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Pando contra Barcelona: Cómo asesinar revistas

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La Sala D de la Cámara Civil de Apelaciones condenó a la revista Barcelona a pagar 110 mil quinientos pesos: 70 mil a la defensora de genocidas, Cecilia Pando y 40 mil quinientos a abogados y peritos. Colocó así a esta publicación al borde de la quiebra y a la libertad de expresión en un precipicio del cual esta extensa nota pretende rescatar. No es la primera vez que las demandas son utilizadas como forma de quebrar al periodismo independiente,  acorralándolo con juicios. Los procesos son, en sí mismos, una condena para estas publicaciones, sostenidas por periodistas autogestivos que deben recurrir a la buena voluntad de abogados para argumentar su defensa y que, además, deben destinar sus escasos recursos disponibles –tiempo, fundamentalmente, y dinero y stress- a sostener estas batallas que afectan a toda la prensa, ya que de quedar en firme la sentencia marcará un límite que afecta tanto a periodistas como a lectores. De qué podremos reírnos y de quien no.

“El poder no admite bromas”.

Máximo Sanjuán, humorista gráfico.

Las sentencias que pretenden marcar límites a la libertad de expresión tienen, desde el regreso de la democracia hasta hoy, una característica en común: sus afectados son publicaciones que no pertenecen a las corporaciones mediáticas. Esta sola peculiaridad debería alcanzar para reflexionar sobre el peligro que representa que los jueces dictaminen, en estos casos tan particulares, límites que impactan sobre toda la población y, en especial, sobre derechos garantizados por la Constitución Nacional. Sin embargo, lejos de alertar sobre sus consecuencias, lo que parece primar es la posibilidad de que, a partir de la debilidad del demandado, las instituciones encuentren una oportunidad para colocarle un bozal a toda la sociedad. Los protagonistas del caso Barcelona-Pando son, por eso mismo, paradigmáticos.

Por un lado, Barcelona, una revista satírica cuyo objetivo es reírse de los medios concentrados que imponen relatos con la intención de dominar la opinión pública y la agenda política, eufemismo que convencionalmente utilizamos para referir a las condiciones en las que se ejercerá la vida democrática: quién manda y quién obedece.
Por el otro, la defensora de genocidas Cecilia Pando, quien se presenta ante los tribunales camuflada de madre, católica y docente, ofendida en su honor y herida en su intimidad.
Estos serán los actores, entonces, que representan ante la justicia un dilema complejo y central de las democracias actuales: el equilibrio entre la libertad de expresión y lo derechos individuales o personalísimos.
Hay una biblioteca jurídica del tamaño de Babel dedicada a argumentar cuál prima sobre cuál, desde los tiempos más remotos del Estado de Derecho, pero lo cierto es que en estos, los años nos tocan vivir, esta batalla ha cobrado una actualidad global, y no por casualidad ha tenido en Perú, España, Francia, Alemania, Turquía y ahora Argentina –por poner sólo algunos ejemplos recientes- una característica en común: la sátira.

