Nota
A 20 años del Caso Bulacio: Yo sabía
El 26 de abril de 1991 Walter Bulacio, 17 años, murió en el Sanatorio Mitre, una semana después de ser detenido arbitrariamente por la Policía Federal, la noche del 19 de abril, en la puerta del Estadio Obras a la espera del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.Junto a 73 personas más, incluyendo varios menores, Walter fue subido a los golpes a los colectivos preparados para el operativo policial que culminó en los calabozos de la comisaría 35º del barrio porteño de Nuñez. Allí el comisario, Miguel Angel Espósito lo golpeó brutalmente en la cabeza provocándole, días más tarde, la muerte.
Hoy, tras 20 años, el comisario sigue impune y no hay ningún detenido en la causa. En esta nota especial para lavaca, Julieta Colomer, una de las fundadoras de la Mesa de Escrache Popular, sintetiza lo que para su generación representa este caso.
Caer por estar parado
Un graffiti pintado en la pared de la comisaría 35º es el comienzo de una historia. La historia de Walter Bulacio. La historia que comienza luego de su muerte.
En la madrugada del 20 de abril, Nazareno, amigo de Walter, detenido junto a él, dejó grabado un mensaje en la pared del calabozo. Un año más tarde, en mayo de 1992, María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio e integrante de Correpi (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional), organización nacida al calor de la movilización popular tras la muerte de Walter, comienza a descifrarlo al encontrar una fotografía de aquel graffit, dentro del expediente judicial: «Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAIMOS POR ESTAR PARADOS». 19/4/91.
«Lo que quiso decir Nazareno -cuenta María del Carmen Verdú- es que los detuvieron por estar parados, haciendo nada, por estar inmóviles, pero para mí fue simbólico porque así de inmóvil estaba el conjunto del campo popular por aquellos años».
¿Qué piensan los jóvenes que hoy tienen 20 años sobre el gatillo fácil y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué piensan de las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes? ¿Qué saben del maltrato y las torturas en cárceles y comisarías? ¿Qué piensan los que aún no habían nacido cuando Walter moría, acerca de lo que es la seguridad? ¿Qué saben de la historia de Walter Bulacio, el joven de Aldo Bonzi, que murió a los 17 años y se convirtió en bandera?
María del Carmen Verdú, se dedicó a sistematizar el laberinto judicial que, en el transcurso de estos 20 años, transitó la causa Bulacio. En su libro Represión en democracia detalla minuciosamente «la larga serie de dictámenes y resoluciones judiciales que demuestran que el Estado Argentino y todos sus gobiernos democráticos desde 1991 han silenciado el caso garantizando la impunidad de los responsables y preservando sus herramientas represivas.»
Un cuadro sinóptico resume los trámites que insumió la causa, desde sus inicios en 1991, hasta diciembre de 2008. En 17 páginas, Verdú despliega cada paso en busca de justicia, que transitó desde los juzgados ordinarios hasta los tribunales internacionales de derechos humanos, obteniendo, en todos estos años, la misma respuesta: impunidad.
Las demoras judiciales para seguir el caso, la prisión preventiva al comisario Espósito sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad, el sobreseimiento de los otros delitos, el sobreseimiento posterior del comisario procesado, son algunos ejemplos de las idas y vueltas que debió atravesar el caso. En 1997 ante la persistencia de demoras judiciales, que implican una violación a la obligación del Estado de administrar justicia, la abogada de la familia Bulacio presentó una denuncia contra el Estado Argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando violados los derechos, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos: a la vida, a la integridad física, a la libertad y a un recurso judicial sencillo y rápido.
Tortura es delito de Estado
Ante la respuesta de la justicia argentina la CIDH presentó la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2001. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado Argentino en septiembre de 2003 y ordenó dos cuestiones que aún no se cumplieron:
- El juicio y castigo a todos los responsables y
- La rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias, ya que puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, como las razzias que, toleradas por jueces y fiscales, permanentemente están violando los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.
«Evidentemente -afirma Verdú- ningún gobierno se va a suicidar quitándole a su fuerza de seguridad las herramientas más útiles para ejercer el control social. Imaginate: si los policías no pudieran detener personas porque sí, quedaría absolutamente coartada la mecánica cotidiana del control, en sentido estricto, desde un punto de vista macro, y además se quedarían sin su fuente de recaudación, porque muchas de esas detenciones se aprovechan para la extorsión, sobre todo a los vendedores ambulantes, a personas en estado de prostitución, es decir a todos los que sobreviven en la vía pública».
Más allá de la interpelación al Estado por la Corte Interamericana y del largo trayecto recorrido durante estos 20 años de impunidad, lo asombroso son los resultados de los juicios: la libertad de los condenados y procesados. Dice Verdú: «En los últimos 8 ó 10 juicios a los que hemos llegado con policías, gendarmes, servicios penitenciarios imputados por delitos con penas en expectativa de 25 años o de prisión perpetua, por homicidios simples, homicidios calificados, tortura, tortura seguida de muerte, en todos los casos llegaron al juicio en libertad y en la mayoría, aún condenados, se fueron en libertad. Situación que es totalmente impensable para cualquier ladrón de gallinas que se morfa la prisión preventiva aunque tenga la causa más idiota. Cuando los acusados son funcionarios públicos, los jueces y fiscales siempre buscan la vuelta para evitar la condena, para que la condena sea mínima o para que, aún si tienen que dar una condena un poco más alta, sean exonerados en un tiempo corto.»
