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Desobediencia de vida: hijas e hijos de genocidas piden declarar contra sus padres

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Hijos e hijas de genocidas presentan en el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal y poder declarar contra sus padres en los juicios de lesa humanidad. La medida es histórica y no tiene antecedentes en el mundo. Exigen remover “todo tipo de impedimento” para aportar pruebas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia: “Luego de un largo camino hemos podido aproximarnos a la conciencia de que nuestros padres han cometido los crímenes más aberrantes”. ¿Qué significan las modificaciones? “La simple remoción de los referidos escollos legales significaría un aire nuevo que nos permitirá diferenciarnos de nuestros familiares genocidas y expresar total libertad y carácter jurídico nuestro repudio”, explican. El texto completo.
“Lo que no se puede decir tampoco se puede callar”, dicen desde Historias Desobedientes, el colectivo conformado por hijas e hijos de genocidas de la última dictadura cívico-militar que este martes presentarán en mesa de entradas del Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal de la Nación y, así, poder declarar contra sus padres en los juicios de lesa humanidad.  Los dos artículos del Código Penal que buscan modificar son el 178 (“nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano”) y el 242 (no podrán testificar en contra del imputado bajo pena de nulidad). “La necesidad de esta reforma se plantea al momento que una hija, hijo o familiar de genocida, tomamos conciencia de la información que tenemos y que puede aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad”, dijeron en un comunicado. “La urgencia de esta presentación se justifica en los límites de tiempo para esclarecer estas causas, que si bien no prescriben, los protagonistas de los hechos están en edades muy avanzadas, y es necesario que sean esclarecidos, para lograr justicia”. La presentación será a las 14 horas.
El primer punto del proyecto de ley busca incorporar al artículo 178 que la prohibición de denunciar a los familiares “no rige para los casos en que el o los delitos denunciados sean de genocidio, de lesa humanidad y/o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
El segundo punto busca incorporar el mismo texto en el artículo 242, pero agrega: “Sólo en el caso de que el testigo no haya sido denunciante, se le notificará que puede abstenerse de testificar. En su caso, antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de nulidad, el juez advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia. Asimismo, una vez prestada su declaración testimonial en sede administrativa o judicial, su testimonio será obligatorio en todas las instancias posteriores, aunque no haya sido denunciante”.
Las hijas e hijos de genocidas explican que las modificaciones permitirán a muchas más hijas, hijos y familiares aportar a la justicia para garantizar a la sociedad el derecho a la verdad: “Dicha modificación resulta necesaria en tanto que en nuestra experiencia de vida como hijos y familiares de genocidas nos hemos encontrado con escollos legales tendientes a impedir y/o prohibir y/o disuadir la denuncia y eventualmente el deber de atestiguar”.

Los fundamentos

El proyecto subraya que “no pueden ser discutidas ni puestos en duda siquiera, los delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico militar”, y que si bien esos delitos tuvieron como víctimas “los más variados sectores sociales”, existe un colectivo que, “a pesar de integrar la comunidad afectada”, aún no ha sido reconocido pública ni jurídicamente como tal. “Se trata de muchas hijas, hijos y familiares de los genocidas que llevaron adelante el plan sistemático de los crímenes señalados, que por razones de edad en su momento y luego por diversos motivos como ser la negación y luego culpa y vergüenza, cuyo desarrollo excede el presente, no se habían manifestado de manera pública respecto de la participación de sus padres o familiares en el genocidio ejecutado”.
Los hijos y las hijas de genocidas señalan así que el proyecto nace de la necesidad de adecuar una parte de la normativa vigente a la realidad que ellos y ellas viven de forma cotidiana. También subrayan que no se tuvo en cuenta que “las hijas e hijos de represores se ven claramente ética y moralmente perjudicados por los delitos cometidos por sus progenitores” y que considerar que los hijos y familiares de genocidas no resultaran lesionados de los crímenes de lesa humanidad “implicaría considerarlos fuera de la humanidad”.
En ese sentido, agregan:

  • “Que las hijas, hijos y familiares de genocidas que hemos tenido la posibilidad de ser conscientes de la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos por nuestros padres y/o familiares consideramos que estas prohibiciones legales afectan nuestras libertades fundamentales […]. Que estas prohibiciones implican un escollo legal que lleva al Estado al incumplimiento de los deberes internacionales de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad”.
  • “Que se avecinan nuevos tiempos en materia de Derechos Humanos, considerando que las víctimas del genocidio ocurrido en nuestro país, como así también sus autores, cómplices y encubridores, se encuentran en muchos casos atravesando quizá los últimos años de su vida en virtud de su avanzada edad”.
  • “Nuestro pueblo tiene como base tanto la impostergable necesidad y derecho de que los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país no queden impunes, como así también el derecho a construir su identidad mediante la reconstrucción histórica de los hechos más atroces que ha padecido”.
  • Hijos e hijas piden remover “todo tipo de impedimento” para aportar a la justicia: “Luego de un largo camino hemos podido aproximarnos a la conciencia de que nuestros padres han cometido los crímenes más aberrantes”.
  • Y concluye: “La simple remoción de los referidos escollos legales significaría un aire nuevo que nos permitirá diferenciarnos de nuestros familiares genocidas y expresar total libertad y carácter jurídico nuestro repudio”.

