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Se rompe la orden de silencio en Barrick: el derrame desde adentro

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Por primera vez uno de los responsables de un área clave en la mina Veladero, que explota Barrick Gold, rompe el silencio. Con miedo a perder su trabajo y preocupado por lo que está ocurriendo, cuenta qué pasó el 13 de septiembre de 2015, cuando Veladero derramó cianuro en la cuenca del río Jáchal. Cómo se vive desde adentro la falta de control por parte del Estado, las condiciones precarias de seguridad y el ocultamiento de información. Los perejiles procesados. 
Matías no se llama Matías y pide resguardar su verdadero nombre. Teme arriesgar su puesto de trabajo en Veladero, la mina que explota la multinacional Barrick Gold. Desde algún lugar de San Juan, Matías accede a hablar sobre lo ocurrido hace un año.
Matías es uno de los tantos profesionales que trabajan a más de 5 mil metros de altura para la minera canadiense que explota la Cordillera desde 2004, aunque él fue contratado hace menos de tres años. Hasta el 13 de septiembre de 2015 Barrick venía extrayendo oro y plata en silencio, pero un WhatsApp alertó de un derrame.
Dice Matías: “El mal manejo de información fue quizá lo peor, pero bueno: son actitudes de la empresa corporativa”.
No es un simple operario, pero tampoco tiene un puesto jerárquico. El rol de Matías es monitorear los procesos de producción. Por eso, su mirada es clave.
Dice Matías: “Somos muchos biólogos, ingenieros, y personas jóvenes que trabajan para acomodar las cosas como deben ser. Si tenemos que meter en el sistema interno nuestro un acta de no conformidad, o mandar al frente a alguien, lo hacemos: somos como la policía interna”, describe.
Dice Matías: “No me pongo la camiseta. Hago mi trabajo y mis compañeros también. Y ninguno es un mercenario: trabajamos para organizarnos profesionalmente, es bastante ético. Somos como la herramienta que el mismo sistema generó para evitar que estas cosas pasen. Pero pasó”.
Lo dice Matías: pasó.
Y volvió a pasar.
Millón y la vista gorda
Lo más importante que revela el testimonio de Matías es la falta de control estatal a la mina Veladero.
Dice Matías: “En mi caso, una sola vez al año viene la Secretaría de Ambiente a controlarme”.
Esa Secretaría fue allanada este jueves por el juez federal Sebastián Cassanello para recolectar información sobre Veladero, tras la noticia de un nuevo derrame (https://www.lavaca.org/notas/nuevo-desastre-de-barrick-en-veladero-el-audio-de-la-asamblea/)
Matías dice que la vista gorda estatal empeora su trabajo: “Por mí que vayan todos los meses. No tengo nada que ocultar y también me sirve a mí para perseguir a uno que se mandó una cagada. Porque le puedo decir: ‘mirá, a mí me vigilan inspectores’. Pero no, todos saben que el control es mínimo”.
En San Juan los límites entre los funcionarios estatales y las mineras prácticamente no existen. Un ejemplo: el director de Hidráulica de la provincia -es decir, quien controla el manejo del agua- es un ex empleado de la Barrick Gold, Jorge Millón. Es la misma persona que, de un lado del mostrador, firmó con el gobierno el plan hidráulico que, del otro lado, debe controlar. El plan ideado, firmado y monitoreado por el mismo Millón fija el canon que debe pagar la Barrick por el uso del agua en cinco años de explotación en Veladero.
Correr de atrás
Esta historia es más compleja. El gobierno firmó en 2013 un contrato con la ONU como contralor externo de Veladero. La UNOPS – así se llama la oficina local que tiene en Latinoamérica- tiene como tarea monitorear el “desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Los resultados del trabajo de ese equipo fueron desconocidos hasta diciembre de 2015. Tampoco se sabe cuál es su responsabilidad en la prevención del derrame de un millón de litros de solución cianurada.
La UNOPS remitió a la prensa los hallazgos “preliminares” de un estudio de urgencia, como reacción al derrame del 13 de septiembre de 2015. El informe detalla el hallazgo de cianuro y metales en las zonas más próximas a la mina, pero se encarga de indicar que no hay peligro para el consumo humano.
A contramano de cómo lo mostraron los medios, que hicieron hincapié en la supuesta falta de peligro, la asamblea de Jáchal planteó que el estudio confirma lo que venían denunciando: que la contaminación existió. (https://www.lavaca.org/notas/agua-contaminada-y-potable-la-lectura-de-la-asamblea-de-jachal-del-informe-de-la-onu/).
La UNOPS no solo realiza informes demorados sino que, según cuenta Matías, tampoco controla: “La última vez subió en abril. El invierno ha sido duro, de mucha nieve, y estuvieron un poco restringidos para subir. No sé si van a retomar”.
Derrame en el Titanic
Matías fue uno de los pocos que estuvo en la mina los días posteriores al derrame de 2015. Para explicar qué pasó acude a un ejemplo: “El Titanic no se hundió únicamente por chocar contra un iceberg: hubo una sucesión de eventos que provocaron el hundimiento. Acá pasó lo mismo”.
Ni la justicia lo dijo tan claro.
El juez Pablo Ortija planteó que la causa del derrame fue la rotura de una válvula, de la cual no se conoce su peritaje aún, un año después.
Las versiones que hacen pie en sospechas y fuentes secretas hablaron de:

  • las temperaturas,
  • un sismo,
  • un error humano,
  • la sobreexplotación de la mina.