El caso Walter Bulacio puso en cuestión la connivencia del aparato policial-judicial, puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. «En este caso no se salva nadie -dice Verdú- ni los jueces ni los fiscales. Ya no les queda qué inventar y lo siguen inventando. Ahora estamos a las puertas de lo que va a ser la frutilla del postre de la impunidad con este juicio oral que llega mal, tarde, incompleto, que probablemente empiece en agosto. Ya se postergó porque tenía que empezar en abril, donde el único procesado que va a juicio es el comisario Miguel Angel Espósito, ninguno de sus mandantes fue indagado jamás a pesar de que existe reconocimiento oficial de que fue un crimen de Estado. A Espósito se lo va a juzgar únicamente por la privación ilegítima de la libertad. Ni por la muerte ni por las torturas, con lo cual la pena máxima será de 5 años».
3.160
3.160 es la cantidad de jóvenes muertos por la represión policial desde 1983 a la actualidad, que Correpi lleva contabilizados para demostrar que no se trata de casos aislados, de «excesos o errores del personal policial» sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de los pibes pobres.
El caso Walter Bulacio dio visibilidad a los muchos otros que se dan cotidianamente en los barrios marginados de todo el país, en democracia y bajo el discurso de los sucesivos gobiernos que, aún hoy, siguen dando legitimidad a la autonomía de las fuerzas de seguridad. De ese modo simulan la desvinculación de responsabilidades de presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, que parecieran no tener incidencia en el accionar policial.
A lo largo de estos años se han presentado variadas tesis, teorías e hipótesis acerca de la autonomía institucional de la policía. Los integrantes de Correpi, por su parte, también han acumulado experiencia y conocimiento y han desarrollado su propia teoría: la represión policial e institucional forma parte de una política de Estado: «No hay otro sistema de libertades en el marco de un sistema capitalista -afirma Verdú- no se ha inventado, ni se va a inventar en un largo tiempo, otra forma de garantizar la explotación que no sea por la fuerza, a través de la opresión. Y para garantizar esa opresión cuando alguien decide que no quiere andar con el lomo agachado, la única herramienta efectiva es la represión. Los distintos gobiernos democráticos, desde 1991 a la actualidad, se apoyaron en la fabricación de consenso, que es un tipo de represión más sutil, invisible y no percibida como represión. Por un lado, están los que concientemente piden el destacamento policial, la subcomisaría, facultades a los policías para detener pibes, endurecimiento del aparato represivo, baja de la edad de imputabilidad, porque saben que es el modo para garantizar sus privilegios. Y en el extremo opuesto, existe esa otra realidad de cómo ese discurso cala en los que son doblemente víctimas: de la explotación económica, y de esa operación de descerebramiento que les mete en la cabeza el sentido común de la clase enemiga.»
Botón de muestra
«El ensañamiento, la brutalidad con que actúa la policía se da más en aquellos uniformados que no quieren verse reconocidos en el negrito que detuvieron, sino que quieren ser como el comisario que va ‘peinado con alerta’, con sobretodo de pelo de camello y uñas manicureadas, y una casa de 3 o 4 millones de dólares», dice Verdú.
Pienso entonces en el «Mataguachos de Fiorito», el policía retirado José Antonio Pelozo, que había sido jefe de calle de la comisaría 5º de Villa Fiorito. En 2003 asesinó a Matías Bárzola. En 2002 Jorge Chaco González muere en un hospital a causa de las torturas que le aplicaron otros dos policías que integraban el mismo servicio de calle de la comisaría del barrio. Verdú me cuenta: «El Mataguachos vivía en Fiorito a 3 cuadras de la casa de Estela, mamá de Matías, y de Ramona, mamá del Chaco González, en una casita tan humilde como las de ellas. Él no se reconoce con intereses comunes con Estela y Ramona sino con la clase que defiende, y por eso su odio y resentimiento, típicos sentimientos del desclasado. Aparecen los argumentos sobre mejorar el sueldo a la policía o sobre educarlos en Derechos Humanos para que entiendan que están al servicio de la comunidad, para generar mejores vínculos entre vecinos y policías, como la policía de proximidad o la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad. Pero todo ese discurso que suena tan progre y tentador, se cae como castillo de naipes cuando ves que el vecino que va a la comisaría a discutir con el comisario sobre el mapa de criminalidad del barrio, es el mismo que saca de la esquina a escopetazos a los hijos de sus vecinos. Pero además se cae cuando entendés que ese uniformado desclasado siempre va a tener el punto de vista del patrón, nunca del trabajador. El hecho de que provenga materialmente de la misma clase, incluso que venda su fuerza de trabajo a un sueldo que no le alcanza para vivir, no lo determina en la medida que no tiene conciencia. Y no la puede tener nunca porque precisamente son seleccionados de forma tal que, con el entrenamiento posterior, se elimine toda posibilidad de conciencia.»
