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Patria grande y sojera

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Este informe que se acaba de hacer público hoy, pero que MU anticipó en su edición de julio, revela cómo el monocultivo de la soja avanza en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, provocando desmontes, concentración de tierras y desalojos. Darío Aranda traza en esta nota la cartografía geopolítica y económica del modelo.


La patria grande sojera está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica, pilar del modelo de un modelo más amplio: los agronegocios, con alto consumo de agroquímicos y en el cual las principales beneficiarias son empresas transnacionales del agro. Este modelo, con mayor incidencia del capital concentrado y consecuencias sociales y ambientales, se ejecuta en momentos donde la región tiene gobiernos autodenominados de “izquierda” o “progresistas”.’
La soja abarca:

  • El 66% de la tierra cultivada de Paraguay.
  • El 59% de Argentina.
  • El 35% de la tierra cultivada de Brasil.
  • El 30% de Uruguay.
  • El 24% de Bolivia.
  • Entre los cinco países, el 44% de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo: soja.

Agricultura industrial
La historia de la soja en la región se remonta a más de cien años atrás. Sin embargo, ha sido en los últimos 40 años, y particularmente en los últimos 20, que ha experimentado una rápida transformación y expansión a través de un modelo de agricultura industrializada”, explica la investigación Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas, producido por la reconocida Fundación Centro para la Bioseguridad de Noruega, de reciente publicación. Allí se aborda por primera vez en clave geopolítica la sojización como problemática regional.
El trabajo analiza en detalle la situación de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Y encuentra similitudes: la soja transgénica avanzó en todos los países, implicó el avance sobre nuevos territorios (desmontes mediante), hubo retroceso de otros cultivos, incrementó notablemente el uso de agrotóxicos y los cinco países han puesto amplios sectores de su territorio a disposición de las necesidades de Europa y Asia. Algunos datos:

  • Desde 1996, cuando se aprobó la soja transgénica en Argentina, el área sembrada aumentó en 25 millones de hectáreas en 14 años.
  • Brasil y Argentina son los alumnos más aplicados del modelo de agronegocios. Concentran el 90% de la superficie de soja de la región: 23 millones de hectáreas en Brasil, 19 millones en Argentina.
  • “En el 2009, Brasil, Argentina y Paraguay registraron los mayores índices nacionales de incremento de la superficie sembrada con este cultivo”, precisa la investigación, y detalla:
  • En 2010, los cinco países sembraron 47 millones de hectáreas con soja. De este total, Brasil representó el 50%, Argentina el 40%, Paraguay el 6, Bolivia y Uruguay el 2, respectivamente.
  • El 36% de la tierra arable de Brasil, el 59 de Argentina y el 66 de Paraguay estuvieron ocupadas con soja.
  • “La etapa de crecimiento acelerado se inició con las aprobaciones de variedades de soja genéticamente modificada para producción comercial”, afirma el trabajo y fija la fecha en 1996, cuando en Argentina se aprobó (sin estudios del Estado nacional) la soja transgénica.

Consecuencias:

  • En 1991, en Argentina se sembraron 5 millones de hectáreas son soja. En 2010, fueron 19 millones de hectáreas.
  • En el mismo periodo, Bolivia pasó de 190 mil hectáreas a 920 mil.
  • Brasil pasó de 9,6 millones de hectáreas a 23 millones.
  • Paraguay de 550 mil a 2,7 millones.
  • Uruguay de 20 mil hectáreas a 860 mil.
  • Entre los cinco países, se pasó de 15 millones de hectáreas a 47 millones.

Al aumentar el área sembrada, también se aumentó el volumen de la cosecha. En 2009, la producción total del Cono Sur fue de 116 millones de toneladas, de las cuales 57 y 52 millones fueron cosechadas en Brasil y Argentina, respectivamente. Estos volúmenes de producción posicionaron a Brasil como el segundo y Argentina como el tercer productor de soja a nivel mundial. En el 2010, ambos países aumentaron su producción: 68 millones en Brasil y 50 millones en Argentina.
Menos bosques
El Centro para la Bioseguridad de Noruega precisa que:

  • En 1991 Argentina contaba con 34,5 millones de bosques. Y en 2009 se había reducido a 29,6. Una disminución del 14%.
  • En Bolivia disminuyó un 8%: de 62 a 57 millones.
  • Brasil bajó un 9%: de 571 a 521 millones de hectáreas.
  • Paraguay, un 15%: de 21 a 17 millones.

