Nota
La ley de la fuerza: México militarizado
Una ley sancionada el último día del período legislativo habilita maniobras de las fuerzas del Ejército mexicano en cuestiones de seguridad interior. Sin control de la justicia ni de autoridades civiles, y con aval para mantener en secreto las operaciones, pueden actuar en una amplia y vaga gama de casos. «El 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años», escribe Eliana Gilet para lavaca.org desde Ciudad de México. «La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando y blanqueando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sume a México en la peor crisis de su historia».

Foto: Ernesto Álvarez
Gracias a una aprobación fast track de quince días, que terminó el último día del período legislativo de este año -15 de Diciembre-, México se militarizó por medio de una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior, por encima de las autoridades civiles, sin control previo o posterior, ya que también clasifica de Seguridad Nacional toda la información que se genere en sus operativos.
La ley – que tiene 75 páginas de justificación y 30 de articulado – fue producto del lobby castrense: el 20 de Noviembre, el Secretario de Defensa, el General Salvador Cienfuegos, salió públicamente a reclamar al Congreso la urgente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que según sus palabras “obliga y da orden y sentido a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano”. Cienfuegos afirmó luego que los militares “entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil”, aunque la norma por la que bregaba estableció exactamente lo contrario: es la derrota del control civil ante la pesada bota militar.
A pesar de que la Constitución mexicana indica que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil y que en tiempos de paz los militares están restringidos a tareas que tengan que ver con su disciplina, la ley aprobada les entrega el control mediante el uso del ambiguo concepto de “seguridad interior”.
Aunque la ley dice que los militares no se ocuparán de la seguridad «pública», las tareas que describe para la seguridad «interior» coinciden: son las de policía y Ministerio Público. Además de detener gente, las Fuerzas Armadas investigarán los delitos y harán tareas de espionaje, sin estar suscritos al control de la justicia. Sus acciones podrán tener una duración indefinida porque aunque la ley prevé que las “declaraciones de afectación a la seguridad interior” – que es el nombre del mecanismo creado para la intervención militar – duren un año y puedan renovarse de manera indefinida.

Militares presentes en Coahuila, México.
Foto: Ernesto Álvarez
Autonomía armada
El mecanismo creado para la intervención militar se acciona a pedido de las autoridades locales que se vean rebasadas o por la sola decisión del Presidente, quien pasa la batuta a los Secretarios de Defensa (Cienfuegos) y al de Marina (Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz) que a su vez designarán un comandante de las Fuerzas Armadas que funcionará como interventor por sobre los gobiernos estatales y municipales. Ningún civil, lógicamente, podrá desarrollar esa tarea ni incidir en la elección del encargado. La movida saca del panorama al Presidente de la República, quien queda excluido de la línea de mando.
Les da esta potestad para intervenir en territorios que sufran desastres naturales, epidemias “y demás contingencias que afecten la salubridad en general”; además de poder asumir esas funciones cuando actúen en la “prevención de riesgos” que determinan el Programa de Seguridad Nacional, que es público y la Agenda Nacional de Riesgos, que no. En ambos tiene un papel clave el CISEN, que es el centro de inteligencia, por medio del Consejo de Seguridad que creó la Ley de Seguridad Nacional, del año 2004.
Esa ley anterior convirtió al crimen organizado en un tema de seguridad nacional, reafirmando la predominancia de los militares en este tema; porque quien los sacó a la calle fue la Suprema Corte de Justicia. En 1996, la Corte interpretó que los militares estaban a la mano del presidente para combatir el crimen organizado, y permitió así que quedara firme la Ley Federal de Crimen Organizado, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Así se militarizó la frontera norte, como en el caso de Coahuila.
En la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse, se vuelve permanente y “con coordinación militar” aquello que en las anteriores era excepcional y auxiliar a las autoridades civiles.
Tampoco se establece ningún mecanismo de rendición de cuentas, más que la circulación de la información a nivel del Ejecutivo: entre el Presidente, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de Seguridad Nacional. El Congreso está excluido del mecanismo.
Toda la información que se genere durante estas actuaciones tiene carácter de “Seguridad Nacional”, dificultando aún más su obtención y difusión. Más importante es que en los hechos esto invalida la Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó un mes antes, ya que obturará el acceso a la justicia en los casos en que militares cometan violaciones graves a los derechos humanos, que se han generalizado en el país.
Todos, desde las instancias internacionales de la CIDH y de la ONU, como las Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de oenegés y un colectivo ciudadano llamado Seguridad Sin Guerra, levantaron la voz para denunciar la embestida que la ley significa. Muchos de los partidos políticos con presencia parlamentaria vieron en estas movidas castrenses, intenciones electorales de una campaña que empezó casi al mismo tiempo en que la ley se trataba en el Congreso.