El texto completo de la modificación

1.- PROYECTO DE REFORMA AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO I – CAPÍTULO I Y AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO III – CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN:
ARTÍCULO 1: Incorpórase al artículo 178 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: “La prohibición dispuesta en este artículo no rige para los casos en que el o los delitos denunciados sean de genocidio, de lesa humanidad y/o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.”
ARTÍCULO 2: Incorpórase al artículo 242 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: “La prohibición dispuesta en este artículo no rige para los casos en que el o los delitos denunciados sean de genocidio, de lesa humanidad y/o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Sólo en el caso de que el testigo no haya sido denunciante, se le notificará que puede abstenerse de testificar. En su caso, antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de nulidad, el juez advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia. Asimismo, una vez prestada su declaración testimonial en sede administrativa o judicial, su testimonio será obligatorio en todas las instancias posteriores, aunque no haya sido denunciante.”
ARTÍCULO 3: Comuníquese, etc.
2.- FUNDAMENTOS: Sr/a. Presidente:
2.1.- CONSIDERANDO:
2.1.1.- Que la República Argentina en su reforma constitucional del año 1994 ha elevado a rango constitucional los tratados internacionales enumerados en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
2.1.2.- Que la aplicación y el cumplimiento de dichos tratados es obligatorio para los estados parte, -sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder ante su incumplimiento-, por la aplicación del principio que surge del derecho de los tratados conforme lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados aprobada por ley 19.865.
2.1.3.- Que no obstante la obligatoriedad conforme lo señalado en el punto anterior, dichos tratados resultan de aplicación y cumplimiento obligatorio por aplicación del ius cogens, cuyo contenido es definido en el art. 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados: una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
2.1.4.- Que asimismo, respecto del ius cogens, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Priebke, los crímenes contra la humanidad deben ser interpretados a la luz del ius cogens, y que la aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida por nuestro orden jurídico en el art. 118 de nuestra Constitución Nacional.
2.1.5.- Que resultan obligatorias las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque así lo disponen los arts. 33 y 68 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2.1.6.- Que de lo dispuesto en el considerando anterior se desprende sin lugar a dudas que resulta obligatoria la jurisprudencia de dichos organismos internacionales.
2.1.7.- Que con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994, en el leading case Ekmekdjian la CSJN estableció la teoría monista y de plena operatividad de los tratados en el derecho interno una vez aprobados y ratificados por el estado y que “ya no es exacta la posición jurídica según la cual no existe fundamento normativo para acordar prioridad al tratado frente a la ley”.
2.1.8.- Luego, ya producida la referida reforma constitucional, la CSJN en el fallo Giroldi afirmó que “la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente (art. 75 inc. 22 CN)”, estableciendo asimismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la CADH, por lo cual el incumplimiento de sus disposiciones podría habilitar la responsabilidad internacional del estado, y que la jurisprudencia del Tribunal Interamericano debe servir como guía interpretativa de los preceptos convencionales.
2.1.9.- Tal criterio luego fue ratificado y ampliado por la CSJN en el fallo Bramajo, donde expresamente se incluyó dentro de la hermenéutica interpretativa a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -informes y opiniones consultivas como criterios de interpretación-. Dicho criterio fue sostenido por la jurisprudencia y fue ratificado por fallos de suma relevancia como Simón.
2.1.10.- Estos criterios han tenido plena vigencia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profundizándola en el caso “Kimel”, en tanto que ya no se limitó a establecer sanciones o reparaciones económicas ante la constatación de la violación a derechos humanos, sino que ha dispuesto la clausura o apertura de procesos y ha instado incluso a la modificación de la legislación penal nacional.
2.1.11.- En el mismo sentido, resulta ineludible considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Almonacid”, en el considerando 124 se refiere al control de convencionalidad señalando: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
2.1.12.- Asimismo, la CSJN en los fallos Casal y Espósito, y luego -siguiendo los lineamientos del caso “Almonacid” de la Corte Interamericana- en el caso Mazzeo, consideró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como último intérprete de las disposiciones de la Convención y se obligó al control de convencionalidad ante la posibilidad de acarrear sanciones al Estado nacional.
2.1.13.- En virtud de lo expuesto, hace más de dos décadas que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todas las autoridades públicas del estado argentino, en virtud de la aplicación del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional y el art. 68 inc. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
2.1.14.- Que una interpretación contraria resulta inadmisible, en primer lugar por poner en riesgo un orden jurídico que pretende garantizar la tutela real y efectiva de los Derechos Humanos.
