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Informe América: la crueldad como sistema de producción de noticias

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A las diez de la mañana y en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, fue presentado hoy el Informe América elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América Tevé hacia trabajadoras y trabajadores. También fue entregado, al término de esta presentación, ante la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). También se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

“Somos la Asociación de Periodistas Argentinas y para nosotras es un hito poder contarles por qué estamos intermediando, que es nuestro rol histórico como periodistas, en este caso en especial”, arrancó la periodista Nancy Pazos.

Estaban presentes en la sala Romina Chiesa, Directora Nacional de Protección del Ministerio de Mujeres; Paolo Petrecca, Director General de Protección de Derechos de la Defensoría del Público; Paula Gueler, Directora de las Relaciones con las Audiencias de la Defensoría del Público; Gladys Benitez, Secretaria de la Mujer de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Silvia de León, Secretaria de Género de la CTA; Clarisa Gambera, Directora de Género de ATE y Secretaria de Género de CTA Capital y Silvia Bergallo, Directora de Diversidad de la Secretaria de Género de la CTA a nivel nacional.

Nancy Pazos mencionó las denuncias públicas sobre situaciones de maltrato sucedidas en el canal América TV que hicieron foco en el periodista Antonio Laje. “Investigando un poco más, nos dimos cuenta de que atrás de esas situaciones no hay solamente una persona o dos en conflicto sino que hay un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo. Acá tenemos a una de las víctimas que se animó a hablar, le puso el cuerpo y fue una de las tantas personas que escuchamos llorar en las últimas tres semanas”, refiriéndose a la periodista Eugenia Morea, presente en la sala. El “Informe América” da cuenta de varios testimonios escuchados en estos últimos días por integrantes de Periodistas Argentinas. “Esa información fue transformada en un documento porque estamos seguras de que hay lo suficiente como para iniciar investigaciones y generar un espacio de encuentro donde esto deje de suceder”.  

Silvia Martínez Cassina, Eugenia Morea, Noelia Barral Grigera y Claudia Acuña.

Hijas de esta realidad

El Informe detalla doce casos “con nombre y apellido, algunos de estos casos están judicializados. Hay denuncias de maltrato. Lo concreto es que algo tenemos que hacer, esto no puede quedar así. Hoy es un día especial. Hemos tomado la decisión de presentarlo en este momento porque realmente creemos que no hay más tiempo que perder. Necesitamos que esté la acción del Estado”, sostuvo Nancy Pazos.  La periodista Claudia Acuña sumó: “El convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no está reglamentado, la Ley de Equidad no está reglamentada; entonces tenemos leyes en los medios pero no en la realidad. No tenemos herramientas. Las dos herramientas para el maltrato son el Convenio 190 de la OIT y la Ley de Equidad, que nacieron hijas de esta realidad. No es agenda el tema del maltrato, pero el maltrato es una realidad cotidiana. No estamos hablando de un grito o insulto expresado en un momento de tensión del cierre o el minuto a minuto: estamos hablando de un sistema que se tiene que erradicar. Necesitamos la reglamentación. La tercera herramienta es que se prorrogue la suspensión de despidos. Quienes se animaron a denunciar esta situación están en riesgo”.

La periodista Silvia Martinez Cassina hizo hincapié en dejar en claro qué significa ese maltrato. “Es socavar la autoestima, hostigar, acosar, ningunear. Esto atraviesa todas las edades, todas las etapas laborales, desde alguien que recién empieza y le dicen bueno, bancátela que es el derecho de piso, él o ella es así, es exigente, igual te va a venir bien, no te quejes. Esto termina afectando la salud, hemos visto casos graves, gente que no puede entrar al canal, con ataque de pánico, temblando, con medicación. No poder más y no tener las herramientas en esta cadena de violencia que atenta contra tu autoestima, tu economía, tu salud psicológica, mental, tus vínculos”.  

Nancy Pazos y el informe.

Desde Periodistas Argentinas señalan que se trata de un sistema incentivado, “como si fuera un sistema de producción aceptable: la crueldad como sistema de producción de noticias. La pregunta es: ¿Cómo hacemos para erradicar ese sistema? Y no simplemente hacer foco en lo biográfico. Acá estamos hablando de un sistema y necesitamos las herramientas para combatirlo. Nosotras trabajamos con la palabra y hay compañeras que hoy no pueden hablar. Eso es inaceptable: que denunciar sea hoy un privilegio de pocas. Entiendan que las víctimas no pueden hacerse cargo de hacer justicia. Las víctimas no pueden cargar esa cruz porque está construida con muchos clavos, los clavos de las empresas, los de producción y un Estado que anuncia cosas que en la realidad no las encontrás”, sostuvo Claudia Acuña.

Silvia de León, secretaria de Género de la CTA Autónoma.

La violencia de la precarización

El foco del Informe América, entonces, es exactamente ese: el Estado argentino no tiene un sistema que acepte denuncias de maltrato laboral que sean impulsadas por colectivas, gremios y representaciones sociales. Sólo admite que sean las víctimas individualmente y exponiéndose, en un contexto donde hacerlo tiene consecuencias en sus destinos profesionales. Como sintetizó Periodistas Argentinas: “La principal violencia laboral es la precarización”.

La Asociación Periodistas Argentinas, creada en 2018 e integrada por 198 profesionales del periodismo, intervino en tres situaciones de violencia laboral acontecidas en América TV desde 2019 hasta la fecha. La última incluyó el envio de cartas documento al canal de noticias para exigir derecho a réplica a raíz del descargo ejercido por Antonio Laje.

A continuación reproducimos el Informe América.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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