Entrevista a Jorge Jabkowsky, secretario de Cicop. Una lectura sobre lo que realmente pasó con la gripe A que traza un cuadro político y sanitario de lo que nos pasó. Los negocios detrás de las investigaciones y el mapa del poder en el complejo médico industrial.

“Fuimos a la guerra sin generales, sin armas y sin escudos”, resume el doctor Jorge Yabkowski, secretario de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como Cicop. Según las cuentas que registra esa entidad, sólo en esa provincia hubo 235 muertes provocadas por la gripe A, convirtiéndose en la zona que más golpeó la enfermedad, seguida por Santa Fe, donde se registraron 72 muertes según las cuentas oficiales. Las dos zonas, asegura el doctor Jacovsky, recibieron tarde y mal las dosis de medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. “En la provincia de Santa Fe nos consta que no llegó a tiempo. El martes 29 de junio, dos días después de la semana pico del gripe y de las elecciones, ya con Juan Manzur al frente del Ministerio de Salud, Santa Fe tenía en sus droguerías sólo 800 dosis de tratamientos para atender a toda la provincia. En Buenos Aires pasó algo similar y la proporción de muertes con respecto a la población general en los dos casos es idéntica.”
La pregunta que deja flotando es inquietante: ¿se podrían haber evitado esas muertes si se hubiera distribuido la medicación a tiempo? Responde Yabkowski: “Lo que sabemos es que lo que pasó no tiene justificación. Las dosis estaban compradas, es decir, el gasto estaba hecho. No pudimos establecer aun dónde se produjo la demora en la distribución. Si fue en la entrega por parte de las droguerías o en el sistema logístico del Ministerio”.
 
¿O en las elecciones? ¿Cree que el factor electoral tuvo alguna incidencia?
Si, en varias cosas. En que no se declaró la emergencia sanitaria, y que no se hable del tema para no pinchar la campaña. Y en que la entonces ministra Graciela Ocaña planteara algunas medidas restrictivas, en lugar de renunciar y decir “bueno, me voy porque acá no me dejar hacer lo que hay que hacer”. En cambio, se quedó callada y este silencio tuvo un efecto extraordinariamente malo sobre la conducción de la epidemia, porque al estar callado el Ministerio de Salud no había normas. Y cada zona resolvía el desastre como podía.
¿Tan importante es el rol del Ministerio de Salud en casos como és stos?
Es cierto que se trata de un Ministerio que está semidestruido o vaciado, que redujo su rol al de una oficina administrativa porque todo el sistema público de salud está federalizado y se maneja provincialmente. Pero el hecho de estar políticamente callado y sin capacidad de conducción en una situación así es grave porque declina su única tarea estratégica que es la de fijar las políticas públicas nada menos. Por eso digo que fuimos a la guerra con pocos elementos de bioseguridad y sin generales, porque estaban todos metidos debajo de la mesa por un problema político. Sin armas, porque no teníamos las dosis necesarias para enfrentar la epidemia y sin escudos porque tampoco se fijaban pautas para controlar la demanda extraordinaria que sembró el pánico.
 
Las cuentas
En las planillas que en plena batalla fue confeccionando el Cicop están registrados los decesos que los profesionales médicos informaban desde cada trinchera. El hospital del municipio de Malvinas Argentinas, que centralizó los casos más graves, contabilizó 223 internados y 42 muertes. El Posadas, otro nodo bonaerense, tuvo 30 muertos. “Una muestra que realizamos en otros 24 hospitales no dio como resultado 154 muertos. Así que solo en provincia de Buenos Aires la cifra supera los 300. Pero los teníamos que contar nosotros, porque las cifras oficiales aún hoy no están completas” .
 
Si tuviera que identificar el peor momento de la gripe A ¿cuál sería?
Todo empezó el 7 de marzo. Es decir que estamos hablando de un proceso que se podría haber previsto. En lugar de medidas, lo que tuvimos fue un largo silencio. El pico fue en plena campaña electoral: los quince días previos a las elecciones. Ese es el momento donde se tendría que haber hablado más del tema y con más claridad. Pero la ministra Ocaña estaba en los hechos renunciada y las medidas que tomó fueron muy débiles. Durante esas dos semanas la demanda en los hospitales fue alta y grave. Y en algunos se habían tomado medidas y en otros no. En algunos había un poco de tamiflú y en otros no.
¿La designación del Hospital de Malvinas Argentinas para centralizar los casos de gripe A no alcanzó como medida de crisis?
Esa es una decisión política. El municipio de Malvinas Argentinas hace 15 años que está manejado por Jesús Cariglino, que en la última campaña amenazó con pasarse a Unión Pro si no le daban el dinero para las obras públicas que le habían prometido. Bajo su gestión el sistema de salud público se tercerizó. El personal de salud es todo contratado, lo cual para nosotros significa que está en negro. Tiene abierto un proceso penal en los tribunales de San Martín por sobrefacturación al Pami. Y además, un sistema de salud arancelado. Nosotros lo planteamos muchas veces: no puede ser que banquen con recursos y dinero a un centro hospitalario que representa todo lo que combatimos. Pero el pacto político tiene más peso y en el suelo bonaerense los caudillos mandan.
 
