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Chau Monsanto: triunfo de los vecinos en Malvinas Argentinas

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Monsanto aún no lo anunció oficialmente, pero tomaron fuerza las informaciones sobre su salida de Malvinas Argentinas, Córdoba, donde han comenzado las tareas de desmantelamiento de la planta de elaboración de semillas, que ahora sería ocupada por la mexicana Bimbo. Revelaciones en la asamblea y el acampe que impidieron la instalación de Monsanto, el mismo día en que Aapresid -la entidad que nuclea al negocio sojero y transgénico- organizaba su congreso en Rosario.
 
La historia empezó a terminar este miércoles 3 de agosto.
Vanesa Sartori, vecina integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, cuenta a lavaca que la cadena de WhatsApp arrancó temprano con una misma noticia: “Monsanto se va de Malvinas Argentinas”. De esa forma empezó a circular algo que hasta el momento era un rumor que  corría cada vez más fuerte desde principios de esta semana: Monsanto, la multinacional transgénica más grande del mundo, decidió abandonar el predio de esta localidad cordobesa de 12 mil habitantes, donde nunca pudo ponerse a funcionar debido a un bloqueo por la vida de vecinos y vecinas del que se cumplirán tres años dentro de un mes.
El periodista Patricio Eleisegui dio la primicia en el portal iProfesional, que tituló: Baldazo de agua fría para el campo: Monsanto desarma su proyecto de $1500 millones en Córdoba.
La información fue confirmada por el periodista “por una fuente vinculada a la compañía”, que reconoció que el acampe pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión. “No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó”, corroboró la fuente, que justificó la decisión por una cuestión económica: “Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años”.
Vanesa interpreta: “Esa es la excusa formal. Nosotros veíamos que había un intento de salida elegante. El lunes de esta semana llegó al acampe un vehículo de la empresa Astori Estructuras: eran ingenieros que vinieron al predio para ver por dónde podían pasar las grúas. Hablaron con una de las compañeras que estaba presente y le dijeron que tenían orden de desmantelar todo, limpiar las estructuras y pelar el predio. Pero eran sólo palabras. Hoy amanecimos con esta noticia que cayó como una bomba y confirmaba que sí: se van”.
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Procesamientos a funcionarios
A esta información se le suma a la decisión del fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco de imputar al ex intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios, por haber autorizado en forma “aparentemente irregular” el uso del suelo en los terrenos donde Monsanto comenzó a levantar su planta. Según informó La Voz del Interior (http://www.lavoz.com.ar/politica/monsanto-imputaron-funcionarios-y-ediles-que-aprobaron-el-uso-del-suelo), la acusación advierte que “los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo”.
Las obras además estaban detenidas desde 2014 por orden judicial que hizo lugar a un recurso interpuesto por los vecinos para impedir la instalación de la planta de semillas transgénicas. Vanesa subraya: “Sabemos que es una victoria, pero la batalla continúa. Hasta que no se vaya el último tornillo de adentro, el acampe va a seguir”. En paralelo, el sitio cronista.com informó que en lugar de Monsanto la planta será ocupada por la panificadora mexicana Bimbo.
El pueblo como ícono
El barrio cordobés de Malvinas Argentinas se convirtió en el epicentro mundial de la lucha contra la multinacional Monsanto. Sus vecinos bloquean desde el 19 de septiembre de 2013 la construcción de la planta acopiadora de semillas transgénicas más grande del mundo. Un año antes, el 24 de julio 2012, nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.  Desde entonces sufrieron represiones de la policía, de patotas dirigidas por la UOCRA, los visitaron Manu Chao, científicos como el doctor Andrés Carrasco o Raúl Montenegro, referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, la documentalista Marie Monique-Robin y la referente ecologista de la India, Vandana Shiva. En todo el mundo se ha seguido con atención la evolución de este conflicto en el que una comunidad rechaza la imposición de una corporación.
Hasta un informe certificado por el CONICET reveló que el 58% de la población de Malvinas Argentinas considera que la instalación de la planta de Monsanto implicaría un riesgo “alto” para la comunidad. Además, 9 de cada 10 encuestados se manifestó a favor de una consulta popular o referéndum sobre la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, donde el 57 por ciento votaría por “NO” a la instalación de la planta. De todos modos, la Asamblea festejó el último año nuevo con una amenaza de desalojo que los obligó a redoblar los esfuerzos.
