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La relación entre los incendios patagónicos, las persecuciones y la Ley Bases: la voz de las comunidades mapuche

“Lo están mirando por televisión, y durante mucho tiempo desde Disneylandia” dice en referencia a Patricia Bullrich el lonko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel. La sospechosa inacción nacional y provincial ante los incendios. Los intereses empresarios favorecidos. La Ley Bases que derogó la legislación que prohibía la venta de terrenos incendiados. La criminalización sin pruebas y el negocio de que continúen los incendios. Este es el panorama que Jorge Nawel describió a lavaca.
¿Cómo describiría qué es lo que está ocurriendo en la Patagonia, de Neuquén a Chubut?
Se está generando una situación realmente trágica en la región. Más de 20 mil hectáreas ya han sido quemadas, con un fuego que no parece dispuesto a detenerse. No está ayudando la cuestión climática: hay calores extremos, algo insólito para la región, pero para nada imprevisto. Es absolutamente sabido que el calentamiento global afecta esta región con veranos intensos. El domingo tuvimos 40 grados, algo excepcional en otros tiempos. Los incendios de bosque eran algo totalmente previsible. Algo que no tuvo en cuenta, primero, el gobierno nacional, que dijo: “Me importan un carajo los bosques, no voy a estar gastando estos recursos para apagar incendios”. Y desfinanció lo que era el Servicio Nacional de Manejo del Fuego; es más, cometió la imprudencia de dejarlo en manos de Patricia Bullrich. Eso es una verdadera burla: ¿qué sabe Patricia Bullrich sobre incendios y qué le puede interesar la naturaleza a Patricia Bullrich? No solo eso, sino que anuló programas que estaban previstos para detectar preventivamente posibilidades de incendios. De manera que quedó totalmente decapitada cualquier posibilidad de enfrentar lo que estaba anunciado: estos incendios. Desguazó el sistema de brigadistas de Parques Nacionales, les impuso contratos basura de 3 meses de duración que finalizaron el 30 de diciembre, que es cuando comenzaron los incendios. Todos los brigadistas que hoy están apagando los incendios no saben si sus contratos van a ser renovados; son los que realmente realizan una lucha heroica ante semejante tragedia, con falta de elementos, de equipamiento, de herramientas, falta de apoyo logístico con aviones hidrantes, helicópteros… Nada de eso está ocurriendo, cuando es lo lógico y natural que tenga que tener el Estado para defender semejante patrimonio natural. Entonces, eso por el lado de Nación: se ha lavado las manos, ha dejado en estado de abandono a la provincia. Y la provincia, que tiene una actitud muy subordinada al Estado nacional, no cuestiona eso y comienza a reaccionar cuando ya la tragedia se generó. Entonces, hoy está la provincia tratando de gastar todos los recursos disponibles para proveer de avionetas, de helicópteros, de guardias; están llegando brigadistas de otras provincias, de Buenos Aires, de Córdoba. Todo lo que se tendría que haber hecho antes se está haciendo ahora: eso es lo lamentable de esta situación, no es un drama que nos debería haber sorprendido. Y, sin embargo, hoy estamos con una angustia tremenda.
¿Cómo es el caso de las comunidades de Neuquén?
Las comunidades cuentan que el fuego está llegando a sus viviendas, y eso tiene sumergida en una tremenda angustia a la comunidad Chiw Quiliwil, próxima al volcán Lanín, acá en la región. Y tememos que llegue a otros territorios comunitarios. Imaginate si el viento llega a cambiar y empuja el fuego a la zona de Huechulafquen; ahí todas las familias viven rodeadas de bosque. Estamos haciendo ceremonias comunitarias pidiendo que llueva. Es natural que en febrero llueva, sin embargo, no ha caído una gota de agua en todas estas semanas: eso hace que todo sea más dramático.
¿Quiénes son los responsables de los incendios?
En Neuquén tenemos un problema regional. Vuelvo a repetir que era sabido que esto iba a ocurrir y, a pesar de todo ese conocimiento, en una total locura, el gobierno nacional dejó que ocurriera. Los dos responsables máximos de esta locura son quien preside el área del manejo del fuego, que es Patricia Bullrich, y el presidente de Parques Nacionales, que es Cristian Larsen: ninguno de estos personajes oscuros se ha molestado en venir a esta región, ni para generar demagogia. Lo están mirando por televisión y desde Disneylandia –por Patricia Bullrich–. Es una verdadera burla para toda la gente.
¿Cómo interpretan los desalojos y allanamientos a comunidades de Chubut?
Toda esta inoperancia, esta falta de previsibilidad y este abandono de las herramientas que el Estado creó, ellos lo buscan justificar buscando chivos expiatorios. Y lo que tienen siempre a mano, bajo la doctrina Bullrich, es echarles la culpa a los mapuches. Entonces aparecen titulares del gobernador de Chubut diciendo: “Se detectaron mapuches con antorchas, bidones de combustibles”, pero jamás probó nada. Y lo dicen de una manera descarada, irresponsable, perversa. En Río Negro se copiaron de eso, deteniendo a una decena de voluntarios en El Bolsón que habían ido a ofrecer su ayuda porque saben que el Estado no da abasto. Fueron detenidos, acusados de provocar el incendio: una verdadera locura. Fueron todos absueltos ahora, queda solo uno preso, y se demostró que todo eran falsedades. Mientras ocupan el tiempo en ver cómo persiguen y hacen esta cacería de brujas, nadie para el incendio. No conformes con eso, en Chubut se avanzó un poco más y están allanando comunidades. No solo no se ocupan de sus deberes como funcionarios, sino que desatan una caza de brujas contra las víctimas, que son las comunidades.
¿A qué atribuyen ustedes el origen de los incendios?
Hay un dato bien preciso que es indiscutible. La Ley Bases que fue aprobada a por mayoría del Congreso, derogó la ley que prohibía poner en venta territorios que habían sido incendiados por 60 años Se prohibía la venta o el uso de esas tierras con fines comerciales. Fue una ley muy visionaria porque eso desanimó a muchos que venían encontrando en los incendios la manera de convertir esas tierras en negocios inmobiliarios. Se frenó ese negocio, y a pocos años de que fue aprobada esa ley tan importante, la derogó esa Ley Bases o ley ómnibus. Y lo hizo con el apoyo de los diputados de Neuquén, Río Negro y Chubut, que terminan siendo cómplices. Nosotros visualizamos en Milei al autor de esa locura, pero esa locura la hace con la complicidad de un Congreso que le da los votos necesarios para que esta barbaridad se concrete. Es un negocio absoluto porque muchas de estas ciudades ya no tienen suficiente espacio público y necesitan expandir los barrios privados, los negocios, y estos incendios les abren la posibilidad a ese tipo de emprendimientos.
O sea que ustedes atribuyen fuegos intencionales en tierras que ahora pueden ser negociadas, además de las cuestiones del cambio climático. Sin esa ley, es un piedra libre para incendiar y acceder a esas tierras.
Los incendios pueden tener un origen natural, producto del calor intenso, que cualquier elemento, hasta un vaso roto, puede convertir en una hoguera. Lo que vemos aquí es que el Estado no aplica las medidas preventivas y no invierte. Y lo hace justamente porque atrás hay negocios a los que les conviene que sigan los incendios.
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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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