La noche del 19 de agosto un gendarme disparó contra dos chicas. Mató a una y dejó sin ojo a la otra. La jueza lo liberó y procesó a la sobreviviente por robo. Así es la justicia en el territorio más disputado de la ciudad.

Imaginen que hay un asesinato. El autor del crimen lo admite. Hay una persona muerta y otra herida. Hay sólo un arma y es la del criminal. Sin embargo, la justicia –término bastante relativo a esta altura de la historia– da crédito a la justificación del asesino y procura por todos los medios probar que las víctimas merecían el castigo supremo. Por eso, libera al autor del crimen y continúa investigando a la persona que sobrevivió. Esta narración tiene eco en barrios empobrecidos. Es una estructura que se repite como si estuviera hecha de espejos, con diferentes nombres y con dolores siempre incurables.
 
Vivir y morir en la 31
Miércoles 19 de agosto, pasadas las 23 horas, en Villa 31. El Fiat Palio del prefecto Luis Luque avanza por la avenida Ramón Castillo, frente a la entrada de la Dársena E del puerto. Según sus declaraciones posteriores, a esa hora iba camino a su trabajo en la Dársena F de Puerto Madero. Marisol Lobos, de 21 años, y Mabel Guerra, de 17 años, caminan por esa misma avenida. Luque, desde su auto, les llama la atención; las invita a acercarse. Las mujeres cruzan la calle, una de ellas por el frente del auto, la otra por el costado. El Fiat está en punto muerto y la ventana del conductor –que vibra por el ronroneo del motor– descansa a media altura. Marisol oye un sonido intenso, recibe un tiro en el ojo izquierdo y se desvanece. Mabel sufre una balacera doble en el pecho. Luque arranca y se dirige a la estación policial, a unos 50 metros. Dice que quisieron asaltarlo. Un vecino ve los cuerpos en el suelo y llama al 911. La ambulancia recoge a las víctimas y las traslada al Hospital Fernández. Marisol pierde un ojo. Mientras reposa en la terapia, desvanecida, la esposan a la cama. Es investigada por supuesto intento de robo. Su amiga corre peor suerte: antes de llegar al hospital, Mabel ya está muerta.
 
Fútbol y cumbia
Mabel había sumado este año tantas faltas en la escuela que quedó libre. Había pasado a tercer año. Trabajaba cuatro horas, de lunes a sábado, como empleada de limpieza. Su padre, Ruperto Guerra, mira hacia la calle con barro y trata de completar quién era su hija, con algunas pinceladas: “Jugaba a la pelota con el equipo de fútbol de mujeres Padre Mugica. Era número cinco, defensora. Le decían Cachorra porque tenía el cuerpo chiquito”. Me dice que en esta época comenzaría a pensar en las rivales que tendría en el torneo que se realiza durante los meses de calor, de diciembre a marzo. Recuerda que bailaba al ritmo de la cumbia, como todos los chicos del barrio. Y luego de un silencio, como disculpándose, aclara que su trabajo de gastronómico en un hotel no le deja mucho tiempo para ver a sus hijos. Me pide disculpas por no poder completar la pregunta que le hago. Me mira y resume: “La Mabel andaba bien, yo la vi antes de irme a trabajar, estaba con sus primos, le dije: pórtate bien”.
Soledad era compañera del colegio y del equipo de fútbol. Ella no sabe qué quería ser Mabel cuando fuese más grande. Me dice que de eso nunca hablaron, sí de querer irse de la Villa 31, de tener un trabajo que lo hiciera posible.
Se enciende cuando menciona a la gendarmería y me relata que a todos los pibes de la cuadra les armaron causas, les robaron o les pegaron. “Cuando íbamos para el río, nos paraban, nos pedían el documento, y nos decían: ‘Sacate las zapatillas, la campera. Si no te las sacás hago que te hagas cargo de esto´ y nos mostraban porro, droga. Ahora ya no podemos ir para ese lado.“
Soledad cuenta que cuando ella y sus hermanos eran chicos, su padre Cristian Acuña volvía de trabajar y un gendarme le disparó en la rodilla: “Con el arma recorrió el cuerpo y apretó el gatillo: bum”. Entonces aprendió a tenerles ese miedo que ahora su relato convierte en bronca.
Al día siguiente del asesinato de Mabel y de la herida de Marisol, los vecinos de la Villa 31 salieron espontáneamente a rechazar las versiones oficiales transmitidas por televisión. Soledad cuenta que estaba repartiendo productos de limpieza en el barrio, como hace todos los días, cuando le contaron lo que había pasado durante la noche. Dejó todo y fue hacia el cruce de la Avenida Ramón Castillo y Antártida Argentina. “Había un montón de gente y yo me prendí. Ellos se burlaban, nos hacían gestos con la mano que nos iban a dar y que éramos unos cagones. Y cuando nos dieron el cuerpo de Mabel, ellos nos tiraban besos y se reían”.
Ellos son los gendarmes.
 