En base a datos de la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, se establece que en Argentina, entre 2003 y 2004, 550 mil hectáreas de bosque fueron reemplazadas por soja en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. “Mientras el área cultivada con soja incrementa rápidamente, las zonas de bosque se reducen”, resume el informe.
En nuestro territorio y en 1991 el área de bosque era casi 7 veces mayor que la cultivada con soja. Antes de la fiebre del monocultivo la relación era la siguiente: por cada hectárea de soja, existían casi 7 hectáreas de bosque. En 1996, el año de aprobación de la soja transgénica, la relación bosque-soja descendió a 4,96, y en el 2009, a 1,62.
Retroceso de cultivos
A medida que aumenta la superficie sembrada con soja, además de los bosques, disminuyen otros cultivos:

  • El área sembrada con soja en Brasil se incrementó en un 67% entre 2001 y 2010, mientras que el maíz se incrementó sólo un 4%.
  • En Bolivia, el área total cultivada con maíz se redujo en un tres por ciento en tanto la soja se incrementó en un 50%.
  • En Paraguay, durante el mismo período, el cultivo de yuca disminuyó en un 27% y el de soja se incrementó en 99%.

“El caso más dramático se ha registrado en Uruguay, donde el girasol se redujo en 72% mientras que la soja incrementó 70 veces del 2001 al 2010”, alerta la investigación. En Uruguay, en la última década, las pasturas destinadas a la producción de ganado lechero se han reducido en un 15% (150 mil hectáreas), mientras que las pasturas para la producción de ganado de carne se han reducido en un 30%. “Los principales países productores de soja en el Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”, afirma la organización noruega.
Pocas manos
La mayor parte de la producción de soja en el Cono Sur se practica en predios mayores a 500 hectáreas.

  • En 2006 en Brasil, el 5% de los productores de soja concentraron el 59% del total del área sembrada con este cultivo.
  • En Bolivia, en la temporada 2009/10, el 2% de los productores ocuparon el 52% del total de la superficie con soja.

“Este proceso de concentración de tierras en pocos propietarios ha ido acentuándose. En consecuencia, un número cada vez menor de productores manejan superficies cada vez más extensas, llegando a unidades de manejo hasta de 2.500 a 5.000 hectáreas en Argentina, Brasil y Paraguay”, señala la investigación.
El informe ratifica lo que organizaciones campesinas y numerosos investigadores alertan desde hace una década: la producción de soja y concentración de tierras van de la mano. Y obedece a un círculo vicioso: la mayor parte de la producción proviene de sistemas agrícolas altamente industrializados (semillas transgénicas, agroquímicos, maquinarias). La intensa industrialización de la producción implica el incremento de la capacidad de inversión de los productores, lo que deriva en la paulatina marginalización de los agricultores de pequeña escala o con reducida capacidad de inversión.

  • En Paraguay, en el 2005, el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo.
  • En Brasil, en el 2006, el 5% de los productores de soja manejaron el 59% del total del área dedicada a ese cultivo.
  • En Bolivia, durante la temporada 2009/10, el 2% de los productores de soja controlaron el 52% de la superficie de producción.
  • En Argentina, en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas.
  • En Uruguay, en 2010, el 26% de productores controló el 85% del total de tierras con soja. En ese mismo año, el 1% del total de los productores tuvieron a su cargo el 35% de la superficie cultivada con soja.

Más veneno
La amplia adopción de la soja transgénica y la implementación de la siembra directa son las principales causas del aumento geométrico del uso de agroquímicos, en particular del glifosato. Otro factor es la aparición de malezas resistentes al herbicida, lo que provoca el aumento del uso de otros agrotóxicos complementarios y más tóxicos (24D y paraquat). “El herbicida paraquat ha sido prohibido en Europa, pero su importación y aplicación en el Cono Sur va en ascenso”, denuncia la investigación.

  • El paraquat es el ingrediente activo de uno de los herbicidas más utilizados: gramoxone, desarrollado por la compañía suiza Syngenta. “Estudios toxicológicos han vinculado al paraquat con desórdenes neurológicos (por ejemplo, la enfermedad de Parkinson) y reproductivos. Por esta razón, en el 2003, paraquat fue prohibido en trece países de la Unión Europea”, afirma el trabajo y recuerda que, finalmente fue prohibido en 2007 en toda la UE.
  • En Argentina, en el 2010, se utilizaron 1,2 millones de litros.
  • En el Bolivia, en 2008, 1,7 millones de litros.
  • En Brasil, sólo en los cinco mayores Estados productores de soja se usaron 3,3 millones de litros de paraquat durante 2009.

