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Venezuela en su laberinto: el socialismo petrolero

Crisis económica, desabastecimiento y polarización social dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”. Por Raúl Zibech.

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Crisis económica, desabastecimiento y polarización social, dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”. El analista Raúl Zibechi estuvo esta semana en Venezuela y traza un panorama de las tensiones que la atraviesan.
Venezuela

Llenar un tanquede 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52 bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas atrás la astronómica cifra de cien bolívares.

Esta distorsión de los precios es el emergente de una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma, la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.
Una de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara, no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para aprovisionar sus familias numerosas.
La principal diferencia es que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a disminuir.
Maduro
Empate catastrófico
La imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales, y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.
La división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede contribuir a explicar la situación actual. En los estados de Zulia, Táchira y Mérida, entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una situación de “zona liberada”, como en la capital de Táchira, San Cristóbal, cuya universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.
Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas. La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.
Dos hechos parecen evidentes. Que la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de Telesur, asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo, 22 fueron “asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las fuerzas de la burguesía venezolana” (Rebelión, 1 de abril de 2014).
La Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.
Durante el mes de febrero, Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalda de la derecha más ultra, liderada por el detenido Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que “el único camino es la vía electoral”.
La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los motorizados, miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en las calles a la altura de la cabeza.
Incluso el presidente Maduro apoyó públicamente la aparición de los motorizados denunciado que cinco de ellos fueron muertos por francotiradores. “Este golpe de Estado continuado que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño al pueblo, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor para el bien de la patria. Ahora ustedes son visibles, ya no serán más estigmatizados. Los motorizados actuarán haciendo la paz y en este momento están derrotando un golpe de Estado” (El Nacional, 13 de marzo de 2014).
Venezuela marcha opositora
La mala economía
En la comunidad Abya Yala, en las afueras de Barinas, tierras tan secas como fértiles que esperan ansiosas el comienzo de la temporada de lluvias, Ignacio y Edis detallan cómo trabajan la producción de alimentos sin agrotóxicos en base al control biológico de las plagas. Producen hortalizas y frutas, cerdos y aves, que llevan al mercado de la Cooperativa de Autogestión Comunitaria integrada en una de las mayores redes cooperativas de abastecimiento, Cecosesola.
Ignacio, veterinario y productor uruguayo que lleva ocho años en Venezuela, es miembro de una cooperativa cercana que se destaca por una fuerte producción de yuca orgánica. Vive en una cooperativa de reforma agraria, también en las cercanías del capital del estado. Alucina con la tierra porque aquí se pueden cultivar los doce meses del año, mientras en Uruguay sólo es posible hacerlo durante cinco meses. Aunque sigue apoyando el proceso, sostiene que “la inmensa mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria no trabajan la tierra y la abandonan”.
Sabe de lo que habla. Y tiene perfecta conciencia que está tocando un punto neurálgico de la economía bolivariana. Su relato a escala micro se ve reforzado por los datos macro: 56,2 por ciento de inflación en 2013, déficit fiscal cercano al 15 por ciento, caída de las reservas internacionales, importante escasez de alimentos.
Lo más grave es que las cosas vienen empeorando. Hasta mediados de 2013 no faltaban alimentos ni había colas. La inflación venía cayendo hasta 2008, para remontar hacia 2011. Datos a los que debe sumarse una aguda evasión de divisas y que en su conjunto reflejan un problema estructural que los sucesivos gobiernos no han resuelto y que eclosiona con la muerte de Chávez.
El periodista Modesto Emilio Guerrero, venezolano radicado en Argentina, quien apoya el proceso bolivariano, se pregunta cómo es posible que haya desabastecimiento cuando el gobierno controla el 36 por ciento del sistema de distribución de alimentos.
Señala que las 240 empresas creadas, y otras muchas nacionalizadas y estatizadas, no están consiguiendo un aumento de la producción“Hay dos pbi en Venezuela, el petrolero y el no petrolero. El petrolera está intacto, no hay problemas. El pbi no petrolero es el que está liquidado, el privado y el estatal” (Notas, 21 de marzo de 2014).
Es cierto que el desabastecimiento se explica, en cierta medida, por el contrabando de productos con precios regulados hacia Colombia. Pero hay mucho más. El sector privado no crece porque la burguesía no está invirtiendo. Pero Venezuela cuenta con dos enormes plantas de aluminio que no son competitivas y la planta de acero que fue propiedad de Techint y cuya calidad productiva cayó luego que la empresa fue nacionalizada en mayo de 2009. “¿Le vas a echar la culpa al imperialismo?”, dice Guerrero en alusión a quienes sólo esgrimen ese argumento para eludir responsabilidades.
Su explicación va por el lado de la cultura política. Quien fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores, creada por los seguidores de Chávez en 2003, señala que la ineficiencia de estas grandes empresas se debe a “la burocracia sindical, que efectivamente protege un tipo de industria para pagar salarios del Estado. El Estado paga salarios para que no haya crisis social”.
Explica que en Techint la producción era superior cuando era propiedad de la multinacional. Las empresas estatizadas repiten la historia del socialismo real, que hace que donde se producen transformaciones radicales “brota del propio organismo revolucionario, social, un cuerpo venenoso, gangrenoso, que es la llamada burocracia”, que en Venezuela se hizo burguesa y corrupta.
Sembrar petróleo
