Víctor Abramovich entra campechano a la señorial sala de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA. Acaba de dar clase sobre Derechos Humanos, el mismo tema que también enseña en la Universidad Nacional de Lanús. Ex Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Legales y Sociales es, desde 2006, uno de los vicepresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tiene a su cargo la relatoría para Colombia, Cuba, Guatemala y Nicaragua. Además, es Relator Especial sobre los derechos de las mujeres en el continente. Tres décadas después de que la dictadura militar tomara el poder, en esta entrevista repasa la agenda de los derechos humanos en la Argentina de hoy.

-A treinta años del nacimiento de los organismos de defensores de los derechos humanos en la Argentina, ¿cuál cree que es la agenda en la que deben trabajar hoy?

-El movimiento que surgió durante la dictadura era más compacto y tenía objetivos específicos: resistir a la dictadura y buscar verdad, justicia y memoria. Si uno mira a las organizaciones históricas, la reapertura de los juicios a los represores hace que su agenda no sea vieja, sigue teniendo vigencia. Además, se están discutiendo políticas de la memoria en las provincias, el espacio de memoria en la ESMA. Pero la agenda de hoy es mucho más amplia. Hay temas que tienen que ver con formas de violencia extendidas y estructurales, como la violencia policial, la violencia carcelaria, la violencia del código Penal. Hay ejecuciones extrajudiciales, torturas en cárceles y comisarías y al aparato penal del Estado le falta racionalidad. ¿Y quiénes son las víctimas de esta violencia? Se trata de problemas que están muy vinculados con procesos de exclusión social. Ahí se abre más la agenda de los derechos humanos que deben bregar por la igualdad, por los derechos civiles y los derechos sociales.

-¿Por qué tras 24 años de democracia subsisten prácticas propias de la dictadura, como las torturas y las ejecuciones extrajudiciales?

– Más allá de avances que se dieron en la transición democrática, todavía no se ha logrado construir un verdadero Estado democrático. Si se miran ciertas instituciones como la Policía o la Justicia eso queda muy claro. Un estado democrático no sólo tiene que declamar principios sino que los debe incorporar en las prácticas concretas de sus agentes e instituciones. Pero no se trata sólo de un problema de malas políticas, también tiene que ver con cuáles son las demandas sociales. ¿En qué medida es un problema para la sociedad que haya este nivel de violencia en las cárceles? Si no es importante para la sociedad, tampoco lo será para las políticas. Pero estos niveles de violencia institucional son incompatibles con ideas de derechos humanos y de democracia.

-Usted habló de la incorporación de los derechos sociales a la agenda de los derechos humanos. Sin embargo, el derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud si bien tienen rango constitucional no son de ejercicio real.

-Se ha avanzado bastante, por lo menos a nivel conceptual, en un reconocimiento de los derechos sociales: ya pueden ser exigibles en los tribunales, igual que los derechos civiles y políticos. Hay tribunales que ya establecieron que algunas prestaciones sociales del Estado no son una gracia, un favor que se le hace a una persona, sino que se trata de la contracara de un  derecho. Existen fallos, por ejemplo, que le restringen el grado de arbitrariedad de la administración a la hora de otorgar prestaciones sociales. Eso es muy importante, porque cuando mayor es el grado de discrecionalidad del Estado es menor el reconocimiento de ciudadanía y hay más posibilidades de corrupción, falta de transparencia y manipulación política. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, las posiciones que plantean que los derechos sociales son apenas un decálogo de buenas intenciones o un programa de acción para los gobiernos eran mayoría hasta hace unos años y ahora quedaron reducidas a una minoría

-¿Esa misma Facultad que ahora reconoce a los derechos sociales es la que vota como decano a Atilio Alterini, un colaborador de la última dictadura militar?

-Paso (risas).

-¿Cómo se trasladan esos avances que usted llama conceptuales a la práctica concreta?

-No es menor que haya avances conceptuales, porque pueden tener consecuencias fácticas, le dan más poder a las personas. Temas como la desaparición forzada de personas o la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se puede traslucir en avances concretos en reclamos judiciales de derechos. Por otro lado, la Corte obligó a que el Estado defina un sistema de ajuste en las jubilaciones de manera tal que guarden relación con los salarios de los trabajadores. No le dice cómo lo tiene que hacer, pero lo conmina a que lo haga. La Corte también exigió un plan de saneamiento del Riachuelo al gobierno. Además, hubo avances en materia de usuarios y consumidores y se ha revisado la legislación de riesgos del trabajo, que a partir de los 90 era muy restrictiva.

