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Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

Publicada

hace 14 años

29/09/2010

El pasado jueves 23 de septiembre se impulsó un nuevo episodio para intentar desactivar la impunidad. Sobre la avenida Libertador, en el gigantesco predio antes conocido como ESMA y que es ahora el Espacio Cultural Nuestros Hijos, se realizó el Juicio Ético y Político a los Jueces cómplices de la dictadura. Como se demostró luego, no sólo fueron cómplices, sino partícipes necesarios para la suspensión de derechos y la primacía del estado de sitio.

Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Hace unos meses fue el turno de los periodistas (ver: Periodismo y dictadura: juicio ético) y más adelante se seguirán juzgando a los sindicalistas y los miembros de la iglesia católica. Lo que parece tratar de demostrar la Asociación Madres de Plaza de Mayo con estos juicios es anunciarnos que una dictadura requiere de un aval civil expreso en el lenguaje y también en el accionar; que no son monstruos sólo los que perpetran los crímenes, sino también quienes los silencian, los apañan o los incitan.
Unos minutos antes de que comience el juicio, se podía ver a Hebe de Bonafini, que está cerca de cumplir ochenta y tres años, contando anécdotas de la época y con toda la energía para desempeñar su papel, el de miembro del tribunal, que no eran tres, sino dos: Hebe y Eduardo Barcesat. Los fiscales fueron Mariana Seró, estudiante de Derecho en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; y los doctores Hugo Gallardo y Antonio Rojas Salinas. El auditorio estaba lleno; sólo quedaban algunos espacios vacíos en la tribuna del fondo. Todas esas personas sentadas eran el jurado y llevaban un brazalete azul que marcaba a cada uno como «juez».
La lista de imputados

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Al comienzo del juicio, las luces se apagaron y el ambiente se volvió un poco más pesado: sobre una pantalla gigante se proyectaron, una por una, fotos de los acusados. Debajo se narraban sus historias profesionales a modo de prueba para la posterior condena. La presentación incluía ruidos de golpes metálicos, sonidos de bebés gimiendo y de aviones que parecían sobrevolar la sala. La larga lista de imputados mencionó, entre otros:
Eduardo Rafael Riggi: Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para «juzgar la actividad subversiva». En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado. Luego, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación. Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: «No tengo el honor de ser del Opus Dei».
Luis Francisco Miret: La semana pasada fue suspendido en Mendoza por omisiones en las investigaciones de denuncias. «En su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad» desde «los años previos al golpe de Estado instaurado en el año 1976». La afirmación es parte del dictamen que votó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. El documento muestra que conocía los lugares de detención y que incluso se entrevistó con un preso después de la sesión de torturas. También se lo acusa de la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, y se le cuestiona el archivo de la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

Otilio Romano: Fiscal de Mendoza. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de esa provincia, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. El escrito destaca el «compromiso ideológico» de Romano «con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar»

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Wagner Gustavo Mitchell: La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, presentó una denuncia contra el actual miembro de Cámara Nacional de Casación. En 1976 era titular del Juzgado Nacional de Instrucción Número 16 y firmó la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Fue también quien ordenó suspender las pruebas de ADN para los supuestos hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble.

Juan Martín Romero Victorica: El fiscal que suele jactarse de sus «cuarenta y siete años en la Justicia» fue denunciado ante la Procuración por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla por su «parcialidad», que lo lleva a obstaculizar causas que investigan delitos de lesa humanidad. Para defenderse, reiteró que en los ’70, en Argentina, «hubo una guerra», por la que responsabilizó a «marxistas fascistas», algunos de los cuales «están hoy en el poder», y defendió a Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura.
Víctor Hermes Brusa: Fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura. Presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos.
Pedro Cornelio Federico Hooft: «Actuó en evidente complicidad con el aparato represivo que tenía como epicentro al GADA 601; como principal referente al Coronel Barda y como identificación a la subzona 15», consigna la denuncia presentada por organismos de derechos humanos contra este juez marplatense que en marzo de 2009 se resolvió llevar a juicio político.

