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#ParoMigrante: movilización contra la xenofobia y por el trabajo

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Más de treinta organizaciones migrantes saldrán a la calle este jueves en un hecho que consideran histórico. La concentración comienza a las 15 en Congreso y a las 18 marchan a Plaza de Mayo junto a las dos CTA y docentes. Denuncian que desde la asunción de Cambiemos se potenció la persecución a los migrantes. Exigen la derogación del DNU que legaliza la criminalización, cuestionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, plantean un cambio de construcción de identidad: “No queremos caer en la victimización ni en la culturalización, sino plantarnos como trabajadores con participación en la economía argentina”. Los datos que derrumban los falsos mitos y los números que representan la importancia de la migración en Argentina.
“Lxs migrantes también paramos”, fue el título de la convocatoria que desde hace semanas comenzó a circular por redes sociales y medios de comunicación. Por primera vez decenas de organizaciones migrantes llamaron a un paro en rechazo a las “políticas antimigratorias” de la alianza Cambiemos, que se cristalizará este jueves desde las 15 horas frente a Congreso en un acto que luego confluirá con la huelga y movilización de las dos CTA y docentes a Plaza de Mayo. “Ante las políticas antimigratorias del macrismo, como la conformación del Centro de Detención del Migrante y el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que busca perseguirnos y expulsarnos del país, de la mano de una insistente estigmatización mediática, vemos que se nos señala como el chivo expiatorio en medio de una crisis económica que se viene agudizando día a día en la sociedad argentina: ajustes de presupuesto, aumento de la inflación, desempleo, tarifazos y despidos masivos”, sostienen desde su página de Facebook al son de un hashtag: #ParoMigrante.
La fecha no es azarosa: este jueves se cumplen 11 años del incendio en el taller clandestino de Caballito en el que murieron cinco niñas y niños de entre 4 y 15 años y una joven de 25 que estaba embarazada. “Fue la primera vez que se visibilizó el grado de precarización que hay dentro de esos talleres”, dice a lavaca Juan Vasquez, del colectivo boliviano Simbiosis Cultural. “Por lo simbólico de ese día también es que decidimos salir a la calle para visibilizarnos como sujetos trabajadores”.
El Paro está estructurado de la siguiente forma:

  • 15 hs: concentración.
  • 16 hs: acto con artistas migrantes.
  • 17 hs: lectura de documento.
  • 18 hs: marcha hacia Plaza de Mayo.

“Definitivamente es un hecho histórico, muy importante no sólo para la población migrante sino para la sociedad argentina y latinoamericana”, dice Thomas Valenzuela, del Movimiento 138 de Paraguay. “Es la primera vez que se convoca a un hecho de estas características desde un frente tan amplio. Más de 30 organizaciones migrantes nos hemos estado organizando de forma independiente en vista de que nuestros derechos están siendo arrebatados por este Gobierno y por los posicionamientos xenófobos de gran parte de la prensa hegemónica, por no decir toda”.

Abajo el DNU

Los derechos arrebatados de los que habla Valenzuela se pueden leer a partir de algunos datos. Las expulsiones de migrantes crecieron en 2016 un 70 por ciento en relación al 2015. Según la propia Dirección Nacional de Migraciones, en respuesta a un pedido de informes presentado por la Universidad Nacional de Lanus (UNLa), las cifras fueron:

  • 1760 expulsiones en 2014.
  • 1908 en 2015.
  • 3258 a septiembre de 2016.

Once organismos de derechos humanos presentaron en noviembre el informe Situación de los derechos humanos de las personas migrantes ante el Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), en el que advirtieron que “un modelo de control que incluye mecanismos de detención y expulsión está desplazando a las políticas que tenían como eje central la regularización migratoria”. El informe alerta sobre el cierre de programas de abordaje territorial que promovían y facilitaban el acceso a la documentación de lxs migrantes: en 2016 el programa dejó de existir y quedaron sólo los “operativos de control de permanencia”, intensificando las persecuciones.
Además, el 20 de marzo se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los cambios introducidos a la Ley de Migraciones argentina por el DNU 70/2017. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que el decreto asocia la migración con la delincuencia y “restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos”. En esa audiencia, el representante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Nengumbi Sukama, dijo que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”. Sukama ejemplificó con un caso: la policía desmayó a un migrante africano tras aplicarle una llave inmovilizadora. Luego, le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad. Sukama explicó un dato clave: el migrante sólo vendía mercancía en la vía pública.
Por su parte, la representante de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Marta Guerreño López, sostuvo que el decreto habilita “la cancelación de la residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad”, por lo que podría afectar la participación de migrantes en las protestas sociales.
Valenzuela retoma: “La xenofobia y ciertos posicionamientos sociales en detrimento a la migración existieron siempre. Pero hoy hay una realidad concreta: a partir de la asunción de Cambiemos se potenció enormemente la persecución y la represión a los migrantes. El DNU globaliza la población migrante como narco cuando menos del 6 por ciento de la población carcelaria total en cárceles federal es extranjera. A eso se agrega que de los 2 millones de migrantes que viven en Argentina, menos del 1 por ciento están presos por delitos vinculados a drogas. Por otra parte, el endurecimiento lo vemos en la burocratización en el acceso de la documentación. En la villa 31, por ejemplo, tuvimos durante los últimos años 2 casos por mes que tenían traba en el acceso. Desde Cambiemos, esa cifra se incrementó a 8 casos por mes. Es muy grande”.