2.1.15.- Asimismo, resultaría inadmisible por el principio de derecho internacional público reconocido como pacta sunt servanda, establecido en el art. 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
2.1.16.- Que no obstante la opinión que merezca respecto del acierto o desacierto del criterio de la CSJN en el fallo Fontevecchia, en lo que a los efectos de estos fundamentos interesa, -en razón del entendimiento de que la reforma que aquí se plantea resulta obligatoria en materia de Derechos Humanos y no se encuentra fuera de la competencia de la Corte Interamericana según el criterio expuesto por la CSJN en dicho fallo-, es de destacar que allí se dijo en su considerando 6°) que “Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos en contra del Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este (art. 68.1, CADH)…”; y en su considerando 20) que “(…). Lo dicho hasta aquí no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana, sino tan solo entender que la obligatoriedad que surge del art. 68.1 debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el tribunal internacional (art. 63, CADH; arts. 27, 75 inc. 22 y 108, Constitución Nacional).”
2.1.17.- Que por todo lo hasta aquí expuesto, debe considerarse que resulta ineludible que el estado argentino proceda al estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales emanadas de la siguiente jurisprudencia: – “investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.” – “Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.” – Respecto del principio de la tutela efectiva, dijo la Comisión Interamericana, puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. También dijo que, la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los requisitos de admisibilidad de una acción, puede constituir una violación de ese derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido amparado por la CADH (art. 25) impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. – “La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas aplicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentra bajo su jurisdicción (art. 1).” – “La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.” 2.1.18.- Que hoy no pueden ser discutidos ni puestos en duda siquiera, los delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Ello surge contundente de las sentencias hoy firmes, dictadas en los juicios que se han llevado a cabo en el país en los últimos 12 años y que permitieron conocer en muchos casos con detalles, los crímenes cometidos desde el propio Estado y en los que se secuestró, torturó, asesinó y desapareció a decenas de miles de ciudadanos. Asimismo, se produjo la apropiación, por parte de los genocidas, de cientos de niñas y niños de los cuales solo una parte ha podido recuperar su identidad al día de la fecha. 2.1.19.- Que no obstante que esos hechos han tenido como víctimas los más variados sectores sociales, existe un colectivo en particular que, a pesar de integrar la comunidad afectada, no ha sido dado a conocer públicamente ni reconocido jurídicamente como tal. Se trata de muchas hijas, hijos y familiares de los genocidas que llevaron adelante el plan sistemático de los crímenes señalados, que por razones de edad en su momento y luego por diversos motivos como ser la negación y luego culpa y vergüenza, cuyo desarrollo excede el presente, no se habían manifestado de manera pública respecto de la participación de sus padres o familiares en el genocidio ejecutado. Este proyecto, que se origina en la necesidad de adecuar una parte de la normativa vigente a la realidad que viven cotidianamente esas hijas, hijos y familiares, se impone a fin de incluirlos como beneficiarios de un derecho constitucional vigente en nuestro país, que garantiza que aquellas situaciones injustas como la que deriva de la actual redacción de algunos cuerpos de leyes, sea modificada. 2.1.20.- Que resulta evidente que al momento de la redacción de las normas respectivas cuya adecuación aquí se propone, no fue posible tener en cuenta la problemática derivada de dicha legislación, a la hora de evaluar los casos concretos en los que las hijas e hijos de represores se ven claramente ética y moralmente perjudicados por los delitos cometidos por sus progenitores. 2.1.21.- Que a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes y opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los tratados internacionales de Derechos Humanos, y de la profusa jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, citados precedentemente entre muchas otras más, resulta indispensable la modificación de los arts. 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación. 2.1.22.- Dicha modificación resulta necesaria en tanto que en nuestra experiencia de vida como hijos y familiares de genocidas nos hemos encontrado con escollos legales tendientes a impedir y/o prohibir y/o disuadir la denuncia y eventualmente el deber de atestiguar. 2.1.23.- Respecto de la prohibición de denunciar ha dicho D’Albora: “Su finalidad es clara: mantener la solidaridad, respeto y jerarquía entre ciertos integrantes del grupo familiar, por encima del interés de la persecución penal.”. Y de la prohibición de atestiguar dijo: “El fundamento de la prohibición es el de evitar la encrucijada entre destruir la cohesión familiar o mentir cometiendo el delito de falso testimonio…”. En el mismo sentido, Navarro y Daray dicen que: “El objetivo de la prohibición de la norma es preservar la “cohesión familiar”, tal como se expresa en la Exposición de Motivos (si bien al explicar las razones de la veda legislada en el art. 242), objetivo acorde al principio constitucional que apunta a la “protección integral de la familia” (art. 14 bis).” 