Norberto Giletta: En tiempos de la dictadura su juzgado fue conocido por el record de rechazo de habeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos. «Hubo «una guerra subversiva», en la que se cometieron «errores y excesos». El actual proceso de justicia es sólo el producto «del descomunal esfuerzo desarrollado por la izquierda nacional e internacional». «Es la ley del Talión a través de la Justicia». Las afirmaciones pertenecen Giletta, quien así pidió en septiembre de 2009 la absolución de su cliente, el general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por un centenar de privaciones ilegales de la libertad y cuatro homicidios en 1976, cuando era jefe de la subzona militar Capital Federal.

Guillermo Rivarola: Fue el juez que tendría que haberse encargado de investigar la masacre de los sacerdotes palotinos, masacrados en 1976. Cuando el periodista Eduardo Kimel investigó el caso, lo querelló porque afirmó en el artículo la siguiente conclusión sobre su actuación: «La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto». Kimel fue condenado y su caso fue llevado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA. Fue el caso Kimel el que inspiró la derogación de los delitos de calumnias e injurias en el ámbito penal
Luis María Fernández: La abogada del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, denunció que «fue asesor del Ejército durante la dictadura militar del año 1977 a 1992«. En junio, este magistrado querelló a integrantes de organizaciones de derechos humanos que lo cuestionaron durante la lectura de fallo por torturas en la U11. El camarista realizó personalmente la denuncia penal, causa que tramita ante la Fiscalía Nº 3 de Neuquén. Acusa a Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Ragni, desaparecido en la dictadura; a Héctor Ramírez, padre de Pablo Ramírez, fusilado por la policía neuquina; a Mónica Damicelli, secretaria general de Aten y a Ivana Dal Bianco, abogada del Ceprodh, querellante en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la zona.

Guillermo Gordo: Miembro del TOF º5, fue el único juez que absolvió a militares el año pasado, por la causa «Jefes de área».

Luis María Vera Candiotti: El magistrado está imputado en una causa en la que se investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, que sobrevivió al asesinato de sus padres biológicos a manos de la dictadura, cuando ella era sólo una beba.

Juan Carlos Marchetti: «Muerto el perro se acabo la rabia», le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exigió en 2009 que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados.

Julio Demetrio Petra: Camarista mendocino que fue recusado de causa que investigan delitos de lesa humanidad por «parcialidad». En su momento, Ángela Urondo, hija del asesinado poeta y periodista Paco Urondo, denunció en una carta pública que ese camarista que debía actuar en la investigación de la desaparición de su madre, «dejó en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como: la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios».

Carlos Pereyra González El abogado puntano José Samper, ante los miembros del Tribunal Oral, aseguró haber escuchado de boca de Pereyra González que «había presenciado una sesión de tortura practicada a Graciela Fiochetti», joven que apareció muerta en las Salinas del Bebedero un par de días después de haber sido secuestrada por efectivos militares de su domicilio en la localidad de La Toma.

Alicia María Di Donato y Alberto Durán: El Espacio Justicia Ya recusó a estos dos miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata, quienes debían resolver una presentación realizada por los querellantes del caso López mediante la cual exigen que la causa sea recaratulada como desaparición forzada de persona. El pedido de recusación se funda en la estrecha relación que existe entre los magistrados y la Policía Bonaerense, sospechosa de la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Nicasio Dibur: Fue juez federal de la última dictadura, luego defensor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y con el menemismo se convirtió, desde 1992, en un hombre influyente dentro del Ministerio de Justicia, tanto que su palabra fue determinante en el nombramiento de los jueces de los noventa. Dibur permaneció en ese ministerio durante todos los gobiernos que siguieron, incluso el de Néstor Kirchner. Su extensa supervivencia como funcionario público terminó recién en 2008.

