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Un triunfo de La Resistencia: el tambo cooperativo frenó el desalojo

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La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe suspendió provisoriamente la orden de desalojo contra el tambo cooperativo La Resistencia de Nuevo Alberdi, Rosario, que debía concretarse mañana. Hoy se realizará un festival en Ciudad Futura para celebrar el triunfo y seguir reclamando una solución definitiva.

El último tambo de la ciudad de Rosario, Santa Fe, se llama La Resistencia: pocas veces un nombre fue tan consecuente con su destino.
La Resistencia es una cooperativa de gestión social de 7 hectáreas, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi: las últimas 250 hectáreas de campo en la ciudad, y el botín más deseado por los especuladores inmobiliarios que quieren generar diversos negocios privados amenazando también a las 200 familias que viven allí.
Los empresarios, que venían impulsando aprietes y el desalojo, sufrieron una dura derrota ayer, cuando la Corte Suprema provincial admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido para la Ciudad Futura, que participa de la gestión del tambo, y suspendió por unanimidad la orden de desalojo cuya fecha límite estaba prevista para mañana, jueves 8 septiembre.
La medida del máximo tribunal de Santa Fe dejó en suspenso el fallo de la Cámara de Apelaciones, cuya aplicación, no obstante, era de difícil cumplimiento por el rechazo que generaba. Para resistir la expulsión, se había organizado un festival y vigilia en el tambo con, entre otros, las actuaciones de Bruno Arias y el cantante rosarino Homero Chiavarino.

El festival se realizará igual, hoy a las 17 horas, para celebrar la decisión judicial y reclamar la suspensión definitiva de la orden de desalojo.

El mismo había sido promovido por la empresa Cimar S.A., de Mario Jáuregui, que, aparentemente, quiso emular las delirantes propuestas de aquellos que venden lotes en la Luna: aunque no poseía la propiedad de las tierras, vendía los terrenos.
Al leer la sentencia de la Corte, más de un buitre inmobiliario habrá dicho “qué mala leche”, lamentándose. Pero justamente la buena leche –la que más paga al productor, industrializada allí mismo en una mini planta láctea que le da valor agregado en origen– y el concepto que sustenta el proyecto –concebir a las periferias como un lugar de producción integrado a la comunidad para, así, discutir el modelo de ciudad y desarrollo urbanístico– son las que produjeron el enorme consenso social que salió en su defensa.
El fallo de la Corte no es, en efecto, fruto del azar, sino un triunfo de la movilización que generó la defensa del tambo, paradigma de un modelo de producción justa y sustentable.
No es, tampoco, el triunfo de un sector político determinado ya que su defensa fue asumida por buena parte de la comunidad y viralizada a través del lema “La Resistencia somos todos”.
La Resistencia es, entonces, mucho más que un tambo: es un ejemplo de lo que la construcción colectiva puede hacer.
Es un estornudo: contagia. Y lo hace en la cara de un patrón que intenta asociar el concepto de lo narco a la palabra periferia.
Por eso, La Resistencia es un territorio sin patrón que corporiza una disputa de época: comunidad versus corporaciones.
Y, por eso, también, es necesario adentrarse en sus vericuetos.

Esto no es mala leche

La leche vale más que un palo verde

Antonio Salinas es uno de los integrantes de Ciudad Futura que hace años está ligado al tambo. Desde Rosario, celebra el fallo del máximo tribunal provincial: “Es una buena noticia. El fallo es un manto de legitimidad para la resistencia y para seguir produciendo esa tierra”.
La sentencia de la Corte se generó a partir de un recurso de queja en rechazo a un fallo previo de la Cámara de Apelaciones, que había revocado una suspensión del desalojo por cinco años, dictada en primera instancia, basada en la Ley 13.334.
Dicha norma provincial establece que no pueden desalojarse unidades productivas familiares. Si bien la Corte ratificó el fallo original y frenó el desalojo, aún resta que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
Juan Monteverde es concejal de Rosario y uno de los referentes de Ciudad Futura. También se refiere a la resolución judicial: “La Corte dio admisibilidad al planteo ya que la decisión de la Cámara era arbitraria e inconstitucional”.
Lo que está por debajo del fallo judicial, y explica buena parte del resultado, es el poderoso trabajo desplegado –en el tambo y fuera de él– para exponer todo lo que está en juego a partir de esta situación puntual.

“La idea del tambo representa un ejemplo de lo que planteamos sobre las ciudades: que no sólo tienen que ser un lugar de consumo”, sostiene Tomás Monteverde, el hermano de Juan y también parte de la organización ligada a La Resistencia.

