La asamblea de Andalgalá después del fallo de la Corte. Darío Aranda recorre el trayecto hasta llegar a Plaza Tribunales para lograr una sentencia que les da la razón. Qué viene ahora y cómo la gobernadora, en tanto, expone en Canadá las simpatías de su gobierno con las empresas que la comunidad rechaza.

El camino vecinal trepa hacia el cerro. Atrás quedó la ciudad, un río con un hilo de agua y la entrada a la localidad de Villavil. Las nubes parecen cercanas y el silencio se impone. De repente, una tranquera blanca obliga a detener la marcha y un cartel con letras rojas advierte: “Prohibido pasar. Propiedad privada”. Una cadena gruesa con candado y una garita de dos metros por dos, con guardia de seguridad incluido. Coincidencia o no, a los dos minutos llega un patrullero de la policía de Catamarca.

Aldo Flores y Juan Cólica, asambleístas que priorizan el agua por sobre la megaminería, amagan pasar por el camino vecinal y subir al cerro. El seguridad privada avisa que ahora es un camino de Minera Alumbrera. Flores maldice. Una injusticia más a las vividas en veinte años de megaminería.

Promesas

En octubre de 1994 se presentó en San Fernando del Valle de Catamarca el inicio de obra del primer megayacimiento minero de Argentina, de oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales. El gobernador Arnoldo Castillo, el presidente Carlos Menem y los jerarcas de Minera Alumbrera: un consorcio de multinacionales suizo-canadiense. En la actualidad, de las empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold.

Entre las promesas resaltaban miles de puestos de trabajo, un barrio para 5.000 personas, un hospital de alta complejidad, desarrollo local y cuidado del ambiente.

Andalgalá y toda Catamarca, creyó.

La etapa de construcción requirió gran cantidad de mano de obra. Fueron dos años. Luego, comenzaron los despidos masivos. En 2005, el entonces intendente José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá tenían trabajo en Alumbrera.

Brindis

El micro de la empresa Lazo llega a Andalgalá a las 23 pasadas. Esperan Fernanda Vallejos y Juanjo Rodríguez, jóvenes de la Asamblea El Algarrobo, referencia nacida en 2009 en la lucha contra la megaminería. El Volkswagen Gol recorre en tiempo récord los tres kilómetros hasta Chaquiago, hermoso y tranquilo pueblo vecino. Frente a la plaza vive Aldo Flores, un histórico del rechazo a la megaminería.

Alto, delgado, cabello blanco. Recibe con un abrazo y un “menos mal que llegaste… nos estábamos cagando de hambre”. Primera carcajada estilo Flores, que intercala reflexiones profundas con puteadas y bromas. También son de la partida Rosario Carranza (compañera de Juanjo), sus hijas (Amanda, de 4 y Cielo, de 1) y Fabio Paz, joven de la FM Comunitaria El Algarrobo.

La casona es antigua y la mesa está preparada en la galería del frente de la casa. Un tupido jardín y árboles impiden ver la calle. Empanadas y tinto.

La charla transcurre sobre el periodismo, los gobiernos nacionales (de Kirchner a Macri), los pueblos indígenas, las asambleas socioambientales y -claro- la minería.

La visita propone la mirada optimista. Entiende que la lucha contra la minería está instalada a nivel nacional y que el proyecto Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las fuentes de agua) está frenado.

No todos comparten la lectura.

Juanjo Rodríguez: “Estos tipos están trabajando. No se fueron. Están ahí y no podemos saber bien qué hacen, pero algo hacen”. Avisa que es sólo su mirada, que muchos otros no tienen esa lectura y se confiesa que anda en días un tanto pesimista.

Fernanda y Fabio, del mismo lado de la mesa, siguen la charla casi en silencio. Rosario observa el vaso medio lleno y también el vacío. Recuerda la potencia asamblearia de 2009-2010, cuando (feroz represión mediante) frenaron las máquinas de Agua Rica y hubo una pueblada inédita. Hoy la situación es distinta: hay menor movilización. Pero la gran mayoría del pueblo no quiere más minería, los gobiernos sí (nacional y provincial) y las mineras especulan con el tiempo, los jueces y el precio internacional de los metales.

