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Un triunfo de La Resistencia: el tambo cooperativo frenó el desalojo

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La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe suspendió provisoriamente la orden de desalojo contra el tambo cooperativo La Resistencia de Nuevo Alberdi, Rosario, que debía concretarse mañana. Hoy se realizará un festival en Ciudad Futura para celebrar el triunfo y seguir reclamando una solución definitiva.

El último tambo de la ciudad de Rosario, Santa Fe, se llama La Resistencia: pocas veces un nombre fue tan consecuente con su destino.
La Resistencia es una cooperativa de gestión social de 7 hectáreas, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi: las últimas 250 hectáreas de campo en la ciudad, y el botín más deseado por los especuladores inmobiliarios que quieren generar diversos negocios privados amenazando también a las 200 familias que viven allí.
Los empresarios, que venían impulsando aprietes y el desalojo, sufrieron una dura derrota ayer, cuando la Corte Suprema provincial admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido para la Ciudad Futura, que participa de la gestión del tambo, y suspendió por unanimidad la orden de desalojo cuya fecha límite estaba prevista para mañana, jueves 8 septiembre.
La medida del máximo tribunal de Santa Fe dejó en suspenso el fallo de la Cámara de Apelaciones, cuya aplicación, no obstante, era de difícil cumplimiento por el rechazo que generaba. Para resistir la expulsión, se había organizado un festival y vigilia en el tambo con, entre otros, las actuaciones de Bruno Arias y el cantante rosarino Homero Chiavarino.

El festival se realizará igual, hoy a las 17 horas, para celebrar la decisión judicial y reclamar la suspensión definitiva de la orden de desalojo.

El mismo había sido promovido por la empresa Cimar S.A., de Mario Jáuregui, que, aparentemente, quiso emular las delirantes propuestas de aquellos que venden lotes en la Luna: aunque no poseía la propiedad de las tierras, vendía los terrenos.
Al leer la sentencia de la Corte, más de un buitre inmobiliario habrá dicho “qué mala leche”, lamentándose. Pero justamente la buena leche –la que más paga al productor, industrializada allí mismo en una mini planta láctea que le da valor agregado en origen– y el concepto que sustenta el proyecto –concebir a las periferias como un lugar de producción integrado a la comunidad para, así, discutir el modelo de ciudad y desarrollo urbanístico– son las que produjeron el enorme consenso social que salió en su defensa.
El fallo de la Corte no es, en efecto, fruto del azar, sino un triunfo de la movilización que generó la defensa del tambo, paradigma de un modelo de producción justa y sustentable.
No es, tampoco, el triunfo de un sector político determinado ya que su defensa fue asumida por buena parte de la comunidad y viralizada a través del lema “La Resistencia somos todos”.
La Resistencia es, entonces, mucho más que un tambo: es un ejemplo de lo que la construcción colectiva puede hacer.
Es un estornudo: contagia. Y lo hace en la cara de un patrón que intenta asociar el concepto de lo narco a la palabra periferia.
Por eso, La Resistencia es un territorio sin patrón que corporiza una disputa de época: comunidad versus corporaciones.
Y, por eso, también, es necesario adentrarse en sus vericuetos.

Esto no es mala leche

La leche vale más que un palo verde

Antonio Salinas es uno de los integrantes de Ciudad Futura que hace años está ligado al tambo. Desde Rosario, celebra el fallo del máximo tribunal provincial: “Es una buena noticia. El fallo es un manto de legitimidad para la resistencia y para seguir produciendo esa tierra”.
La sentencia de la Corte se generó a partir de un recurso de queja en rechazo a un fallo previo de la Cámara de Apelaciones, que había revocado una suspensión del desalojo por cinco años, dictada en primera instancia, basada en la Ley 13.334.
Dicha norma provincial establece que no pueden desalojarse unidades productivas familiares. Si bien la Corte ratificó el fallo original y frenó el desalojo, aún resta que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
Juan Monteverde es concejal de Rosario y uno de los referentes de Ciudad Futura. También se refiere a la resolución judicial: “La Corte dio admisibilidad al planteo ya que la decisión de la Cámara era arbitraria e inconstitucional”.
Lo que está por debajo del fallo judicial, y explica buena parte del resultado, es el poderoso trabajo desplegado –en el tambo y fuera de él– para exponer todo lo que está en juego a partir de esta situación puntual.

“La idea del tambo representa un ejemplo de lo que planteamos sobre las ciudades: que no sólo tienen que ser un lugar de consumo”, sostiene Tomás Monteverde, el hermano de Juan y también parte de la organización ligada a La Resistencia.

El lunes, antes del fallo de la Corte, Tomás estuvo en Buenos Aires para recoger algunas adhesiones frente a la orden de desalojo. En ese marco, también, propuso pensar el asunto más allá de la cuestión puntual: “La discusión del tambo grafica la lógica inmobiliaria avanzando sobre derechos sociales. El tambo resiste a eso: además de querer seguir produciendo, es un ícono de una forma de entender qué tipo de ciudad queremos. Se trata de la última área de tierra que queda en Rosario. Todo alrededor está lleno de emprendimientos inmobiliarios: al lado del tambo está el country Palo Verde, en el que viven funcionarios del gobierno”.