El lunes, antes del fallo de la Corte, Tomás estuvo en Buenos Aires para recoger algunas adhesiones frente a la orden de desalojo. En ese marco, también, propuso pensar el asunto más allá de la cuestión puntual: “La discusión del tambo grafica la lógica inmobiliaria avanzando sobre derechos sociales. El tambo resiste a eso: además de querer seguir produciendo, es un ícono de una forma de entender qué tipo de ciudad queremos. Se trata de la última área de tierra que queda en Rosario. Todo alrededor está lleno de emprendimientos inmobiliarios: al lado del tambo está el country Palo Verde, en el que viven funcionarios del gobierno».

El sistema

La cuestión que señala Tomás Monteverde expone la matriz del conflicto: quién define el diseño y la función de las periferias: ¿el mercado? ¿El Estado? ¿El vínculo espurio que establecen entre ambos? ¿Qué grado de participación tiene la comunidad? La matriz lleva el conflicto a la raíz: al origen.
El tambo La Resistencia surgió hace 40 años, fundado por Alberto Rodríguez. Dos décadas atrás, dejó el emprendimiento en manos de un empleado suyo, Oscar Licera, quien lo gestiona desde entonces. Cuando los integrantes de Giros, el movimiento social que fue el preámbulo de Ciudad Futura, comenzaron a militar en el barrio, conocieron a Oscar. A la par, se enteraron de los aprietes que sufría para despojarlo del lugar. La maniobra incluía una estafa: el comodato que Jáuregui, haciéndose pasar por el dueño de las tierras sin ningún documento que lo probara, le hizo firmar. Según ese curioso documento, el empresario le cedía al tambero la tenencia de las tierras en las que el productor ya tenía derechos.
Una estafa.
Tras ello, Jáuregui intentó todo tipo de maniobras para expulsar a Licera. Otros empresarios ligados a medios de comunicación rosarinos –La Capital– también quisieron meterse para sacar tajada. Varios miembros de Giros se mudaron al tambo para anticiparse a un posible desalojo y acompañar a Oscar.
Estaba empezando a nacer La Resistencia.
Tomás aporta pistas para comprender el embrollo: “En todo el expediente judicial no hay ningún documento que certifique que Jáuregui ni los otros empresarios que aparecieron después sean los dueños de ese lugar”. Más: “A lo largo del juicio, descubrimos que esta situación puntual es, en realidad, el modus operandi que tienen varios especuladores: van a un tipo como Oscar, que hace 20 años vive y labura ahí y tiene derechos adquiridos; le hacen firmar un comodato que, al vencer, les permite quedarse con esos derechos posesorios. Hacen un juicio por desalojo, la Justicia actúa por inercia, el que firmó el comodato se tiene que ir y con ese comodato vencido, automáticamente empiezan a hacer todos los trámites para quedarse con el título de propiedad definitiva”.
Ésa situación se repite en otros casos similares.

La vaca atada

El desarrollo del tambo merece dimensionar qué es lo que se quiere desalojar. Con tiempo y trabajo, La Resistencia atravesó un período de tecnificación y mejora de la capacidad productiva. Con financiamiento nacional de la gestión anterior, crearon una fábrica de dulce y otra de quesos, frente al tambo, lo que convirtió al lugar en una unidad de producción. Oscar y otros vecinos del barrio formaron una cooperativa –La Resistencia– que en medio de la actual crisis del sector lácteo produce entre 400 y 600 litros de leche por día, de los cuales se industrializa la totalidad para elaborar quesos y dulce de leche.
Pensando en un modelo de ciudad, crearon un mundo nuevo.
Esta es, también, otras de las facetas del tambo: él éxito de su modelo social de gestión, que también se verifica en la comercialización: generaron una red de socios que compran una canasta mensual de productos. Además, Ciudad Futura armó una cadena de distribución denominada Misión Antiinflación, que elimina intermediarios y permite comercializar el grueso de la producción a precios económicos.
Con estos elementos sobre la mesa, lo que se intenta desalojar no es sólo un tambo de la periferia de Rosario, sino un modelo de producción colaborativa que, junto a los vecinos del barrio, resiste la codicia de diversos proyectos inmobiliarios que aspiran a la especulación más salvaje.
Un dato más enmarca la avidez por esas tierras de Nuevo Alberdi: la zona es inundable. “El negocio está montado a partir de la inundabilidad –narra Tomás. Los operadores inmobiliarios cuentan con la información de qué zonas van a dejar de ser inundables a partir de determinada acción de gobierno. Una zona que cambia su rótulo de ‘inundable’ a ‘urbanizable’ aumenta su valor 1000 por ciento: ahí está el negocio”.
Agrega: “No es sólo el negocio de un par de gente, es un sistema. Esos terrenos se valorizan si el Estado hace cosas para que dejen de ser inundables. ¿Quién se queda con el valor urbano que se genera a partir de la debida intervención del Estado: la sociedad o un grupo empresario?”.
La respuesta explica por qué La Resistencia tiene un nombre exacto y por qué es mucho más que un tambo que produce quesos y leche.
La Resistencia es la comunidad.

Esto no es mala leche

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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