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Victor Abramovich: «Todavía no construímos un Estado democrático»

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Víctor Abramovich entra campechano a la señorial sala de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA. Acaba de dar clase sobre Derechos Humanos, el mismo tema que también enseña en la Universidad Nacional de Lanús. Ex Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Legales y Sociales es, desde 2006, uno de los vicepresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tiene a su cargo la relatoría para Colombia, Cuba, Guatemala y Nicaragua. Además, es Relator Especial sobre los derechos de las mujeres en el continente. Tres décadas después de que la dictadura militar tomara el poder, en esta entrevista repasa la agenda de los derechos humanos en la Argentina de hoy.

 

-A treinta años del nacimiento de los organismos de defensores de los derechos humanos en la Argentina, ¿cuál cree que es la agenda en la que deben trabajar hoy?

-El movimiento que surgió durante la dictadura era más compacto y tenía objetivos específicos: resistir a la dictadura y buscar verdad, justicia y memoria. Si uno mira a las organizaciones históricas, la reapertura de los juicios a los represores hace que su agenda no sea vieja, sigue teniendo vigencia. Además, se están discutiendo políticas de la memoria en las provincias, el espacio de memoria en la ESMA. Pero la agenda de hoy es mucho más amplia. Hay temas que tienen que ver con formas de violencia extendidas y estructurales, como la violencia policial, la violencia carcelaria, la violencia del código Penal. Hay ejecuciones extrajudiciales, torturas en cárceles y comisarías y al aparato penal del Estado le falta racionalidad. ¿Y quiénes son las víctimas de esta violencia? Se trata de problemas que están muy vinculados con procesos de exclusión social. Ahí se abre más la agenda de los derechos humanos que deben bregar por la igualdad, por los derechos civiles y los derechos sociales.

-¿Por qué tras 24 años de democracia subsisten prácticas propias de la dictadura, como las torturas y las ejecuciones extrajudiciales?

– Más allá de avances que se dieron en la transición democrática, todavía no se ha logrado construir un verdadero Estado democrático. Si se miran ciertas instituciones como la Policía o la Justicia eso queda muy claro. Un estado democrático no sólo tiene que declamar principios sino que los debe incorporar en las prácticas concretas de sus agentes e instituciones. Pero no se trata sólo de un problema de malas políticas, también tiene que ver con cuáles son las demandas sociales. ¿En qué medida es un problema para la sociedad que haya este nivel de violencia en las cárceles? Si no es importante para la sociedad, tampoco lo será para las políticas. Pero estos niveles de violencia institucional son incompatibles con ideas de derechos humanos y de democracia.

-Usted habló de la incorporación de los derechos sociales a la agenda de los derechos humanos. Sin embargo, el derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud si bien tienen rango constitucional no son de ejercicio real.

-Se ha avanzado bastante, por lo menos a nivel conceptual, en un reconocimiento de los derechos sociales: ya pueden ser exigibles en los tribunales, igual que los derechos civiles y políticos. Hay tribunales que ya establecieron que algunas prestaciones sociales del Estado no son una gracia, un favor que se le hace a una persona, sino que se trata de la contracara de un  derecho. Existen fallos, por ejemplo, que le restringen el grado de arbitrariedad de la administración a la hora de otorgar prestaciones sociales. Eso es muy importante, porque cuando mayor es el grado de discrecionalidad del Estado es menor el reconocimiento de ciudadanía y hay más posibilidades de corrupción, falta de transparencia y manipulación política. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, las posiciones que plantean que los derechos sociales son apenas un decálogo de buenas intenciones o un programa de acción para los gobiernos eran mayoría hasta hace unos años y ahora quedaron reducidas a una minoría

-¿Esa misma Facultad que ahora reconoce a los derechos sociales es la que vota como decano a Atilio Alterini, un colaborador de la última dictadura militar?

-Paso (risas).

-¿Cómo se trasladan esos avances que usted llama conceptuales a la práctica concreta?

-No es menor que haya avances conceptuales, porque pueden tener consecuencias fácticas, le dan más poder a las personas. Temas como la desaparición forzada de personas o la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se puede traslucir en avances concretos en reclamos judiciales de derechos. Por otro lado, la Corte obligó a que el Estado defina un sistema de ajuste en las jubilaciones de manera tal que guarden relación con los salarios de los trabajadores. No le dice cómo lo tiene que hacer, pero lo conmina a que lo haga. La Corte también exigió un plan de saneamiento del Riachuelo al gobierno. Además, hubo avances en materia de usuarios y consumidores y se ha revisado la legislación de riesgos del trabajo, que a partir de los 90 era muy restrictiva.

