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Una de piratas: el negocio detrás del loteo de tierras en El Bolsón

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El proyecto inmobiliario de una “villa turística” al pie del cerro Perito Moreno fue aprobado de la mano del intendente Bruno Pogliano, ex contador de la empresa a cargo de la construcción. La votación escandalosa del Concejo Deliberante, las amenazas a los vecinos, el intendente camporista y el rol del magnate británico Joe Lewis, amigo y anfitrión este año del presidente Mauricio Macri.
El inglés Joseph “Joe” Lewis, pese a la resistencia de los vecinos, logró que el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobara en una sesión especial un loteo de 850 hectáreas en el paraje rural Mallín Ahogado del que salen beneficiadas empresas ligadas a él y al propio intendente, Bruno Pogliano.
El nombre de Lewis resuena en el sur como una combinación de historias de piratas combinadas con el rol de las corporaciones actuales. Los medios modernos eligen llamarlo empresario, magnate y hasta especulador inmobiliario. Según Forbes es una de las 300 personas más ricas del mundo y según Wikipedia vive en Las Bahamas. Pero su entusiasmo por hacer negocios en Argentina sigue creciendo a medida que encuentra agentes inmobiliarios, concejales e intendentes dispuestos a devolverle favores.
Fue lo que ocurrió el 16 de diciembre. La sesión del Concejo Deliberante fue llamada un día antes con características de “extraordinaria”: según cuentan los vecinos, esa maniobra permitió no cederle a ellos la “banca del vecino” estipulada por ley, que debe pedirse con 24 horas de anticipación. Debieron entonces plantarse afuera del Concejo, donde los esperaba un cordón policial, puertas cerradas con postigos y una transmisión en vivo que nunca se concretó.
Votado y aprobado el proyecto, los concejales salieron por una puerta trasera, pasando por los baños de una heladería y escapando de los vecinos a quienes supuestamente representan. Éstos caminaron hasta la Municipalidad e ingresaron al edificio para ocuparlo pacíficamente en señal de protesta. La paz duró unos 15 minutos, hasta que el grupo COER – fuerzas especiales de la policía de Río Negro- entró y tiró gases lacrimógenos para desalojarlos. Entonces impusieron un corte en la ruta 40, altura Avenida San Martín, mantienen un corte a la vera del lugar y estudian presentar diversos recursos de amparo para frenar el avance del proyecto así votado.

Vecinos de la asamblea de El Bolsón en la zona de conflicto. Detrás, el cerro Perito Moreno. Foto: Lina Etchesuri

El Concejo Delirante

“Nosotros le decimos Concejo Delirante, no Deliberante”, dice Felicitas, miembro de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua que en 2013 había logrado frenar el loteo con sus denuncias y presentaciones. “El apoyo del intendente y los concejales es escandaloso, porque fueron comprados, y porque no les importa dónde apuntalar el desarrollo del lugar”, asegura.
En la votación del 16 de diciembre se aprobó la modificación de la tasa municipal, que crea un marco regulatorio para Pampa Ludden, la zona del nuevo loteo; se aprobó también el código de planificación del área y el proyecto del intendente Pogliano, que contempla la construcción de una “villa turística” al pie del cerro Perito Moreno.
En realidad, el proyecto data de antes del 2010 y tiene el sello de Lewis: quienes vieron los planos hablan de un golf club y hasta de una pista privada de aviones, marcas registradas del turismo de élite que el inglés ofrece en con su empresa Hidden Lake en sus 12 mil hectáreas en El Bolsón. “La idea es extender ese dominio, y avanzar sobre las tierras laderas al cerro Perito Moreno con un proyecto de hospedaje turístico”, resume Esteban Santamarina, de la radio comunitaria Alas. “Es que en temporada invernal allí funciona un centro de sky”.
Lewis se muestra así como el ideólogo del proyecto que acaba de aprobar el Concejo llamado Deliberante o Delirante, pero desde un segundo plano, ya que es muy resistido por los vecinos. En 2009 un plebiscito ya había rechazado la construcción de un aeropuerto impulsada por el inglés. La maniobra que lo esconde en el nuevo loteo comienza un año después, 2010, cuando aparece un nuevo concesionario en el centro de sky, la empresa Laderas del Perito Moreno S.A., con un nuevo proyecto: el 17 de junio del 2010 Laderas presentó parte de un proyecto de loteo ante la municipalidad de El Bolsón. Menos de un año después, abril de 2011, Laderas ganó la concesión del Centro Invernal como único oferente.
¿Dónde buscar a Lewis en este mapa? Según investigaron los vecinos, uno de los socios que componen Laderas del Perito Moreno es el empresario Maximiliano Massa, cuñado del operador inmobiliario Nicolás Van Ditmar, mano derecha del millonario inglés y hermano de Vanesa Massa, directiva de la empresa de Lewis, Hidden Lake.
Pero hay más: desde abril de este año, la empresa Hidden Lake lleva adelante un cableado desde su hidroeléctrica privada hacia El Bolsón. Según los vecinos, la obra no tiene habilitación y la traza de cable es diferente a la estipulada por la ley. “En vez de sumarse al interconectado nacional, va hasta El Bolsón pasando por Mallín Ahogado, es decir, por las tierras donde la empresa Laderas pretende hacer el megaloteo”.
Hasta el año pasado contaron con la palabra del intendente Ricardo “Kaleuche” García, de no implementar el proyecto. En diciembre, en una reñida votación, el camporista Bruno Pogliano, de 36 años, se consagró intendente.
Pogliano ya era conocido en El Bolsón por su actividad como contador. Su estudio, fundado junto a su socio Juan Pablo Fabrizio, lleva de hecho la misma dirección que la empresa Laderas a cargo del nuevo loteo: Estudio Pogliano (http://cuiteame.com/ficha/laderas-del-perito-moreno-sociedad-anonima-33711410819) y dirección de Laderas (http://cuiteame.com/ficha/laderas-del-perito-moreno-sociedad-anonima-33711410819).