El sistema

La cuestión que señala Tomás Monteverde expone la matriz del conflicto: quién define el diseño y la función de las periferias: ¿el mercado? ¿El Estado? ¿El vínculo espurio que establecen entre ambos? ¿Qué grado de participación tiene la comunidad? La matriz lleva el conflicto a la raíz: al origen.
El tambo La Resistencia surgió hace 40 años, fundado por Alberto Rodríguez. Dos décadas atrás, dejó el emprendimiento en manos de un empleado suyo, Oscar Licera, quien lo gestiona desde entonces. Cuando los integrantes de Giros, el movimiento social que fue el preámbulo de Ciudad Futura, comenzaron a militar en el barrio, conocieron a Oscar. A la par, se enteraron de los aprietes que sufría para despojarlo del lugar. La maniobra incluía una estafa: el comodato que Jáuregui, haciéndose pasar por el dueño de las tierras sin ningún documento que lo probara, le hizo firmar. Según ese curioso documento, el empresario le cedía al tambero la tenencia de las tierras en las que el productor ya tenía derechos.
Una estafa.
Tras ello, Jáuregui intentó todo tipo de maniobras para expulsar a Licera. Otros empresarios ligados a medios de comunicación rosarinos –La Capital– también quisieron meterse para sacar tajada. Varios miembros de Giros se mudaron al tambo para anticiparse a un posible desalojo y acompañar a Oscar.
Estaba empezando a nacer La Resistencia.
Tomás aporta pistas para comprender el embrollo: “En todo el expediente judicial no hay ningún documento que certifique que Jáuregui ni los otros empresarios que aparecieron después sean los dueños de ese lugar”. Más: “A lo largo del juicio, descubrimos que esta situación puntual es, en realidad, el modus operandi que tienen varios especuladores: van a un tipo como Oscar, que hace 20 años vive y labura ahí y tiene derechos adquiridos; le hacen firmar un comodato que, al vencer, les permite quedarse con esos derechos posesorios. Hacen un juicio por desalojo, la Justicia actúa por inercia, el que firmó el comodato se tiene que ir y con ese comodato vencido, automáticamente empiezan a hacer todos los trámites para quedarse con el título de propiedad definitiva”.
Ésa situación se repite en otros casos similares.

La vaca atada

El desarrollo del tambo merece dimensionar qué es lo que se quiere desalojar. Con tiempo y trabajo, La Resistencia atravesó un período de tecnificación y mejora de la capacidad productiva. Con financiamiento nacional de la gestión anterior, crearon una fábrica de dulce y otra de quesos, frente al tambo, lo que convirtió al lugar en una unidad de producción. Oscar y otros vecinos del barrio formaron una cooperativa –La Resistencia– que en medio de la actual crisis del sector lácteo produce entre 400 y 600 litros de leche por día, de los cuales se industrializa la totalidad para elaborar quesos y dulce de leche.
Pensando en un modelo de ciudad, crearon un mundo nuevo.
Esta es, también, otras de las facetas del tambo: él éxito de su modelo social de gestión, que también se verifica en la comercialización: generaron una red de socios que compran una canasta mensual de productos. Además, Ciudad Futura armó una cadena de distribución denominada Misión Antiinflación, que elimina intermediarios y permite comercializar el grueso de la producción a precios económicos.
Con estos elementos sobre la mesa, lo que se intenta desalojar no es sólo un tambo de la periferia de Rosario, sino un modelo de producción colaborativa que, junto a los vecinos del barrio, resiste la codicia de diversos proyectos inmobiliarios que aspiran a la especulación más salvaje.
Un dato más enmarca la avidez por esas tierras de Nuevo Alberdi: la zona es inundable. “El negocio está montado a partir de la inundabilidad –narra Tomás. Los operadores inmobiliarios cuentan con la información de qué zonas van a dejar de ser inundables a partir de determinada acción de gobierno. Una zona que cambia su rótulo de ‘inundable’ a ‘urbanizable’ aumenta su valor 1000 por ciento: ahí está el negocio”.
Agrega: “No es sólo el negocio de un par de gente, es un sistema. Esos terrenos se valorizan si el Estado hace cosas para que dejen de ser inundables. ¿Quién se queda con el valor urbano que se genera a partir de la debida intervención del Estado: la sociedad o un grupo empresario?”.
La respuesta explica por qué La Resistencia tiene un nombre exacto y por qué es mucho más que un tambo que produce quesos y leche.
La Resistencia es la comunidad.

Esto no es mala leche

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

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El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa. 

Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche

Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”  

Foto: Alejandra Bartoliche

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. 

Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.

1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.

La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.

El por qué de la decisión se impone como pregunta. 

La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.

No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.

Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.

Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.

Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. 

Foto: Alejandra Bartoliche

El contexto

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).

La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”. 

Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una  reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe. 

El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.

La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Foto: Alejandra Bartoliche

El comienzo del juicio oral

En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo. 

La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”. 

Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”. 

¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia. 

Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.

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