadas peticiones del Ministerio Público Fiscal, permiten sospechar fundadamente que aquella habría asumido una hipótesis de ocurrencia de los hechos, no obstante tratarse de una cuestión que será materia de decisión más adelante, que incidiría en su apreciación sobre las líneas de investigación que los acusadores consideran pertinentes profundizar”.

El juez Barroetaveña adhirió.

El voto más interesante fue el de la jueza Figueroa, ya que encuadró su análisis en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, incorporados a la Constitución Nacional. Pero, sobre todo, cita las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado argentino sobre el caso.

  • Recuerda que, según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del beneficiario”, y agrega: “En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representante”.
  • Recuerda también que la CIDH instó al Estado a esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo Castro. “Es por ello que, considero de decisiva relevancia asegurar la observancia de las garantías imperantes en la conducción del proceso por todos los agentes judiciales intervinientes, y que se asegure una exhaustiva y profunda exploración de todas las líneas de investigación que podrían generarse a fin de dilucidar, esclarecer y –eventualmente determinar las responsabilidades que pudieren surgir a lo largo de la investigación, conforme las recomendaciones efectuadas por la Comisión”.
  • Figueroa también rememora el caso Bulacio, donde fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que determinó la “responsabilidad internacional para el Estado Argentino” por su deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a sus autores y encubridores. “La obligación de investigar debe cumplirse ´con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa´. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación ´[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
  • Para Figueroa, “el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo cuando se trata de analizar la imparcialidad objetiva del juzgador, ya que lo que `está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso`”.

Y concluye: “Es imperioso eliminar todo tipo de suspicacia que conduzca a presumir o poner en crisis la independencia del Poder Judicial. A partir de las circunstancias verificadas, es razonable la sospecha de parcialidad alegada por el Ministerio Público Fiscal, conforme la jurisprudencia internacional en cuanto a que el aspecto objetivo de la imparcialidad, exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso”.

La corrupción y la paz

La jueza Marrón, desplazada.

Cristina Castro destaca el voto de Figueroa: “Me llamó la atención que dijera que un juez no solo debe ser imparcial, sino también tiene que parecerlo. Es interesante porque pone el ojo en lo que está pasando. Y, sobre todo, porque intervienen: son los que tienen que hacerlo cuando están actuando mal. Si en tu trabajo no funcionás lo justo es que te saquen. Si no, podés corromperte. Este año ya han fallado para hacer el jury a los jueces del caso de Lucía Pérez, ahora apartaron a Marrón, y tendrían que hacer lo mismo con muchos otros. Así van a empezar a entender lo mal que está la justicia, para poder hacer algo, y pelear desde otro ángulo más justo”.

El juez que reemplazará a Marrón es Walter López Da Silva, del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, un juez que ya intervino en la causa cuando subrogó a Marrón. “Lo primero que tenemos que hacer ahora es tener una audiencia con él en febrero”, dice Cristina. “Lo segundo, seguir con todas las medidas que necesitamos urgente”.

-¿Qué imagen de todo este tiempo se te vino a la cabeza después del fallo?

-Facu se me vino. Su lucha. Está todo el tiempo en mi cabeza. Justo ese día, una docente de Bahía me mandó una foto con Facu sonriendo, con los dedos en V.

La imagen que menciona Cristina. Facundo, abajo, a la derecha, con remera blanca, sonrisa grande y los dedos en V.

Sigue diciendo esa madre: «Mi hijo era feliz en esa foto y tendría que haber sido feliz por mucho tiempo. Todos los días me levanto diciendo que hoy puede ser el día de llevar a quienes mataron a mi hijo tras las rejas. Todos los días me levanto así y me acuesto así, pensando que el siguiente puede ser el gran día. Ahora, al menos, podemos empezar el 2022 con el deseo de llevar un poco de paz al alma de Facundo, y de poder tener un poco de justicia como familia».

La sonrisa de Facundo, otro caso en el que se espera que «justicia» sea algo más que una palabra bella.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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