Pantomimas

La denuncia madre de la Asamblea indica que las tierras de Mallín Ahogado fueron adquiridas en una clásica triangulación que caracteriza a las zonas inexploradas del sur. Lo explica Esteban Santamarina: “La mayoría de los pobladores tienen permiso de pasaje para pastoreo de animales: no es propiedad, ni es transferible”.
Hecha la ley, hecha la trampa.
“Hay una compra de esa zona por 30 y pico de pesos la hectárea. Y luego Maximiliano Massa compró las tierras en menos de 1 año. Se hizo una asociación entre las dos empresas Laderas que tienen licitación del Perito Moreno, que son de Massa. Ahí empieza a aparecer esta intención del loteo”.
La maniobra descripta por Santamarina fue advertida por el Poder Judicial por violación a la Ley de Tierras. En la causa figuran procesados ex funcionarios provinciales y sobre la tierra que ahora pretender lotear existe una orden de “no innovar” hasta tanto se resuelva el juicio por el fraude en su adquisición. En esa sentencia, que está vigente hasta que el fallo sea firme, se recomienda al fiscal general que las tierras vuelvan al dominio público. Paralelamente, los vecinos habían logrado una resolución en 2013 para anular el loteo, argumentando que la zona era sensible por las nacientes de los ríos.
Toda esta intrincada historia de normas y presiones fue resuelta a favor de las empresas por el intendente. Bruno Pogliano pasó por alto el fallo del Tribunal Superior y convocó a una audiencia pública que Esteban Santamarina define como una pantomima: “El 80% de los pobladores está en contra, pero igual los concejales votaron a favor”, resume.
Dice Felicitas de la Asamblea: “Lo que hay por detrás es una cuestión estratégica: permitir a un extranjero instalarse en una área de frontera y en tierras que son muy preciadas para esta comunidad porque están protegidas, sobre todo, por estar cerca de las nacientes de agua. La zona en cuestión se encuentra dentro de una reserva natural municipal y una reserva de la biósfera binacional, ambas prohíben las urbanizaciones”.
Las áreas protegidas, leyes y normativas no han sido impedimento para Lewis: entre 1996 y 1997 se hizo de 12 mil hectáreas en El Bolsón, cerrando el acceso directo al Lago Escondido. Allí, con Hidden Lake ofrece una finca de 3.600 metros cuadrados, un chalet para invitados, anfiteatro y hasta helipuerto. “Turismo netamente de elite. Van con motos de nieve por los glaciares, algo completamente ilegal”, asegura Santamarina.
En marzo de este año, el presidente Mauricio Macri se alojó en la finca de Lewis, sin cargo. Según explicó a Perfil el propio operador inmobiliario implicado en esta historia, Nicolás Van Ditmar, “el Presidente es amigo de la familia Lewis desde hace más de once años”. Los habría unido el fútbol: Macri por Boca y Lewis, dueño del Tottenham.
Y también los negocios.

Doctrina del fuego

Un día después de que transmitieran la audiencia en la que se aprobó el proyecto, la radio comunitaria Alas recibió una amenaza directa. “Les vamos a incendiar la radio”, decía un mensaje de texto anónimo.
La práctica tiene antecedentes difíciles de olvidar: en 2009 fue incendiada Radio Activa, opuesta a estos negocios y negociados, y en el 2015 fue incendiada FM Comarca Andina, la emisora que pertenecía a uno de los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra.
Ese mismo año se incendió además el Centro Comunitario de Mallín Ahogado, donde se reunía la Asamblea en lucha contra el loteo. Esteban Santamarina brinda información y diagnóstico sobre el presente de El Bolsón: “Ahora prendieron fuego la bandera de la soberanía popular, cerca del acampe contra el proyecto, lo cual es otra intimidación que se agrega a las amenazas que recibimos”. No quemaron una de las banderas de la Asamblea que propone algo distinto: “El poder está en nosotros”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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