El prefecto Héctor Febres, uno de los represores que manejaba la situación de las embarazadas en la ESMA, y por lo tanto de los bebés desaparecidos, comenzará a ser juzgado este jueves 18 de octubre aunque no por ese delito sino por secuestros y torturas. Más de 40 testigos irán a declarar. El ministerio de Justicia les ofreció colocarles pulseras electrónicas por si fuesen víctimas de un secuestro, lo cual demuestra, según dijo a lavaca el abogado Rodolfo Yanzón, que el Estado no sabe qué hacer y “no está en condiciones de proteger a los testigos” pese al lo cual todos van a declarar. “Por mi, y por miles que nunca van a poder hacerlo” expresó uno de los querellantes. En diciembre habrá sentencia.

Veinte años después de las leyes de Punto final y Obediencia Debida alfonsinistas que frenaron las causas por violaciones a los derechos humanos tras los levantamientos carapintadas del luego duhaldista y actual kirchnerista Aldo Rico, por primera vez se podrá retomar la llamada Causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) a partir de sólo un caso, por ahora: el del prefecto Héctor Antonio Febres. Ocurrirá en la llamada “Sala Amia”, donde el público observa detrás de un vidrio blindado, y que hace referencia a esa especie de dictadura de la impunidad que el poder judicial demasiadas veces convalida.
Abogados, querellantes y sobrevivientes decidieron impulsar este juicio que puede parecer “pequeño” (si alguien quisiera hablar de pequeños crímenes de lesa humanidad) pero que permitirá revelar una vez más los mecanismos y perversiones del terrorismo de Estado, y acaso condenar a uno de sus ejecutores.
Tupac ESMA
La Causa ESMA es una especie de Tupac Amaru, descuartizada por las trampas de funcionarios del Poder Judicial como forma de garantizar la impunidad de varios de los principales criminales que ha tenido la historia argentina, asalariados en uno de los más paradigmáticos campos de concentración y exterminio.
Uno de los abogados de los querellantes, Rodolfo Yanzón, explicó a lavaca una secuencia que es un modo de contar la historia reciente: “En la Causa 13 contra los ex comandantes (celebrada en 1985) la Cámara Federal planteó la necesidad de seguir investigando no sólo a los jefes máximos, sino a quienes habían cometido los crímenes. Así se abrió la causa ESMA que instruyó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Debe recordarse que durante la gestión de Raúl Alfonsín, cundió la superstición según la cual los militares debían hacerse cargo de su propio juzgamiento, teoría que fue derritiéndose en la práctica (y eso posibilitó el Juicio a los ex comandantes). La Causa ESMA en manos del Consejo Supremo tomó algunos casos testigos “lo cual ya implicaba un cercenamiento” dice Yanzón, pero todo se disolvió con los levantamientos carapintadas que llevaron al gobierno de Alfonsín a decretar no sólo el Punto Final (para evitar nuevos juicios) sino la llamada Ley de Obediencia Debida (según la cual los que mataron, torturaron o cometieron otros crímenes aberrantes, lo hicieron sólo cumpliendo órdenes superiores).
Yanzón: “Al anularse esas leyes en 2003, el juez Sergio Torres decidió retomar lo que había iniciado el Consejo Supremo para avanzar con los juicios. Había personas procesadas, otras no, y un gran número de hechos jamás habían sido investigados. Torres planteó enjuiciar a los procesados como Acosta, Astiz, Pernía, Rolón, Scheller, Febres, pero la Cámara de Casación tomó esa causa, la trabó, y dijo que no podría realizarse hasta que ella, la Cámara, resolviese si podía reabrirse o no”.
La Cámara de Casación es casi tan progresista como lo fue el Proceso de Reorganización Nacional, y ha sido vastamente criticada por el propio presidente Kirchner y la Corte Suprema. “Este juicio no es lo que queríamos: sólo Febres y por los delitos cometidos contra cuatro sobrevivientes. Pero tampoco vamos a minimizarlo porque es la consecuencia de más de 20 años de impunidad lisa y llana más el accionar de la Cámara de Casación que se sentó arriba del caso y es la que impide que en esta misma causa estén acusados Alfredo Astiz y Jorge Acosta, por ejemplo”.
