Sigamos en contacto

Nota

INTA: cuando el ajuste mata

Publicada

el

La muerte de un trabajador del INTA en Castelar reveló una trama de desfinanciamiento y malas condiciones laborales que ocurren desde hace años. Sus compañeros denuncian un intento de ocultamiento y la falta de medidas de seguridad: un mes antes, el sindicato había alertado por posibles accidentes. La sombra del modelo de agronegocios.
   Por Darío Aranda
Una enorme olla donde entran hasta seis vacas. Con enorme presión, agua y químicos a alta temperatura. Y 30 años de uso. Así es el biodigestor con el que trabajaba Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 3 de septiembre el dispositivo falló y su tapa saltó como consecuencia de la presión.
Diego sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, y falleció luego de una semana de internación. Un mes antes, delegados sindicales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) habían enviado una carta documento a las autoridades de INTA por la falta de financiamiento para el área de seguridad e higiene, y habían alertado sobre posibles accidentes.
inta-carta-documento-2016-imagen-551

   Filtración

El lunes 5 de septiembre por la noche llegó un mensaje de texto  anónimo. «Pasó algo en INTA Castelar. Dos heridos graves. Lo quieren ocultar, como con Melisa Bogarín». Melisa era una joven trabajadora del ProHuerta-INTA, fallecida en abril pasado.
Recién el miércoles a la mañana el hecho fue confirmado por tres fuentes: dos técnicos de INTA y delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El accidente había ocurrido el sábado 3 de septiembre. Los heridos eran Osvaldo Zabal y Diego Soraire, este último muy grave. El INTA, que tiene una aceitada red de comunicación con los medios, no daba cuenta del hecho.

   Víctima

Diego Soraire tenía 37 años, vivía en Moreno y era padre de cuatro niños. El sábado 3 de septiembre fue a trabajar a INTA Castelar como lo hacía desde 2007. Todas las versiones -de sus compañeros, familiares y sindicales- reconstruyen el mismo hecho: el biodigestor tiene más de 30 años de uso, estaba funcionando con muy alta presión, lo que significaba riesgo de explosión. Soraire intentó aflojar válvulas de manera manual: media decena de trabajadores indican que recibió instrucciones de sus superiores para esa acción. La tapa del biodigestor saltó y Soraire sufrió quemaduras por el mismo líquido a altísima temperatura, en el 80 por ciento del cuerpo.
Aunque en menor medida, también sufrió heridas su colega Osvaldo Zabal.
Soraire falleció el viernes 9 de septiembre.

   Comunicado interno

La Junta Interna de ATE INTA Castelar había emitido un comunicado interno sólo para trabajadores el lunes 5 de septiembre a las 11.30. Era muy breve y no explicaba qué había sucedido, pero sí señalaba una «tragedia laboral». En un cruce de correos internos entre trabajadores se afirmaba que Diego Soraire estaba muy grave.
Ante el pedido de explicaciones (dentro de un grupo Yahoo de trabajadores), un investigador de carrera de INTA Castelar informó: «El digestor es un autoclave gigante (entran los cuerpos de seis bovinos) enterrado hasta diez metros de profundidad. La instalación no tiene monitoreo electrónico que te habilite al próximo paso cuando cumpliste con el anterior. Al menos el que yo conozco no tiene nada de eso. Es solo fierros, tuercas y tornillos».

   Marcha

El martes 13 de septiembre hubo movilización desde INTA Castelar hasta las oficinas porteñas de la institución. Unas 200 personas se concentraron frente al Congreso Nacional y de allí marcharon tres cuadras. «Tenemos una angustia muy grande, ya no tenemos a Diego, y queremos justicia. Que paguen los responsables y que no tapen lo que pasó. Hay responsables y tiene que hacerse cargo», reclamó conmovido Diego Esquivel, trabajador de INTA Castelar, cuñado y compadre de Diego Soraire.
Con un cartel con la foto de Soraire, Esquivel remarcó que la familia apoyaba la marcha (la esposa de Soraire no estaba presente por problemas de salud) e insistió en un temor: «que tapen lo que pasó».