2.1.24.- Respecto de la prohibición de testificar en contra del imputado, no debe dejar de considerarse que: “El fundamento de la prohibición es el de evitar la encrucijada entre destruir la cohesión familiar o mentir cometiendo el delito de falso testimonio…”. Sin dudas, es posible que aquellos familiares que no han tomado conciencia de la gravedad de los crímenes imputados, no quieran atestiguar en contra de su/s familiar/es. Así las cosas, el Estado no puede exigir a las personas conductas heroicas, como así tampoco puede colocarlas en un dilema con aptitud suficiente para producir daños psicológicos. Por lo expuesto es que, eliminada la prohibición del art. 242 del CPPN, deviene indispensable el derecho del testigo de abstenerse a atestiguar. No obstante, dicha facultad de abstención, no debiera resultar aplicable en caso de que el testigo haya sido denunciante, y/o en caso de que ya haya prestado declaración testimonial, ya sea en sede administrativa (policial o cualquier organismo de gobierno), o judicial. 2.1.25.- Que resulta claro que el legislador ha prevalecido la protección integral de la familia –de conformidad con el art. 14 CN- por sobre su deber de perseguir penalmente a los autores de los delitos. Sin embargo, debe tenerse presente que el Código Procesal Penal de la Nación ha sido sancionado el 21 de agosto de 1991 y publicado en el Boletín Oficial el 9 de septiembre del mismo año. Que en ese momento estaban en plena vigencia las leyes de impunidad, también llamadas de punto final y obediencia debida, y que en ese contexto el legisla
dor nunca hubiera pensado en establecer una excepción a las prohibiciones que aquí se plantea eliminar en los casos de crímenes de lesa humanidad. 2.1.26.- Que siendo que los crímenes de lesa humanidad han sido así definidos en razón de que afectan a la humanidad en su totalidad, no podría considerarse que los hijos y familiares de genocidas no han resultado lesionados. Lo contrario implicaría considerarlos fuera de la humanidad. 2.1.27.- Que considerando que las prohibiciones de estos artículos tienen fundamento en la protección de la cohesión familiar, ninguna razón de ser tendrían en tanto que en el caso del familiar que ha decidido denunciar, no habría ya ninguna cohesión familiar que tutelar. Y de hecho sería una protección que afecta el derecho de autodeterminación de la persona, siendo que impide dirigir libremente los actos de su vida, en clara violación al art. 19 CN. 2.1.28.- Que en el desarrollo que ha tenido la política de Derechos Humanos a nivel global, y especialmente en nuestro país desde la recuperación de la democracia y la república en el año 1983, no deja dudas que no hay enfrentamiento ni colisión de intereses entre “la protección de la familia” y el deber de “afianzar la justicia”, por lo cual frente a casos de delitos de lesa humanidad debe prevalecer este último. En consecuencia, las prohibiciones legales en dichos casos deben ser removidas en cumplimiento de un deber constitucional e internacional. 2.1.29.- Que las hijas, hijos y familiares de genocidas que hemos tenido la posibilidad de ser conscientes de la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos por nuestros padres y/o familiares consideramos que estas prohibiciones legales afectan nuestras libertades fundamentales establecidas en el art. 19 CN, en tanto que restringen arbitrariamente las posibilidades de contribuir a la justicia y de cumplir con nuestros deberes cívicos. 2.1.30.- Que estas prohibiciones implican un escollo legal que lleva al Estado al incumplimiento de los deberes internacionales de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad. 2.1.31.- Que se avecinan nuevos tiempos en materia de Derechos Humanos, considerando que la víctimas del genocidio ocurrido en nuestro país, como así también sus autores, cómplices y encubridores, se encuentran en muchos casos atravesando quizá los últimos años de su vida en virtud de su avanzada edad. En tal contexto, en caso de fallecimiento de imputados e incluso de quienes hayan tenido participación en dichos crímenes, renace inmediatamente un derecho a la verdad. Por lo cual, ante tal próximo panorama, las modificaciones propuestas permitirán a muchas más hijas, hijos y familiares aportar a la justicia e incentivar dichos aportes, a los fines de garantizar a la sociedad, con toda la amplitud que corresponde, su derecho a la verdad. 2.1.32.- Que nuestro pueblo tiene como base tanto la impostergable necesidad y derecho de que los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país no queden impunes, como así también el derecho a construir su identidad mediante la reconstrucción histórica de los hechos más atroces que ha padecido. Siendo que, -entre otras-, dichas finalidades se cumplen a través de las sentencias judiciales, en tanto tienen virtud de productoras de verdad. En consecuencia, para el dictado de las sentencias en los juicios no deben existir ningún tipo de restricciones en la producción de las pruebas ni en sus fuentes. 2.1.33.- Que las hijas, hijos y familiares de genocidas que luego de un largo camino hemos podido aproximarnos a la conciencia de que nuestros padres han cometido los crímenes más aberrantes, tenemos la necesidad de que sea removido todo tipo de impedimento para poder contribuir a los fines del considerando anterior. 2.1.34.- Que en dichas normas que pretendemos se modifiquen encontramos reflejado el mandato de silencio que en nuestros hogares desde siempre se nos impuso. 2.1.35.- Que ante tales circunstancias, la simple remoción de los referidos escollos legales significaría un aire nuevo que nos permitirá diferenciarnos de nuestros familiares genocidas y expresar con total libertad y carácter jurídico nuestro repudio.