Abel Bonorino Peró: Durante la dictadura, tenía a su cargo el Juzgado de Sentencia N°2, desde donde rechazaba los hábeas corpus que presentaban familiares de desaparecidos. Fue uno de los jueces que en 2003 ordenó el desalojo de la fábrica recuperada Brukman.
Horacio Enrique Prack: Fue fiscal durante la dictadura militar y hoy es uno de los miembros de la Cámara de San Martín, increpada por los abogados de Justicia Ya por paralizar el «caso Febres». El 10 de diciembre de 2007, cuando estaba por declarar, el represor Héctor Febres apareció muerto en su celda con una gran dosis de cianuro en su cuerpo. De acuerdo con la querella, la investigación se estancó cuando la causa pasó de San Isidro a San Martín: «allí les dictaron falta de mérito a todos los imputados y los acusaron de delitos menores a los prefectos que estaban en la lista de homicidas. De esta manera, esgrimen los querellantes, mataron dos pájaros de un tiro. Dejaron en libertad a los principales acusados y evitaron seguir investigando»hacia arriba en las responsabilidades institucionales».
Néstor Luis Montezanti: Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino, Humberto Adalberti. Tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason
Justo Rovira: Es titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7. Su nombre, número de documento y fecha de nacimiento figuran en las listas de agentes del Batallón 601, recientemente desclasificadas.

Alfredo Bisordi: Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal. En sus fallos se ha referido a la ex detenida – desaparecida Graciela Daleo como «delincuente terrorista», y se ha excusado de intervenir en causas de lesa humanidad «dado que se consideraba enemigo manifiesto de los querellantes, varios de ellos representantes de autodenominados organismos defensores de algunos derechos humanos».

Alejandro Máximo Sánchez Freytes Es titular del juzgado Federal N° 2 de Córdoba Capital. Ordenó que se proceda a destruir documentación y expedientes acumulados en su juzgado que comprenden los años que van entre 1968 y 1978.

Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia y Abelardo Rossi, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada, Emilio Miguel Daireaux y Elías Guastavino: Integrantes de la Corte Suprema de la dictadura.

Jorge Gabriel García Collins: En febrero de 1986 emitió una orden de prisión preventiva contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini por «resistencia a la autoridad y desacato». Fue cuando Hebe reclamó, en el momento de la exhumación, que se investigue a los asesinos de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos en Mar del Plata.
Eduardo Vocos Conesa: Era titular de la Sala II de Apelaciones. Renunció en enero de este año. Se encontraba desde fines de 2009 bajo licencia psiquiátrica por lo que evitó un eventual juicio político. Fue acusado por levantarse contra la democracia luego de reivindicar a través de un obituario publicado en uno de los principales matutinos porteños al ex carapintada Mohamed Alí Seineldín citando frases de Primo Rivera, creador de la Falange Española (organización política que precedió a la dictadura franquista). Mientras era camarista, insultó públicamente a un grupo de familiares de desaparecidos
Guillermo Federico Madueño: Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército «para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión», según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. Fue miembro del Tribunal Oral Federal 5 hasta 2004, cuando se reveló su historia negra y se pidió su juicio político.

Leopoldo José Russo: Fue juez federal de la Plata en tiempos de la dictadura. En los Juicios por la Verdad, un familiar que buscaba a su esposo secuestrado contó que fue a verlo y el magistrado le espetó. «»No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos».

Eduardo Marquardt y Ángel Martínez: La Cámara Federal platense, cuando confirmó los procesamientos a los imputados por los crímenes de la Unidad 9, ordenó desglosar la pesquisa e iniciar una investigación penal contra estos dos jueces federales por serias irregularidades en la muerte de Alberto Pinto.

Martín Anzoátegui: Juez federal durante la dictadura. En 1981 ordenó la detención de las autoridades del Cels. Fue en represalia por la presentación que hizo Augusto Conte en París de un documento que describía detalladamente el funcionamiento del terrorismo de Estado. Allanaron la sede del Cels y se llevaron dos cajas con documentación, una estufa, dos teléfonos, tres máquinas de escribir y un ventilador. «Nos llevaron a Coordinación Federal -recordó en una nota periodística la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó-. Los que manejaban dijeron: ‘¿A dónde vamos? ¿A la caja o a dónde?’. Nos llevaron a Coordinación Federal. Por suerte, a la semana, nos soltaron.» El mismo día detuvieron en su casa a Emilio Mignone.