Aldo Flores propone un brindis. Vasos en alto. “Por la lucha”, invita Fernanda. Flores remata: “Si quieren subir al cerro (las mineras), los vamos a hacer cagar”.

Memoria

A fines de los 90 ya se había conformado la organización Asamblea Vecinos por la Vida, que realizaba reuniones, cine debate y marchaba en fechas simbólicas, como el aniversario de la ciudad. Un punto de quiebre fue Pilciao 16, un proyecto minero conocido en 2009 y que permitía expropiar las viviendas de los vecinos para que avance la megaminería.

Fue demasiado.

El 14 de diciembre de 2009, a la mañana temprano, Sergio Martínez pasó a buscar a Aldo Flores por su casa. Habían convenido la noche anterior que iban a cerrar el paso a los vehículos de Yamana Gold, que avanzaba con Agua Rica, el más grande y temido proyecto minero. Se trataba de un piquete en un cruce de caminos a sólo cinco cuadras del centro de Chaquiago. Es un calle de tierra, con campos a ambos lados, tan común como esencial: paso obligatorio para internarse en el cerro y en la base de Yamana Gold. Allí llegaron Martínez y Flores, con solo una extensa bandera argentina, de unos diez metros. De un lado Martínez, en la otra punta Flores.

Todos podían pasar, pero no la minera.

La voz se fue corriendo.

Comenzaron a llegar activistas y vecinos que nunca habían participado. El sol de diciembre calcinaba. Sólo había un algarrobo de pie. Nació la asamblea que tomó nombre del árbol.

Se sumaron más personas, incluso algunos que nunca habían participado de actividades contra la minería. Lo iniciado por dos personas era un punto de encuentro que no paraba de crecer. Ya no se trataba de un  bloqueo, sino también de un acampe que crecía al lado del algarrobo, ahí se comía, dormía, debatía y, claro, se cerraba el paso a la minera Yamana Gold. Ahí pasaron la navidad, y también año nuevo.

El 15 de febrero de 2010, el juez Rodolfo Cecenarro hizo lugar al pedido de la fiscal Marta Graciela Nieva y ordenó la represión, durante la noche. El video muestra una retroexcavadora y camionetas que avanzan, escoltadas por policías del grupo antimotines que disparan.

Decenas de heridos, 40 detenidos.

La violencia impactó en la población, que se volcó a las calles y marchó hacia la plaza de la ciudad. En su camino rompieron los vidrios en la sede de la minera y hubo principio de incendio en la Municipalidad, ocupada por un intendente que había llegado con críticas a la minería, y luego tuvo un rotundo giro.

El juez de Minas, Guillermo Cerdá, dispuso la suspensión de la actividad hasta recuperar la “paz social”. Desde entonces, formalmente, Minera Yamana Gold no tiene permiso para avanzar en el proyecto minero Agua Rica.

El balance

El algarrobo se mantiene en pie al lado del camino de tierra, pero no está solo. Un cerco de madera, una construcción de material, barro y piedra. Un sector, de unos cuatro metros de ancho por cinco de largo tiene paredes en solo dos lados, suerte de gran galería para reuniones. Bancos de madera, sillas de plástico y restos de un fogón. Una puerta pequeña abre lugar a una habitación, depósito y ocasional habitación.

Al salir de la galería-salón, un terreno amplio, árboles y a la izquierda una construcción de cuatro metros de lado, la FM Comunitaria El Algarrobo -nacida en abril de 2011-, una construcción prolija y con pinturas de diversos colores: azul, verde, amarillo, roja. Una whipala (bandera multicolor de los pueblos indígenas), el dibujo de una pareja abrazada y puños en alto. Y una frase: “Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre de los que luchan por la vida”.

Noche de reunión en El Algarrobo. Unas quince personas, la mitad sub 40 y la mayoría, mujeres.

