Nota

El juicio mutilado: Muerte dudosa y el último gesto de Febres

Publicada

hace 17 años

12/12/2007

El prefecto Héctor Febres murió cuatro días antes de que se conociera el veredicto del Tribunal Oral 5 que lo juzgaba por la participación en cuatro casos de privación ilegal de la libertad y tormentos durante su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la pasada dictadura. El Espacio Justicia Ya tiene serias dudas de se haya tratado de una muerte natural y reclama una investigación sobre esa muerte (la propia familia de Febres parece dudar). Adriana Calvo explicó a lavaca las razones de sus sospechas. Además, y para entender la magnitud de lo que se juzgaba, se reproduce la crónica “Febres era el que más torturaba”, correspondiente a la audiencia judicial donde declararon sus víctimas, en esta oportunidad corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. El misterio de un gesto de Febres.

“Dudamos de la muerte natural de Héctor Febres, porque se lo veía absolutamente sano, rozagante. Faltaban sólo cuatro días para la sentencia, y no hay que olvidarse que Febres fue el que siempre dijo: ´Por qué me juzgan a mí solo´. El viernes hubiera sido el momento de las últimas palabras frente al Tribunal y hubiera podido decir algo, no descartábamos la posibilidad de que dijera qué familias tienen en su poder a hijos de desaparecidos, una información que él manejaba”, subraya Adriana Calvo, integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y el Espacio Justicia Ya, uno de los organismos que actuaba como querellante en el juicio que se le estaba siguiendo al prefecto por privación ilegítima de la libertad y tormentos a cuatro militantes políticos secuestrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado una condena de 25 años de prisión. Pero su muerte, interrumpe automáticamente el proceso judicial y no será posible.
Quizás sea interesante recordar algo publicado por lavaca en la crónica sobre los alegatos, titulada El juicio juzgado. Allí se narra la acusación de la fiscal Mirna Goransky. En la crónica publicamos textualmente el siguiente párrafo:

“Febres se llevaba a los bebés y, sin embargo, nunca reveló a quiénes les entregaron a esos chicos. Él sabe donde están y podría ayudar a aliviar tanto dolor”, afirmó Goransky y, ante la sorpresa de todos, el imputado asintió con su cabeza, en el único gesto elocuente que se permitió en las dos jornadas.