La vara para medir quién manda

El más interesante artículo jurídico especializado con respecto a este tema forma parte de la biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su título es muy didáctico: Libertad de información, democracia y control judicial[1]. Sus autores son Catalina Botero Marino, Juan Fernando Jaramillo  y Rodrigo Uprimny Yepes, tres expertos colombianos y el dato de la nacionalidad no es menor: si soportan la lectura de este artículo hasta el final, ya sabrán por qué.
Comienzan señalando lo evidente: lo intrincado, pero también definitorio de este conflicto:
«La polémica sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión e información en las sociedades contemporáneas es quizá una de las más agudas y fecundas de la teoría constitucional actual. Las razones que explican el particular interés de la doctrina y la jurisprudencia sobre esta cuestión son, fundamentalmente, dos. En primer lugar, la idea, cada vez más generalizada, según la cual la libertad de expresión e información es un derecho que, tal vez como ningún otro, constituye condición sine qua non para la existencia de un verdadero Estado constitucional. En segundo término, la indiscutible complejidad que, desde el punto de vista de la armonización del conjunto de los derechos, bienes e intereses constitucionales, plantea el ejercicio de las mencionadas libertades”.
¿Cuál es la complejidad?
Digamos, para simplificar, que la Constitución establece derechos y que el ejercicio de los mismos produce conflictos: cuál es más importante/esencial/determinante para la vida en democracia es una jerarquía que establecen los jueces a través de sus sentencias. Es en esta valoración cuando el caso Pando contra Barcelona cobra su real dimensión: la Cámara de Apelaciones acaba de establecer que por encima de la libertad de expresión está Pando.
Según quien lea esta frase, será la conclusión, pero además del ojo del que lee está el Estado de Derecho, que es ciego: ve a través de estas sentencias. Es decir, que de ser confirmada por la Corte Suprema –instancia a la que apelará la revista Barcelona– a partir de entonces y por siempre los derechos personales gobernarán a la libertad de expresión.
Lo dicho: esto mismo se está debatiendo en tribunales del mundo entero.
Y esto es precisamente lo que analiza el artículo de los expertos colombianos.
Detallan las más importantes sentencias de Alemania y de Estados Unidos para comparar dos paradigmas opuestos. El resultado: la Corte alemana ha privilegiado los derechos personales, en tanto la norteamericana ha consagrado el privilegio de la libertad de expresión.
No vamos a aburrir ahora con los ejemplos, pero son todos interesantes y, por lo que representan, merecen ser materia de estudio en cátedras de Derecho y de Comunicación, pero alcanza con describir que en todos los casos establecen lo que los expertos denominan “estándares de actuación”. Es decir, la intención de este artículo es encontrar una forma de que, más allá de los paradigmas que cada sociedad privilegie, la justicia tenga un método para “medir”, la vara con la cual dirimirlos. En palabras de los expertos: “criterios de ponderación”.
“Dado que la libertad de información debe armonizarse con los restantes derechos y libertades fundamentales, resulta esencial —a fin de evitar restricciones arbitrarias— que se defina el mapa de limitaciones reciprocas, acorde con criterios objetivos, homogéneos y universales, coherentes con el sistema axiológico establecido en la Constitución”.
¿Cuál es la regla para trazar las fronteras?
La ponderación.
Es tarea de los jueces, entonces, ponderar.
¿Qué significa ponderar?
Algo muy concreto: evaluar dos cosas.
Contenido y contexto.
“El contenido de la información y el contexto en el cual ésta se expone adquieren entonces particular trascendencia dentro de esta ponderación, ya que permiten determinar los pesos relativos de los derechos en conflicto”.
¿Cómo ponderar contenido y contexto?
Los expertos sistematizan el método utilizado en fallos alemanes y norteamericanos –es decir, es paradigmas opuestos- para determinar así los ítems que deben responder los jueces en sus sentencias. Estos son:
“Los criterios centrales de la jurisprudencia comparada para resolver las tensiones entre la libertad informativa, la intimidad y el buen nombre son:

  • la diferencia que existe entre emitir opiniones y afirmar hechos,
  • la distinción entre distintas esferas de intimidad de las personas, el carácter público o no de la persona afectada,
  • la existencia o no de un interés general en la divulgación de la información,
  • el grado de afectación de la intimidad en relación con la importancia que puede tener la información para un libre debate democrático sobre asuntos colectivos,
  • el carácter injurioso o no de la información revelada,
  • el contexto o “ foro” en el cual es manifestada la opinión o es revelado un hecho,
  • y, finalmente, los tipos de discursos, pues merecen mayor protección aquellos que se refieren a los debates esenciales de la vida colectiva”.