Matías incluye a todas: “Ese año hemos tenido una temperatura de 30 grados bajo cero. La válvula se congeló. Puede haber sido por factores climáticos externos, y por alguna deficiencia en cuanto a la revisión”.
Sigue Matías: “Es una cuestión física: las piletas de lixiviación tienen un terraplén de material molido, que se estabiliza por una pendiente natural que la da el material. Como un alud, cuando un sector no absorbe más humedad, se mueve porque ya deja de actuar como un sólido; está saturado de agua y se mueve. Ese movimiento de material hizo que la pileta desborde”.
Matías resume: “La válvula moja el lugar, el material empieza a saturarse de agua y eso genera que se salga de los dispositivos de contención”.
¿Cuál fue el iceberg contra el que chocó Veladero?
Matías: “El área de contención tenía levantada la compuerta”.
¿Qué significa ésto?
El desastre.
La compuerta es el último eslabón de seguridad que separa al cianuro de la cuenca de agua.
El eterno no retorno
A un año sin otra versión oficial que la judicial, de la cual los vecinos descreen, la Asamblea sostiene que el derrame fue producto de la sobre explotación de la mina. Para compensar la pérdida de facturación por precios internacionales, subieron el volumen de producción.
Matías sostiene: “El sistema hace que todo lo que se va poniendo en el valle de lixiviación nunca deja de crecer. El material que se va colocando no se remueve: se va acumulando cada vez más. Y todos los años se va construyendo para que ese lugar sea más grande. Hay sectores hechos para que se siga acumulando, y se estipula cuánto van a tirar durante todo el año”.
¿Qué pasa en esta época del año para que ocurran derrames?
Matías: “En septiembre no se puede construir, hay que esperar a octubre, noviembre”.
Las medidas del derrame
La Asamblea lee entre líneas un informe de la propia Barrick Gold que figura en la causa judicial: allí se enumera un compendio de máquinas retroexcavadoras y de construcción, utilizadas para reparar el daño que dejó el derrame. “Si fue sólo una válvula, ¿por qué hizo falta tanto aparato?”, se preguntan.
Matías explica: “Cuando uno tiene una rotura de una cañería, solucionar ese tipo de problemas no es fácil y no es inmediato. Es una contingencia complicada. Para el arreglo lo que se hizo fue contener ese material y volverlo al lugar original. Se cortó la válvula y ese material se contiene ahí con una máquina”.
Opina Matías: “Para mí, se tomaron las medidas correctas”.
Otra de las preguntas de la Asamblea: ¿Es la primera vez que pasa?
Matías responde: “En los años que yo llevo trabajando (menos de tres), sí. Ha habido algún derrame interno, hacia adentro de las instalaciones, pero hacia afuera fue el primero que yo conozco”.
¿Cuántos litros fueron?
Responde Matías: “No sé la versión total de litros porque no he visto esos cálculos. Sí puedo decir que desde que se rompió hay que calcular que el líquido quedó contenido en el sistema de contención del valle; que saturó el material; que una vez saturado desplazó los límites de contención y eso creó la cuneta o la acequia como para que pueda empezar a salir por ahí. Además la compuerta estaba abierta, tuvo que salir y de ahí llegar a un límite de no retorno. Lo que pudo haber salido por la válvula no necesariamente es lo que llegó al río”.
Arriesgá un número.
Responde Matías: “La peor situación planteada es 2.400.000 litros”.
El problema de la solución
¿Qué fue lo que se derramó?
Responde Matías: “Solución cianurada. Es agua a la que se le pone una sal de cianuro, que va pasando por la piedra lava -es como el jabón de la ropa- y va trayendo el oro y eso va arrastrando los minerales. Lo que tenés es una solución con cianuro, un poco de cianuro con oro, un poco de cianuro con plata: era agua cianurada con los complejos materiales que se utilizan. Naturalmente también hay mercurio en esas rocas. Hay un proceso de arrastre de los materiales. Y hay otros metales, pero no sé si se asocian con el cianuro”.
En diversos estudios aparecieron además minerales como el cobre, zinc, manganeso, arsénico, boro (https://www.lavaca.org/notas/un-informe-una-nota-y-una-intimacion/)
Responde Matías: “Entre los otros metales te puedo decir que había oro, plata, mercurio, y el cianuro que puede quedar. Los otros metales no son específicos, no puedo decirte si estaban”.
¿Qué impacto tuvo el derrame?
Responde Matías: “Yo confío en la versión de los informes de la ONU. Creo que el impacto es local, que habla 2 mil metros de cuenca afectados, y dice que el ecosistema se va a recuperar. Mis compañeros tomaron las muestras y he tomado yo muestras y no he cambiado los resultados. Y a mí no me va a comprar mi empresa. No le voy a mentir a mi novia, a mi tía”.
Opina Matías: “Para mí fue un accidente industrial como suele haber en muchos lugares. Que hay responsables y hay cosas mal hechas, seguro”.
Dice Matías: “Trabajamos con lo mejor que se puede, en las condiciones que podemos».
Quién elige a los perejiles
La sentencia judicial procesa a nueve empleados de jerarquía menor de Barrick Gold. Los vecinos de Jáchal dicen que los procesados por el juez Oritja son los famosos «perejiles».
Matías responde: “Dijeron que los señalados eran gerentes, pero son personas como yo, que tenemos responsabilidad en las áreas, pero no tomamos las verdaderas decisiones. Pero hay que echarle la culpa a alguien. Creo que la empresa se junta con las autoridades y buscan a quién clavarle la cuestión penal, para que zafen los de arriba”.
Tras el nuevo derrame, la planta de Barrick Gold quedó paralizada preventivamente. Horas antes de conocerse esta noticia Matías planteaba: “Veladero va a seguir porque ahí hay oro. Tarde o temprano lo van a seguir sacando”.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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