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico


José Luis Perea, delegado gremial de INTA Castelar, afirmó que Soraire es «una víctima del ajuste» y explicó que el INTA lleva «tres años de desfinanciamiento». Reclamó que se investigue «toda la cadena de responsabilidades» y apuntó a las causas de fondo: «Lo que le pasó a Diego le puede pasar otros trabajadores del Estado porque hay un enorme deterioro de equipos que llevan décadas, con tecnologías del siglo pasado. Un digestor nuevo no permite ese tipo de accidentes. Por eso apuntamos a la falta de inversión y falta de prevención».
Recordó que diez años atrás falleció otro trabajador, Horacio Huerta, mientras operaba un equipo similar.
Los trabajadores también alertaron que la causa judicial recayó en la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. «Es el mismo fiscal que en la tragedia de Once responsabilizó al motorman y no a la desinversión de la empresa ni a la complicidad de los funcionarios», explicó Perea y advirtió que no aceptarán que los trabajadores sean el chivo expiatorio de esta muerte.
El gremio y los compañeros de Soraire exigen una comisión independiente, y con participación de los trabajadores, que investigue lo sucedido. «Las autoridades no dieron explicación oficial, recién comunicaron el hecho cuando Diego falleció y hay muchas preguntas que el INTA no quiere contestar», asegura Perea. El presidente Macri visitó INTA Castelar en julio, «pero no estuvo en los laboratorios con equipamiento antiguo ni en los edificios deteriorados».

   Un mes antes

El 2 de agosto, un mes antes del accidente, la Junta Interna de ATE INTA envió una carta documento al director nacional de la institución, Héctor Espina. El comunicado del gremio explicaba: «Ante la falta de presupuesto para la Cymat (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), situación que deja desprotegidos a todos los trabajadores de INTA ante cualquier eventualidad o accidente, hemos reclamado por carta documento al director nacional de INTA la ejecución inmediata del presupuesto necesario para garantizar las condiciones de trabajo con la seguridad e higiene que corresponde», señala el comunicado firmado por «Junta Interna ATE INTA».
inta-carta-documento-2016-imagen-551
En la carta documento se puede leer: «Intimamos a usted (Héctor Espina) a gestionar de inmediato, 48 horas, la asignación presupuestaria 2016, de 60 millones de pesos conforme a la planificación y necesidades planteadas reiteradamente». Firmada por el delegado gremial José Luis Perea, la carta documento precisa: «Denunciamos la puesta en marcha de un sistema perverso de asignación de recursos que generó la ejecución de solo un millón de pesos, que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo estipuladas en las normativas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Haciendo responsable a usted por tal incumplimiento».
El director nacional de INTA, Héctor Espina, respondió el 5 de agosto. «Rechazo formalmente en todos sus términos su carta documento por falsa, arbitraria y sin fundamento ni legitimidad alguna. Asimismo niego de manera total que la Institución no esté garantizando las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo». El director del INTA señaló que el pedido de 60 millones de pesos «no encuentra respaldo presupuestario según la planificación y necesidades planteadas en materia de higiene y seguridad». Aclaró que el presupuesto del área es de 2,5 millones de pesos para 2016.
Los delegados gremiales de ATE le respondieron el 16 de agosto. Insistieron en la falta de presupuesto para seguridad laboral, recordaron que los 2,5 millones anuales representan un 56 por ciento menos que en 2015 y precisaron que en el tercer trimestre se asignó sólo 1,2 millones para todas las dependencias de INTA. «Alcanza para entregar sólo 10.000 pesos para cada unidad de INTA, menos de 100 pesos por cada trabajador para destinar a seguridad e higiene. Esas cifras son elocuentes», advirtió el sindicato, tres semanas antes del accidente de INTA Castelar.
gentileza-luciano-dico-ate-presentacion-liibro-00372233