Como son colombianos (y esto es sólo una parte de lo que su identidad revela: paciencia) agregan una octava que es clave: “el mercado equitativo de ideas”.
Para decirlo en criollo: los jueces deben mensurar si están ante Clarín o Barcelona.
Argumentan los expertos colombianos:
“Ciertamente, en la actualidad, el flujo informativo se caracteriza por la presencia de      grandes medios de comunicación, muchas veces gerenciados por intereses económicos o políticos, que monopolizan el mercado e impiden que todas las ideas e informaciones tengan la misma posibilidad de circular libremente.. En consecuencia, en una sociedad democrática, el derecho constitucional no sólo tiene como tarea minimizar las restricciones estatales a la  circulación de las informaciones (modelo de libre mercado de ideas), sino que también debe intentar corregir las asimetrías de poder y buscar una mayor equidad en la  participación de las distintas informaciones en el debate público. Es lo que podríamos  llamar la búsqueda de un “mercado equitativo de las ideas”. (…) El excesivo peso del  dinero o del poder en la dinámica de   los medios de información genera obvias desigualdades en los procesos de comunicación, pues favorece ciertas voces mientras que silencia a otras».

La siempre perseguida

Apliquemos ahora estas categorías de ponderación al caso Barcelona.
Comencemos por ponderar lo que representa: una publicación satírica.
Una de las consecuencias de las caricaturas de Mahoma creadas por dos dibujantes daneses fue sembrar una catarata de textos jurídicos sobre sátira y libertad de expresión. Definida por los expertos como la zona de conflicto jurídico por excelencia, la sátira ha sido sentada en el banquillo de los acusados desde siempre, y en los últimos años, de forma constante y despiadada. Tanto, que la mejor defensa esgrimida por un tribunal internacional se sintetiza en una frase: “El humor no es serio”.
La especialista española Natalia Meléndez Malave resume en un interesante ensayo[2] la historia de persecuciones –multas, encarcelamientos, muerte- de la que fue víctima el género desde el inicio mismo de la organización republicana. Resume:
“La historia de las represalias contra la libertad de expresión de dibujantes y de responsables de medios de corte satírico o que incluyan secciones caricaturescas es tan aciaga como extensa. (…) Son mayoría los ejemplos en que se emprendieron         injustas medidas legales o, aún peor, acciones violentas, por causa de unas viñetas sin que éstas fueran en absoluto ofensivas. Y, en general, la respuesta a estas viñetas “incómodas” ha sido siempre excesiva”.
De su extensa enumeración, sólo citamos parte del último tramo que refiere al informe publicado en la página web Wittyworld Internacional Cartoon Center, a cuyo frente se encuentra el dibujante Joe Szabo, miembro de la Comisión para la Libertad y la Justicia a través del Humor de la UNESCO:
“El informe habla de encarcelamientos en India, Irán y Turquía, de disturbios contra los responsables de la publicación de viñetas en China (1992) y Kuwait (1996), o de        medidas tan surrealistas como la prohibición en Camboya de representar a los políticos como animales o el impedimento de conceder premios a un caricaturista procesado en    Chipre. Además, se recoge el dato de que en países como Sudáfrica (1987), Croacia         (1992), Egipto (1995) o Alemania (1995) el refuerzo de los controles a la prensa o el       endurecimiento de ciertas leyes guarda relación con la publicación de viñetas      polémicas”.
Su conclusión:
“Una nueva ola de intolerancia amenaza a la caricatura, el humor gráfico y el cómic, expresiones artísticas y comunicativas que, por definición, sólo pueden basarse en la libertad”.
Este el contexto que deben mensurar los jueces: la sátira es una histórica perseguida por los tribunales. Tanto, que en un artículo de la organización Rights Internacional proponen que en los conflictos de libertad de expresión[3] uno de los puntos a mensurar sea “el tono”. Pretenden así proteger a una eterna censurada por los jueces: la risa. “Precisamente, el discurso satírico, el que no agrada, es el más protegido por la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una expresión muy feliz y plantea que la libertad de expresión adquiere su sentido y plena eficacia protectora allí donde surgen discursos críticos, que no son bien recibidos por ciertos sectores, que es cuestionador. Y la razón que dan es que estas son las características principales de la democracia: el debate y la crítica amplia”[4], explica el asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad peruana, el experto Roberto Pereira, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional.