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La Ronda en la mirada de Alejandra López

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Octava entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa Alejandra López.

Toda la producción de La Ronda será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Por Alejandra López

Cuando Claudia Acuña me propuso que fotografiáramos la Ronda de las Madres con un grupo de colegas, acepté sin dudar con gran alegría por varias razones. Por una lado, la urgencia del registro ahora que se nos van poniendo viejitas, y por otro, la necesidad de emprender un proyecto colectivo.

La Ronda en la mirada de Alejandra López

He ido muchas veces a la Ronda. Una de mis primeras veces, yo fotógrafa debutante, lloré durante toda la cobertura y una de las Madres (no sé quién fue) me retó con ternura: “Sin llorar”, me dijo, y repitió: “Sin llorar”. 

La Ronda en la mirada de Alejandra López

Siempre hay algo de esa primera vez: la emoción, la admiración sin límites, y,  sobre todo, el asombro ante esa capacidad increíble de sostener el ritual de lucha durante 47 años.

La Ronda en la mirada de Alejandra López

Hice mis fotos el jueves 21 de marzo, en la Ronda número 2397.

Hoy más que nunca #memoriaverdadyjusticia.

Mi humilde homenaje a estas mujeres que, junto con Abuelas, son nuestro faro.

La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López
La Ronda en la mirada de Alejandra López

Sobre Alejandra López

Retratista.

Empezó a trabajar profesionalmente en 1990 haciendo fotografía teatral y en la revista El Porteño.

Durante 14 años fue fotógrafa de staff de la revista Viva del diario Clarín, donde fotografió a innumerables personajes del espectáculo y ha publicado en revistas como Elle, La Nación Revista, Brando, Harper’s Bazaar, Le Figaro Magazine, Bacanal.

Actualmente se dedica a la fotografía para gráficas de teatro y cine, colabora con la revista L’Officiel y es reconocida además por sus retratos de escritor, algunos ya icónicos, para editoriales de libros como Penguin Random House y Planeta.

Ha realizado numerosas muestras: Retratos (2001), La máscara (en el Festival Internacional de Teatro), Retratos de la Memoria, (imágenes de sobrevivientes del Holocausto) en el Museo Judío de Frankfurt, Calendario FOE 2009 y en junio del 2011, la exposición Algunos escritores, en la Fotogalería del Teatro San Martín. En 2021, realizó Ese día, una serie de retratos de víctimas sobrevivientes del atentado a la Amia. En 2023, Belleza Marrón, en el Centro Cultural Borges, (ensayo en colaboración con la agrupación Identidad Marrón).

Para ver más: en Instagram @alejandralopezfotografa

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La historia de las Madres de Plaza de Mayo: Érase una vez 14 mujeres…

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Se cumplen hoy 47 años de la primera aparición de las Madres en la Plaza de Mayo. La fecha llega en un momento en el que lavaca ha puesto en marcha un registro fotográfico colaborativo sobre las actuales rondas de Madres: una forma de homenaje, sabiendo que la memoria no es hablar del pasado, sino comprenderlo para actuar en el presente y el futuro.

Esta es una recorrida entonces, con un resumen del antes, el durante y el después de la instauración del terrorismo de Estado. Cuenta el nacimiento de la organización de estas mujeres que salieron a reclamar por la vida y, frente al horror y la desaparición de sus hijos e hijas, y lograron lo que parecía inconcebible: transformar el dolor en acción. ¿Cómo lo hicieron? Un recorrido por las últimas décadas, y algunas cuestiones prácticas sobre los tejidos, los territorios, las brujas y los alumbramientos. El video que muestra parte de la historia.

Por Sergio Ciancaglini

La historia de las Madres de Plaza de Mayo: Érase una vez 14 mujeres…
La historia de las Madres de Plaza de Mayo.

Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos.

La historia suele ser infinita, ¿cómo contarla?

Habría que hablar de un siglo XX Cambalache, que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores, seguida de décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia, y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona.

Ese gobierno fue tumbado en 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Poco antes los golpistas habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades, o mejor distribución de la riqueza, era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña; aquí siempre hubo una envidia al revés. Los ricos envidiaron a los pobres, odiaron que los pobres pudiesen mejorar.

En 1956 aquella dictadura fue pionera: secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba.

Poco después, en una pequeña isla del Caribe frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa, y gatillaron sus armas junto a los de todo el continente.

Siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se iban tumbando entre ellos, mientras las fuerzas armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país, como trincheras contra la democracia, en nombre de la lucha contra el socialismo.

Frente a eso, crecía la resistencia de quienes que no se resignaban al silencio, la censura, ni al olvido. Resistían los mayores, con una especie de nostalgia por el pasado. Y resistían también los jóvenes, como añorando el futuro, pero un futuro que querían construir con sus propias manos.

El surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo

Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución en la isla del Caribe, fue capturado y fusilado cuando quiso hacer algo parecido en Bolivia. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. El mundo se ponía violento. En todo el planeta oleadas de jóvenes salían a reclamar justicia, igualdad, rechazo a la guerra y la muerte, un mundo distinto.

En la Argentina las dictaduras seguían tropezando con las resistencias. Hubo un Cordobazo, un Rosariazo, la juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Nacieron las organizaciones guerrilleras, que quisieron agregarle armas a toda esa resistencia.