¿Fue un acto reflejo, o un mensaje? En todo caso, fue lo últim que se le vio hacer públcamente. Ante los fantasmas de la muerte de Febres, toda pista, todo símbolo, pasa a un lugar de posible relevancia.
Lo que hacía
En verdad, El Gordo Daniel o Selva –como le decían por tener la ferocidad de todos los animales juntos- estaba procesado por más de 300 desapariciones. Mientras revistió en la ESMA como enlace entre la Prefectura Naval y la Armada participó de operativos de secuestro, aplicó la picana eléctrica entre otros tormentos, tenía a su cargo a los desparecidos que eran reducidos a la servidumbre y era el responsable de los bebés que nacían en la maternidad clandestina que se había montado en ese centro de detención que se convirtió en el paradigma del terrorismo de Estado.
Hasta la familia de Febres duda
“La jueza caratuló la causa como muerte dudosa, dictó el secreto de sumario, tomó una enorme cantidad de declaraciones y ha aceptado a nuestra asociación como querellante. Por alguna razón dictó el secreto de sumario. Nosotros pedimos peritos de parte para investigar qué pasó. Y la familia también duda de que se haya tratado de muerte natural: por algo pidió la autopsia y puso sus propios peritos. Nosotros queremos saber quién le llevó la cena, quién comió, quién encontró el cadáver, quién era responsable. Si fue un asesinato, a uno se le pone la piel de gallina. No cabe otra que vincularlo con la desaparición de Julio López. Tampoco puede dejarse de relacionar con el día en que ocurrió, el mismo en que asume Cristina Kirchner como presidenta. Sería una muestra de lo que son capaces de hacer, ya no sólo desaparecen a un testigo sino que llegan a matar a la propia tropa”, se explaya Calvo.
El sentimiento de Adriana coincide con el de los querellantes y testigos que declararon a lo largo del juicio: una profunda impotencia y una sensación de que tanto esfuerzo no sirvió para nada, como dijo en una conferencia de prensa Carlos Lordkipanidse, uno de las cuatro víctimas por las que Febres era juzgado.
La “justicia” mutiladora de causas
“Aunque se haya tratado de una muerte natural –advierte Calvo-, esto es consecuencia de estar llevando las causas judiciales desarticuladas, desmembradas, de muy a poquito. De esta manera no sólo se pierde la magnitud del plan genocida, sino que sobre llovido mojado: esta forma de juzgar trae aparejada tanta demora que los represores se terminan muriendo. Y en particular la causa ESMA, que es el paradigma del desguace”.
Calvo responsabiliza al juez Sergio Torres, que tiene a su cargo la investigación de la megacausa ESMA, de haberla hecho “picadillo”. “Se trata del campo de concentración con más pruebas y más represores identificados de todo el país. (El juez español Baltasar) Garzón pidió la extradición de 48 represores con la información que nosotros le dimos. Sin embargo, acá se reabrió hace cuatro años y tres meses, y recién llegó a juicio oral el prefecto Febres, y por sólo cuatro casos. Es cierto que la Cámara de Casación ha demorado todo, pero Torres separó por un lado la causa Walsh, por el otro la Santa Cruz que a su vez está dividida en dos, otra por los robos a los bienes de los desaparecidos, otra al enfermero Jeringa Barrionuevo en la que lo acusa solo de tirarle un balde de agua fría a Víctor Basterra. No contento con toda esta disección, la causa principal la separó también por los años, una parte 76, otra 77 y otra 78, mientras que en la ESMA nunca hubo un corte, los represores son los mismos y las víctimas también”, se indigna la integrante de Justicia Ya.
Política de impunidad
Para Calvo no caben dudas de que esta forma de juzgar se trata de una política para diluir y dilatar los procesos: “Esto es generar impunidad, y esta causas apuntan a lograrla: Febres se murió sin condena, recluido en un local de la prefectura, cuidado por su pares y en pleno Delta del Tigre, un lugar paradisíaco. Sus condiciones de detención no eran las normales: ¿Qué preso bajaba a tomar el desayuno a las 10:30 como hacía él?”
Calvo sustenta su opinión con los resultados de los procesos judiciales que se están llevando adelante: “En los cuatro años que pasaron desde que se reabrieron las causas –narra- tuvimos tres condenados y un muerto a punto de ser condenado. Vamos mal. Es cierto que a los testigos no nos gusta ir a declarar una y otra vez, que eso nos revictimiza, que nos molesta y nos duele. Pero el problema no es ese, el problema es que si se pierde tanto tiempo juzgando a los represores que más se destacaron, nunca vamos a llegar a juzgar a los represores que aún se encuentran en actividad.”
lavaca ha venido cubriendo prácticamente todo el juicio (el sector “Archivo temático” comienza justamente con el juicio a la ESMA. Como un modo de comprender la magnitud de lo hecho por personajes como Febres, aquí reproducimos una de las crónicas publicada el 23 de octubre, corregida y ampliada de acuerdo a la textualidad de las desgrabaciones judiciales. Este es el texto.
”Febres era el que más torturaba”