Ronda de presentación. Y una entrevista grupal que por momentos se vuelve desordenada. Al rato se vuelve a encausar. Algunos llevan la voz cantante (o simplemente hablan más), otros hacen bromas, pero siempre hay dos coincidencias: Alumbrera es la prueba irrefutable de las mentiras mineras: no hubo desarrollo local, ni trabajo y sí contaminación ambiental y social. También numerosas peleas familiares y entre amigos. Segundo: no aceptarán ningún nuevo proyecto. Ni Agua Rica, ni Filo Colorado, ni Cerro Atajo ni otra media decena que suenan posibles.

León Cecenarro es un histórico activista. “Todos le creímos a la minera y los gobiernos (nación y provincia). Creímos que sería la salvación. Y nos equivocamos feo. Aprendimos. Todo Andalgalá aprendió. Y es rotundo el no a más minería”.

No es posible dar cuenta de todas las voces en tres horas de charla. Un intento,seguramente injusto:

Rosa Farías: “Los únicos que apoyan la minería son los pocos proveedores mineros de acá, cuatro familias tradicionales que se creen el pueblo”.

Melina Zocchi: “Hay diversos estudios que confirman contaminación, por ejemplo de agua y metales pesados. Y también de afecciones en la salud, casos de cáncer; tesis de maestría que confirman lo que el pueblo sabe hace tiempo. Pero claro que el Gobierno prefiere creer a la minera”.

Juan Cólica: “El mineraloducto (donde Alumbrera traslada el barro con los metales) ya lleva ocho roturas comprobadas, hechos de contaminación. Y cerró el paso a caminos vecinales para que no podamos ver sus otros derrames”.

Daniel Profe Sosa: “Un espacio muy importante es la marcha de los sábados (por la noche), que se realizan hace cinco años, donde van organizaciones, activistas pero también vecinos de a pie, que no vienen al Algarrobo”.

Rosa Farías: “Andalgalá está peor que hace veinte años. Y lo mismo le pasa a Belén y Santa María -localidades cercanas a Alumbrera-. Toda la región es más pobre”.

Lo público, privado

Juan Cólica maneja. Aldo Flores es copiloto. Primera parada: río Andalgalá, que bordea la ciudad. Incluso a pocos metros hay viviendas y una calle asfaltada. Es profundo, parece encajonado entre cerros, quizá 4 ó 5 metros de profundidad, paredes de piedras y tierra. Se puede descender sin dificultad. Sólo corre un hilo de agua. Es tan fría como límpida. Flores aclara que ese río, del que toma agua la ciudad, será el más afectado con Agua Rica.

Otra vez en la camioneta.

Un camino comunero de tierra que bordea el río y asciende. Del lado izquierdo se observan fincas productivas: pimientos, hortalizas, alfalfa, olivo, nogales, membrillo. “Esta era toda zona de producción. Ahora quedan muy pocas. Se ahogó a los productores para instalar que la única salida era la minería”, explica Cólica, que además de asambleísta es, desde hace 20 años, técnico del INTA.

Atravesar la ciudad, tomar la ruta y girar la izquierda en oro camino ancho, de tierra. A los pocos minutos, la entrada al poblado de Villavil, “pueblo de la liebre” según  el gran cartel oficial en los enormes pilares de ingreso.

La nubes están bajas y la llovizna acompaña. Ya no hace calor y el camino zigzaguea entre cerros y vegetación verde. De repente se abre un claro y un gran portón, alambrado olímpico, montañas de caños, gigantes piletones y tanques. Es la planta de retrobombeo PC2, de Minera Alumbrera, que mediante presión impulsa los concentrados de minerales -una suerte de barro- por el mineraloducto. Desde arriba de un gran tanque -que funciona casi como una torre de vigilancia- operarios observan con binoculares.

La camioneta sigue trepando el cerro.

O eso intenta.

A medio kilómetro aparece una tranquera cerrada, con candado. Es un camino comunal, público. Una casilla que hace de puesto de vigilancia y un empleado de seguridad privado que cierra el paso. Avisa que las únicas que tienen acceso son siete familias campesinas que quedaron cuasi encerradas y, claro, también tienen vía libre las mineras.

Ese camino siempre estuvo abierto. Pero siete años atrás hubo una rotura del mineraloducto en la parte alta del cerro. Los vecinos llegaron por ese mismo camino vecinal e hicieron público el hecho. La respuesta de la minera fue cerrar el paso a futuros denunciantes, aunque se trata de camino público. Los visitantes sacan fotos del cartel que argumenta que se trata de “propiedad privada”.