-Pero ahí aparece otro tema. Mientras que el trabajo informal ronde el 40 por ciento el reconocimiento de derechos laborales apenas comprende a una porción de la sociedad.

-El otro tema vinculado a los derechos humanos son las condiciones económico-sociales. Es el otro plano de la cuestión. Si bien hubo avances importantes si se piensa en la época de la crisis, me parece que aún hay problemas graves: la tasa de informalidad laboral o los niveles salariales que no recuperaron los niveles previos a la crisis. Hoy el empleo en sí mismo no garantiza la salida de la pobreza. Y eso es un gran problema para el ejercicio de los derechos humanos.

-Con el advenimiento en América latina de distintos gobiernos que ejecutan políticas tendientes a atender los derechos sociales recrudecen las denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se explica esa situación que parece paradójica?

-El problema es que en muchos análisis de los derechos humanos de la región hay un escenario de fuerte polarización política, casi como un clima de Guerra Fría. La lógica es estar con un gobierno o en contra de él. Eso nubla un poco los análisis, porque si uno dice que hay violaciones a los derechos humanos parece que es enemigo de ese país y si no lo dice, resulta que se convierte en un aliado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener un enfoque de los problemas que salga de esa polarización. Una de las formas en que se expresa esa polarización política es tratar de volver a plantear la disyuntiva entre derechos sociales y derechos civiles. A algunos les  parece que la mejora en los derechos sociales es irrelevante si el Estado afecta la libertad de expresión y  otros que consideran que limitar los derechos civiles para realizar los sociales es un mal menor. El desafío de la Comisión es tener una visión integral.

Gualeguaychú, el vigor de la democracia

–Usted describió avances en el reconocimiento legal de los derechos humanos. Sin embargo cada vez con más frecuencia surgen novedosas organizaciones sociales para exigir el cumplimiento de sus derechos con métodos menos convencionales que los estrados judiciales: me refiero a movimientos como el de Gualeguaychú o el de Famatina. A veces parece que es la única manera de hacerse escuchar.

-Creo que no son contradictorios estos movimientos con las instancias judiciales. De hecho, en su discurso también aparecen elementos del derecho: la violación al tratado del río Uruguay, por ejemplo, invocada por los asambleístas de Gualeguaychú. Se da la pelea en el ámbito político y también en el escenario judicial. Los organismos de derechos humanos del 70 nunca abandonaron la Plaza y también dieron batalla en los tribunales. Hoy son muy importantes los movimientos que interpelan al Estado, como los que denuncian la represión policial en la provincia de Buenos Aires, los que se movilizan por los crímenes de la Dársena en Santiago del Estero o en su momento por el caso María Soledad, en Catamarca. Está claro que la política ya no se dirime sólo en los debates de los partidos y en los espacios formales de la representación, como el Congreso. Hoy la democracia es una práctica sumamente compleja  y este tipo de reclamos colectivos tienen que ver con el desarrollo la democracia, que no se reduce sólo a lo electoral. Estas manifestaciones fortalecen la democracia porque propician la reinserción del ciudadano en el sistema político.

-No obstante, las mayores críticas que reciben estos movimientos –sobre todo de los medios de comunicación- es que su accionar por fuera de la representación formal socava las instituciones democráticas.

-Están muy lejos de eso. Esos críticos tienen la idea de que la democracia tiene que estar dentro de un envase formal. Pero, ¿qué debates hay en el Congreso de la Nación? Una ciudadanía activa que reclama en la calle, en los tribunales, que obliga a definir políticas y a introducir temas en la agenda de gobiernos, construye una democracia mucho más vigorosa y activa que la que promueve la idea de la democracia reducida a la participación electoral. Y tampoco hay verdadera representación de toda la sociedad cuando se habla de Consejo Económico-Social, donde se reúnen empresarios y sindicatos, que ya no representan a todos los trabajadores.

-¿El sistema representativo encontró sus limitaciones?

-Se dio mucho este debate con el auge de la protesta social, durante la crisis. Hay intereses sociales que ya no están representados en los partidos, en los sindicatos, y está bueno que tengan un cauce dentro del sistema democrático. Por eso era importante garantizar la protesta social que, lejos de deteriorarla, vigorizaba la democracia con mayor nivel de participación. Sin embargo, hoy todavía existe la criminalización de la protesta: vemos el caso de los trabajadores del Subte, del Hospital Francés. Una cuestión que está pasando es que las formas de protestas cambiaron. Hoy el mundo sindical, por ejemplo, tomó los métodos de los sectores informales, como el corte de calle o el bloqueo. Me parece que el Estado no estaba acostumbrado a enfrentar estas metodologías. Las nuevas formas de protesta no encajan en las políticas de gestión de conflictos que manejan los funcionarios. Esto puede hacer que los conflictos deriven en la justicia en vez de que se gestionen desde la política.