   Camiseta puesta I

Mariana Conte es compañera de Soraire. Presente en la marcha en pedido de justicia, le cuesta hablar de él. Lo recuerda como un compañero muy querido por todos, deportista (practicaba karate, fue técnico del equipo de fútbol femenino de INTA Castelar), «muy laburador», siempre dispuesto para el trabajo, incluso feriados y fines de semana. «Es espantoso lo que sucedió, estamos consternados, no podemos reaccionar», confiesa, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por exigir justicia. Puntualiza que el digestor «es muy viejo», con todo un procedimiento manual (nada automatizado, que quizá hubiera evitado accidentes). «Duele ver el intento de silenciar lo que pasó, durante toda la semana las autoridades no dijeron nada y por lo bajo hay jefes que culpan a Diego y no dicen nada de las condiciones de trabajo. Eso es injusto», se indigna Conte. Y también teme que el fiscal Basso vaya en el mismo sentido: culpe a la víctima.
Conte fue una de las pocas que se animó a manifestarse: en INTA Castelar trabajan 1500 personas, sólo 130 fueron a la asamblea por la muerte de Diego y unos 60 se movilizaron en reclamo de justicia. «Hay un verticalismo muy fuerte y también corporativismo. Es lamentable que, ante la muerte, haya trabajadores con la camiseta tan puesta de la institución… tienen la camiseta demasiado puesta…».
En la manifestación en la puerta de INTA había unas 200 personas. Se veían carteles de Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Secretaría de Agricultura Familiar, pero ninguna de otras sede de INTA. Incluso era escasa la presencia de trabajadores de la sede de INTA Chile (por el nombre de la calle donde está, a pocas cuadras de donde fue la marcha). Se los podía contar con los dedos de la mano.

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico

   Versión oficial

Recién seis días después del accidente, cuando Soraire falleció, el INTA emitió un comunicado. Precisó que se trató de un biodigestor del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA Castelar, lamentó la muerte y manifestó las condolencias a la familia. Explicaron que denunciaron el hecho en el Juzgado de Morón y señalaron que «en junio se había presentado un informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto para su operación».

   Ocultamiento y ajuste

Martes 12 de septiembre: marcha ante la sede central de INTA. Con llovizna y viento, las 200 personas reclaman por Soraire. Se exhiben carteles: «El ajuste de Macri causa muerte de trabajadores», «Diego Soraire y Melisa Bogarín presentes», «Héctor Espina, director nacional de INTA, integrante de Batallón 601, responsable», «Basta de ajuste en agricultura familiar», «Ninguna muerte más, mayor presupuesto».
Orestes Galeano es director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el trabajo de ATE apuntó a la antigüedad del biodigestor y la «falta de mantenimiento preventivo». Precisó que la anterior gestión no actualizó maquinarias y la nueva recortó presupuesto (incluido de seguridad e higiene). «Sobre malas decisiones estratégicas se suma el ajuste, es un combo que le cuesta la vida a trabajadores», denunció. Y agregó un nombre poco mencionado, Amadeo Nicora, presidente del INTA y aliado del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
«No tengo dudas que intentaron ocultar el hecho. Porque tienen en su cabeza una carta documento, un mes antes, que anunciaba que podía pasar una tragedia. Entonces quieren ocultar sus responsabilidades. Si los funcionarios, en distintos niveles, toman decisiones que cuestan vidas, tienen que hacerse cargo y ser juzgados», exigió y precisó que los funcionarios responsables están en la cúpula del INTA y en el Ministerio de Agroindustria (a cargo de Ricardo Buryaile).
También recordó la muerte de Melisa Bogarín en Chaco. «Nos quieren hacer creer que la precarización y el miedo a perder el trabajo no tiene relación con las enfermedades y padecimientos de los trabajadores. Siempre las patronales desligan responsabilidades y culpan a los laburantes», cuestionó.
El laboratorio donde trabajaba Diego Soraire estaba realizando pruebas para la multinacional Biogénesis Bagó. Recordó que desde el menemismo se generalizó la práctica de que ámbitos estatales (desde institutos de investigación hasta universidades) trabajen para grupos económicos. «Es una lógica que se mantuvo inalterable todos estos años y muy común en lugares como INTA, INTI, Senasa y Conicet. Se promueve la investigación para grupos económicos y no para los intereses de la sociedad», lamentó el delegado de ATE.
Silvia León, secretaria de organización de ATE y también presente en la marcha, afirmó que la muerte de Diego Soraire se debió a «la impericia de los gobiernos, en este caso a autoridades de INTA». Y no tiene dudas de que el macrismo apunta a una reforma del Estado en continuidad con los ’90, con despidos de trabajadores, achicamiento de planteles (con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios) y privatización de sectores redituables. También cuestionó el accionar de las autoridades de INTA: «Intentaron ocultar el hecho porque saben que la muerte de Diego era evitable y lo quisieron tapar porque hay responsabilidades de funcionarios. Por eso estamos en la calle, para señalar a los responsables del ajuste y de la muerte de trabajadores».
Estela Ramazoti, de INTA Castelar, comparó: «Un lavarropas hogareño tiene una traba de seguridad para que no se abra. Imaginate la antigüedad de los digestores con los que trabajamos, con líquidos hasta 300 grados, que se cargan de presión y provocan lo que le pasó a Diego. La falta de financiamiento en tecnología, seguridad e higiene expone a los trabajadores. Diego es una muestra injusta de eso». Afirmó que el presupuesto de INTA viene en caída desde hace años y «se distribuye la miseria».

   Silencios

Richard Alcaraz, 26 años, obrero de la construcción falleció el 9 de septiembre en una obra en Villa Crespo, cuando una medianera cayó sobre él. David Ramallo, de 35 años, trabajador de la línea de colectivos 60 murió también el 9 de septiembre aplastado luego de fallar un elevador de vehículos. En ambos casos, los sindicatos denunciaron la falta de medidas de seguridad y la negligencia patronal. Incluso en la línea 60 hubo una semana de paro. Nada similar ocurrió en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue (y es), un brazo técnico del agronegocios en Argentina. Claro que con fisuras, con espacios y trabajadores que apuestan a otro modelo, pero la política macro está marcada desde arriba y nunca se cuestiona institucionalmente al modelo transgénico y, mucho menos, a las corporaciones de semillas y agrotóxicos. Todo lo contrario: el INTA cuenta con convenios de colaboración con semilleras (desde Monsanto a las empresas «nacionales») y acuerdos con instituciones de lobby transgénico como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Cuando arrecia alguna crítica, o quieren mostrar su rostro social, las autoridades del INTA flamean la bandera del ProHuerta (o de los IPAF, Instituto Para la Agricultura Familiar). Así difunden su lado minoritario y no transgénico.
Los trabajadores del INTA tienen un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otro ámbito estatal. Es común verlos con la vestimenta institucional (aún fuera de horario laboral), camisas, gorros, chalecos, camperas. Sobrevuela una mística de «familia», explican los que están a gusto. Del otro lado, por lo bajo, asoman críticas: «Son una secta, corporativos».
También juega la interna sindical. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) siempre se caracterizó por ser el sindicato que rápido acuerdo con la patronal. En línea similar está Apinta (Asociación del Personal del INTA). Por otro lado se ubica ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con múltiples tendencias, desde la izquierda troskista hasta el kirchnerismo y los independientes.
Ni la muerte de un trabajador unió a las distintas vertientes sindicales. Sólo un sector de ATE (sede Castelar) emitió comunicado sobre lo sucedido y apuntó a las responsabilidades patronales.
El silencio también abarcó a los periodistas agropecuarios. En Argentina funciona desde hace medio siglo el Circulo de Periodistas Agrarios (CAPA). Suele dar cuenta de todas las noticias de ministerios, empresas de agronegocios y, claro, INTA, pero no publicaron la noticia del accidente en el biodigestor ni de las denuncias a las autoridades.

   Camiseta puesta II

El abril pasado falleció la joven trabajadora precarizada de ProHuerta-INTA Melisa Bogarín. Fue en Las Breñas (Chaco), en el marco de una jornada de trabajo y posterior asamblea, cuando tomó la palabra en representación de sus compañeros (y frente a las autoridades de INTA, Héctor Espina y Amadeo Nicora) por la situación de contratos temporales, inestabilidad y falta de respuestas. Falleció de un paro cardiaco.
Las autoridades de la institución (incluida la Gerencia de Comunicación, con Máximo Bontempo al frente) invisibilizaron las condiciones laborales y priorizaron la defensa de la institución. «Más vale que no les convenía hablar de precarización. Se sacan el sayo. El comunicado es muy institucional, y no da cuenta de la seguridad del trabajador y de la angustia de Melisa. La precarización mata. El ajuste mata. La política neoliberal mata», afirmó Germán Gonaldi, su esposo.
Ante el accidente en Castelar, Bontempo volvió a defender a la institución vía Twitter. Llamó «sesgado» a este periodista y acusó de «forzar el relato para que la realidad le coincida». También se sumó a la defensa de la institución la jefa de prensa de INTA, Camila Pía Gandía: «Accidentes desgraciados que no ameritan lecturas malintencionadas ni oportunistas».
Bontempo argumentó que le parecía «razonable no comunicar nada hacia afuera hasta conocer el resultado de las pericias» (no aclaró que pueden ser semanas o meses).
Ninguno, ni Bontempo ni Gandía, cumplieron la regla básica del periodismo: hablar con la familia de las víctimas. No contactaron a la familia de Soraire (como tampoco lo habían hecho en el caso de Bogarín) y ambos repitieron la versión oficial. «Uno de los activos más importantes que tiene el INTA es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la ‘camiseta'», difundió el mismo día el gerente de comunicación de INTA, Bontempo, vía Twitter.
Le respondió por la misma vía Germán Gonaldi, compañero de Melisa Bogarín: «Parece que algunos que ‘se ponen la camiseta’ se quieren olvidar o que no se hable, pero yo no me olvido».
   Ajuste
La última semana trascendió que el presupuesto 2017, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, prevé un recorte de 200 millones de pesos al presupuesto del INTA. ATE indicó que es el equivalente a la reducción de 700 puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.
Aún no se expidieron las autoridades de INTA ni los empleados que se definen con «camiseta puesta».

Nota

Todo se quema, nada se transforma

Publicada

el

Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

PDF Embedder requires a url attribute

Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
Seguir leyendo

Nota

Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga: memoria contra la impunidad por un desaparecido en democracia

Publicada

el

A 14 años de la desaparición de Luciano Arruga (que tenía 16 años en aquel momento), la causa que investiga su muerte está congelada y los ocho policías implicados figuran apenas como testigos. En diálogo con lavaca la madre de Luciano recuerda algunas otras cosas: lo que no cierra alrededor del cuerpo que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, tras haberse negado a ser reclutado por la propia policía para robar. Las imágenes de la vida de adolescentes en territorios dominados por la trampa y la violencia de las instituciones. Las dudas sobre la teoría de que fue atropellado. La investigación a la propia familia, que tuvo los teléfonos pinchados. Las amenazas, la quema del auto a Vanesa, la hermana de Luciano. El hostigamiento a los amigos del joven que debieron mudarse del barrio. El silencio político, la complicidad judicial, y los límites de la defensa. El recuerdo de Luciano, su fanatismo por River, su generosidad para compartir comida con sus amigos: “Él me enseñó a ser mejor persona” dice Mónica. Este domingo desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde el adolescente fue torturado; Indart y San Martín, Lomas del Mirador), familiares y amigos organizan la tradicional jornada en recuerdo del joven de 16 años desaparecido por la Bonaerense: “Seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida”. Por Francisco Pandolfi.

Mónica Alegre el próximo 21 de agosto cumplirá 60 años. Siempre cumple, Mónica Alegre, que vive en la casa de su mamá, a quien cuida todos los días en la villa 12 de Octubre de Lomas del Mirador. El martes 31 de enero se cumplirá otro aniversario sin su hijo: 14 años de aquel 2009 cuando Luciano Arruga fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Lo parió un 29 de febrero de 1992. Su Negrito tenía 16 años y estaba por festejar los 17. No lo dejaron.

Para Mónica la vida fue complicada mucho antes de la desaparición de Luciano. Junto a su familia, vivieron en la calle, en casillas, en un hotel. El papá de Luciano los abandonó cuando él tenía 5 años. Y Moni ahí, presente, estando, sosteniendo, pese a todo.  

Lo recuerda a “su morocho” bien flacucho, cartoneando para ayudar a su familia. Como ya habían conocido la nieve –cuando el 9 de julio de 2007 cayó sorpresivamente en Buenos Aires–, le quedaba el sueño de ver el mar y las montañas. No lo dejaron.

El rechazo a “trabajar” para la policía

A Luciano le gustaba mucho el fútbol y era tan pero tan fanático de River, que aseguraba que si tenía un hijo varón lo llamaría Enzo Ramón, por Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Nunca le alcanzó la plata para ir al Monumental. Tenía intacto el deseo de llegar a ese día. Tampoco lo dejaron.

En 2007, aquel año donde sus ojos vislumbraron la nieve porteña, la Policía Bonaerense le ofreció salir a robar para ellos. Se lo contó a su madre, que se quedó tranquila con la negativa de su hijo. Pero ante el “no”, vendría el hostigamiento policial, las amenazas. Y ya no lo dejarían en paz.

El 28 de septiembre de 2008 lo detuvieron de manera irregular y fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, inhabilitado para alojar personas y prohibido para menores. Fue amenazado y golpeado. Allí fue a rescatarlo Moni, que escuchaba sus gritos para que le dejaran de pegar. Por esas torturas el ex policía bonaerense Julio Torales, fue condenado en mayo de 2015 a diez años de prisión.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano fue desaparecido. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación. El silencio de las cúpulas fue ensordecedor.

La causa da cuenta de que esa noche los móviles policiales tuvieron “un funcionamiento irregular”, con circulación por fuera del recorrido asignado, falta de registros y estadío “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”.

Además, los libros de guardia del destacamento fueron adulterados. El 5 de febrero, su hermana Vanesa Orieta presentó un Habeas Corpus, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, meses después reemplazada por Celia Cejas.

La aparición

Finalmente el 17 de octubre de 2014 –5 años  y 8 meses después– se encontró el cuerpo de Lucianor enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Se descubrió que había fallecido el 1º de febrero de 2009, supuestamente atropellado por un auto al intentar cruzar la General Paz, desesperado, escapando (según declararon testigos), en circunstancias que aún siguen siendo investigadas. Y que había sido llevado al Hospital Santojanni, justamente donde su familia había ido dos veces a preguntar si estaba allí, y se lo negaron. Supuestamente se buscaba a un joven desaparecido, mientras un NN era enterrado por las mismas autoridades sin investigar quién era ni dar noticia alguna a la sociedad.

La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción y el juicio político pedido por sus familiares a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco, está estancado.

A 14 años, se sabe de la amnesia de los distintos gobiernos que se sucedieron, como de la complicidad policial-judicial. A 14 años, se sigue sin saber qué le pasó a Luciano esa noche. A 14 años, Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga, su orgullo, su “Negrito que se negó a robar para la Policía”, habla, llora, lo recuerda sonriendo.

–¿Cómo te llevás con esta fecha?

–Intento no pensar tanto, pero no se trata del 31 de enero, de una fecha particular: así son todos y cada uno de los días de mi vida. Pasaron 14 años, duele, va a doler siempre, toda mi vida. Es mentira que el tiempo cura todo. Hace muchos años una vez te dije, “el ser humano es un animal de costumbre” y es así. Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo. Ahora, al estar cuidando a mi mamá, no estoy yendo a actividades de otros familiares, lo que me significaba sentirme viva. Al no estar en esos espacios como antes, siento que me ahogo, pero son procesos. Lo único que me queda es vivir con el recuerdo, con las anécdotas.

–¿Hay algunos de esos recuerdos o anécdotas que te sirven para sobrellevar mejor el día a día?

–Sí, sobre todo sus sonrisas, el recordarlo riendo. Agradezco lo mucho que me enseñó, lo que aprendí de él a ser mejor persona, más solidaria con mis pares, a no juzgar; del dolor también se aprende.

–Una de las primeras veces que hablamos en 2009 contabas que pese a vivir re contra justos, si tenías cuatro papas, a veces él se llevaba dos para sus amigos, porque no tenían nada para comer.

–Era así, si tenía media docena de huevos, y me faltaban dos o tres, ya sabía qué había pasado. Lo mismo con las papas, porque los pibes no tenían para comer, pero la verdad es que nosotros tampoco, entonces a veces me enojaba con él. “Pero yo salgo con el carro, mamá, y si no, pido; los pibes no tienen nada”. Y después me decía: “Aprendé mamá, ¿cuándo vas a aprender?”. Y mamá aprendió, aprendió de la peor manera, tuvo un gran costo, pero aprendí: hoy soy más humana. Ese pibe era mi Negrito, que jugaba descalzo a la pelota por un sanguche de milanesa y una coca; un pibe de barrio, un pibe villero, un pibe cartonero. Y sabés que ahora que pienso en esto, por primera vez caigo en que hace 14 años que no amaso pan casero, ¡14 años! Antes los hacía siempre, porque a él le gustaba mucho, y también se llevaba para sus amigos que no tenían nada.

Moni deja por un momento unos parches que está cosiendo para la actividad de este domingo y llora de la impotencia. Se le reestablece un poco la voz y el pan casero se asocia a las mentiras que sembraron alrededor de la causa: “Pasaron 14 años sin justicia, de disfrazar la realidad, de que dijeran que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Quién tiene las herramientas para desaparecer un cuerpo? Se necesita de todo el aparato del Estado, judicial, policial y político para desaparecer a una persona durante 5 años y 8 meses. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, con el paso del tiempo cierra todo: tres hábeas corpus nos rechazaron antes que aceptaran el último, unos meses antes de encontrar el cuerpo. Se ve que no estaba aceitado el ocultamiento total y algo podía quedar al azar. Ya para cuando apareció el cuerpo, habían borraron todo. En el medio, pasaron muchas cosas en el caso, como la Policía espiándonos a los familiares porque investigaban un secuestro extorsivo; el hostigamiento a uno de los pibes de Familiares y Amigos que amenazaron que iba a terminar como el Negro y se tuvo que ir a vivir al sur; el quemar el auto de Vanesa; el querer incendiarme mi casa; las amenazas al resto de mis hijos… Hay pibes acá en el barrio que tuvieron que irse a Paraguay por miedo. Se fueron porque la Policía los re cagó a palos y los amenazó. Así, con esta impunidad, ya pasaron 14 años y la causa sigue en etapa de instrucción; es una burla, los ocho policías implicados ¡siguen como testigos! Me pregunto: ¿podrán dormir tranquilos? ¿vivirán en paz?”.

–¿Cómo explicas que luego de tantos años todavía se esté en la etapa de instrucción, o sea, de investigación penal?

–Yo me pregunto lo mismo, ¿cómo se explica? Como la causa no prescribe, porque si hay algo que luchamos con uñas siguiente es para caratularla como desaparición forzada, la van a mantener en ese estado. Juegan con el desgaste, con el cansancio, con los recuerdos y también con tu economía, porque si vos no tenés un buen abogado… Mi abogado es del CELS y el CELS vos sabés hasta dónde patea; se va a desgarrar las vestiduras por el caso hasta que tocás al Estado, ahí da un pasito atrás. Entonces se dan pequeños pasos, la causa sigue moviéndose, pero no avanza. Todo seguirá así hasta que quizá algún día tenga un buen abogado y empiece de vuelta.

–¿Qué creés que debe aprender de Luciano la sociedad, para ser un poco mejor?

–Ese corazón inmenso que tenía el Negro; a ser un poco más humano, a valorar la vida, a aprender. Ojalá, sí, ojalá que la sociedad aprenda a no ser tan egoísta. El Negro era así; no le gustaba tanto estudiar, pero tenía un corazón de oro. Vos fijate, se llevaba pan casero para dárselo a sus amigos; al día siguiente quizá no iba a tener nada para comer, pero priorizaba a los demás.

–¿Por qué es importante la actividad de esta tarde?

–Desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde fue torturado Luciano; Indart y San Martín, Lomas del Mirador) seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida. Es importante para tener la memoria del Negro viva y presente, para saber nosotros mismos que no estamos derrotados; para que sepan que no estamos derrotados y que seguimos luchando.

Seguir leyendo

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

Publicada

el

Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.