Operativos sospechosos

Un operativo conjunto entre Ministerio de Trabajo, Dirección de Migraciones y AFIP se efectuó este miércoles en cuatro casas en una cuadra en Villa Celina, partido de La Matanza. Carga Barriga Montero, de la Asociación Yanapacuna, cuenta qué ocurrió: “A partir de las 9 de la mañana comenzó el allanamiento por una orden partida de una fiscalía que tiene que ver con delitos conexos y trata, es decir, por reducción a la servidumbre. No encontraron nada. Nosotros lo vinculamos directamente con Paro Migrante: Celina es un barrio de mucha colectividad boliviana, donde hay talleres que realmente explotan, pero ahí nunca llega la policía. ¿Justo a un día del paro se dan cuatro allanamientos en una sola cuadra? No lo vemos como una casualidad: los vecinos tienen que estar alertas y en contacto con organismos de derechos humanos y organizaciones migrantes, porque esto es una persecución y nos van a seguir criminalizando”.

Hacia un nuevo paradigma

Vasquez afirma que el DNU, además de la persecución y la represión a lxs migrantes, precariza aún más sus condiciones de trabajo. ¿Cómo se entiende ese enfoque? “La crisis económica que está causando esta política de Gobierno, que tiene que ver hacia quiénes apunta una redistribución de la riqueza cada vez más concentrada, necesita tener un chivo expiatorio. Y ese chivo, obviamente, somos los migrantes, los niños y también las personas que viven en la villa. Como parte de eso, para legitimar esos chivos, están los medios de comunicación: además de que ellos tienen esos pensamientos xenófobos, la criminalización se termina asentando a través de ellos. Luego, y ante esa postura del Gobierno, todas esas sensaciones de la sociedad rebrotan”.
Vasquez subraya entonces cuál es el cambio de eje en esta movilización: “En ese sentido, lo que nosotros no queríamos hacer era caer en la victimización, de que el eje del mal es que nos discriminan. No: esto tiene que ver con una crisis económica, con una crisis que estamos viviendo y  con visibilizar sobre quiénes termina recayendo esa crisis. Por eso la decisión de plantarnos como trabajadores y no solamente como víctimas de la xenofobia. Eso cambia el paradigma y construye otro sujeto. Ya sea de manera formal o no, tenemos una gran participación en la economía argentina, y desde ahí nos tenemos que hacer visibles para discutir estas políticas”.
Por esa razón Valenzuela entiende que, pese a que durante años han habido intentos por estructurar un frente migrante, nunca hubo tantos puntos en común como ahora respecto al eje político.
¿Cuáles son esos ejes? Los sintetiza en tres:

  • “Migrar es un derecho”.
  • “Derogación del DNU xenófobo 70/2017”.
  • “Reafirmarnos como trabajadoras y trabajadores migrantes. La consigna que manejamos es: ¿qué pasa si todas las personas migrantes paramos?”.

Vasquez aporta algunos datos que dan dimensión al fenómeno: “Aproximadamente el 85 por ciento del sector ladrillero son bolivianos. También el 90 por ciento del sector hortícola. A eso sumale entre el 80 y el 85 por ciento de las personas que cosen en el sector textil. Imaginate si los verduleros de toda la Capital decidieran parar o no abrir sus puertas: realmente estarían en una dificultad enorme. Lo mismo sucede con los peruanos, colombianos. Se quejan de La Salada: más allá de la informalidad, es un mercado que mueve 30 millones de pesos por día, pero eso no queda en el colectivo migrante sino que es parte de la economía argentina. Muchos de los que van a comprar, son argentinos”.

Construcción de identidad

Valenzuela no puede calcular cuál sera el impacto de la movilización: “Empezamos siendo 5 organizaciones y el lunes, en la última asamblea, fuimos más de 30. Lo veremos en la calle”.
Vasquez: “Esto tiene que ver con un proceso. No hay forma de ver esto como una serie de iluminados que se juntaron, sino de discusiones que se fueron dando en el germen de nuestras necesidades. Obviamente que al plantearnos como trabajadores empezamos a reconocer un valor: poner el cuerpo. Siempre, históricamente, se nos culturalizó, y por eso en el manifiesto decimos: nosotros somos los que te servimos el café, los que te sacamos la foto, los que te cosemos, los que te cuidan a los enfermos, pero también los que te bailamos. Y la verdad es que salir de eso es importante, pero cuesta: fueron muchos años donde las organizaciones migrantes plantearon solamente ese eje. Bueno, esto forma parte de construir otra forma de vernos”.

Foto: Lina Etchesuri

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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