Foto: Ernesto Álvarez
Sin embargo, a pesar de lo que significa una ley como ésta, no ha habido grandes movilizaciones en rechazo, en los dos casos en que los colectivos ciudadanos convocaron a marchar. Algunos de los más viejos reclamaban que la falta de pibes de menos de 25 años se debía a que no les interesa nada; también es posible entender que ya hay una generación que creció con ellos y no imagina la vida sin los militares en cada esquina, en las patrullas de policía, en los retenes y custodiando las escuelas.
Mucho se debe a que los medios han obviado el tema o lo han tratado únicamente con el discurso oficial, que dice que esta es una ley garantista para brindar “seguridad jurídica” a los ciudadanos. Salvo por el gran trabajo que han periodistas independientes, como Carmen Aristegui, que transmite por internet luego de que fue despedida de la cadena MVS tras una cobertura periodística, la información dependería únicamente de las oenegés de derechos humanos que denunciaron.
Que es una ley que garantiza la impunidad militar, dijeron, que normaliza el estado de excepción que se instaló en México hace veinte años, y que abrió un proceso mediante el que, poco a poco, los verdes se erigieron como los únicos que pueden contra el “monstruo” de la delincuencia organizada. Para el momento en que se declaró la guerra de Felipe Calderón, a fines de 2006, México vivía uno de los momentos con menor tasa homicidios de su historia. No había crisis de seguridad ni ola de violencia que justificara, según publicó el Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, “que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados de la República entre 2006 y 2007.”
Diez años después de despliegue militar, cuando 27 de los 32 estados ya están militarizados “temporalmente”, el 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años. La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sumió a México en la peor crisis de su historia.
Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
Nota
La transfiguración de Miguelito Pepe: los milagros seducen
Una obra teatral que recurre al milagro como ingrediente imprescindible para una transformación. Un niño santo en un pueblo perdido. Su primera intervención paranormal desata furor y de todas partes van a suplicarle lo imposible. La transfiguración de Miguelito Pepe es un unipersonal con la dramaturgia y dirección de Martina Ansardi en el que el actor Tuco Richat se pone en la piel de varios personajes que dialogan con lo sagrado y lo profano. Este viernes 30 de mayo a las 20.30 podés ver en MU Trinchera Boutique la primera de tres funciones.
Por María del Carmen Varela.
La transfiguración de Miguelito Pepe gira en torno a un fenómeno que sucede en un pueblo norteño. Miguelito, un niño de Famaillá, se convierte de la noche a la mañana en la gran atracción del pueblo. De todas partes van a conocerlo y a pedirle milagros. En todo el pueblo no se habla de otra cosa que del niño santo, el que escucha los pedidos de quien se le acerque y concede la gracia.
La obra tiene dramaturgia y dirección de la activista y artista travesti Martina Ansardi, directora teatral, actriz, bailarina, coreógrafa y socia de Sintonía Producciones, quien la ideó para que fuera itinerante.
Se trata de un unipersonal en el que el actor Tuco Richat se luce en varios personajes, desde una secretaria de un manosanta que entrega estampitas a quien se le cruce en el camino, una presentadora de televisiòn exaltada a un obispo un tanto resentido porque dios le concede poderes a un changuito cualquiera y no a él, tan dedicado a los menesteres eclesiásticos.
La voz de la cantante lírica Guadalupe Sanchez musicaliza las escenas: interpreta cuatro arias de repertorio internacional. A medida que avanza la trama, Richat irá transformando su aspecto, según el personaje, con ayuda de un dispositivo móvil que marca el ritmo de la obra y sostiene el deslumbrante vestuario, a cargo de Ayeln González Pita. También tiene un rol fundamental para exhibir lo que es considerado sagrado, porque cada comunidad tiene el don de sacralizar lo que le venga en ganas. Lo que hace bien, lo merece.
Martina buscó rendir homenaje con La transfiguraciòn de Miguelito Pepe a dos referentes del colectivo travesti trans latinoamericano: el escritor chileno Pedro Lemebel y Mariela Muñoz. Mariela fue una activista trans, a quien en los años `90 un juez le quiso quitar la tenencia de tres niñxs. Martina: “Es una referenta trans a la que no se recuerda mucho», cuenta la directora. «Fue una mujer transexual que crió a 23 niños y a más de 30 nietes. Es una referenta en cuanto a lo que tiene que ver con maternidad diversa. Las mujeres trans también maternamos, tenemos historia en cuanto a la crianza y hoy me parece muy importante poder recuperar la memoria de todas las activistas trans en la Argentina. Esta obra le rinde homenaje a ella y a Pedro Lemebel”.
Con el correr de la obra, los distintos personajes nos irán contando lo que sucedió con Miguelito… ¿Qué habrá sido de esa infancia? Quizás haya continuado con su raid prodigioso, o se hayan acabado sus proezas y haya perdido la condición de ser extraordinario. O quizás, con el tiempo se haya convertido, por deseo y elección, en su propio milagro.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143, CABA
Viernes 30 de mayo, 20.30 hs
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