Uno de los principales ejes de trabajo de Correpi en los barrios de Soldati, Lugano, La Boca y en el conurbano bonaerense se desarrolla en la búsqueda de herramientas que permitan generar la discusión, entre los vecinos, sobre los diferentes consensos y permisos que se establecen en los barrios, los prejuicios, la ignorancia, la falta de comunicación, lo que está bien, lo que está mal, el peligro que representa para algunos la invasión de Gendarmería, mientras que para otros es la única solución posible al problema de la inseguridad.
Organizate y luchá
Esa palabras parecen definir la propuesta de Correpi al llegar a cualquier barrio para dar una charla en la sociedad de fomento, escuelas, clubes de fútbol o directamente en la plaza del barrio. En estos encuentros, cuenta Verdú, «lo que menos hay que explicarles a los pibes es que la policía les pega, los verduguea, los quiere reclutar para robar. O que son los que dirigen las venta de merca en el barrio, que son los que administran los prostíbulos, que son los que hacen negocios con la venta de autos robados. Todo eso los pibes lo saben porque lo viven a diario. Lo que hay que lograr es que asuman la necesidad de organizarse para pelear y no decir ‘yo zafé’ como aparecía en las primeras declaraciones de los otros detenidos que estuvieron con Walter en la comisaría 35º. Cuando el juez les preguntaba qué hicieron después que los encerraron, todos contestaron: ‘Me quedé tranqui’. El disciplinamiento funciona y esa es la barrera que hay que atravesar: arrancar a fuerza de movilización, de denuncia, de presencia en la calle, esa idea metida como tatuaje en la piel de que tenés que quedarte tranqui, porque la vida es así y nada podés hacer».
Las lecciones de Walter
Pregunto: ¿Qué nos enseñó el caso Bulacio como sociedad?
«Primero definí sociedad -me interpela Verdú-. Yo no uso ese término, no hay tal cosa como un ente único llamado sociedad. Hay un Estado en el que viven dos clases: los ricos y los pobres».
Verdú sintetiza las enseñanzas que dejó el caso de Walter para demostrar su hipótesis:
- «A la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir, de hecho se generaron una serie de reformas legislativas y normativas en general a partir del caso Bulacio. Hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara, en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional. Hasta ese momento, con la ley Lázara teníamos la posibilidad de impugnar la ley de origen de la averiguación de antecedentes que estaba reglada en un decreto de la dictadura. A partir de 1995 tenemos una ley del Congreso Nacional: lo único que se modificó es que ahora se castiga como si fuesen delito conductas que no lo son.»
- «A los familiares de los pibes asesinados: les enseñó que hay que organizarse. El caso Bulacio es el que da el espaldarazo final para que, desde ese grupo heterogéneo de militantes antirepresivos que buscábamos camino, termináramos de parir una organización política como Correpi.»
- «A los pibes pobres les dejó un emblema de lucha que ha calado hondo, que genera una necesidad de organización independiente y consecuente a partir del ejemplo de todos los casos. Si vas a Fiorito los chicos saben quién fue el Chaco González, saben quién fue Matías Bárzola, conocen la historia de Leandro y Walter, o los conocen como los pibes de la masacre, con mucha más claridad que a Walter Bulacio, que es más lejano en el tiempo. En Moreno las banderas son Cristofer Torres, o el pibe Bolaños, Miguelito Da Silva, el Checho Casal. Casos y familias que hoy están reconocidas, después de muchos años de pelea, por sus vecinos, los compañeros de colegio de sus hijos, sus familiares, como los referentes en la lucha antirrepresiva en esos barrios. En Morón el símbolo es Sergio Durán, en Ciudad Evita el Pule Otero, en Rafael Castillo, el Peca Rivero, en Talar de Pacheco, Romina Lemos y sigue la lista…»
¿Qué aprendí yo del caso Bulacio?
En el año 1991 yo tenía, como Walter, 17 años, me gustaban los Redondos e iba a recitales de rock. Comenzaba a participar del Centro de Estudiantes y a cuestionar las injusticias.
La experiencia de haber participado en la Mesa de Escrache Popular sin duda dejó marcada una huella, como aquel graffiti en la pared: un mensaje a descifrar, un punto de partida, una historia para contar.
El aprendizaje en el cuerpo que implica organizarse con otros para construir otra justicia, la que nace de abajo y se toma como propia. Aprender a sumar la voz al conjunto para no callar, a poner la memoria en acción para no ser indiferente a la impunidad, a no olvidar, a no delegar, a continuar la lucha de los que ya no están, recordándolos con alegría. Pero sobre todo, creo que en estos 20 años aprendí a cantar en cada recital, en cada manifestación, en cada escrache: «Yo sabía, yo sabía que a Bulacio lo mató la policía».
Nota
Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Nota
La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
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