-Pero ahí aparece otro tema. Mientras que el trabajo informal ronde el 40 por ciento el reconocimiento de derechos laborales apenas comprende a una porción de la sociedad.

-El otro tema vinculado a los derechos humanos son las condiciones económico-sociales. Es el otro plano de la cuestión. Si bien hubo avances importantes si se piensa en la época de la crisis, me parece que aún hay problemas graves: la tasa de informalidad laboral o los niveles salariales que no recuperaron los niveles previos a la crisis. Hoy el empleo en sí mismo no garantiza la salida de la pobreza. Y eso es un gran problema para el ejercicio de los derechos humanos.

-Con el advenimiento en América latina de distintos gobiernos que ejecutan políticas tendientes a atender los derechos sociales recrudecen las denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se explica esa situación que parece paradójica?

-El problema es que en muchos análisis de los derechos humanos de la región hay un escenario de fuerte polarización política, casi como un clima de Guerra Fría. La lógica es estar con un gobierno o en contra de él. Eso nubla un poco los análisis, porque si uno dice que hay violaciones a los derechos humanos parece que es enemigo de ese país y si no lo dice, resulta que se convierte en un aliado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe tener un enfoque de los problemas que salga de esa polarización. Una de las formas en que se expresa esa polarización política es tratar de volver a plantear la disyuntiva entre derechos sociales y derechos civiles. A algunos les  parece que la mejora en los derechos sociales es irrelevante si el Estado afecta la libertad de expresión y  otros que consideran que limitar los derechos civiles para realizar los sociales es un mal menor. El desafío de la Comisión es tener una visión integral.

 

 

Gualeguaychú, el vigor de la democracia

 

Usted describió avances en el reconocimiento legal de los derechos humanos. Sin embargo cada vez con más frecuencia surgen novedosas organizaciones sociales para exigir el cumplimiento de sus derechos con métodos menos convencionales que los estrados judiciales: me refiero a movimientos como el de Gualeguaychú o el de Famatina. A veces parece que es la única manera de hacerse escuchar.

-Creo que no son contradictorios estos movimientos con las instancias judiciales. De hecho, en su discurso también aparecen elementos del derecho: la violación al tratado del río Uruguay, por ejemplo, invocada por los asambleístas de Gualeguaychú. Se da la pelea en el ámbito político y también en el escenario judicial. Los organismos de derechos humanos del 70 nunca abandonaron la Plaza y también dieron batalla en los tribunales. Hoy son muy importantes los movimientos que interpelan al Estado, como los que denuncian la represión policial en la provincia de Buenos Aires, los que se movilizan por los crímenes de la Dársena en Santiago del Estero o en su momento por el caso María Soledad, en Catamarca. Está claro que la política ya no se dirime sólo en los debates de los partidos y en los espacios formales de la representación, como el Congreso. Hoy la democracia es una práctica sumamente compleja  y este tipo de reclamos colectivos tienen que ver con el desarrollo la democracia, que no se reduce sólo a lo electoral. Estas manifestaciones fortalecen la democracia porque propician la reinserción del ciudadano en el sistema político.

-No obstante, las mayores críticas que reciben estos movimientos –sobre todo de los medios de comunicación- es que su accionar por fuera de la representación formal socava las instituciones democráticas.

-Están muy lejos de eso. Esos críticos tienen la idea de que la democracia tiene que estar dentro de un envase formal. Pero, ¿qué debates hay en el Congreso de la Nación? Una ciudadanía activa que reclama en la calle, en los tribunales, que obliga a definir políticas y a introducir temas en la agenda de gobiernos, construye una democracia mucho más vigorosa y activa que la que promueve la idea de la democracia reducida a la participación electoral. Y tampoco hay verdadera representación de toda la sociedad cuando se habla de Consejo Económico-Social, donde se reúnen empresarios y sindicatos, que ya no representan a todos los trabajadores.

-¿El sistema representativo encontró sus limitaciones?

-Se dio mucho este debate con el auge de la protesta social, durante la crisis. Hay intereses sociales que ya no están representados en los partidos, en los sindicatos, y está bueno que tengan un cauce dentro del sistema democrático. Por eso era importante garantizar la protesta social que, lejos de deteriorarla, vigorizaba la democracia con mayor nivel de participación. Sin embargo, hoy todavía existe la criminalización de la protesta: vemos el caso de los trabajadores del Subte, del Hospital Francés. Una cuestión que está pasando es que las formas de protestas cambiaron. Hoy el mundo sindical, por ejemplo, tomó los métodos de los sectores informales, como el corte de calle o el bloqueo. Me parece que el Estado no estaba acostumbrado a enfrentar estas metodologías. Las nuevas formas de protesta no encajan en las políticas de gestión de conflictos que manejan los funcionarios. Esto puede hacer que los conflictos deriven en la justicia en vez de que se gestionen desde la política.