La otra posibilidad era esperar a que una Causa Esma mayor llegase a los tribunales, una vez libre de las asentaderas de Casación. “Pero lo que vimos con los querellantes y testigos es que eso puede tardar años, y que el Estado no brinda ninguna condición, no brinda garantías de que se llegue a ese otro hipotético juicio, y por eso queremos que ahora se lleve a cabo éste y luego seguiremos con todos los que hagan falta”.
¿Dónde están los hijos de desaparecidos
¿Qué va a ocurrir en el juicio? Como tratará cuatro casos de secuestro (privación ilegítima de la libertad) y tormentos, no habrá pena de prisión perpetua (pena que se aplica en casos de homicidios probados). Yanzón; “Pero nosotros vamos a pedir el máximo, 25 años, y la posibilidad de probar delitos que permitan la prisión perpetua quizás se de en alguna de las causas posteriores”. Otra cosa que va a ocurrir es que los más de 40 testigos relatarán sus propios casos personales. “Pero además van a contar que Febres, además de haber participado en los grupos de tareas, los secuestros y las torturas, era uno de los encargados de la relación con las mujeres embarazadas que parían dentro de la ESMA” explica Yanzón. “Por esos hechos habrá otra causa en juicio oral, pero es inevitable que este tema aparezca en este juicio. Lo fundamental, es que este hombre sabía cuál era el destino de los chicos que arrebataban a las mujeres. Nada más y nada menos. Hasta el día de hoy nadie lo sabe. Él nunca abrió la boca. Pero tampoco la Armada ni la Prefectura. En algún momento las propias fuerzas armadas y el presidente, como su comandante, van a tener que hacer algo con respecto a esto: brindar información. Febres daría una información vital porque era uno de los que decía, esta chica ya parió, así que va para allá (las y los lectores imaginan qué significa ese “allá”) y este bebé va para tal familia”.
Yanzón acierta en que nunca el poder político, parece haber tenido la decisión de ejercer una autoridad que haga que los militares revelen aquello que ya ha sido juzgado como un crimen institucional (y no un error o un exceso).
“Aunque a Febres no se lo juzgue en este caso por los chicos desaparecidos, la idea es que eso de todos modos salga a la luz”.
Muchas ESMA
Los casos que sí serán juzgados son los de los secuestrados y torturados Alfredo Margari, Carlos García, Josefa Braga y Carlos Lordkipanidse. Este último fue uno de los que pidió la suspensión del juicio (para incluirlo en la causa mayor), al igual que lo hizo la fiscal Mirna Goranski. Yanzón: “Claro que uno querría ese gran juicio, pero es totalmente incierto saber si se hará. Ni el tribunal ni la Corte dieron lugar a esa suspensión planteada días antes, siendo que esto se está llevando adelante desde hace un año y medio. Nosotros hemos considerado que es importante que se vea esa voluntad real de juzgar: que se vienen los juicios”.
Sólo la Tupac ESMA incluye, según el repaso del doctor Yanzón:

• El juicio a Febres,
• El juicio que había iniciado el Consejo Supremo (Astiz, Acosta, y demás),
• La causa por lo sucedido en la iglesia de Santa Cruz: el secuestro de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Devincenti, Esther Careaga y Mary Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y siete familiares y militantes más que se reunían en esa iglesia que –contra la corriente eclesiástica- cobijaba a las víctimas en lugar de bendecir al crimen organizado por los militares. Horror en idioma argentino: como en este caso sí aparecieron los cuerpos, podrá haber condenas por asesinato.
• El caso del escritor e integrante de Montoneros Rodolfo Walsh.
• El caso de bienes apropiados a los secuestrados, como el del contador Conrado Gómez, de Mendoza.
