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Luciano Arruga: la impunidad ataca

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A casi 10 meses, más de 300 días, desde que se produjo otra desaparición en democracia y Luciano ya no está, el rumbo del caso es incierto. Por un lado, parece haber avances. Por el otro, los policías relacionados con lo que ocurrió aquel 31 de enero en Lomas del Mirador fueron reincorporados a sus trabajos, uniformes y lo que es peor, armas habituales, por el ministro bonaerense Carlos Stornelli. Algo más: una de las testigos del caso fue golpeada en la comisaría de San Justo.
lucianoPor la desaparición de Luciano Arruga y a raíz de la investigación de la fiscal Cecilia Cejas, ocho policías habían sido removidos de sus cargos y sometidos a extensas declaraciones (ver Mu de octubre). En esos careos, pudo saberse, no lograron explicar con claridad qué hicieron aquel 31 a la noche, ni dónde estaban exactamente. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y abogado de la familia Arruga, sostiene: “En los testimonios policiales hubo declaraciones cruzadas y contradictorias”.
Como si nada
Eso determinó una nueva ronda de declaraciones, que revelaron –a fines de octubre- lo que ni los abogados ni la familia hubieran imaginado: “Hicimos una solicitud para que se vuelvan a presentar los policías que no fueron claros en declaraciones previas, y nos llevamos la sorpresa de que vinieron con sus uniformes y armas”. El detalle es más que simbólico, mientras un joven sigue desaparecido y son más las sospechas que las pruebas (que casualmente dependen de la propia policía).
Los policías habían sido reincorporados a la fuerza por el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli. Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz, fueron quienes estuvieron la noche en la que desapareció Luciano en el Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador.
Según Juan Manuel Combi, otro de los abogados de la causa, la justificación de las reincorporaciones se basó en que no hay procesados en la causa, y mucho menos condena. Toman a los policías no como implicados, sino como testigos. Cuando los separaron de la fuerza, reconoce Combi, los propios defensores de la familia no disponían con los elementos incriminatorios que sí tienen hoy, y que agravan la situación del personal policial. “En aquel entonces no teníamos en claro cuál había sido el recorrido del móvil en esa noche. Hoy sí lo conocemos. Tampoco teníamos las pericias donde constan las irregularidades de los libros de entrada y salida de los detenidos. Tampoco las contradicciones en las declaraciones de los policías”.
Los testimonios y un enigma
Entonces: ¿cómo está la causa hoy? Pablo Pimentel: “En estos días se produjo un hecho importante que disparará una resolución de significado”. La preservación de la información responde al derecho de sumario, y al temor de que la difusión a la prensa incida en la causa. Se sabe, sin embargo, que el jueves 26 concluyó una rueda testimonial que duró tres semanas y disparó resultados positivos.
Vanesa, hermana de Luciano, lo confirma: “La causa está avanzando. No te diría favorablemente porque eso sería tener ya a los policías presos y que aparecieran los rastros de Luciano. La fiscalía está trabajando pero necesitamos soluciones más concretas. La justicia es lenta de por sí y más en estos temas, por lo que decirte que avanza, me resulta raro. Hay muchas cosas que también van para atrás”.
Golpes para Anabella
Una de esos episodios tiene como protagonista a Anabella Martínez, amiga personal de Vanesa y una de las testigos de la causa por Luciano. Anabella fue detenida el pasado lunes y permaneció en la comisaría de San Justo hasta las 3 de la mañana del martes. En ese ínterin fue golpeada, manoseada y hasta le pidieron plata y sexo a cambio de la libertad. ¿Hay relación con la causa de Luciano? Vanesa: “Entendemos que es algo muy grave, más allá de lo de Luciano, que afirma el tipo de violencia que venimos denunciando por parte de la institución policial. Y en este caso se agrava aún más porque ella fue testigo y en el momento de la detención llevaba colgado un pin de Luciano y varios stickers”.
El des-apoyo político
Pimentel, por su parte, coincide en el relativo avance de la causa. “Está teniendo un ritmo sostenido, algo que antes no pasaba. Se está tratando, además, de no dejar nada planteado al azar sino con pruebas y de manera minuciosa, para que no ocurra ningún otro desliz”. La inexistencia de apoyo político en la causa se transforma en obstáculo explícito, en situaciones como la reincorporación de los policías al servicio. Y desnuda la idea de que para la cúpula política, todo sigue igual.
En ese sentido, Pimentel afirma: “No hay, en lo absoluto, un acompañamiento político. Ni el ministro de Seguridad Stornelli, ni el gobernador Daniel Scioli se han acercado, ni puesto a disposición”.
El trabajo de la fiscal Celia Cejas, de la UFI (Unidad Fiscal de Investigaciones) Nº1 de La Matanza depende sólo de lo que ella logre realizar. Vanesa, de acuerdo con Pimentel, cuenta su percepción: “Noto que hay una buena predisposición de la fiscal de trabajar y avanzar en la causa, pero al mismo tiempo eso depende de otras buenas predisposiciones que no se están dando”.
Reclutando chicos para el delito
Por su parte, de la mano de la causa de Luciano corre una denuncia paralela, impulsada por Pimentel y la APDH de La Matanza. Nació a partir de una declaración de Pimentel en un programa televisivo, que inculpaba a sectores policiales de reclutar adolescentes pobres para delinquir, con los cuales se “asocian” y a los cuales facilitan “zonas liberadas” para el delito. Pimentel: “A partir de la denuncia oral de esa metodología se me invitó desde la Fiscalía a radicarla formalmente porque supuestamente era de orden público. Y fue lo que hicimos”. Este martes 1° de diciembre, en la sede de la CTA Capital, un día después de la marcha por Luciano, habrá una conferencia de prensa anunciando la ampliación de la denuncia y pidiendo respaldo de organizaciones que cuenten con testimonios que expliquen esa permeable frontera que suele percibirse entre policías, delincuentes y las principales víctimas de estos tiempos, los chicos pobres.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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