Nota
Policía de lesa humanidad: el Geop en Corcovado
El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.
Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. “Los delitos cometidos son de lesa humanidad” dijo el fiscal y agregó: “Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”. El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.
Breve historia
El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian “Mai” Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.
Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. “La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad” explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.
Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. “Salieron gritando que no dispararan” relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.
En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.
Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un “intento de fuga” por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.
Llega el GEOP
Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:
Ø En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.
Ø Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.
Ø Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.
Ø En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.
Ø En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.
Ø Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.
Ø La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. “Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha” reveló el defensor Omar López a lavaca, “lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña”. Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
Ø Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.
Ø El defensor López agregó a lavaca: “Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol”. A estas cosas se les llama “grupos de élite”.
Ø En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).
Ø Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.
Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.
Un desaparecido
Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el “estado de sitio” del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.
En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada “agenda” de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que “no fue para tanto”.
En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.
En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.
El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: “El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley”.
La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: “Acá hubo terrorismo de Estado”. Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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