El caso López

-¿Qué significa que treinta años después del golpe haya otro desaparecido? ¿Qué revela la apatía generalizada ante esta nueva desaparición?

– Marca que lo que construimos no es suficientemente fuerte. Es importante, valioso, se han logrado pisos mínimos, pero todavía no construimos un estado democrático. Tardamos treinta años en realizar los juzgamientos, si esto se hubiera hecho hace veinte, tal vez la historia sería otra.

-¿Cómo observó la reacción de los organismos defensores de los derechos humanos ante la desaparición de Julio López?

-Creo que al principio hubo mucha sorpresa. Si bien todo el mundo decía que podía haber represalias y a pesar de que había habido amenazas, hasta ahora no se habían consumado hechos graves de violencia contra víctimas y testigos. Se había eliminado la hipótesis de la desaparición del radar. Cuando fueron pasando los días se cayó en la cuenta de que estábamos frente a una desaparición, vinculada los sectores que estaban siendo investigados en los juicios.

¿La política de la memoria que impulsa el gobierno confundió a los organismos de derechos humanos?

-No creo. Nadie se plantea como hipótesis que el gobierno sea el autor de la desaparición. Lo que están detrás de esto son los que quieren frenar las causa y el gobierno las impulsa. Lo que pasó, me da la sensación, es que en la Argentina se había llegado a la idea de que ciertos niveles de riesgo habían bajado considerablemente. Hace unos años Estela Carlotto firmó un documento en contra de la Policía bonaerense y al otro día casi la matan, le tiroteraron la casa. No obstante, no estaba incorporado en los organismos que los sectores que están siendo juzgados cuentan con recursos y espacios para realizar acciones considerables.

-Pero era al Estado a quien había que exigirle la protección de los testigos y ahora, también, es el responsable de que avance la investigación sobre el paradero de López.

-Son dos cosas. Me parece que un hecho de este tipo sorprendió también al Estado: no había políticas de protección adecuada, todavía se está discutiendo cómo deben ser. Se siguieron los juicios sin conciencia ni de las organizaciones ni del gobierno ni de la Justicia de que había riesgos altos para los testigos, los jueces, los fiscales, las víctimas, los abogados. Por otro lado, las instituciones no avanzan en la investigación por un problema estructural: la justicia tiene un nivel de deficiencia en las investigaciones altísimos. Los grandes crímenes de este país están impunes, por ejemplo la causa AMIA.

-Y sin embargo, las cárceles están superpobladas.

-Uno de los temas institucionales más importantes en materia de defensa de derechos humanos es una drástica reforma del Código Penal. Que las cárceles estén llenas no quiere decir que se investigue algún delito sino que se abusa de la prisión preventiva. Funciona como una pena anticipada. La falta de eficacia de fiscales para investigar y jueces para controlar garantías es manifiesta.

-La tendencia de los últimos años no apunta a resolver esos abusos del Código Penal. Las leyes impulsadas por Juan Carlos Blumberg o el nuevo Código Contravencional porteño buscan profundizar este modelo de justicia.

– Es verdad, no ha habido mejoras en ese sentido.

La discriminación a la mujer: un patrón cultural

-¿Cuál es la situación de la mujer en América latina?

–Si uno mira en una perspectiva histórica hay avances importantes. Veinte años atrás, en casi todos los países de América latina, las mujeres eran consideradas incapaces de derecho. Tenían incapacidad para contratar, no administraban bienes de la sociedad conyugal ni ejercían autoridad sobre hijos. También hubo avances en el reconocimiento de ciertos problemas, como la violencia sobre la mujer tanto a nivel familiar como social. Quizá estos avances se den más en el reconocimiento de derecho que en la efectividad.

-Sin embargo, la mujer sigue siendo discriminada en la mayoría de los ámbitos.

– Hay temas cruciales que están pendientes: Por ejemplo mejorar en términos de igualdad la participación de la mujer en el trabajo, mejorar sus salarios. También hay que mejorar la calidad y participación de las mujeres en la política, en los sistemas de justicia. Muchas cuestiones aún deben resolverse, como la subsistencia del tratamiento penal del aborto.