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Mala leche: otro negocio que entrega el Estado a las corporaciones

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En la revista MU de noviembre, que ya está en los kioscos, esta investigación de Soledad Barruti revela el negocio que hace el Estado con empresas que comercializan leche de fórmula en Capital Federal y Córdoba. La compartimos para extender el alerta y la defensa por la lactancia materna.
Fue el 21 de mayo de 1981, en la sede central de la Organiza­ción Mundial de la Salud en Ginebra: la firma de un acuer­do mundial que todavía, más de 35 años después, se puede decir único. Ese día, 118 países acordaron intentar pre­servar a la Humanidad de la libertad de mercado, del engaño publicitario y de los conflictos de intereses que habían logrado algo siniestro: habían convencido a gran parte de la población de que la industria alimentaria y farmacéutica juntas habían superado a la biología y habían logrado una leche mejor que la humana para alimentar a los bebés.
En sólo una generación, gracias a un tendal de médicos convencidos por em­presas que a su vez convencieron a sus pa­cientes, las estadísticas de lactancia ma­terna se derrumbaron en lugares tan distintos como Estados Unidos y Perú. Se calcula que un millón de bebés murieron en África, donde las marcas habían mon­tado un marketing de guerrilla que incluía falsas enfermeras que instruían a las par­turientas sobre que el alimento innovador -que les regalaban- haría que su bebé se desarrollara más gordo, más vivaz, más inteligente.
Meses después, esos mismos bebés pa­decían lo que se terminó llamando “mal­nutrición comerciogénica”: problemas neurológicos, ceguera y raquitismo, y así hasta el paro cardiorespiratorio. Muchos de los que sobrevivían –porque tenían más suerte o porque vivían en lugares urbanos con fuentes de agua segura para preparar la leche y sus familias podían costear el gasto que implicaba el alimento artificial sin in­terrupciones- lo hacían con un rosario de dolencias: enfermedades gastrointestina­les, alergias, asma.
Esos bebés serían la evidencia de algo que hoy nadie discute: los alimentados con leche de fórmula son hijos menos sanos de un sistema cada vez más enfermo. Los gastos en salud pública disminuyen cuan­do aumenta la lactancia materna porque disminuyen las muertes prematuras y to­dos los cuadros más frecuentes que copan las guardias: gastroenteritis, broncoes­pasmos, otitis.
En la salud de las mujeres también inci­de: las que no amamantan tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y de útero y osteoporosis.
Los gastos familiares se ponen en ja­que: la lactancia materna es gratuita, co­mercialmente hablando, claro, porque no se cuantifica el tiempo y dedicación de las mujeres a esa tarea ni su alejamiento del mercado del trabajo que no está debida­mente compensado con licencias pagas el tiempo suficiente: la negociación capita­lista, sus tironeos, sus violencias en el cuerpo.
La leche humana es segura y nutritiva, empoderadora de las mujeres, democrática e igualadora. Seguramente por eso hay tan­ta ingeniería destinada a liquidarla.
Entonces llegó Ginebra, 35 años atrás, y este documento: el Código de Comerciali­zación de Sucedáneos de la Leche Materna. Una serie de normas en las que deben en­cuadrarse los alimentos que puedan impe­dir u obstaculizar el amamantamiento:

  • Se prohíbe publicitar por ningún medio fórmulas infantiles, leches de conti­nuación, harinas o cereales o productos lácteos para bebés; también mamade­ras y chupetes.
  • No se pueden entregar muestras gratis, ni obsequiar equipamiento de consul­torio: el intercambio con los profesio­nales debe ser científico.

Por supuesto en el documento no se prohí­be la leche de fórmula en sí: se establece que, de ser imposible la leche humana, la única alternativa es un producto similar a un medicamento para enfrentar situacio­nes puntuales. La OMS establece alcanzan a no más del 5 % de la población.
Con el Código se reconocían tres cosas:

  1. La perfección de la lactancia materna.
  2. La inferioridad de los sucedáneos.
  3. La vulnerabilidad de las personas al combo feroz de la publicidad directa y subliminal, los expertos y el dinero.