Amelia Lidia Berraz de Vidal: Fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, por obstaculizar las causas sobre los crímenes dictatoriales. Se excusó en las megacausas de derechos humanos por su amistad con uno de los militares imputados

Oscar Hermelo: Fiscal. Trabajó en la ESMA durante la dictadura militar en la dirección de talleres automotores. El represor Alfredo Scilingo lo condecoró por su colaboración con la Marina y denunció en democracia que era un hombre de confianza de la patota y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ESMA.

Norberto Quantín: Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede «inmiscuirse en la esfera política» si la patria sufre una «guerra revolucionaria». La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de «posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad». En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida

Rafael Sarmiento: Fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente los recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.

Luis Rueda. Actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba. El ex policía del Departamento de Informaciones (D2) Carlos Yanicelli lo acusó en julio de este año de trabajar «para los servicios de inteligencia» durante la dictadura. El ex policía dijo que Rueda, trabajó «como pinche para los servicios de inteligencia» militar cuando ocupaba el cargo de escribiente (auxiliar) de la justicia cordobesa. Además, mostró una foto en la que supuestamente aparece el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en una reunión con autoridades del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) en la dictadura.
Cuando terminó la presentación el ruido de los aviones continuaba.
Los testigos

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Fueron seis los testigos que subieron al estrado a dar testimonio. El primero fue Roberto Bergalli, quien vino especialmente de Europa para declarar. Había sido encarcelado durante el año 76′ y todavía no sabe por qué. En la facultad había compartido las clases con Julio Strassera -quien fuera luego fiscal en el Juicio a las Juntas- y también con Andrés D’Allesio, secretario de la Corte de Videla, quien recibía las peticiones para aceptar o rechazar los habeas corpus. Cuando estuvo preso, su ex -compañero propuso que su habeas corpus fuera desestimado. Bergalli dirá luego: «No se puede denunciar nada con un Poder Judicial cómplice», y «la prisión es un hierro candente sobre la carne y la memoria de cada uno».
El testimonio de Bergalli se robó los últimos momentos de la tarde, y cuando Enrique Arias Gibert, Juez Nacional del Trabajo, subió los escalones que lo separaban del escenario, ya era de noche. Dijo: «Este proceso de genocidio tuvo un objetivo racional: destruir el movimiento popular.»
Y también: «Los criminales que recorrían las cámaras empresarias y los despachos, que sabían perfectamente que derogar el derecho de huelga o derogar los convenios colectivos de trabajo, no era una medida necesaria frente a un estado de cosas, sino el objetivo real que se buscaba mediante este estado de cosas. Esto es el avasallamiento de los derechos de los trabajadores para que los dueños del país sigan siendo los dueños del país».
Alicia Oliveira, abogada, mencionó a Mario Penna, quien siendo Presidente de la Cámara del Crimen, avalaba que algunas patotas entren a los juzgados para detener investigaciones, aniquilando gente y llevándola luego a la morgue de su propia Cámara. Lo más notable fue su comentario sobre las Madres: ella las veía caminar llorando porque no sabían cómo hacer los habeas corpus, y los abogados se quitaban el peso de encima queriéndolos cobrar muy caros; tanto, que una madre no lo podía pagar para saber dónde estaba su hijo.
Carlos Zamorano fue quizás el testigo más lúcido, mezclando humor con frases terribles. Contaba, riéndose, que él pasó seis años preso a causa de un decreto, y que en ese momento lo único que él sabía era que la duración de su arresto dependía de la perpetuación del Estado de Sitio. Pasó por ocho cárceles, recorrió 8.000 kilómetros por el aire sin saber a dónde lo llevaban. Fue rehén de una de las prisiones de Córdoba y recordó cómo a uno de sus compañeros, que pertenecía al ERP, lo ejecutaron. En el 80′ a Zamorano – que es ahora abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre- lo liberaron. Ahora dice: «Esos ministros de la Corte establecieron una doctrina reaccionaria». Mientras habla y recuerda, en la sala hay un buen clima. Con sus palabras logró que el síntoma de la risa le gane a la indignación moral.
La quinta en subir al estrado fue Mirta Mántaras, abogada especialista en derechos humanos. Sus comentarios refirieron sobre una «familia judicial»: esto significa que hay, a lo largo de todo el país, apellidos que se repiten y se renuevan mientras pasan los años, que forman un estamento mafioso, el judicial, que se pretende noble y está corrupto. En su seno hay un juego de acomodamientos y favores, toda una serie de condescendencias que perpetúan el poder en relación a una familia. Dijo: «Anteriormente – a la dictadura- no eran un Poder muy respetable, pero los jueces conservaban cierta vergüenza.»
Julio Piumato fue el último testigo. Abogado y Secretario de Derechos Humanos de la CGT. Un fragmento de sus palabras: «Uno puede ver la forma en que han trabajado analizando toda la jurisprudencia de la época de la dictadura: en el fuero del trabajo, cómo avanzaron sobre las conquistas obreras. Sí hubo, a mi juicio, una complicidad sistemática». «La preocupación nuestra no es solamente historiar lo que pasó en la dictadura, si no cuánto de eso hoy sigue vigente en el Poder Judicial. Nosotros vemos que la ideología de la dictadura militar, sigue estando representada por los sectores más retrógrados. Los jueces fueron cómplices históricamente de esos sectores que siempre detentaron el poder económico en Argentina.»
La conclusión