Tal vez esta historia haya que comenzarla, entonces, en 1972. El 22 de agosto en Trelew hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos, indefensos, con el falso pretexto de un intento fuga. Mataron a 16. Hubo tres que sobrevivieron por milagro, y contaron lo que había pasado. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro: matar sin evidencias.

Las movilizaciones protagonizadas fundamentalmente por la juventud, empezaban a ser gigantescas. La trinchera militar no soportó la correntada de tantos sueños, y en 1973 la vida pareció cambiar. Una multitud obligó a liberar a los presos políticos. La ilusión no duró demasiado.

Fue una danza alucinada.

Cámpora ganó las elecciones. Volvió Perón. En Ezeiza las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Perón apoyó a esos grupos, contra la juventud. Cayó Cámpora. Asumió Lastiri que era el yerno de José López Rega. López Rega era ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social, y astrólogo esotérico. Como si su brujería funcionara, concentró cada vez más poder. Lastiri llamó a nuevas elecciones que ganó Perón. Ocho meses después, murió Perón y asumió su esposa Isabel. La sociedad miraba aturdida, mientras el sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha, para crear un monstruo al que llamaron Triple A. Alianza Anticomunista Argentina.

La Triple A era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Estudiantes, intelectuales, sacerdotes, artistas, sindicalistas, obreros: la sucesión de fusilamientos se hizo cotidiana, el terror empezó a ser la genética de cada día.
La lista es macabra. Cientos de víctimas. Por recordar algunos: Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo, Silvio Frondizi, uno de los principales intelectuales que dio la izquierda argentina, Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba.

Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido premoniciones.
Los fusilamientos de Trelew fueron una secuela.

La Triple A fue el perfeccionamiento del crimen mafioso.

El terrorismo de Estado y la desaparición forzada

Pero ahora imaginemos.

Imaginemos por un momento que hubiera miles de masacres como las de los basurales de José León Suárez. Imaginemos que hubiera de pronto miles de fusilamientos como los Trelew. Y miles de Triple A matando por las calles con absoluta impunidad.

Eso fue la dictadura militar, cuando los militares dieron el golpe de Estado para imponer la máquina de matar corregida y aumentada al infinito. Fue hace exactamente 30 años. Le pusieron un nombre que sería cómico, si no fuera tan patético. Proceso de Reorganización Nacional. El comunicado número uno que emitieron decía:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

Más que nunca, la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Pero esta vez, además, inventaron una especie de acto de magia superior a los de López Rega. La magia más perversa que alguien pueda imaginar.

No más bombardeos, ni basurales, ni fusilamientos en cárceles, ni homicidios mafiosos a la luz del día.

Los perseguidos, las víctimas, iban a desaparecer.

No iban a estar más: secuestrados y esfumados de la noche a la mañana.

Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno.

Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina, mientras en público sus jefes iban a misa a ser bendecidos, a comulgar, y a la salida sonreían. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz y el progreso.

Empezó la cacería. Zonas liberadas, gritos en la noche, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia.

Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero hay también una carta. Apenas un año después del golpe Rodolfo Walsh –otra vez- escribió en la clandestinidad su Carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir.

Hablaba de un lago cordobés convertido en cementerio lacustre. De personas arrojadas desde aviones militares al Río de la Plata, cuyos cadáveres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal y metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como con la tecnología de la picana eléctrica, para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración. De las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe y en medio de la censura y el terror: “Quince mil desaparecidos y desaparecidas, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”.

Pero hay otro párrafo, que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares:”Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Ahí estaba la clave para entender el crimen: la miseria planificada.

Walsh fechó esa carta el 24 de marzo de 1977, distribuyó varias copias, y un día después fue secuestrado por los militares.

Nunca más se supo de él.

Es otro desaparecido.

Érase una vez 14 mujeres: La historia de las Madres de Plaza de Mayo

En esa noche, hubo un parto.

En medio de la oscuridad, un alumbramiento.

Nació una historia.

Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles. Buscaron a las morgues. Nadie sabía nada. La ley del silencio. Cada día era la esperanza de una noticia. Cada noche era la frustración del silencio.

Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos.

La mayoría de las madres eran amas de casa: tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida a la búsqueda.

Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. De a poco, empezaron a cruzarse por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada: la desesperación y la incertidumbre.

Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso.

Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura psicópata les recomendaba santa paciencia y las confundía con rumores, insinuaciones y desinformaciones. Intuición femenina: les estaban mintiendo sistemáticamente, nadie hacía nada por salvar a sus hijos.

Una de esas mujeres dijo: Basta.

Y dijo: tenemos que ir a la Plaza de Mayo, tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa. Era una mujer con nombre de flor.

Y ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón: su lugar sería la Plaza de Mayo.

La plaza sería el territorio de estas madres.

No tenían oficina, pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado, iluminado y muy céntrico.

No tenían sillones mullidos, pero había bancos de plaza.

No había escritorios, pero tenían las faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o que hiciera falta.

No tenían alfombras, sólo baldosas y unas palomas revoloteando.