Y se daba vía libre a una expresión de época, que crecería proporcional a la astucia de la industria: el activismo contra el negoción que lo acecha. Porque aunque la OMS había pedido a los gobiernos que incorporaran le­yes que penaran las violaciones al Código, pocos países lo hicieron.
La mayoría, como Argentina, quedó a medio camino: adherimos, pero no cum­plirlo no implica ninguna penalidad. Lo que por supuesto fue corriendo la frontera: de una góndola dedicada a sucedáneos, a consultorios decorados por laboratorios. Y de ahí a esto que pasa ahora: gobiernos fervorosos por asociarse a empresas, im­pulsar sus modelos, recaudar fondos y mejorar su imagen, poniendo en riesgo los logros alcanzados hasta ahora y la salud de los bebés, principalmente de los pobres.

Estrategias de venta

En los 64 Centros de Primera Infancia hay 9.000 niños y niñas pobres des­de los 45 días a los cuatro años. Lle­gan desde barrios marginalizados de la Ca­pital Federal y pasan ahí, al cuidado de docentes y estimuladores, un promedio de ocho horas.
El programa depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad y fue inau­gurado en 2009, con el objetivo de cubrir ba­jo el paraguas del Estado a un dispar grupo de comedores, merenderos, jardines de in­fantes que dependían de distintas oenegés. Actualmente también se propone como lu­gar donde padres y madres pueden recibir información sobre nutrición (los talleres predilectos, según un informe de Cippec de 2009), crianza, sexualidad. Pero en los últi­mos meses, los CPIs se han vuelto, además, el territorio donde se desató un conflicto que nace de la circulación de divisas y choque de intereses llamado Responsabilidad Social Empresaria.
Por esa ventanilla, abierta por el ministe­rio dirigido por Guadalupe Tagliaferri, in­gresó el acuerdo más polémico que se hizo hasta ahora con una marca dedicada a la venta de productos para nutrición de los be­bés: Nutricia Bagó. A partir de 2017 quedaría en sus manos la capacitación de los profe­sionales encargados de los Centros “en lo relativo al cuidado para el desarrollo y la nu­trición correcta y saludable los primeros mil días de vida”: esto es, desde el embarazo, hasta los primeros dos años.
La noticia puso el mundo lactivista en lla­mas. Médicos, consultores de lactancia, miembros de distintas sociedades científi­cas y funcionarios expresaron lo mismo: “Esto es una violación al Código de Sucedá­neos por parte del gobierno. Una empresa de fórmulas infantiles no puede dar recomen­daciones sobre alimentación. Aunque no hablen de leche de fórmula y que repitan que la lactancia es irremplazable: la publicidad subliminal existe, y por eso el Código es es­pecífico en estas cuestiones”.
En total fueron consultadas siete fuentes de altos cargo que enseguida solicitaron el off the record.
¿Por qué?
Porque las sociedades científicas a las que pertenecen o los ministerios donde trabajan no se expidieron públicamente.
A más de un mes de haberse hecho públi­ca la firma (no así el convenio, que perma­nece confidencial dentro de Desarrollo) las instituciones parecieran resguardar sus re­laciones privadas y sus financiamientos, encerrando a sus miembros en un oscuro si­lencio de facto.