 

El caso López

 

-¿Qué significa que treinta años después del golpe haya otro desaparecido? ¿Qué revela la apatía generalizada ante esta nueva desaparición?

– Marca que lo que construimos no es suficientemente fuerte. Es importante, valioso, se han logrado pisos mínimos, pero todavía no construimos un estado democrático. Tardamos treinta años en realizar los juzgamientos, si esto se hubiera hecho hace veinte, tal vez la historia sería otra.

-¿Cómo observó la reacción de los organismos defensores de los derechos humanos ante la desaparición de Julio López?

-Creo que al principio hubo mucha sorpresa. Si bien todo el mundo decía que podía haber represalias y a pesar de que había habido amenazas, hasta ahora no se habían consumado hechos graves de violencia contra víctimas y testigos. Se había eliminado la hipótesis de la desaparición del radar. Cuando fueron pasando los días se cayó en la cuenta de que estábamos frente a una desaparición, vinculada los sectores que estaban siendo investigados en los juicios.

¿La política de la memoria que impulsa el gobierno confundió a los organismos de derechos humanos?

-No creo. Nadie se plantea como hipótesis que el gobierno sea el autor de la desaparición. Lo que están detrás de esto son los que quieren frenar las causa y el gobierno las impulsa. Lo que pasó, me da la sensación, es que en la Argentina se había llegado a la idea de que ciertos niveles de riesgo habían bajado considerablemente. Hace unos años Estela Carlotto firmó un documento en contra de la Policía bonaerense y al otro día casi la matan, le tiroteraron la casa. No obstante, no estaba incorporado en los organismos que los sectores que están siendo juzgados cuentan con recursos y espacios para realizar acciones considerables.

-Pero era al Estado a quien había que exigirle la protección de los testigos y ahora, también, es el responsable de que avance la investigación sobre el paradero de López.

-Son dos cosas. Me parece que un hecho de este tipo sorprendió también al Estado: no había políticas de protección adecuada, todavía se está discutiendo cómo deben ser. Se siguieron los juicios sin conciencia ni de las organizaciones ni del gobierno ni de la Justicia de que había riesgos altos para los testigos, los jueces, los fiscales, las víctimas, los abogados. Por otro lado, las instituciones no avanzan en la investigación por un problema estructural: la justicia tiene un nivel de deficiencia en las investigaciones altísimos. Los grandes crímenes de este país están impunes, por ejemplo la causa AMIA.

-Y sin embargo, las cárceles están superpobladas.

-Uno de los temas institucionales más importantes en materia de defensa de derechos humanos es una drástica reforma del Código Penal. Que las cárceles estén llenas no quiere decir que se investigue algún delito sino que se abusa de la prisión preventiva. Funciona como una pena anticipada. La falta de eficacia de fiscales para investigar y jueces para controlar garantías es manifiesta.

-La tendencia de los últimos años no apunta a resolver esos abusos del Código Penal. Las leyes impulsadas por Juan Carlos Blumberg o el nuevo Código Contravencional porteño buscan profundizar este modelo de justicia.

– Es verdad, no ha habido mejoras en ese sentido.

 

La discriminación a la mujer: un patrón cultural

 

-¿Cuál es la situación de la mujer en América latina?

Si uno mira en una perspectiva histórica hay avances importantes. Veinte años atrás, en casi todos los países de América latina, las mujeres eran consideradas incapaces de derecho. Tenían incapacidad para contratar, no administraban bienes de la sociedad conyugal ni ejercían autoridad sobre hijos. También hubo avances en el reconocimiento de ciertos problemas, como la violencia sobre la mujer tanto a nivel familiar como social. Quizá estos avances se den más en el reconocimiento de derecho que en la efectividad.

-Sin embargo, la mujer sigue siendo discriminada en la mayoría de los ámbitos.

– Hay temas cruciales que están pendientes: Por ejemplo mejorar en términos de igualdad la participación de la mujer en el trabajo, mejorar sus salarios. También hay que mejorar la calidad y participación de las mujeres en la política, en los sistemas de justicia. Muchas cuestiones aún deben resolverse, como la subsistencia del tratamiento penal del aborto.

 

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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