Dice Vanesa: “Malvinas se ha convertido hoy en día en un ícono de resistencia. Es una demostración de que el pueblo puede organizarse y, por más que parezca que está todo listo, cerrado y sellado, se pueden revertir esas decisiones. Si la gente se organiza, puede. Hoy estamos todos muy contentos, pero en el fondo nos preguntamos si esto será cierto. Hay una cuestión de desconfianza, un recelo interno de que esto se nos vuelva a escapar. El dato es que la empresa tampoco está saliendo a desmentir la información que todos los medios, incluso los hegemónicos, están dando. Queremos ver cómo se desenvuelve el final”.
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“Siempre tuvimos razón”
Lucas Vaca, otro de los integrantes de la Asamblea, también prefiere ser cauto: “Estamos en una posición buena. Hay posibilidades, hay indicios. Pero todavía no vemos movimiento dentro del predio. Hasta que no veamos una máquina trabajando, oficial desde Monsanto o la municipalidad de Malvinas, no podemos afirmar nada. No nos vamos a ir hasta que no estemos seguros, porque tampoco podemos afirmar que esto no sea una estrategia. Ojala que sea así. La pena es que haya pasado tanto tiempo. Esto significa que siempre tuvimos razón”.
Lucas dice que las imágenes de cuatro años de lucha se suceden una y otra vez en su cabeza. “La verdad es que ya ganamos. Syngenta no se instaló en Córdoba porque no quería que le pasara lo mismo que a Monsanto. Y Monsanto nunca funcionó en Malvinas Argentinas. De alguna manera, fuimos escuchados. Fuimos efectivos en impedir que nos envenenen. Lo hicimos nosotros, el pueblo. Y me da más fuerza para afirmar un mensaje: si no lo hace el pueblo, no lo hace nadie, porque de los políticos no podemos esperar nada”.
Lucas define dos de los componentes esenciales de la lucha: “Dignidad y humildad. Malvinas es un pueblo que tiene dignidad. Porque nunca tuvimos poder de nada, todo fue a pulmón, contra gente muy poderosa. Y pudimos hacer grandes cosas. Lo hicimos entre todos”.
El poder, quizá, significa en realidad esto que se está logrando en esa comunidad.
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Por Carrasco
Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingo (las mujeres que se organizaron en el barrio Ituzaingo-Anexo, también en Córdoba, para denunciar las enfermedades del modelo transgénico que auspicia Monsanto), contesta el teléfono desde el bloqueo. Cuenta que están cortando leña para mantener la choza caliente porque a la noche hace mucho frío. “Hubo abrazos, llanto, felicidad. Si vos me preguntás qué sentimos, sentimos un alivio terrible. Porque muchos de los que estamos acá hemos perdido toda la familia por estar aquí mañana, tarde y noche. Nos han desarmado la familia. Las Madres llevamos 16 años de lucha. Por lo menos es una noticia que nos da esperanza de volver a casa a compartir con nuestras familias un plato de comida”.
Sofía dice que tampoco ven movimiento dentro del predio. “Está todo intacto. Si bien Monsanto dice que se están llevando las cosas, no hay movimiento de nada. También dicen que van a vender los terrenos. Pero desde el bloqueo decimos que nos vamos a quedar hasta saber a quiénes les van a vender los terrenos. Porque si el que los va a comprar va a ser Bayer, nosotros nos vamos a quedar y el acampe va a seguir”.
También cuenta que, luego de las imputaciones a los funcionarios, “gente que responde a ellos” apedreó el acampe.
Pero Sofía no duda: “Malvinas se ha convertido en un pueblo guerrero. Porque acá es el pueblo el que manda. Ellos tuvieron aval nacional, provincial y municipal. Pero el pueblo pudo parar a una de las multinacionales más grandes del mundo. Unido. Salió gente de todos los lugares. Yo no soy de Malvinas, pero estoy acá porque me mataron a mi hija. Tengo a mis hijos con agroquímicos. Permitir que Monsanto se instale era ver a todo el país enfermo”.
Sofía recuerda al científico Andrés Carrasco, ex presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que denunció en 2009 el impacto de los agrotóxicos en la salud de las personas. Eso le valió la persecución de gran parte del arco político y científico, dócil a las corporaciones transgénicas. “Pensar que el doctor Carrasco no pueda ver esto, me entristece”. Carrasco falleció hace dos años, y cada minuto que pasa se agiganta el valor y el coraje de lo que fue capaz de denunciar.

Andrés Carrasco, científico y militante: gracias


 Primavera sin Monsanto
Vanesa ya vislumbra lo que viene. “La idea es convocar a una gran asamblea de todos lo que hemos sido parte de esta lucha para pensar cómo seguir, pero también para festejar y celebrar esta batalla. Y organizarnos para lo que viene. Tenemos que controlar de cerca el final, y en septiembre ya está en camino el festival Primavera Sin Monsanto, que esta vez va a ser enorme”.
Sofía agrega: “Esta vez, va a ser realmente una primavera sin Monsanto”.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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