Un funcionario de Desarrollo de la Na­ción, parte de la cartera de Carolina Stanley, que ocupó el cargo de Tagliaferri hasta co­mienzos de este año, aseguró que el conve­nio circuló como posibilidad en la gestión anterior, pero previendo lo que se vendría no quisieron firmarlo.
¿Qué es exactamente lo que temían?
El momento en que este derrotero de re­uniones e intercambios postales que está ocupando ahora los tiempos del Ministerio, estallase en escándalo.
Quien sí habló con MU fue la empresa Nutricia: “No recibimos ninguna carta ni consulta formal que dijera que nosotros ha­bíamos violado el Código. Buscamos saber qué estaba sucediendo y, proactivamente, nos reunimos con Fagran (Federación Ar­gentina de Graduados en Nutrición), AADYN (Asociación Argentina de Dietistas y Nutri­cionistas), Fundalam (Fundación Lactancia y Maternidad) y SAP (Sociedad Argentina de Pediatría); porque estas son las institucio­nes con las que trabajamos desde hace años y querían saber de qué iba el convenio”.
¿Y de qué va?
“Es un convenio de colaboración mutua. Lo que hacemos es desarrollar talleres de ca­pacitación sobre seguridad alimentaria, manejo de porciones, promoción de la lac­tancia materna y sueño seguro, a profesio­nales de los Centros de Primera Infancia. No va a haber presencia de marca, ni de produc­tos. Y no lo vamos a impartir directamente sino a través de una fundación muy recono­cida llamada Fundasamin”.
Fundasamin es una fundación dedicada a la divulgación, organización de congresos y dictado de talleres para profesionales de neonatología, obstetricia y enfermería, en­tre otros. Está conformada por médicos y enfermeros, y recibe apoyo y financiamiento de empresas productoras de leche de fór­mula infantil, como Mead Johnson, Abbot y Nutricia Bagó. La alianza es tan fluida que una de sus miembros, la coordinadora de docentes Carmen Vecchiarelli, figura como parte del consejo consultivo de la Asociación de Empresas de Nutrición Infantil: la Cáma­ra que nuclea a los productores de sucedá­neos, y que hasta hace poco estaba presidida por Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Desde Fundasamin confirmaron haber realizado talleres junto con Nutricia en otras oportunidades, pero de este proyecto pun­tual dijeron: “Sólo tenemos una invitación a participar en capacitaciones sobre lesiones y sueño seguro, no alimentación”.
El Gobierno de la Ciudad prefirió no res­ponder preguntas básicas del tipo, ¿es la empresa o la fundación la que va a hacer la capacitación?
Como sea, para los expertos en el Código, da igual.
Fernando Vallone, que fue durante varios años coordinador local de IBFAN (la Red In­ternacional de Grupos Pro Alimentación In­fantil, organización internacional que com­pila y denuncia las violaciones al Código en el mundo) dice: “Si la capacitación es finan­ciada por Nutricia directamente o a través de Fundasamin no cambia: es un paso para atrás enorme, que dilapida muchísimos es­fuerzos que se hacen desde hace años para aunar un único mensaje sobre cuál es la ali­mentación adecuada de los bebés. Están po­niendo al zorro a cuidar el gallinero”.