La Fiscalía y las querellas pidieron que se amplíen los cargos contra Héctor Febres, primer represor de la ESMA que es sometido a juicio desde que se reabrieron las causas por las violaciones a los derechos humanos. Cuatro de sus víctimas describieron cómo los torturaron y los sometieron a trabajo esclavo (falsificar documentos para los militares y trabajar para la imprenta del diario Convicción, por ejemplo). Lo responsabilizaron por las embarazadas que llegaban al lugar y relataron cómo el prefecto se encargó del traslado de los secuestrados a la isla El Silencio, en Tigre, cuando la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitó la Argentina. De cómo el “Gordo Daniel” se transformó en el “Gordo Cagueta”.
Después de escuchar los testimonios de las cuatro víctimas que declararon en la segunda jornada del juicio oral y público contra Héctor Febres -el primer represor juzgado por su actuación en la ESMA, después del Juicio a las Juntas-, tanto la querella como la fiscalía solicitaron la ampliación de los delitos por los que se juzga al imputado. El fiscal Jorge Taiana pidió que se le incorpore el cargo de privación ilegítima de la libertad, agravada por la duración en el tiempo del cautiverio y por encuadrarse los hechos dentro de la figura de persecución política . La querella, a su vez, exigió que al Gordo Daniel –como se lo conocía en el campo clandestino- también se lo juzgue por reducción a la servidumbre, ya que los testigos relataron con pormenores cómo fueron sometidos para realizar trabajo esclavo.
¿Qué es tortura?
En la segunda jornada del juicio a Febres, la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py fue invadida por un silencio estremecedor. Los relatos de las víctimas de Febres fueron interrumpidos en varias oportunidades cuando se notaba que estaban al límite de su propia emoción. De manera recurrente, el juez Guillermo Gordo ofreció a los testigos la asistencia de una psicóloga, presente en el recinto, y llamó a cuarto intermedio cada vez que las lágrimas amenazaron el relato de los ex detenidos-desaparecidos.
“En la ESMA éramos miles. Ahí tomé conciencia de que se trataba de un genocidio”, declaró Carlos Lordkipanidse cuando se le quebró la voz. El Sueco –como le dicen- brindó un pormenorizado relato de su cautiverio y del funcionamiento del campo de detención clandestina más emblemático de la dictadura. Su sensibilidad afloró cuando contó que le fue encomendada por Febres la tarea de realizar tres copias de microfilms que contenían las fichas de todos los secuestrados que habían pasado por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. “Por eso puedo decir que eran cerca de cinco mil. En un momento, cuando pasaban esas fotos, no aguanté y me puse a llorar”. Allí, agregó, pudo ver las fotos de los detenidos, datos de militancia y el destino final: “Algunos, la mayoría, estaban marcados con una letra D; otros, la minoría, con la L y muchos con la sigla MC. Deduje que la D era de deceso o desaparecido, la L de liberado y MC, muerto en combate”.
– ¿Cuántas veces fue torturado? – quiso saber la Fiscalía en otro tramo de su declaración.
– Hay que definir bien qué es tortura. A mi me torturaron dos años y medio, desde que me detuvieron hasta que me fugué a Brasil– contestó fastidiado.
– ¿Quién lo torturó?
– Hay que definir bien qué es un torturador. No fue una persona, fueron todos los que estaban en la ESMA, desde los cadetes hasta los suboficiales y oficiales de mayor jerarquía.
El juez Gordo aclaró que la pregunta iba dirigida a cuántas veces fue sometido a la picana eléctrica. Contestó el testigo:
– Creo que se está subestimando lo que es la tortura, a la que fui sometido durante los dos años y medio que viví en condiciones infrahumanas.
Lo que enojaba a Astiz
Lordkipanidse fue secuestrado el 11 de noviembre de 1978 por personal que se identificó como de Toxicomanía de la Policía Federal. “Me metieron en un Peugeot 504. Al único que reconocí de ese grupo fue a Pellón, que me apuntó con una Itaka en la frente. Lamentablemente ya falleció y no podrá ser juzgado”, declaró el testigo que aquel día fue llevado a la ESMA, donde un rato antes habían arribado su mujer, Liliana Pellegrino, y su hijo de 20 días. Cuando llegó, esposado y encapuchado, reconoció los gritos de su mujer y de su hijo, que estaban siendo sometidos a tormentos. “En ese momento me hice conocer a los gritos para que supiera que yo ya estaba ahí, por si la estaban torturando por mí. En ese momento el imputado, Febres, me hace un tacle, me saca la capucha y me rompe la cara a trompadas: `Callate, monto hijo de puta`, me decía pero yo seguí gritando”, recordó Lorkipanidse que en otro momento de su declaración subrayó: “Las piezas dentales que me faltan no es por falta de cuidado personal, sino por la golpiza que me dio Febres cuando me recibió”.
El testigo señaló que lo secuestraron por ser el último sobreviviente del Grupo Especial de Combate de la Organización Montoneros. Enseguida recordó que el primero en aplicarle la picana eléctrica fue Alfredo Astiz y que lo hacía con especial saña para sacarse la bronca que le generaban las cargadas de Jorge Perrén, otro represor. “Todo el tiempo lo gastaba y le decía: `Te los saqué yo.` Parece que el encargado de mi secuestro era Astiz, pero se confundió y se llevó a mi primo Cristian Colombo creyendo que era yo”, explicó el testigo.