Aldo Flores maldice.

Juan Cólica sonríe.

Y al instante llega una patrulla con dos efectivos. Ni hablan. Su presencia busca intimidar. Flores se enoja. “Estos tipos creen que les tenemos miedo”, comparte en voz alta, para que escuchen todos. Sonrisas. Una simple anécdota, pequeña quizás, pero que muestra la avanzada minera sobre tierras catamarqueñas y el brazo represivo a su disposición.

Justicia cómplice

En 2010, vecinos integrantes de la Asamblea El Algarrobo presentaron un amparo ambiental con hincapié en el derecho a un ambiente sano y que solicita la suspensión del proyecto Agua Rica. Entre los fundamentos sobresalía que el estudio de impacto ambiental de la empresa contaba con treinta observaciones -calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros- y, previo a la autorización de la provincia, no se realizó la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.

El amparo fue rechazado por los jueces de Catamarca, desde la primera instancia hasta la Corte. Fue apelado y llegó en 2013 a la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia de Nación. En noviembre de 2014, la Asamblea El Algarrobo acampó frente a Tribunales y reclamó por la demora judicial. La procuradora Alejandra Gils Carbó los recibió y prometió un pronto dictamen. En diciembre de 2014, Gils Carbó dio luz verde para que la causa pase a la Corte.

La Corte Suprema de Justicia cajoneó el fallo. Y el 1 de febrero pasado la asamblea  volvió a acampar en Plaza Lavalle, frente a los tribunales porteños. La consigna: “Sentencia ya”.

Hubo actividades artísticas, conferencias de prensa, acciones constantes. Un mes después -el 2 de marzo- la Corte falló. Cuestionó a los jueces provinciales, instó a que la Corte de Catamarca trate la denuncia de los vecinos (la había rechazado) y señaló que la resolución que autoriza al emprendimiento Agua Rica “es susceptible de producir un agravio al medio ambiente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior”.

Aunque está dentro de sus facultades, la Corte Suprema no se expidió sobre el pedido de frenar el proyecto minero. Devolvió el expediente a la provincia para que decidan sobre la continuidad o no. Según la fundamentación del máximo tribunal, se debiera frenar a la minera. Pero la pregunta retórica que resuena en Andalgalá y toda Catamarca es: ¿qué juez provincial va a fallar contra la megaminería?

La Asamblea el Algarrobo remarcó que se trató de un triunfo de la organización, afirmó que la Corte falló porque estuvo el acampe y destacó que el máximo tribunal hizo propios los argumentos presentados por los vecinos de Andalgalá. El viernes 4 de marzo hubo conferencia de prensa y levantamiento del acampe. Adolfo Pérez Esquivel cuestionó la “tibieza” de la Corte Suprema: “Fue ni. No dijeron que sí ni que no”.

Chela Ignes, nacida y criada en Andalgalá, se mostró contenta con el fallo y la vuelta a casa. Mientras observa cómo juega su nieto en Plaza Lavalle avisa: “La Justicia es importante, pero ellos también hacen su juego. Sabemos que lo único que frenará la minería es el pueblo, no los jueces ni los políticos”.

El Estado activo

Entre el 6 y 9 de marzo, la gobernadora Lucía Corpacci estuvo en Canadá, en una de las mayores ferias mundiales de megaminería Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), auspiciada por las grandes corporaciones del sector. Incluso inauguró un stand llamado Catamarca Minera. Ante los empresarios prometió “un Estado activo que acompaña la actividad”.

Corpacci ofreció en Canadá un listado de nuevos proyectos mineros: Cerro Atajo, Filo de las Vicuñas y Vernancua, entre otros. Reconoció que Alumbrera está cerca del cierre y explicó que el objetivo es “encadenarlo” con Agua Rica y compartir la infraestructura. “Nos hemos propuesto con el secretario de Minería de la Nación hacer todos los esfuerzos para que sea posible”, afirmó la gobernadora. Los empresarios mineros le respondieron con un aplauso.