No tenían recepción, pero podían verse de lejos mientras iban llegando. No tenían teléfonos, pero se pasaban papelitos con mensajes, informes, o futuros puntos de encuentro.
Ocultaban esos mensajes en ovillos de lana, por si la policía o los militares se les cruzaban en el camino.

No querían que las descubrieran. Ya que tenían los ovillos, llevaban agujas y tejían en la plaza, mientras iban pasándose información, inventando qué hacer, cómo buscar, cómo evitar la impotencia de no hacer nada. Penélope tejía esperando el regreso de su marido. Ellas tejían juntas las acciones para buscar a sus hijos y denunciar lo que estaba pasando.

La primera vez fue el sábado 30 de abril de 1977. Eran sólo 14 en la Plaza de Mayo. Como no había casi nadie, decidieron volver el viernes siguiente. Después, una de las madres avisó, como atajándose de los malos augurios: “Viernes es día de brujas”. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, el día que nunca más abandonarían, para escaparle a las brujas.

La policía empezó a desconfiar. Por el Estado de Sitio, se impedía cualquier reunión de tres personas o más, por ser potencialmente subversiva.

Para decir la verdad, en este caso tenían razón: buscar la vida era subversivo. Como pájaros de uniforme, los policías empezaron a revolotear alrededor esas mujeres que hablaban y tejían de los asientos de la plaza. Ordenaron: “Caminen, circulen, no se pueden quedar acá”. Ellas se pusieron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj: como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos.

Marchaban, cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las Madres.

Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas Madres Locas que andaban buscando a gente que no estaba en ningún lado. Gran parte de la sociedad prefería no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las únicas que parecían cuerdas, tejiendo y circulando al revés que las agujas del reloj.

En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación a Luján, que congregaba a un millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia: ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? No existían los pañales descartables y la mayoría de las madres todavía guardaba los de tela, tal vez pensando en los nietos.

Frente a la Basílica, reclamaron y rezaron por los desaparecidos y desaparecidas. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos, que terminó con 300 personas detenidas, incluidos –por error- varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse de lo que ocurría. En la comisaría las Madres rezaban Padrenuestros y Avemarías. Los policías no se atrevían a incomodar a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados, les decían “asesinos”, y seguían rezando. Amén.

El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977, un oficial de la marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar.

Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre, denunciando las desapariciones.

El 8 de diciembre secuestraron a Esther Careaga y a Mary Ponce de Bianco en la Iglesia de Santa Cruz, junto a ocho personas más, incluida la monja francesa Alice Domon. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso, decidió seguir junto a ellas hasta que encontraran a cada uno de sus hijos.

Dos días después, desapareció la mujer con nombre de flor. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. Desaparecían quienes buscaban a los desaparecidos y desaparecidas. Pero los militares habían sido selectivos: secuestraron a quienes todas siempre consideraron “las tres mejores madres”. Sin Azucena, había que elegir: seguir, esconderse, o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas: ahora no solo debían buscar a sus hijos e hijas, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror, para seguir su marcha.

Azucena había parido la idea de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. Y había dicho algo: “Todos los desaparecidos son nuestros hijos”. Así estaba socializó la maternidad, potenció a cada madre y le dio grandeza a cada minuto de resistencia.

Llegó el Mundial 1978. El fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando gente en la ESMA. El mundial fue oxígeno para los militares: para seguir matando y seguir castigando cada vez a más gente con la miseria planificada. Las madres cambiaron sus lugares y horarios de reunión. No todos los jueves iban a la Plaza, para evitar que las detectaran. Cuando iban, la policía les largaba los perros. Cada una llevaba un diario enroscado para sacarse a los perros de encima, una de las pocas cosas útiles para las que servían los diarios de esa época.

Muchas veces detenían o demoraban a alguna de ellas en las comisarías. Se les ocurrió una idea: cuando una iba presa, se presentaban todas y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que exigieron ser detenidas, que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60.

Madres locas, dirían los policías, que no sabían bien qué hacer: muchas veces las soltaban para sacárselas de encima.

Cuando en la Plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregar también los suyos. Cientos de documentos, cédulas y libretas cívicas, que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza.

En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el fútbol jugó en contra. El mundial juvenil tenía a todos pendientes de Maradona, y los militares aprovecharon para que relatores de fútbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo, y que de paso repudiaran a quienes hacían cola para declarar ante la Comisión. Querían mostrar lo que llamaban “la verdadera imagen del país”. Decían: “los desaparecidos algo habrán hecho”, o “por algo será que se los llevaron”. Los hinchas, sin embargo, no molestaron a los que estaban esperando para hacer sus denuncias.

Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse, gracias a la miseria planificada de millones.

Los diarios y las revistas no sólo censuraban la información para defender su negocio, sino que hacían campañas por los militares: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Confirmado: nunca hay que subestimar la estupidez humana, la capacidad de negación, el tamaño de la crueldad.