De quién se ríe Barcelona

El objetivo de la sátira de Barcelona es claro: el discurso mediático hegemónico. Lo precisan varios estudios académicos de reconocidos especialistas –Ana Amado Suárez, Luis Alberto Quevedo, entre otros- tal como cita Pablo Corso en su tesis Barcelona y el fin de los límites[5] , cuya síntesis es el alegato más contundente sobre cómo debe ponderarse todo lo que allí se publica: “Hoy cuando una noticia resulta inverosímil se dice ´parece sacada de Barcelona´”.
Ese pacto de lectura, ese estilo determinado y característico, ese absurdo utilizado para referirse a los medios, establecido desde hace muchos  años y con idénticos y característicos recursos, estaba claro y asentado para lectores habituales y ocasionales cuando la revista publicó la sátira de Pando. La pertinencia de la publicación se justifica por sí sola googlenado la cantidad de medios que reprodujeron el encadenamiento que protagonizó la defensora de genocidas y que las capturas de pantallas que ilustran esta nota dan cuenta solo en forma parcial, porque superan las dos docenas las que aun pueden encontrarse en el buscador tecleando “Pando” “encadenamiento”.
En tanto, la publicación en sí, debe mensurarse tal como concluye Corso en su tesis:
“Mediante fotomontajes intencionalmente burdos, Barcelona subvirtió el valor de esos recursos, con epígrafes provocativos e imágenes que construyen una estética provocativa. La revista usa las imágenes en forma paródica, con el objetivo de editorializar”.
¿Sobre obre qué editorializa así Barcelona?
Responde Corso en su tesis:
Barcelona plantea una clave de lectura de la realidad en abierta oposición a la de los grandes medios nacionales. A través de un doble proceso de sátira periodística, la revista ridiculiza tanto a los sujetos de la noticia como a los mecanismos retóricos mediante los cuales ésta es construida en los medios”.
Una posible síntesis de la mirada jurídica sobre el estilo Barcelona es la que da en un artículo titulado Libertad de expresión y derecho al honor[6], publicado en la web del estudio de abogados Embidoli-Vera:
“El humor, animus iocandi, siempre ha dado pie a una interpretación más laxa de los márgenes del derecho de libertad de expresión. Su finalidad no es causar denigrar,     injuriar o causar menoscabo en la dignidad de una persona, su objetivo es hacer reír    (independientemente de que se consiga o no) y, en la mayoría de ocasiones, esto se consigue a través de manifestaciones alteradas, exageradas o deformadas de la   realidad».