Acuerdos prohibidos

“Es triste que el gobierno crea que de­be recurrir al sector privado para proveer asesoramiento, cuando en su sistema de salud pública existen asesores. Además es alarmante que le dé esta tarea a una empresa cuyo objetivo es la fabricación y comercialización de fórmulas infantiles”, escribió en su blog Enrique Abeyá Gilardón, médico, experto en lactancia y miembro de la comisión homónima del ministerio de Salud de la Nación, resumiendo una preocupación compartida por expertos en todo el mundo: con la lactancia materna en lenta recupera­ción, ¿serán los gobiernos los que vuelvan a desbarrancarla?
George Kent es profesor de la Universi­dad de Hawaii, experto en nutrición ade­cuada, políticas alimentarias y derechos humanos. Actualmente trabaja en un libro que reúne pruebas para sustentar una teo­ría: bajo el plan de favorecer la economía a toda costa los gobiernos se están volviendo socios de la industria y, como tales, promo­tores activos de la leche de fórmula infantil. “Una forma es permitiendo acuerdos que están prohibidos; otra, tal vez el paso si­guiente, es la compra y entrega de fórmula desde el Estado. Ya sucede en Estados Uni­dos, y empezó a suceder en Chile”.
Chile: el país que más progresos hizo en la región para fomentar el amamanta­miento inauguró el mes pasado un progra­ma de entrega gratuita de Nutrilón para fa­milias de bajos ingresos que lo soliciten. “Creo que, como tantas veces, este país es­tá siendo el puntapié de un plan que quiere instalarse en la región”, dice la pediatra chilena Cecilia Castillo, magister en Nutri­ción. “Son acuerdos comerciales que vie­nen de Washington; si no, no se explica”.
En Argentina la entrega gratuita de fór­mula infantil, sin prescripción médica, ni más diagnóstico que la pobreza, es lo que empezó a hacer el ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba a través del programa Más leche Más Proteínas. El pro­grama fue motivo de aplausos y de indig­nación. Por un lado, fue bien recibida la entrega de leche fortificada a cien mil ni­ños en edad escolar y hasta los 11 años, a través de una libreta que obliga al segui­miento de su salud. Pero por el otro, no hubo quien pudiera explicar los beneficios de extender el plan a todos los recién naci­dos en familias vulnerables, y hasta los 12 meses, que recibirán una o dos latas por mes de fórmula Nidina (Nestlé).
“¿Cómo los niños van a poder salir de la exclusión? Con educación. ¿Cómo van a re­ceptar lo que se les enseña si no cuentan con la alimentación adecuada?”, planteó en la presentación el gobernador Juan Schia­retti pasando por alto que la leche de fór­mula infantil es, según el consenso cientí­fico, lo contrario al alimento adecuado.
“Hay muchas cosas que atender”, dice Cecilia Karplus, miembro de la comisión de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación y de la Liga de La Leche. “Sostener o desalentar la lactancia materna en el pri­mer mes es lo que va a determinar que continúe. En Argentina el 95% de las mu­jeres comienzan con el amamantamiento, pero sólo el 30% lo continúa con exclusivi­dad hasta los seis meses. En la mayoría de los casos porque no tuvieron el apoyo ade­cuado, o directamente tuvieron interfe­rencias comerciales. Ingresar a lugares vulnerables con fórmula es interrumpir la única estrategia de supervivencia que tie­nen los bebés”.
¿África, 1970?
Algo así.
“Si la fórmula que les entregan no les alcanza, ¿con qué van a alimentar a esos bebés?”, plantea Karplus. “¿Con leche en sachet, que es indigesta hasta el año? ¿Con mate cocido? ¿Cómo garantizan que una familia indigente tenga acceso al agua se­gura para prepararla?”.
El programa en el cual la provincia invir­tió, para los primeros cuatro meses, 68.640.000 pesos, de los cuales 11.328.000 fueron a la compra de 96 mil latas de fórmu­la, no anunció ninguna inversión para ase­soramiento en lactancia, algo similar a decir que no brinda una opción informada para que esa mujer pueda elegir lo que resulte más conveniente para ella y para su hijo.
Así el Estado ingresa con el regalo-pro­blema del que esa familia pasará a depen­der durante años. “Pero si la provincia in­virtiera esos mismos recursos en consultoras que hicieran visitas de apoyo intensivas -dos veces por semana- en esas mismas casas, se ahorrarían cien mil dóla­res”, dice Karplus.
Son pocos los están pensando en pro­gramas de ese tipo y menos aún los que se animan a proponerlo desde instituciones libres de conflictos de interés.
Con programas de marketing o planes sociales, que nadie parece haber pensado profundamente, la industria avanza.
Y con ella, esta idea alimentaria que só­lo un porcentaje de la población puede costear con sus recursos. “Los gobiernos empujan la fórmula haciendo acuerdos millonarios con la industria. Es un nego­cio. Y se apoyan sobre un dilema ético muy serio: muchas mujeres no amamantan y no tienen dinero”, plantea Kent. “Pero el Estado tiene la obligación de no agudizar el problema sino de ir un paso más allá. Hay que saber si las mujeres están optando por la leche de fórmula porque la entienden como algo más valioso o porque no tienen la suficiente información sobre cómo amamantar. También hay que poner en debate si están dando condiciones como leyes laborales y de apoyo económico. Hay que poner ahí el esfuerzo. De lo contrario, lo que está habiendo es una violación a un derecho humano que pocos tienen en cuenta: el de esa díada que conforman ma­dre e hijo a no tener interferencias”.

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Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

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Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

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El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

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30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

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Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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