Un prefecto
La abogada Claudia Ferrero integra la organización apel (Asociación de Profesionales en Lucha) y es la represente legal de la familia Guerra. Asegura que la causa en la que la familia se constituyó como querellante es un caso más de gatillo fácil. Y explica por qué:
“Gatillo fácil es aplicar la pena de muerte, sin brindar ninguna oportunidad de vida a la persona que supuestamente está cometiendo un delito. En este caso no hay ningún disparo ni vaina que no sea del prefecto. Además, al ser indagado, Luque remarca que no apuntó y esto es muy importante. En el caso de disparar con intención en zonas vitales estamos hablando de intento de homicidio; pero en el caso de no apuntar, como argumenta el acusado, hablamos de lesiones graves. Es evidente que se está atajando. Aunque se trata de una persona que tiene un manejo habitual de armas y esta distinción no tiene sentido en este caso. Otra cosa que es importante, es lo que la gente decía apenas sucedió el hecho: todos hablaban de ´un prefecto´ que disparó contra las chicas. Y él en ese momento no vestía uniforme. Lo que me hace pensar en que era un tipo conocido en el barrio y podemos intuir que no por cosas buenas”.
La abogada Ferrero al igual que la defensa de Marisol Lobos –a cargo de los abogados Agustín Territoriales e Ignacio Paganini– coinciden en cuestionar varios puntos negros en la versión oficial que es, hasta ahora, la única línea de investigación que se ha llevado adelante.
 
Zona peligrosa
El 21 de agosto el prefecto Luis Luque declaró ante el juzgado de instrucción 14 a cargo de la jueza Fabiana Emma Palmaghini quien luego se tomó una licencia y dejo el caso a cargo del juez subrogante Daniel Turano.
El autor del crimen dijo que dos veces a la semana se quedaba a dormir en su trabajo para poder afeitarse y cumplir con sus tareas que comienzan a las 7 de la mañana. De esta manera justficó por qué circulaba por la zona de la Villa 31 cerca de las 23 horas. Para los abogados de las victimas este argumento es insuficiente, porque el uniformado está casado y tiene tres hijos y parece poco creíble que voluntariamente elija no volver a su casa.
Luego Luque, siguiendo su cronología de los hechos, señaló que frenó en el semáforo y que bajó la ventanilla para encender un cigarrillo. Los vecinos aseguran que el semáforo no funciona de noche. Y resaltan un dato de sentido común: nadie frenaría para fumar en la zona. Hasta el secretario general de la Prefectura Naval Argentina, Juan Alfredo Rempel, destacó al ser consultado por el diario La Nación que la zona “es muy peligrosa”. Lo dijo en un intento de defender la actuación de su subordinado, pero sirve para describir el lugar.
Luque explicó que vio a las chicas acercarse con armas de confección casera, llamadas “tumberas”, con intención de robarle y que quiso arrancar el auto, pero éste no avanzó. Por lo tanto, disparó con su arma reglamentaria. La abogada Claudia Ferrero cuenta que las supuestas armas alegadas por el prefecto eran dos palos con cinta adhesiva negra y que un perito en la causa las calificó de burdas. Además, esta prueba apareció dos horas después y a 15 metros de donde sucedieron los hechos. El abogado defensor del prefecto, Marcelo Rochetti, aduce que los vecinos que se acercaron apenas sucedió lo ocurrido arrojaron las armas lejos para ocultar la actitud delincuencial de las víctimas.
El 5 de septiembre, la justicia determinó que no había elementos para procesar al agente ni para absolverlo y ordenó su liberación inmediata. Seis días después, la querella apeló la decisión del juzgado 14 a cargo del juez Turano de otorgarle la libertad al prefecto Luque. Y reclamó la misma celeridad para resolver la situación procesal de Marisol Lobos, la víctima acusada, madre de dos niños.
Los abogados de las dos familias denuncian, además, que no tienen acceso a una de las pruebas más importantes del caso: un video de una cámara de seguridad que muestra lo ocurrido la noche del miércoles 19 de agosto sobre la Avenida Castillo.
 
Cartera de clientes
El defensor del prefecto es el abogado penalista Marcelo Rochetti, actual Director de Seguridad de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, según consta en la página web del organismo. Integra el estudio del ex diputado Adrián Menem y colaboró en la defensa de su tío, el ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. También se declaró amigo y defendió al jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo. Representó, además, a los policías acusados en el caso Blumberg. Podemos pensar que es un profesional muy generoso y que nunca se niega a la defensa de un uniformado, aunque sea el más rasca de los prefectos. O podemos pensar que hay algún entramado institucional que brinda ciertos beneficios a sus empleados cuando sufren algún traspié llamado gatillo fácil.
Un antecedente a tener en cuenta en estos casos: hace un año atrás –el 24 de septiembre de 2008– el ministro Aníbal Fernández negó que desde Gendarmería Nacional se hubiera designado a un abogado para defender al acusado Federico Ramón Sandoval, asesino de la adolescente Judith Jiménez, de 16 años.
Judith murió de un balazo en la nuca el 24 de junio del año pasado, también en la Villa 31 de Retiro.
El uniformado fue condenado a la pena mínima de 8 años de prisión por un atenuante: su estado de ebriedad.