Geopolítica
La investigación resalta que la producción masiva de soja en el Cono Sur es “ampliamente influenciada por la globalización de la economía”, ya que la demanda se origina “en regiones geográficamente distantes”: Europa y China. ¿Cuál es el destino de esa soja que azota los suelos latinoamericanos? Alimento animal y materia prima de agrocombustibles. Concluye este informe: “La demanda de soja en Europa impacta la dinámica del uso de tierras y pesticidas en América del Sur”. Y detalla las implicancias socioeconómicas directas: “Las necesidades locales (por ejemplo, la demanda de productos no destinados a la exportación) pierden su relevancia en la dinámica productiva. Un ejemplo claro es el uso de insumos peligrosos (paraquat) o tecnologías riesgosas (la producción de soja transgénica) en los países productores del Cono Sur, cuando paralelamente éstos mismos insumos y tecnologías están prohibidos en las regiones donde se origina la demanda (Europa). Existen estándares diferenciados de protección ambiental y salud pública entre los lugares donde surge la demanda y donde se producen commodities”, asegura.
Corporaciones
El modelo de agronegocios, del cual la soja es sólo su cara más visible, se caracteriza por el control que ejercen las grandes transnacionales del agro. Una situación emblemática se evidencia en el mercado de semillas: “En la primera mitad del siglo XX las semillas estaban indiscutiblemente en manos de los agricultores y en el sector público. En las décadas posteriores, las monopolizan los gigantes genéticos: el poder corporativo. Y así marcan la frontera final en la mercantilización de la vida”. Veamos cómo:

  • El mercado de semillas patentadas representa el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo.
  • En 2007, el mercado global de semillas patentadas comerciales era de 22.000 millones de dólares.

“Las diez principales compañías obtienen 14.785 millones de dólares, el 67% del mercado mundial de semillas patentadas”, precisa. Las principales empresas de semillas son Takii (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Sakata (Japón), Bayer Crop Science (Alemania), KWS AG (Alemania), Land O’ Lakes (Estados Unidos), Groupe Limagrain (Francia), Syngenta (Suiza), DuPont (Estados Unidos) y Monsanto (Estados Unidos).
“En menos de tres décadas un puñado de corporaciones multinacionales ha creado un rápido y feroz cerco corporativo en torno al primer eslabón de la cadena alimentaria”, explica el Grupo ETC y detalla que Monsanto controla el 23% del mercado mundial de semillas patentadas. “Las semillas y rasgos biotecnológicos de Monsanto (que incluyen las cedidas bajo licencia a otras compañías) representan el 87% del área total mundial dedicada a semillas manipuladas genéticamente en 2007”, detalla la investigación del Grupo ETC.
El modelo
El 15 de junio pasado, en un almuerzo en la sede del Consejo de las Américas y frente a las mayores empresas estadounidenses, la presidente Cristina Fernández de Kirchner relató:
“Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, sino no te hacen prospecto. Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva, digamos, semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta”.
Esa misma semana se desarrollaba en Córdoba el primer juicio penal por fumigaciones con agrotóxicos. Luego de diez años de lucha, la organización Madres de Ituzaingó Anexo (mujeres organizadas luego de que sus hijos y vecinas enfermaran) llevó hasta tribunales a dos productores sojeros y un aerofumigador.
La Presidenta explicó que el anuncio de Monsanto ayudaría a la concreción del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), un programa detallado de metas gestado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y académicos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la producción granaria: pasar de las 100 millones de toneladas (la mitad es soja) a 160 millones para 2020. Lo que implicará avanzar sobre nuevos territorios, hoy en manos de campesinos y pueblos originarios.
El miércoles 27 de junio, desde San Luis y por cadena nacional, la Presidenta dio un paso más:
“Yo sueño con que en mi Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción intensiva de follaje de maíz (…) Sabemos que vamos a producir también un maíz con una variedad transgénica que nos va a permitir, precisamente en ese lugar, constituir una las zonas donde podamos extender toda la frontera agropecuaria y la ciencia y la tecnología”.
El informe:
La investigación “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas” fue coordinado por la investigadora Georgina Catacora Vargas, del Centro para la Bioseguridad de Noruega, espacio dedicado a la investigación y la docencia en la tecnología genética y sus consecuencias en el ambiente y la salud. El relevamiento y procesamiento de información llevó seis meses de trabajo de investigadores y periodistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia (este redactor fue la contraparte argentina de la publicación). De 50 carillas, repleto de estadísticas y gráficos, aborda una realidad muy conocida en cada uno de los cinco países, pero pocas veces tratado como fenómeno regional. Fechado en enero de 2012, fue difundido públicamente el 6 de agosto de 2012. Esta síntesis fue publicado en la edición de julio de nuestra revista Mu, el periódico de lavaca.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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