Prefecto HÉCTOR ANTONIO FEBRES, alias «Selva», «Orlando», «Gordo Daniel».
Nacido el 10 de septiembre de 1941.
DNI Nº 4.577.946.
Actualmente detenido en un recinto de la Prefectura de Tigre por orden judicial confirmada por la Cámara de Apelaciones.
Está involucrado en los delitos denunciados en las siguientes causas:
EN LA DENOMINADA “MEGACAUSA ESMA”:
1.Por los hechos por los que fue indagado, procesado y detenido al momento de dictarse la ley de obediencia debida. Cuando se reabrió la causa, a partir de la nulidad de las leyes, por lo tanto, fue a la cárcel por la privación ilegal de la libertad y torturas a MARIA INES IMAZ, NILDA ACTIS, CARLOS MUÑOZ, ANGEL STRAZERI, THELMA JARA y VICTOR BASTERRA. Este fragmento de la causa es el que está paralizado en Casación desde fines de 2003.
2.Por los hechos que tienen por víctimas a más de 220 personas (entre desaparecidos y liberados) que fueron secuestradas y torturadas en la ESMA en los desde los inicios del funcionamiento del Grupo de Tareas hasta mediados de 1978.
EN LA CAUSA DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ:
3.Por los hechos conocidos como “Iglesia Santa Cruz” (secuestro y desaparición de Madres de Plaza de Mayo, familiares y compañeros de detenidos-desaparecidos y dos religiosas francesas), por considerarlo coautor de los hechos que tienen por víctimas a Alicia Ana María Juana Domon, Reneé Leonnie Duquet, Angela Auad, María Esther Ballestrino de Careaga, Remo Carlos Berardo, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Horacio Aníbal Elbert y Azucena Villaflor de De Vicente. Según los testimonios, Selva torturó personalmente y participó del traslado de Leonie y Alice, las monjas francesas desaparecidas hasta hoy a quienes sacó de la ESMA.
EN LA CAUSA WALSH
4.Está procesado y con prisión preventiva por los hechos que tuvieron como víctima a Rodolfo Walsh.
EN LA CAUSA CONOCIDA COMO “POR PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE APROPIACION DE NIÑOS”
5. Causa nº 10326/96 “Nicolaides Cristino y otros s/sustracción de menores” que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal, Secretaría 13: por los delitos de sustracción, retención y ocultación de menores, en concurso ideal con el de sustitución de identidad, reiterado en quince oportunidades.
Durante los años 1976, 1977 y 1978, Febres fue responsable de las prisioneras embarazadas en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, y a quienes al dar a luz sus bebés les fueron robados y dados ilegalmente en adopción a integrantes de una lista de “interesados” (en su mayoría militares) confeccionada por los carceleros. En especial, se lo recuerda por su macabra actuación con las prisioneras embarazadas, a quienes luego de dar a luz, les quitaba sus hijos y las obligaba a escribir una carta a sus familiares, simulando que el niño sería entregado a ellos. Febres jamás aportó dato alguno que pueda ayudar a conocer el destino de los centenares de niños nacidos en cautiverio.
EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE APROPIACIÓN DE BIENES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
6. También está siendo investigado, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, por su posible participación en apropiación de bienes de personas desaparecidas.
Además, el sobreviviente Víctor Basterra lo sindica no sólo como ejecutor de las torturas que sufrió sino de haber sido parte de una operación fraudulenta donde Febres y otros se apropiaron de su casa. También lo señala como responsable del operativo relámpago de traslado de prisioneros hacia una isla del Tigre en septiembre de 1979 para ocultarlos de una inspección de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revisaba la situación de los prisioneros políticos en la dictadura.
EN LA CAUSA POR GENOCIDIO, CON PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE ESPAÑA
7. Además, tiene un pedido de extradición de España por “Genocidio, Terrorismo y otros” (Juzgado Central de Instrucción Número 5, Audiencia Nacional, Madrid).
EN LA CAUSA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, DE ITALIA
8. En el año 2005, una resolución judicial de los tribunales romanos lo declaró “en contumacia” (rebeldía) junto a otros cinco ex militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos italianos, en una causa en la que al igual que Emilio Massera, Jorge “El Tigre” Acosta, Alfredo Astíz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek, se encuentra imputado por la desaparición de los italianos Angela Aieta, Giovanni Pegoraro y su hija Susanna Pegoraro, que estaba embarazada. Febres, Astíz, Acosta y Vañek manifestaron que no reconocían la jurisdicción italiana.
LA CONDENA SOCIAL
El 27 de febrero de 1987 la Cámara Federal decretó su prisión preventiva “rigurosa, por la naturaleza de los hechos imputados”, pero a poco andar la Obediencia Debida lo dejó en libertad. Tras ser liberado, fue ascendido a prefecto.
En agosto de 1988 siendo Prefecto Jefe de la Prefectura Naval de Concordia, fue declarado “persona no grata” por el Concejo Deliberante de esa localidad entrerriana. Su prontuario se hizo público al serle rechazada una solicitud de ingreso a un club de tenis de esa localidad, cuyo presidente había sufrido la muerte de una hermana durante la dictadura. “Selva”, que pretendía pasar inadvertido en “un lugar tranquilo” -como él mismo decía- amenazó con “arrancarle los dientes” si seguía divulgando su prontuario represivo, al término de un partido de tenis donde fue derrotado. “El Febres de la raqueta es el mismo de la picana y la capucha”, sostuvieron los ex prisioneros Carlos García, Ricardo Coquet y Graciela Daleo, para desenmascarar al genocida.
En una de las tantas actividades impulsadas por los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes para construir la condena social de Febres, la abogada Norma Maratea, del Centro de Estudios Legales y Sociales, sostuvo: “Febres no era un pobre tipo que obedecía órdenes, sino que tenía poder de decisión al formar parte de los Grupos de Tareas y era el oficial que estaba a cargo de las embarazadas. Todos sabemos que ellas eran consideradas como envases porque también la suerte de los niños nacidos en cautiverio era considerado por ellos como botín de guerra. Y el destino de los niños es algo que Febres conoce perfectamente”.
Febres jamás refutó ninguno de los argumentos en su contra difundidos en la campaña pública. Se limitó a alegar: “las acusaciones que hoy se me formulan tendrán que hacérselas a la Prefectura Naval Argentina”.