La in- injusticia

En su fallo, la Sala D de la Cámara de Apelaciones deja en claro que está probado que Pando es una persona pública y que, según dictamina la perita psicóloga, no sufrió trastornos por la publicación. También cita fallos internacionales y criollos sobre la importancia de la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Valora, sin embargo, que los derechos personales al honor y a la propia imagen están por encima de la libertad de expresión,  y fija en esos derechos personales sus nuevos límites. Penaliza entonces a la revista con una suma que calcula de acuerdo a su tirada, a pesar de haber sido esta confiscada en los kioscos, cuando Pando solicitó esa medida y un tribunal ordinario se la concedió con prisa y eficacia.
Obliga a la publicación a pagarle a Pando una compensación que aumenta de 40 a 70 mil pesos.
La obliga también a pagar honorarios de abogados y peritos, y fija las sumas que le corresponden a cada uno.
No pondera lo que estas cifras representan para una publicación independiente y autogestiva. No pondera tampoco lo que esta penalización económica ha representado en publicaciones similares de épocas recientes, como el caso de la revista Humor, a la que arrastraron a la quiebra y cuyas sentencias deben abonar hoy la hija del editor, ya muerto.
No pondera que la Asociación de Revista Culturales Independientes (AReCIA) clama desde hace años por una ley que las proteja, entre otras cosas, de estos acosos legales que ponen en riesgo publicaciones, fuentes de trabajo y derechos humanos y sociales.
No pondera, finalmente, aquello que los expertos colombianos señalan en forma dramática al concluir su análisis sobre la libertad de expresión en el contexto de nuestras democracias latinoamericanas.
Ellos nos advierten:
“Mientras sigan asesinando a  quienes  tienen la misión de informar la verdad o a quien se atreve a pensar diferente, no podrá  sostenerse que  en Colombia, se garantiza, verdaderamente, el derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Señoras y señores jueces argentinos: con sus fallos están asesinando revistas independientes.
Ponderen esa cruel injusticia.
[1] http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29967.pdf
[2] https://www.tebeosfera.com/documentos/la_libertad_de_expresion_mas_alla_de_los_limites_de_la_vineta.html
[3] http://www.rightsinternationalspain.org/es/blog/69/libertad-de-expresion-y-la-ofensa-al-islam:-una-cuestion-de-equilibrio
[4] http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/libertad-de-prensa-opinion-juzgada/
[5] http://newpagecomunicacion.sociales.uba.ar/files/2013/02/2127.pdf
 [6] http://embidoliverabogados.net/libertad-de-expresion-y-derecho-al-honor/

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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A 14 años de la desaparición de Luciano Arruga (que tenía 16 años en aquel momento), la causa que investiga su muerte está congelada y los ocho policías implicados figuran apenas como testigos. En diálogo con lavaca la madre de Luciano recuerda algunas otras cosas: lo que no cierra alrededor del cuerpo que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, tras haberse negado a ser reclutado por la propia policía para robar. Las imágenes de la vida de adolescentes en territorios dominados por la trampa y la violencia de las instituciones. Las dudas sobre la teoría de que fue atropellado. La investigación a la propia familia, que tuvo los teléfonos pinchados. Las amenazas, la quema del auto a Vanesa, la hermana de Luciano. El hostigamiento a los amigos del joven que debieron mudarse del barrio. El silencio político, la complicidad judicial, y los límites de la defensa. El recuerdo de Luciano, su fanatismo por River, su generosidad para compartir comida con sus amigos: “Él me enseñó a ser mejor persona” dice Mónica. Este domingo desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde el adolescente fue torturado; Indart y San Martín, Lomas del Mirador), familiares y amigos organizan la tradicional jornada en recuerdo del joven de 16 años desaparecido por la Bonaerense: “Seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida”. Por Francisco Pandolfi.

Mónica Alegre el próximo 21 de agosto cumplirá 60 años. Siempre cumple, Mónica Alegre, que vive en la casa de su mamá, a quien cuida todos los días en la villa 12 de Octubre de Lomas del Mirador. El martes 31 de enero se cumplirá otro aniversario sin su hijo: 14 años de aquel 2009 cuando Luciano Arruga fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Lo parió un 29 de febrero de 1992. Su Negrito tenía 16 años y estaba por festejar los 17. No lo dejaron.

Para Mónica la vida fue complicada mucho antes de la desaparición de Luciano. Junto a su familia, vivieron en la calle, en casillas, en un hotel. El papá de Luciano los abandonó cuando él tenía 5 años. Y Moni ahí, presente, estando, sosteniendo, pese a todo.  

Lo recuerda a “su morocho” bien flacucho, cartoneando para ayudar a su familia. Como ya habían conocido la nieve –cuando el 9 de julio de 2007 cayó sorpresivamente en Buenos Aires–, le quedaba el sueño de ver el mar y las montañas. No lo dejaron.