Arturo Uslar Pietri, uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, publicó en fecha tan temprana como 1936 un artículo periodístico que hizo historia, titulado “Sembrar el petróleo”. Señalaba dos hechos: que la industria petrolera tendría un carácter efímero y además destructivo. En el primer aspecto parece haber errado, en el segundo acertó como pocos.
Ciertamente, la explotación del petróleo se extiende por más de un siglo y Venezuela ha superado a Arabia Saudí como la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Hay petróleo para rato. Pero además consideró que la economía extractiva destruye un país. “La economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente”, porque su productividad “depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional”.
Sostuvo que la explotación de las riquezas del subsuelo podrían “llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable”. La única forma de evitar esa deriva catastrófica sería promover la agricultura y la industria, o sea el trabajo productivo. El petróleo es una mina, y las minas no se producen, se explotan; son riqueza, no economía. En la misma sintonía que Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Rómulo Bentancourt, quien definió al petróleo como “excremento del diablo”.
Uslar Pietri escribió que “la única política económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros”.
Asombroso porque anticipó en setenta años la propuesta de Chávez, con quien simpatizó en sus primeros años. No contó, empero, con la nueva burguesía nacida del corazón del proceso, la llamada boliburguesía.
Las cosas en realidad se agravaron. En 2013 el petróleo representó el 96 por ciento del valor de las exportaciones. Un miembro del gabinete confiesa, en una cena privada, que los intentos por crear una industria textil bolivariana mediante la donación de miles de telares y máquinas a familias que se comprometieron en la producción, tuvo un efecto tan contrario como inesperado: hoy trabajan como maquilas para las multinacionales. Millones de bolívares echados al cesto. O peor, entregados involuntariamente al “enemigo”.
Hablemos de socialismo
La debacle económica no lo explica todo. Pero sobre ella muerden la oposición y la Casa Blanca, que no deja de recordar el aserto del teórico geopolítico con mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, Nicholas Spykman, recordado oportunamente por el profesor brasileño José Luis Fiori. Los países caribeños, incluyendo claro a Colombia y Venezuela, son parte de una región “donde la hegemonía de Estados Unidos no puede ser cuestionada” (Valor, 29 de enero de 2014).
Spykman consideró que la geografía es el factor fundamental de la política exterior porque es el más permanente, y se esmeró en dividir el planeta en zonas donde la superpotencia debería desarrollar acciones diferenciadas. Sobre el Caribe, dijo: “Para todos los efectos se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a los Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia de los Estados Unidos”. Eso explica no sólo la actitud de la Casa Blanca hacia Cuba, sino incluso la imponente reacción militar cuando el terremoto en Haití que llevó a una masiva intervención en la isla.
Así las cosas, es posible que el apoyo del gobierno estadounidense a la rebelión de la derecha ultra esté más relacionado con el viraje de Venezuela hacia Rusia y China que ante un inexistente proceso hacia el socialismo. Vale aclarar que en Venezuela nunca hubo una revolución, en el sentido clásico y habitual del término, sino una ocupación progresiva y pacífica del Estado “realmente existente”. O sea, un proceso reformista, también en el sentido clásico.
El socialismo, siguiendo a sus fundadores, debe asentarse en el trabajo y la producción, no en el reparto de la renta extractiva, aunque éste haya conseguido disminuir la pobreza, mejorar la vida de los sectores populares y abrirles nuevas perspectivas vitales. En ese sentido, la famosa “expropiación de los expropiadores” no es sino la restitución de medios sustraídos a los productores que no puede ser repetida hasta el infinito. Sembrar el petróleo es tanto como sembrar la corrupción. El socialismo no puede ser sembrado, sino laboriosamente construido durante largo tiempo. En este punto, no hay atajos.
Venezuela vive un “empate catastrófico”, término usado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para describir una situación en la que ninguno de los contendientes logra imponerse. Por eso, el camino más probable es un pacto que evite que el país pueda enrumbarse hacia una guerra interna similar a la de Siria, o a una situación de desgobierno como en Libia luego de la caída de Muamar el Gadafi.
La participación de los más importantes empresarios en la reunión con el gobierno el 27 de febrero, la Conferencia Nacional de Paz, puede considerarse un primer paso en esa dirección.
Aunque no participaron miembros destacados del MUD, la presencia del presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, y el presidente de Empresas de Alimentos Polar, Lorenzo Mendoza, dice que la burguesía tradicional venezolana está optando por un camino propio y que no parece doblarse ante los dictados de los ultras ni de Washington.
El Pacto de Puntofijo es el antecedente obligado. Caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para garantizar una mínima estabilidad democrática, los dirigentes de la socialdemócrata Acción Democrática, los socialcristianos de Copei y la centroizquierdista Unión Republicana Democrática, firmaron un acuerdo el 31 de octubre de 1958 que garantizó la gobernabilidad durante medio siglo.
Los partidos se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, gobernar en conjunto sobre la base de un programa mínimo común y a integrar el gabinete con miembros de los dos partidos (urd se retiró del pacto en 1962). La cuestión central era garantizar la democracia frente a los alzamientos militares.
Ahora las cosas son más complejas. Un acuerdo entre la oposición y el gobierno con apoyo de los empresarios, debe neutralizar a la derecha ultra pero también a las bases chavistas, “los colectivos” de las comunas, los motoristas y todos los sectores organizados que han surgido desde el golpe de 2002.
Podar estos sectores del proceso bolivariano, rechazados tanto por la burguesía tradicional como por la boliburguesía incrustada en el gabinete, sería tanto como poner fin al proceso de cambios para garantizarle a la burguesía emergente la continuidad de sus privilegios. Pero a la vista de lo sucedido en Ucrania, donde los de afuera se montaron en las manifestaciones, semejante pacto puede allanar el camino de la intervención estadounidense.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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