El acampe frente al ex destacamento polical exige el derecho a saber dónde está Luciano y convertir ese lugar en un espacio cultural contra la violencia institucional.


La toma comenzó temprano. El sol despuntaba sus primeros rayos, y familiares y amigos de Luciano Arruga, el joven de 16 años desaparecido por efectivos de la Policía Bonaerense del ex destacamento de Lomas del Mirador, en La Matanza, comenzaron a colgar banderas, fotos, a armar una carpa sobre la vereda e instalar la radio con la que, cada sábado, realizan el programa Zona Libre. La idea: transmitir las 24 horas para informar sobre esa medida de fuerza y difundir la conferencia de prensa que realizaron por la tarde, de la que participaron organismos de defensa de los derechos humanos. Tras años de parálisis judicial –Luciano desapareció en enero de 2009 y recién a comienzos de 2013 la causa fue caratulada como “desaparición forzada” y pasó al fuero federal–, los familiares y amigos de Luciano Arruga iniciaron así una campaña: “Por el derecho a saber qué pasó con Luciano”.
Para dar una idea de la actuación de la justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la existencia de un legajo paralelo de la causa: a instancias de la fiscal Celia Cejas, y con la convalidación del juez de garantías Gustavo Banco, se habilitó a pinchar durante un año y medio los teléfonos de cuatro familiares de Luciano: su hermana Vanesa Orieta, su madre Mónica Alegre, su abuela Marta y su compañero.
¿La justificación judicial de las escuchas? La obtención de “datos útiles sobre el paradero” del joven. Se espiaba a los familiares, mientras los policías que hicieron desaparecer a Luciano seguían libres.
Derechos expuestos
Primero hubo tensión al ocupar el lugar. Aquel 17 de octubre frente al garaje del ex destacamento (un simple chalet) el auto de un cabo bloqueaba la instalación para emitir el programa radial Zona Libre. Familiares y amigos lograron que la custodia moviera el vehículo. Luego, operatividad: una mesa, tres micrófonos, amplificador, notebook y la voluntad infinita permitieron comenzar la emisión.
Con el correr del día el set de radio maduró: se armó una instalación de tableros de fibrofácil, colmada de vida, color e inscripciones. Tenía ventanas, una puerta corrediza y hasta dividieron la operación técnica del estudio.
Este acampe busca concretar la cesión del ex destacamento para convertirlo en un Espacio para la Memoria Social y Cultural. Así lo había prometido el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, luego de cerrar la dependencia que él mismo había inaugurado, a pedido de un grupo vecinal que reclamaba seguridad y mano dura.
“Tenemos derecho a saber qué pasó”, dice Vanesa Orieta, hermana de Luciano. “Algunos podrán preguntar qué tiene de trascendental lo que estamos haciendo. Para nosotros significa estar más de dos semanas haciendo visible que acá se desapareció a un joven de 16 años”.
¿Cuál fue la respuesta de los vecinos?
Hay vecinos de La Matanza que tienen la mejor. Vienen, acompañan, ceban mate, nos ayudan con la comida. Nos llena el corazón. Hay otros, los menos, que vienen con un mensaje que discrimina y criminaliza a los que venimos de sectores humildes. Son los que gritan “mirá la villereada que están haciendo”, o que afeamos la zona. ¡No! ¡Me agarro la cabeza! ¿Cómo podés decirme que no cuadramos con tu barrio cuando estoy peleando porque mi hermano está desaparecido hace 5 años? ¿Cómo va a ser menos eso que lo que creés que le da target a tu barrio?
Silencio funcional
Ningún funcionario con injerencia en la causa se comunicó con la familia para manifestar apoyo o interés en la propuesta de los familiares, que soportaron todas las variantes de esta primavera: frío, calor, lluvia y frío otra vez. Hubo apenas algunos amagos en Twitter, 140 caracteres.
“Que ningún funcionario tenga la voluntad de ver en qué condiciones estuvo la familia en estos días es grave –dice Vanesa–. Hay gente que está dentro de las carteras de derechos humanos, que tienen historias terribles de desaparición en dictadura, de madres luchadoras, que ni siquiera pueden marcar un número de teléfono y decir: ´¿en qué te podemos ayudar? Con sinceridad, la que nos une como hermanos, al menos decime: ‘esto es un lio’, estamos luchando contra un monstruo, te pedimos comprensión, vamos a presionar, vamos a estar con ustedes. ¿Qué necesitás en lo inmediato? ¿Agua?’ Pero ni eso hemos logrado. Con los cargos que tienen corresponde que den respuestas inmediatas. O al menos más humanas”.
Denunciar al que denuncia
Más leña para este fuego: Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza –que colabora desde siempre con el caso Arruga– fue denunciado por uno de los abogados defensores de tres policías imputados por torturar y asesinar al joven Gabriel Blanco en 2007, en una comisaría de la localidad de Isidro Casanova. El abogado Rubén Fernández acusa a Pimentel por supuestas manipulaciones de testigos para “obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal” de los oficiales.
Para Pimentel es una típica maniobra para embarrar la cancha, a través de supuestos testigos que están presos. “La población carcelaria es tremendamente vulnerable. Vienen de sectores muy pobres, estigmatizados, están bajo juicios y procesos y en manos de la policía. O sea, ¿qué pueden decir o no decir? Es realmente perverso que los estén utilizando para confundir y legitimar la defensa de los policías que mataron a un chico en la cárcel”.
Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, acompañó a Pimentel a la Fiscalía que debía notificarle la denuncia en su contra: “No nos extraña que la policía esté involucrada en casos de violencia institucional y que después quiera desprestigiar a los organismos defensores de derechos humanos. Vamos a defenderlos a capa y espada. Pelearemos hasta el final”, señala Nora que, si de algo sabe, es de peleas largas.
Vanesa conoce todo el escenario de paradojas de La Matanza, lo vive desde 2009 cotidianamente, pero no puede evitar sentirse desbordada. “El no saber, el paso del tiempo, la impunidad y la desidia te van matando en vida”, cuenta. “La tortura no tiene que ser, a veces, directa, al cuerpo; no saber la verdad, levantarte con la angustia de no tener a un familiar, eso también te tortura la mente y el alma”.
A pesar del dolor, Vanesa reconoce que el contacto con otras víctimas de violencia institucional la devuelve a la realidad. “Te da un cachetazo saber que hay mucha gente en situaciones similares y que nos necesitamos fuertes en esta lucha. Y es ahí donde uno tiene que tomar responsabilidades”, cuenta junto a la pintada que plantea: “Por el derecho a saber”.