Mientras le aplicaban descargas eléctricas, a Lorkipanidse le preguntaban por nombres, apodos y direcciones. Como se negaba a darlos, en un momento llegó el prefecto Juan Antonio Azic con su hijo agarrado de los pies mientras gritaba: “Colaborá porque si no le reviento la cabeza contra la pared”. Como el detenido seguía sin brindar información, colocaron al niño de 20 días sobre su abdomen mientras lo sometían con la picana.
Lordkipanidse relató que en la ESMA dejó de llamarse Carlos para convertirse en el 255. Fue alojado en el sector denominado Capucha, en el tercer piso, al que describió con lujo de detalles mientras señalaba la maqueta que reposaba en el centro de la sala y cuya imagen era proyectada sobre la pantalla gigante que pendía a espaldas de los jueces.
“Ponete linda que tenemos que salir”
Cada tanto, el Sueco volvía a ser conducido al sótano para sufrir nuevas sesiones de picana, a veces manipulada directamente por Febres: “No siempre lo hacían para averiguar datos sobre mi militancia política. Una vez fui sometido a tortura para que cantara dónde había dejado estacionado el Fiat 600 de la empresa en que trabajaba, porque ellos se habían quedado con las llaves.”
Como era fotocromista, a Lordkipanidse le pidieron que falsificara un pasaporte uruguayo. Se negó una y otra vez hasta que otro detenido le dijo que esos documentos no iban a ser utilizados para secuestrar a otros compañeros sino para “hacer negocios, para venderlos”. “Cuando empiezo a trabajar, unos compañeros me ponen al tanto de cierto plan de resistencia que consistía en inventar trabajos para tratar de salvar a otros compañeros”. El testigo ejemplificó cómo rompían máquinas de escribir para que un secuestrado que sabía repararlas fuera llevado al sector de trabajo forzoso. “En un momento –prosiguió el testigo- Febres reemplazó a Raúl Scheller en el Sector 4 y cuando se presentó me dijo: `Acá, en este lugar, yo soy el torturador`”.
Cuando Liliana Pellegrino salió en libertad, contó Lorknipanidse- era obligada a realizar periódicas llamadas telefónicas a la ESMA para reportarse. “Febres también la llamaba y le decía: ´Hoy ponete linda que tenemos que salir. Y se la llevaba para darse corte de que andaba con una mujer joven y linda. Los detalles más escabrosos no los voy a contar”, advirtió.
Viaje a El Silencio
Lordkipanidse remarcó que Febres, por ser de la Prefectura, reforzaba su maldad para ganarse el respeto de los marinos. Pero, señaló el testigo, su figura comenzó a apagarse en 1979, cuando se negó a formar parte de una acción en el exterior: “Habían jugado un partido entre Argentina y Holanda, en Amsterdam, y en las tribunas había aparecido una bandera que preguntaba por el destino de los desaparecidos. Como la Selección iba a jugar otro partido en Austria, le encomendaron que viajara para evitar que vuelvan a colgar la bandera. El prefecto se negó, decía que mandaran a los que no tenía hijos, que él tenía una familia y que allá no iba a estar cubierto como acá. Desde entonces, su figura cayó en desgracia y en vez de Daniel o Selva comenzaron a llamarlo El Gordo Cagueta”.
El testigo también señaló a Febres como responsable del traslado de tres decenas de detenidos en la ESMA a la isla El Silencio, en el Tigre, mientras la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos visitaba la Argentina para indagar sobre la desaparición forzada de personas. “Febres supervisaba todo, por eso lo responsabilizo de lo sucedido con el Topo Sáenz, el único de todos los secuestrados que estaban en Capucha que no llegó a El Silencio. Nunca se supo más nada de él. Febres debe dar explicaciones”.
Lordknipanidse también mencionó a Febres como integrante del grupo que decidía qué detenidos iban a ser trasladados, eufemismo que significaba que iban a ser dopados mediante una inyección y arrojados vivos al mar desde aviones en vuelo. El testigo subrayó que en cuatro oportunidades su destino fue debatido en ese grupo que integraban miembros de las distintas áreas de la ESMA.
Otro de los testigos que, con voz pausada pero firme, desgranó paso a paso su tránsito por la ESMA fue Carlos Alberto García, otro de los querellantes contra Febres, a quien acusó de haber participado del grupo que lo capturó el 21 de octubre de 1977. “Vos te vas a llamar 028”, contó la víctima que le dijeron cuando arribó a su lugar de detención. Detalló cómo le aplicaron la técnica de tortura conocida como “submarino”, al sumergirle la cabeza en agua y cómo lo picanearon. “Me torturaban todos, el que empezaba siempre era uno que le decían 220, de apellido Weber. Y Selva, Febres, era el que más torturaba”, dijo convencido y agregó: “Los verdes, los que estudiaban en la Escuela, todos muy jovencitos, directamente me usaban de cenicero y me quemaban con cigarrillos”.
Las inyecciones, la monja, y el “chico rubio”
