Nota
Venezuela en su laberinto: el socialismo petrolero
Crisis económica, desabastecimiento y polarización social dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”. Por Raúl Zibech.
Crisis económica, desabastecimiento y polarización social, dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”. El analista Raúl Zibechi estuvo esta semana en Venezuela y traza un panorama de las tensiones que la atraviesan.
Llenar un tanquede 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52 bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas atrás la astronómica cifra de cien bolívares.
Esta distorsión de los precios es el emergente de una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma, la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.
Una de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara, no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para aprovisionar sus familias numerosas.
La principal diferencia es que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a disminuir.
Empate catastrófico
La imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales, y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.
La división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede contribuir a explicar la situación actual. En los estados de Zulia, Táchira y Mérida, entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una situación de “zona liberada”, como en la capital de Táchira, San Cristóbal, cuya universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.
Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas. La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.
Dos hechos parecen evidentes. Que la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de Telesur, asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo, 22 fueron “asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las fuerzas de la burguesía venezolana” (Rebelión, 1 de abril de 2014).
La Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.
Durante el mes de febrero, Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalda de la derecha más ultra, liderada por el detenido Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que “el único camino es la vía electoral”.
La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los motorizados, miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en las calles a la altura de la cabeza.
Incluso el presidente Maduro apoyó públicamente la aparición de los motorizados denunciado que cinco de ellos fueron muertos por francotiradores. “Este golpe de Estado continuado que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño al pueblo, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor para el bien de la patria. Ahora ustedes son visibles, ya no serán más estigmatizados. Los motorizados actuarán haciendo la paz y en este momento están derrotando un golpe de Estado” (El Nacional, 13 de marzo de 2014).
La mala economía
En la comunidad Abya Yala, en las afueras de Barinas, tierras tan secas como fértiles que esperan ansiosas el comienzo de la temporada de lluvias, Ignacio y Edis detallan cómo trabajan la producción de alimentos sin agrotóxicos en base al control biológico de las plagas. Producen hortalizas y frutas, cerdos y aves, que llevan al mercado de la Cooperativa de Autogestión Comunitaria integrada en una de las mayores redes cooperativas de abastecimiento, Cecosesola.
Ignacio, veterinario y productor uruguayo que lleva ocho años en Venezuela, es miembro de una cooperativa cercana que se destaca por una fuerte producción de yuca orgánica. Vive en una cooperativa de reforma agraria, también en las cercanías del capital del estado. Alucina con la tierra porque aquí se pueden cultivar los doce meses del año, mientras en Uruguay sólo es posible hacerlo durante cinco meses. Aunque sigue apoyando el proceso, sostiene que “la inmensa mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria no trabajan la tierra y la abandonan”.
Sabe de lo que habla. Y tiene perfecta conciencia que está tocando un punto neurálgico de la economía bolivariana. Su relato a escala micro se ve reforzado por los datos macro: 56,2 por ciento de inflación en 2013, déficit fiscal cercano al 15 por ciento, caída de las reservas internacionales, importante escasez de alimentos.
Lo más grave es que las cosas vienen empeorando. Hasta mediados de 2013 no faltaban alimentos ni había colas. La inflación venía cayendo hasta 2008, para remontar hacia 2011. Datos a los que debe sumarse una aguda evasión de divisas y que en su conjunto reflejan un problema estructural que los sucesivos gobiernos no han resuelto y que eclosiona con la muerte de Chávez.
El periodista Modesto Emilio Guerrero, venezolano radicado en Argentina, quien apoya el proceso bolivariano, se pregunta cómo es posible que haya desabastecimiento cuando el gobierno controla el 36 por ciento del sistema de distribución de alimentos.
Señala que las 240 empresas creadas, y otras muchas nacionalizadas y estatizadas, no están consiguiendo un aumento de la producción. “Hay dos pbi en Venezuela, el petrolero y el no petrolero. El petrolera está intacto, no hay problemas. El pbi no petrolero es el que está liquidado, el privado y el estatal” (Notas, 21 de marzo de 2014).
Es cierto que el desabastecimiento se explica, en cierta medida, por el contrabando de productos con precios regulados hacia Colombia. Pero hay mucho más. El sector privado no crece porque la burguesía no está invirtiendo. Pero Venezuela cuenta con dos enormes plantas de aluminio que no son competitivas y la planta de acero que fue propiedad de Techint y cuya calidad productiva cayó luego que la empresa fue nacionalizada en mayo de 2009. “¿Le vas a echar la culpa al imperialismo?”, dice Guerrero en alusión a quienes sólo esgrimen ese argumento para eludir responsabilidades.
Su explicación va por el lado de la cultura política. Quien fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores, creada por los seguidores de Chávez en 2003, señala que la ineficiencia de estas grandes empresas se debe a “la burocracia sindical, que efectivamente protege un tipo de industria para pagar salarios del Estado. El Estado paga salarios para que no haya crisis social”.
Explica que en Techint la producción era superior cuando era propiedad de la multinacional. Las empresas estatizadas repiten la historia del socialismo real, que hace que donde se producen transformaciones radicales “brota del propio organismo revolucionario, social, un cuerpo venenoso, gangrenoso, que es la llamada burocracia”, que en Venezuela se hizo burguesa y corrupta.
Sembrar petróleo
Arturo Uslar Pietri, uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, publicó en fecha tan temprana como 1936 un artículo periodístico que hizo historia, titulado “Sembrar el petróleo”. Señalaba dos hechos: que la industria petrolera tendría un carácter efímero y además destructivo. En el primer aspecto parece haber errado, en el segundo acertó como pocos.
Ciertamente, la explotación del petróleo se extiende por más de un siglo y Venezuela ha superado a Arabia Saudí como la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Hay petróleo para rato. Pero además consideró que la economía extractiva destruye un país. “La economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente”, porque su productividad “depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional”.
Sostuvo que la explotación de las riquezas del subsuelo podrían “llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable”. La única forma de evitar esa deriva catastrófica sería promover la agricultura y la industria, o sea el trabajo productivo. El petróleo es una mina, y las minas no se producen, se explotan; son riqueza, no economía. En la misma sintonía que Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Rómulo Bentancourt, quien definió al petróleo como “excremento del diablo”.
Uslar Pietri escribió que “la única política económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros”.
Asombroso porque anticipó en setenta años la propuesta de Chávez, con quien simpatizó en sus primeros años. No contó, empero, con la nueva burguesía nacida del corazón del proceso, la llamada boliburguesía.
Las cosas en realidad se agravaron. En 2013 el petróleo representó el 96 por ciento del valor de las exportaciones. Un miembro del gabinete confiesa, en una cena privada, que los intentos por crear una industria textil bolivariana mediante la donación de miles de telares y máquinas a familias que se comprometieron en la producción, tuvo un efecto tan contrario como inesperado: hoy trabajan como maquilas para las multinacionales. Millones de bolívares echados al cesto. O peor, entregados involuntariamente al “enemigo”.
Hablemos de socialismo
La debacle económica no lo explica todo. Pero sobre ella muerden la oposición y la Casa Blanca, que no deja de recordar el aserto del teórico geopolítico con mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, Nicholas Spykman, recordado oportunamente por el profesor brasileño José Luis Fiori. Los países caribeños, incluyendo claro a Colombia y Venezuela, son parte de una región “donde la hegemonía de Estados Unidos no puede ser cuestionada” (Valor, 29 de enero de 2014).
Spykman consideró que la geografía es el factor fundamental de la política exterior porque es el más permanente, y se esmeró en dividir el planeta en zonas donde la superpotencia debería desarrollar acciones diferenciadas. Sobre el Caribe, dijo: “Para todos los efectos se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a los Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia de los Estados Unidos”. Eso explica no sólo la actitud de la Casa Blanca hacia Cuba, sino incluso la imponente reacción militar cuando el terremoto en Haití que llevó a una masiva intervención en la isla.
Así las cosas, es posible que el apoyo del gobierno estadounidense a la rebelión de la derecha ultra esté más relacionado con el viraje de Venezuela hacia Rusia y China que ante un inexistente proceso hacia el socialismo. Vale aclarar que en Venezuela nunca hubo una revolución, en el sentido clásico y habitual del término, sino una ocupación progresiva y pacífica del Estado “realmente existente”. O sea, un proceso reformista, también en el sentido clásico.
El socialismo, siguiendo a sus fundadores, debe asentarse en el trabajo y la producción, no en el reparto de la renta extractiva, aunque éste haya conseguido disminuir la pobreza, mejorar la vida de los sectores populares y abrirles nuevas perspectivas vitales. En ese sentido, la famosa “expropiación de los expropiadores” no es sino la restitución de medios sustraídos a los productores que no puede ser repetida hasta el infinito. Sembrar el petróleo es tanto como sembrar la corrupción. El socialismo no puede ser sembrado, sino laboriosamente construido durante largo tiempo. En este punto, no hay atajos.
Venezuela vive un “empate catastrófico”, término usado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para describir una situación en la que ninguno de los contendientes logra imponerse. Por eso, el camino más probable es un pacto que evite que el país pueda enrumbarse hacia una guerra interna similar a la de Siria, o a una situación de desgobierno como en Libia luego de la caída de Muamar el Gadafi.
La participación de los más importantes empresarios en la reunión con el gobierno el 27 de febrero, la Conferencia Nacional de Paz, puede considerarse un primer paso en esa dirección.
Aunque no participaron miembros destacados del MUD, la presencia del presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, y el presidente de Empresas de Alimentos Polar, Lorenzo Mendoza, dice que la burguesía tradicional venezolana está optando por un camino propio y que no parece doblarse ante los dictados de los ultras ni de Washington.
El Pacto de Puntofijo es el antecedente obligado. Caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para garantizar una mínima estabilidad democrática, los dirigentes de la socialdemócrata Acción Democrática, los socialcristianos de Copei y la centroizquierdista Unión Republicana Democrática, firmaron un acuerdo el 31 de octubre de 1958 que garantizó la gobernabilidad durante medio siglo.
Los partidos se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, gobernar en conjunto sobre la base de un programa mínimo común y a integrar el gabinete con miembros de los dos partidos (urd se retiró del pacto en 1962). La cuestión central era garantizar la democracia frente a los alzamientos militares.
Ahora las cosas son más complejas. Un acuerdo entre la oposición y el gobierno con apoyo de los empresarios, debe neutralizar a la derecha ultra pero también a las bases chavistas, “los colectivos” de las comunas, los motoristas y todos los sectores organizados que han surgido desde el golpe de 2002.
Podar estos sectores del proceso bolivariano, rechazados tanto por la burguesía tradicional como por la boliburguesía incrustada en el gabinete, sería tanto como poner fin al proceso de cambios para garantizarle a la burguesía emergente la continuidad de sus privilegios. Pero a la vista de lo sucedido en Ucrania, donde los de afuera se montaron en las manifestaciones, semejante pacto puede allanar el camino de la intervención estadounidense.
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El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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