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Luego de escuchar a los testigos, la Fiscalía tomó la voz. Estos son algunas de las frases más contundentes:
«Se los acusa de seguir siendo cómplices, generando impunidad en los procesos que se siguen por los crímenes de lesa humanidad. Y por ello de ser partícipes necesarios del delito de genocidio.»
«No fueron simplemente partícipes secundarios en el avasallamiento de los derechos de la población argentina, en la desaparición de los compañeros sino que fueron un engranaje concreto y directo y fueron la dictadura misma. Ellos fueron, al igual que los militares, la dictadura.»
«Consideraron razonable la vigencia del estado de sitio por casi nueve años; se aceptó la validez de actas de defunción emitidos por médicos policiales que hablaban de muertos en enfrentamientos evitando las autopsias que revelaban que habían sido fusilados; aceptaron la vigencia de normas dictadas por un engendro del Poder Legislativo como fue la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo que además derogó leyes de orden público que tienen a resguardar los derechos del trabajador.
Han violentado el principio constitucional de conocer para decidir y el principio que los obliga a afianzar la Justicia. Fueron partícipes del Estado terrorista porque fueron un engranaje necesario para la impunidad.»
Después de semejante acusación, con dos horas y media de alegatos interminables sobre la negligencia, la complicidad, y las muestras de cooperación, el llamado para la defensa fue un paso simbólico.
Quizás acá, en el invisible banquillo acusatorio, falten muchos nombres, y esto sólo sea una pequeña muestra de lo que hay que mirar, como claves que revelan una época. Personas que por omisión o por accionar ilícito prefirieron olvidar aquello por lo que habían jurado, demostraron que pueden ser vasallos de un régimen que quiso desarticular todo mecanismo de justicia, y que quiso adormecer todo aquello que estos hombres y mujeres, hoy imputados simbólicamente, habían estudiado.
Traicioneros del común acuerdo de su oficio, conspiradores de sí mismos, hoy encuentran una justicia que no olvida y que por un grito unánime los convirtió en culpables

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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hace 6 días

15/02/2025

En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares — El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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hace 1 semana

12/02/2025

Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

El estado del cupo laboral travesti trans.
Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución.
La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género.

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista.

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional — Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans.

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros.

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha.

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”.

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”.

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”.

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”.

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo.

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”.

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”.

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones.

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Nota

Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

Publicada

hace 2 semanas

07/02/2025

La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo quedará

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi.

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas.

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”.

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”.

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”.

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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