En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento: las Madres decidieron crear la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad, o el destino, determinaron que la asociación fuese creada en una fecha imposible de olvidar: 22 de agosto. Habían pasado siete años de la masacre de Trelew, aunque parecían siete siglos.

Los militares asesinos argentinos inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile, que a todos les servía para ganar tiempo en el poder. En esos días fue muy próspero el negociado de la fabricación de ataúdes, hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos y desapariciones en la noche, permitían mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos era demasiado. Hasta para el Vaticano. Amén.

Seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran cambiaban el nombre. Si iban a ir a Las Violetas, decían Las Rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes.

Recién en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las Madres pudieron tener una oficina. Pero también ese año decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo, para nunca más abandonarla.

Fueron un jueves, al jueves siguiente las estaba esperando un escuadrón entero, con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la Pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Llevaban diarios enroscados. Pronto aprendieron de sus hijos, y llevaban también botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar. Pero habían decidido transformar el llanto en acciones.

Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Los verdugos. Las madres eran la vida.

Se editó el primer boletín de Madres, se iba ganando apoyo afuera y adentro. Los militares llamaron a los viejos políticos a dialogar, como abriendo el paraguas frente a la crisis económica y a su propio desgaste. Pero las Madres estaban simbolizando dónde estaba la verdadera política, y quiénes eran sus nuevos protagonistas. En 1981 lo demostraron retomando la Plaza y haciendo la primera Marcha de la Resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas.

Vinieron épocas de ayunos, de tomas de iglesias y catedrales. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació la consigna “aparición con vida”.

El 30 de abril de 1982, hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, la miseria planificada, con la policía reprimiendo a todos. Dos días después, se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los militares que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo.

Las Madres dijeron que la guerra era otra mentira. Los militares que secuestraban cobardemente, torturaban clandestinamente y asesinaban tirando cuerpos al río, no podían convertirse de un día para otro en patriotas impecables y valerosos guerreros. Por decir eso, acusaron a las Madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel: “Las Malvinas son argentinas. Los desaparecidos también”. Muchos que acompañaban a las Madres las criticaron: había que estar del lado de la guerra, del lado de los militares. El tiempo mostró quién tenía razón sobre los guerreros, entre ellos el mismo que había delatado a Azucena, Esther y Mary.

La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. Se abrió la multipartidaria, formada por cantidad de partidos y políticos muchos de los cuales, durante los tiempos más duros de la represión, habían sido expertos en el arte de callar.

En 1983 hubo elecciones, Alfonsín llegó a la presidencia, y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos e desaparecidas habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad.

El gobierno formó la CONADEP, la comisión nacional para la desaparición de personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle, y no las comisiones. Crearon un periódico, la Asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables.

En 1985 Alfonsín las citó, pero luego no las atendió porque tenía que ir al Colón, según la explicación oficial. Las Madres tomaron la Casa Rosada, y se quedaron ahí instaladas como forma de resistencia pacífica. Esas acciones mostraban la grieta entre los discursos sobre los derechos humanos que hacía el gobierno, y la realidad. Y mostraban cómo el protagonismo político se desplazaba de los políticos de museo, a los movimientos generados en la sociedad para enfrentar los problemas tomando las riendas de sus propias decisiones.

Se hizo el juicio a las Juntas, pero sólo hubo dos condenas a prisión perpetua. Las de Videla y Massera. Los otros jefes militares recibieron penas bajas, o fueron absueltos. Las Madres opinaron del siguiente modo: se levantaron y se fueron de la sala de audiencias.

Seguían las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campañas en todo el mundo, la lucha contra las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, La lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas, La marcha de las manos, La marcha de los Pañuelos, cuando taparon la casa de gobierno de pañuelos blancos, los premios internacionales.

El apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos.

Empezaban a hacer propia una idea: el otro soy yo.

Las Madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa: comenzaron a levantar las mismas ideas y sueños por las que esos jóvenes habían luchado.
Por eso sintieron que aún sin estar, sus hijos las estaban pariendo.
Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación, habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento.

Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar, en democracia, la miseria planificada: privatizó el país, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos, y además los puso a gobernar con él. De paso indultó a todos los militares que habían sido condenados.

Hubo más de lo mismo cuando subió De la Rúa, y las madres estuvieron allí, nuevamente en la plaza, el 19 y 20 diciembre, cuando ese gobierno intentó imponer el Estado de Sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Nuevamente las plazas se llenaron de balas, y de jóvenes muertos.

La historia reciente es más conocida, las Madres y su universidad llena de jóvenes, de movimiento, de conferencias, de proyectos. Las Madres y su flamante radio, para que se escuche cada cosa que hay que decir. La intervención en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte.

Y cada jueves, como siempre, las madres circulando, tejiendo solidaridad, construyendo este territorio de la Plaza para que sea el espacio de todos.

Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país de nombre plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia.

Cómo convertir al dolor, en acción.

La parálisis y el miedo, en lucha.

La desesperación, en coraje.

Las lágrimas, en acciones.

Para acorralar a la muerte, como el primer día:

tejiendo luchas,
haciendo circular los sueños,
y alumbrando la vida.

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Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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