Todo tiene precio
Los profesionales de la salud ¿denuncian estos problemas?
Hay un plan sistemático de destrucción de todos los núcleos que se resisten. Hay mucho hostigamiento y acoso laboral que terminan provocando la renuncia de gente valiosa. En muchos casos hay también una política de persecución sindical: prohíben las asambleas y hasta los carteles que las anuncian. Y cuando se pide una reunión con las autoridades de un hospital, la mayoría de las veces no nos reciben. Pero también hay una complicidad por parte de algunos profesionales que tiene que ver con la caja que dejan los protocolos que se realizan en los hospitales públicos.
¿Es decir que los profesionales involucrados en un protocolo de investigación cobran por realizarlo?
Sí.
¿Cobran el protocolo y cobran su sueldo?
Sí.
¿Es decir que el hospital público pone la infraestructura, los pacientes y paga los sueldos del personal especializado, y los que están involucrados en la investigación son los que cobran el dinero que ponen las empresas para realizar los protocolos que necesitan para que le autoricen la venta de un medicamento o tratamiento?
Es lo que le planteamos en su momento a la ministra Ocaña: usted es quien puede y tiene que prohibir el cobro individual de los protocolos de investigación en todo el sistema de salud público. Nos respondió irónicamente: “¿Y ustedes, los profesionales, se lo van a bancar?” Le respondimos: usted prohiba el cobro y nosotros vamos a empezar a pelear por nuestro salario, como corresponde.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Por ejemplo, el protocolo Compas, que se aplicaba en el Hospital de Pediatría de Santiago del Estero sin los controles sanitarios necesarios y que provocó la muerte de 6 chicos, dejaba 8 mil dólares por pibe. Así que multiplicalo por 2.500, que eran los pacientes que se necesitaban para cumplir con el contrato y te suma 20 millones de dólares. Es cierto que se trata de una investigación que requiere una logística carísima, así que no todo el dinero se reparte entre los profesionales. Pero es dinero.
¿Quién lo pagaba en ese caso?
El laboratorio Glaxo.
¿El mismo que produce uno de los remedios contra la gripe A?
El mismo. Nosotros denunciamos ese protocolo en julio del año pasado y en agosto logramos la suspensión. Se trataba de una vacuna contra el neumococo que se probaba en niños recién nacidos.
¿Cuánto recibe el profesional por participar de un protocolo experimental?
Depende. Por un protocolo oncológico se pude llevar entre 3 mil y 5 mil dólares. Eso tiene que cubrir todo: no sólo el cobro del profesional, sino toda la logística y lo administrativo. Un protocolo como el que causó el escándalo en el Hospital Fernández dejaba por paciente 18 mil dólares. Esta es una de las maneras en que se privatiza la salud pública: con el reparto personalizado del dinero.
¿El paciente recibe dinero?
No recibe nada. La normativa es que solo reciben pago los voluntarios sanos que experimentan fármacos.
¿Qué autoridad pública puede regular este tema?
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, anmat. Tiene un director decente, pero poco poder de policía porque no hay una ley nacional que regule este tema. Así y todo, en el caso de Santiago del Estero le aplicó una multa de un millón de pesos al laboratorio.
 
La postal amplia
¿Quién fija las políticas de salud en Argentina?
El poder sobre la salud en Argentina lo tiene el complejo médico industrial y la corporación sindical, que en realidad están asociados. Hasta hace algunos años el esquema era diferente: las obras sociales financiaban al sector privado y el sector privado, a su vez, estaba centralizado en una serie de capitales relativamente intermedios. La segunda fuente de financiación eran las prepagas, que también contrataban al sector privado. Ahora el círculo se cerró. En realidad, ya no hay más círculo. La corporación sindical es dueña de prepagas y sanatorios y tiene fuertes alianzas con las droguerías. Hay una integración vertical: el sistema de salud sindical y el privado se integraron en uno solo. Básicamente, toda la legislación que posibilitó este proceso fue sancionada en tiempos de Carlos Menem. Conclusión: nosotros íbamos ahora a hablar con la ministra Ocaña y planteábamos: hay que integrar el sistema estatal, capacitar a los trabajadores de salud, hay que tener producción pública de medicamentos. Y ella nos daba la razón. Nos decía que estaba totalmente de acuerdo. Pero no hizo nada.
Insisto, ¿qué se puede hacer por la salud pública desde un Ministerio?
Con un plan estratégico y dinero se puede hacer mucho.
¿Incluso enfrentar a lo que usted define como “el complejo médico industrial”?
El problema de la salud, en general, es que actualmente el complejo médico industrial es extremadamente poderoso. En el mundo tenés dos grandes actores: por un lado, lo que llamamos el complejo médico industrial, es decir, la unión de laboratorios, prestadores, tecnología; y por el otro, el capital financiero, representado por las aseguradoras. Estos dos sectores, a su vez, tienen acuerdos y peleas, porque el complejo asegurador plantea la disminución de los costos para poder tener una mejor tasa de ganancia de capital invertido. Y el complejo médico industrial plantea el aumento de los costos para vender más y ganar más. El resultado es que así se inventan enfermedades. Y no hay que recurrir a teorías conspirativas para comprobarlo. Basta ver cómo la tristeza se transformó en depresión o cómo los chicos inquietos se transformaron en pacientes con trastornos de atención.
¿Qué rol juegan los medios de comunicación en este esquema?
A nivel local, un diario como Clarín representa lo más funcional al complejo médico industrial. Si todo lo que publica Clarín fuera verdad ya estaríamos viviendo 140 años. La noticia de salud siempre es “salió el nuevo…”. Es un catálogo. Y así moldea cabezas. Su política es informar como verdad lo que sólo es marketing.