• El caso de Juan “Jeringa” Barrionuevo, político justicialista de Tierra del Fuego, acusado de desempeñarse en la ESMA como el encargado de administrar inyecciones de Pentonaval, para dopar a las personas que luego eran arrojadas vivas al mar desde los “vuelos de la muerte”.

El solo desarrollo de estos temas permite comprender la magnitud del crimen. “Pero si nos guiamos por tiempos judiciales como los actuales, pensando en unificar eso y tal vez más causas, uno puede imaginarse que el hipotético juicio conjunto es imposible de garantizar con este poder judicial” dice Yanzón.
La pulserita del Ministerio de Justicia
Los testigos, cuenta Yanzón, viven el efecto rebote inevitable tras la desaparición de Julio López. “Cualquier cosa fuera de lo común es para ellos una alarma. Ahora tienen los nervios propios de volver a declarar ante un tribunal, pero lo que hemos hecho es tomar algunas medidas de seguridad para poder estar permanente comunicados por cualquier cosa que necesiten”.
La sensación, tras la desaparición de López, es que no hubo cuidado sobre los testigos: “Y es lo que sigue ocurriendo. En el juicio a Von Wernick por suerte no pasó nada, pero no hubo ninguna protección. Estoy hablando de lo que tendría que hacer y no hace el Estado” dice Yanzón que cuenta una situación ilustrativa del estado de las cosas: “Vino gente del Ministerio de Justicia y les propuso a uno de los testigos: Te podemos poner una pulserita electrónica por si acaso”. Se trataría de un dispositivo electrónico para detectar a la persona, cual las agencias policiales que detectan la localización de autos robados. Esta posible genialidad de los funcionarios fue contestada del siguiente modo: “¿Vos querés que además me corten el brazo para que ustedes no encuentren la pulserita?”
Según Yanzón este diálogo demuestra varias cosas: “Los funcionarios no sé si no quieren, pero no saben qué hacer. Yo creo que estos juicios merecen la atención de la comunidad internacional, y que el Estado tendría que reconocer que no está en condiciones de proteger a los testigos, y necesita una colaboración externa. La ONU, la OEA, la Cruz Roja, otra cosa”. Yanzón recuerda la situación que vivió en Colombia, donde los testigos y amenazados por grupos paramilitares eran protegidos por personal especializado. “Aquí se agrega que a los testigos les decís que los va a cuidar la policía, y no quieren saber nada”.
Para el abogado el otro problema es de ideología y autopreservación de la burocracia. “En el Poder Judicial, el Ejecutivo, en la secretaría de Derechos Humanos, estos juicios generan además un montón de oficinas nuevas y empleos, que luego tienen que justificarse. Si vos revelás que todo eso no sirve para nada, les arruinás esa fuente laboral. Pasó con la Causa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército. Los jueces estaban chochos porque podían contratar más gente, los empleados chochos porque recibían contratos mejores, todo esto genera poder, empleo, manejo de gente y de dinero, y formas de justificar todo ese movimiento”. Para Yanzón, escéptico sobre estas invenciones estatales, ya hay oficinas de asistencia a las víctimas que son una especie de adorno, al igual que las de protección de testigos.
Teléfonos donde llamar
¿Y sin embargo la gente irá a declarar?
“Sí, muchos incluso sabiendo que posiblemente, y con suerte, tendrán que volver a hacerlo después. Te dicen: si hay que ir mil veces, iremos mil veces. Alfredo Margari dijo: “Tengo la obligación de estar en el juicio, por los que no están. ¿Me voy a ir a mi casa si hay miles de desaparecidos que nunca van a poder hablar? Justamente: tengo que hablar por ellos”.
El juicio se extenderá hasta los primeros días de diciembre, cuando quizás se conozca la sentencia. Todos los datos que requiera el periodismo pueden ser consultados a los propios abogados, a los siguientes teléfonos.
Rodolfo Yanzón: 155 017 0167
Adrián Gómez: 156 398 5499
Flavia Fernández Brozzi: 156 046 9499
Luz Palmas Zaldúa 156 374 6308