El rechazo a “trabajar” para la policía

A Luciano le gustaba mucho el fútbol y era tan pero tan fanático de River, que aseguraba que si tenía un hijo varón lo llamaría Enzo Ramón, por Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Nunca le alcanzó la plata para ir al Monumental. Tenía intacto el deseo de llegar a ese día. Tampoco lo dejaron.

En 2007, aquel año donde sus ojos vislumbraron la nieve porteña, la Policía Bonaerense le ofreció salir a robar para ellos. Se lo contó a su madre, que se quedó tranquila con la negativa de su hijo. Pero ante el “no”, vendría el hostigamiento policial, las amenazas. Y ya no lo dejarían en paz.

El 28 de septiembre de 2008 lo detuvieron de manera irregular y fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, inhabilitado para alojar personas y prohibido para menores. Fue amenazado y golpeado. Allí fue a rescatarlo Moni, que escuchaba sus gritos para que le dejaran de pegar. Por esas torturas el ex policía bonaerense Julio Torales, fue condenado en mayo de 2015 a diez años de prisión.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano fue desaparecido. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación. El silencio de las cúpulas fue ensordecedor.

La causa da cuenta de que esa noche los móviles policiales tuvieron “un funcionamiento irregular”, con circulación por fuera del recorrido asignado, falta de registros y estadío “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”.

Además, los libros de guardia del destacamento fueron adulterados. El 5 de febrero, su hermana Vanesa Orieta presentó un Habeas Corpus, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, meses después reemplazada por Celia Cejas.

La aparición

Finalmente el 17 de octubre de 2014 –5 años  y 8 meses después– se encontró el cuerpo de Lucianor enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Se descubrió que había fallecido el 1º de febrero de 2009, supuestamente atropellado por un auto al intentar cruzar la General Paz, desesperado, escapando (según declararon testigos), en circunstancias que aún siguen siendo investigadas. Y que había sido llevado al Hospital Santojanni, justamente donde su familia había ido dos veces a preguntar si estaba allí, y se lo negaron. Supuestamente se buscaba a un joven desaparecido, mientras un NN era enterrado por las mismas autoridades sin investigar quién era ni dar noticia alguna a la sociedad.

La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción y el juicio político pedido por sus familiares a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco, está estancado.

A 14 años, se sabe de la amnesia de los distintos gobiernos que se sucedieron, como de la complicidad policial-judicial. A 14 años, se sigue sin saber qué le pasó a Luciano esa noche. A 14 años, Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga, su orgullo, su “Negrito que se negó a robar para la Policía”, habla, llora, lo recuerda sonriendo.

–¿Cómo te llevás con esta fecha?

–Intento no pensar tanto, pero no se trata del 31 de enero, de una fecha particular: así son todos y cada uno de los días de mi vida. Pasaron 14 años, duele, va a doler siempre, toda mi vida. Es mentira que el tiempo cura todo. Hace muchos años una vez te dije, “el ser humano es un animal de costumbre” y es así. Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo. Ahora, al estar cuidando a mi mamá, no estoy yendo a actividades de otros familiares, lo que me significaba sentirme viva. Al no estar en esos espacios como antes, siento que me ahogo, pero son procesos. Lo único que me queda es vivir con el recuerdo, con las anécdotas.

–¿Hay algunos de esos recuerdos o anécdotas que te sirven para sobrellevar mejor el día a día?

–Sí, sobre todo sus sonrisas, el recordarlo riendo. Agradezco lo mucho que me enseñó, lo que aprendí de él a ser mejor persona, más solidaria con mis pares, a no juzgar; del dolor también se aprende.

–Una de las primeras veces que hablamos en 2009 contabas que pese a vivir re contra justos, si tenías cuatro papas, a veces él se llevaba dos para sus amigos, porque no tenían nada para comer.

–Era así, si tenía media docena de huevos, y me faltaban dos o tres, ya sabía qué había pasado. Lo mismo con las papas, porque los pibes no tenían para comer, pero la verdad es que nosotros tampoco, entonces a veces me enojaba con él. “Pero yo salgo con el carro, mamá, y si no, pido; los pibes no tienen nada”. Y después me decía: “Aprendé mamá, ¿cuándo vas a aprender?”. Y mamá aprendió, aprendió de la peor manera, tuvo un gran costo, pero aprendí: hoy soy más humana. Ese pibe era mi Negrito, que jugaba descalzo a la pelota por un sanguche de milanesa y una coca; un pibe de barrio, un pibe villero, un pibe cartonero. Y sabés que ahora que pienso en esto, por primera vez caigo en que hace 14 años que no amaso pan casero, ¡14 años! Antes los hacía siempre, porque a él le gustaba mucho, y también se llevaba para sus amigos que no tenían nada.

Moni deja por un momento unos parches que está cosiendo para la actividad de este domingo y llora de la impotencia. Se le reestablece un poco la voz y el pan casero se asocia a las mentiras que sembraron alrededor de la causa: “Pasaron 14 años sin justicia, de disfrazar la realidad, de que dijeran que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Quién tiene las herramientas para desaparecer un cuerpo? Se necesita de todo el aparato del Estado, judicial, policial y político para desaparecer a una persona durante 5 años y 8 meses. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, con el paso del tiempo cierra todo: tres hábeas corpus nos rechazaron antes que aceptaran el último, unos meses antes de encontrar el cuerpo. Se ve que no estaba aceitado el ocultamiento total y algo podía quedar al azar. Ya para cuando apareció el cuerpo, habían borraron todo. En el medio, pasaron muchas cosas en el caso, como la Policía espiándonos a los familiares porque investigaban un secuestro extorsivo; el hostigamiento a uno de los pibes de Familiares y Amigos que amenazaron que iba a terminar como el Negro y se tuvo que ir a vivir al sur; el quemar el auto de Vanesa; el querer incendiarme mi casa; las amenazas al resto de mis hijos… Hay pibes acá en el barrio que tuvieron que irse a Paraguay por miedo. Se fueron porque la Policía los re cagó a palos y los amenazó. Así, con esta impunidad, ya pasaron 14 años y la causa sigue en etapa de instrucción; es una burla, los ocho policías implicados ¡siguen como testigos! Me pregunto: ¿podrán dormir tranquilos? ¿vivirán en paz?”.

–¿Cómo explicas que luego de tantos años todavía se esté en la etapa de instrucción, o sea, de investigación penal?

–Yo me pregunto lo mismo, ¿cómo se explica? Como la causa no prescribe, porque si hay algo que luchamos con uñas siguiente es para caratularla como desaparición forzada, la van a mantener en ese estado. Juegan con el desgaste, con el cansancio, con los recuerdos y también con tu economía, porque si vos no tenés un buen abogado… Mi abogado es del CELS y el CELS vos sabés hasta dónde patea; se va a desgarrar las vestiduras por el caso hasta que tocás al Estado, ahí da un pasito atrás. Entonces se dan pequeños pasos, la causa sigue moviéndose, pero no avanza. Todo seguirá así hasta que quizá algún día tenga un buen abogado y empiece de vuelta.

–¿Qué creés que debe aprender de Luciano la sociedad, para ser un poco mejor?

–Ese corazón inmenso que tenía el Negro; a ser un poco más humano, a valorar la vida, a aprender. Ojalá, sí, ojalá que la sociedad aprenda a no ser tan egoísta. El Negro era así; no le gustaba tanto estudiar, pero tenía un corazón de oro. Vos fijate, se llevaba pan casero para dárselo a sus amigos; al día siguiente quizá no iba a tener nada para comer, pero priorizaba a los demás.

–¿Por qué es importante la actividad de esta tarde?

–Desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde fue torturado Luciano; Indart y San Martín, Lomas del Mirador) seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida. Es importante para tener la memoria del Negro viva y presente, para saber nosotros mismos que no estamos derrotados; para que sepan que no estamos derrotados y que seguimos luchando.

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Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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