García señaló que aunque estaba encapuchado podía ver, porque cuando lo torturaban “saltaba por el aire” y su capucha se desplazaba. El testigo hablaba con la vista hacia abajo, como si no quisiera perder concentración en el hilo del relato y siempre con sus palmas apoyadas en el escritorio que tenía delante. Recordó que lo hacían trabajar con esposas y grilletes en el subsuelo del lugar, construyendo un espacio llamado la huevera, por estar aislado con cartones de huevos. “Ahí había tres salas de tortura. Era un infierno, todo el tiempo escuchábamos los gritos de nuestros compañeros, era como si nos estuvieran torturando todo el tiempo”, graficó.
García relató que en un momento, mientras lo obligaban a trabajar, pudo ingresar al laboratorio de la ESMA y vio a una de las monjas francesas desaparecidas junto al grupo conocido como Santa Cruz. “Estaba destruida –recordó- y me preguntaba si sabía cómo estaba el chico rubio (en referencia a Astiz, el represor que se infiltró entre ellas hasta hacerlas desaparecer)”.
El testigo relató cómo inyectaban a los detenidos y los subían a camiones para ser “trasladados”. También contó que veía entrar y salir continuamente a Febres, Scheller y 220 de las salas de torturas. Con el apodo de 220 se conocía al comisario Ernesto Weber, padre del comisario homónimo acusado de disparar en Plaza de Mayo contra los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001. Justamente, mientras la víctima nombraba a Weber, entre el público que presenciaba la audiencia comenzó a correr un rumor que se pudo confirmar en el primer cuarto intermedio: el juez Claudio Bonadío acababa de dictar el procesamiento de Fernando de la Rúa y de tres policías por los asesinatos ocurridos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo durante aquellas jornadas.
Mientras lo llevaban y lo traían para que realice el trabajo forzado, García iba descubriendo el funcionamiento de la ESMA. Un día, contó, se cruzó con una madre que acaba de parir. “Qué lindo bebé, le dije, y ella me lo dio para que lo tenga a upa unos segundos. Con el tiempo me enteré que ese bebé era Juan Cabandié (uno de los últimos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y legislador porteño electo por el Frente para la Victoria)”.
Facturas falsas y el diario de Massera
García explicó que después lo destinaron en la imprenta, donde lo obligaban a confeccionar facturas de hotelería falsas para que los marinos pudieran pasar viáticos extras y hacerse de dinero fácil. La víctima también recordó que lo obligaron a presenciar el saqueo de dos imprentas del norte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo que estuvo a cargo de Febres. El episodio es coincidente con la aparición del diario Convicción, que tenía como objetivo convertirse en la tribuna del dictador Emilio Eduardo Massera, que hacía públicas a través de esas páginas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la Argentina.
“Nos llevan a trabajar a Apus gráfica, donde se imprimía Convicción. Febres es el que nos presenta a los gerentes de la empresa. Todos los días nos llevaban desde la ESMA hasta allí. Éramos mano de obra esclava”, definió García que en un momento introdujo su mano en su saco y exhibió la credencial que le habían dado en esa empresa y un certificado de trabajo que le habían extendido. “En Apus Gráfica también trabajaba gente normal -explicitó para contraponer con su propia situación- que no sabía nada. Qué le íbamos a decir”.
La jornada laboral de García no terminaba en Apus Gráfica, continuaba hasta la madrugada en la imprenta del edificio Libertad, donde lo obligaban a falsificar Documentos de Identidad, Cédulas, Registros de Automotor y Pasaportes, entre otros documentos. Recién entonces, lo llevaban de regreso a la ESMA.
Lo que contó Josefa
García responsabilizó a Febres del traslado desde Uruguay de un matrimonio secuestrado que fue alojado en la ESMA.
– ¿Qué funciones vio cumplir a Febres en la ESMA –insistió uno de los abogados querellantes.
– Torturaba, se encargaba de las embarazadas y los bebés y hacía inteligencia. También daba órdenes – sintetizó García.
En un momento, le concedieron a García el régimen de libertad vigilada. Debía llamar a la ESMA y presentarse cuando se lo ordenaban. Quiso casarse con Myriam Lewin, a quién había conocido dentro de la ESMA. “Tuvimos que pedir permiso para hacerlo. No éramos dueños de nuestra vida”, subrayó.
Alfredo Margali, otro de los querellantes, relató de manera casi idéntica a la de García como los forzaron a realizar tareas en Apus Gráfica. La que no pudo construir un relato pormenorizado fue la cuarta víctima, Josefa Prada de Olivieri. “Mi compromiso con la memoria duró hasta el Juicio a los ex comandantes, me parece muy extraño todo esto a 30 años de distancia”, explicó visiblemente nerviosa no bien comenzó su declaración. Prada de Olivieri había sido llevada a la ESMA junto a su pareja. A la testigo le exhibieron una foto de Febres para ver si podía identificarlo entre sus agresores, pero no pudo hacerlo. Lo que la víctima no puede olvidar, treinta años después, es que fue violada en el centro clandestino de detención mientras estaba embarazada de cuatro meses.

II Marcha nacional en defensa del medio ambiente

La calle es nuestra: el petitorio

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: