Nota
Bolivia hoy: la tensa calma en Plaza Murillo
Los movimientos en la Plaza Murillo y las conferencias de prensa en el Palacio Quemado están ahora centradas en la criminalización del gobierno de Evo Morales. Denuncias, protestas montadas y acusaciones que, desde el poder de facto, apuntan hacia Argentina. Así vive hoy la capital de Bolivia las consecuencias del golpe.
(lavaca en La Paz) En los alrededores de la Plaza Murillo, donde queda el Palacio Quemado y la Asamblea Legislativa Plurinacional – nuestra casa Rosada y Congreso- hay una tensa calma. Así lo define Yolanda Mamani Mamani – sí, dos veces Mamani-, chola feminista y, como ella misma se llama en su canal de Youtube, chola bocona.
Es cierto: la boca de Yola es grande, pero quizá lo de boconaprovenga en verdad de lo que sus palabras y su mirada sentencian.
Es cierto también lo de la tensa calma: no es un lunes de bloqueos (a pesar de que el domingo previo circuló que habría), ni el Parlamento sesiona. La autoproclamada de facto Presidenta, Jeannine Añez, estará por la mañana en Cochabamba presentando un auto eléctrico… Lo tenso: los militares custodian a punta de pistola los edificios del gobierno; la policía UTOP se pasea a paso marcial por la plaza y distintas camionetas estacionadas en las esquinas llevan la luz policial en el techo. Pero lo más inquietante quizá no esté pasando a la vista de los oficinistas, los periodistas y la gente que pasa.

Un grupo de jóvenes conversa y hace ademanes en una esquina; llaman la atención. Sobresalen por sus raras vestimentas: pantalones de gimnasia apretados, alguna capucha, todos de tez blanca y con las cejas fruncidas. “¿Vos de dónde sos?” le pregunta uno a otro, y el otro responde “De Santa Cruz; Argentino, no”. Eso detiene un inminente y prudente intento de charla con lavaca. La identidad de estos jóvenes quedará parcialmente develada en una entrevista exprés con la tevé boliviana, verdadera razón de la presencia de esta banda hoy: “Somos de Resistencia La Paz”, se identifica quien hace dos minutos se confesó ser de Santa Cruz. “Estamos acá porque no vamos a permitir que ningún partido político utilice los recursos naturales para su beneficio”, dice, sin que nadie entienda muy bien de qué habla. Es un día en el que los recursos – naturales y humanos- formarán parte de este clima enrarecido en el que todo parece ser una gran puesta en escena.
Yola es periodista de la Radio Deseo – única radio feminista de Bolivia- y desde ese dial emite noticieros semanales que trazan una precisa radiografía de lo que pasa en las calles y en los cuerpos de Bolivia. Uno de sus últimos informes hablan de algo que está presente en esta tensa calma en Plaza Murillo, y que revela quiénes son en verdad estos jóvenes: “Estuvieron acampando hasta el jueves pasado frente a la sede del UTOP – la policía- diciendo que estaban resguardando la Plaza Murillo”, cuenta. Un policía de UTOP que corta el tránsito charla y confirma: “Son gente de Añez”. Yolanda precisa: “Son una especie de grupo paramilitar asociado a los jóvenes santacruceños”. Este grupo está conformado por jóvenes de corte fascista, protagonistas de las tomas al Palacio Quemado y de los saqueos de las casas de Evo Morales y oficinas de organizaciones ligadas al MAS.

En la calle se ve: gozan de la complicidad policial, están a su lado. Y pese a su falta total de institucionalidad, se mueven como peces en el agua de la Plaza Murillo, de la que desaparecen rápido tras la entrevista, quizá hasta la mañana siguiente.
Para Yolanda estos jóvenes autoproclamados Resistencia La Paz son una metáfora de lo que pasa en el gobierno: nadie los eligió, pero ellos mandan.
Ver la realidad a través de los ojos de Yola quizá ayude para derribar estereotipos, prejuicios e ideas comunes sobre lo que pasa en Bolivia.
Otro ejemplo de este lunes tranquilo en el que pasa de todo: su teléfono suena y le avisan que está por comenzar una conferencia de prensa en el Palacio Quemado. Con magia boliviana, nos hace entrar, a pesar de que en un primer momento la prensa internacional está vedada en la sala.
Ahí estamos.

Empresas (y conferencias) un poco truchas
Debajo de un techo que es todo ventanal, decenas de cámaras apuntan a tres personas sentadas justo delante de una escalera que conecta con el resto del bello Palacio Quemado. Los apuntados son Edwin Beyer Pacheco (director jurídico del ministerio de Comunicación), Oscar Ortiz (senador por Unidad Demócrata del departamento de Santa Cruz) y la Ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizarraga . El motivo: el gobierno convocó a los medios para comunicar los avances en una denuncia sobre 23 funcionarios del anterior gobierno por una presunta contratación intencionada de la empresa mexicana Neurona Consulting.
Todos los condimentos de la denuncia cuajan con la coyuntura que pretende agitar el gobierno de Añez-Camacho. Según la investigación encabezada por el senador Ortíz, de Santa Cruz, la empresa Neurona Consulting fue contratada en cuatro oportunidades por el gobierno de Evo Morales para realizar trabajos de comunicación. Siempre según la denuncia, la adjudicación se habría dado por contratación directa y por un monto total de 13 millones de bolivianos (unos 130 millones de pesos argentinos). La animadora del evento es la ministra de Comunicación del gobierno de facto, quien presenta y pasa la palabra a su antojo, y resalta: “Claramente vemos conexiones entre el gobierno boliviano y el mexicano de López Obrador, cuando el ex presidente Morales se encuentra asilado casualmente en ese país”. Y pregunta. retóricamente: “¿Será que el gobierno mexicano le devuelve el favor? Es lo que todos aquí nos preguntamos”.
Lo cierto – según los propios datos brindados en conferencia- es que los contratos con Neurona Consulting datan de 2017 y 2018, cuando López Obrador aún no había asumido. Promediando la conferencia, el senador Ortíz se levantó para irse. lavaca lo abordó en la salida del Palacio para precisar justamente esta data, e intentar separar las informaciones de las operaciones.
La conexión que hacen entre la empresa y el gobierno de López obrador, ¿figura en la denuncia? Porque dijeron que eran contratos del 2017 y 2018, previos a la asunción de AMLO
Senador Ortiz: No, la denuncia que yo presenté es una conexión con el Movimiento al Socialismo. Ellos (los integrantes de la empresa) vinieron a trabajar en la campaña del 2014.
Pero la ministra a su lado dijo que tenían conexiones con el gobierno de López Obrador
-En la denuncia que presenté no figura eso.
¿Cree que en el contexto que se está dando esta presentación hay una cierta tendencia a asociar cuestiones que no están probadas en la causa y que hoy se hacen para criticar la figura de Evo Morales?
Lo que hay es una serie de denuncias que formulamos que antes no había quien las procese. Por ejemplo: antes la Contraloría General del Estado nunca me respondió; el ministro de Comunicación del Estado nunca me respondió, y ahora la ministra de Comunicación sí está respondiendo. Es necesario que todos los colectivos ambientales y la gente vuelvan a pronunciarse. No puede existir impunidad para los responsables de los desastres ambientales. Eso en mi rol de fiscalizar me es útil para, como senador, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Institucionalmente puede parecer intencionado que en un contexto de llamado a elecciones se augure una ola de juicios contra funcionarios del MAS.
Lo que pasa es que antes había una estrategia de protección al MAS. Los controles no funcionaban, en teoría son independientes, pero no procesaban las auditorias que presentábamos. Los tengo que dejar, por favor, que tengo otro compromiso.

Criminalizando argentinos
Durante el fin de la conferencia, del que ya Ortiz no formó parte, un notero de tevé se salió del tema Neurona y le consultó a la Ministra Lizarraga sobre las repercusiones de la visita de dirigentes sociales argentinos al país. Lizarraga contestó: “Las personas que han llegado a nuestro país lo que están cometiendo es injerencia. Comenten injerencia al llegar a Bolivia y tratar de convulsionar. Lo que sí sabemos es que el señor (Juan) Grabois es un enviado del régimen de la señora Cristina Kirchner, que es quien está allanado el camino para que así pueda estar más tranquilo el ex dictador Evo Morales en la Argentina”.
Terminada finalmente la conferencia lavaca pudo hablar brevemente con la Ministra de Comunicación interina-autoproclamada:
Según el senador Ortiz, la relación que usted hizo entre la empresa Neurona con el gobierno de López Obrador no figura en la denuncia
Lizarraga: Nosotros hemos buscado toda la información sobre la empresa Neurona, pero además ellos declararon que cuando estuvieron acá trabajaron para los gobiernos progresistas. Y que ese dinero estaba siendo utilizado para los otros gobiernos progresistas de otros países. Estas personas de esta supuesta empresa, que no existe en las condiciones adecuadas en México, han señalado que trabajan para el gobierno de López Obrador.
–Respecto a la delegación argentina, usted asoció la visita a la figura de Cristina Kirchner y Evo Morales, pero más allá de esta asociación, sobre el contenido del informe, ¿qué dice el gobierno?
-Te dejo, necesito ver…
Y se va, escaleras arriba del Palacio Quemado, con una sonrisa.
Según revelaron, existen al menos 90 casos similares que se están auditando y que auguran una catarata de juicios hacia la ex Ministra de Comunicaciones de Evo – Jesica López, exiliada en Argentina- y para el propio Morales, quien ya armó un equipo legal comandado por Baltazar Garzón.
Femicidios de facto

Todo ocurrió este lunes.
Frente a la Defensoría del Pueblo, menos de diez personas protestan con carteles y pancartas. Son familiares de víctimas de feminicidios, pero su reclamo aquí está centrado en la renuncia de Nadia Cruz, la representante del organismo público.
Según detallan y denuncian, Cruz no les ha dado respuestas concretas a los distintos reclamos que le han venido haciendo ante el creciente aumento de femicidios. Solo en 2019, contabilizaron 110. Pero el enojo con Cruz –que no accedió a entrevistarse con lavaca– parece también venir de otra parte: una de las señoras que se manifiesta se queja por su afinidad al partido MAS y resalta la incongruencia: “Una defensora que devele velar por los derechos delos ciudadanos no puede ser parte del gobierno”. A su izquierda, otra pancarta por otro reclamo, que nada tiene que ver con los feminicidios, muestra a Nadia Cruz en un acto partidario del MAS.

La misma señora que denuncia eso ante las cámaras de tevé – que vendrán y se irán rápidamente- interrumpe la charla de lavaca con una señora, chola, que lleva la foto de su hija de 15 años, asesinada en Collana Norte. Dice que el “reclamo es a nivel nacional y no internacional” y a pesar del intento de relatarle el sentido de la cobertura, invita al grupo a retirarse hacia la Plaza San Pedro, a apenas 50 metros. Otro joven que sostenía el cartel de una familiar se separa del grupo y alienta al cronista desplantado.
Los militares nos preguntan si los familiares van a volver, o si “ya está”. Es que en la Defensoría no hubo un día normal desde el golpe, y la figura de Nadia Cruz parece estar acechada no precisamente –o no solo- por familiares de víctimas de feminicidios.
El factor Amazonas
La última y quizá más fuerte escena del lunes ocurre mientras tres mujeres intentan desplegar una bandera frente al Palacio Quemado. Dice: “Luchemos por la Amazonia”. Los policías actúan rápido y se acercan a la mayor de las tres: le piden que guarden la bandera y se retiren. “Vayan a la plaza de más allá”, le sugiere el uniformado, a lo que la mujer le responde que justamente la intención es desplegar la bandera aquí, en Plaza Murillo.
La más joven se llama Daniela Arraquia y cuenta el contexto: son parte de un colectivo llamado Lucha por la Amazonia Boliviana, oriundo de Cochabamba. Han llegado hasta La Paz para aprovechar el agite político y, justamente, plantar bandera: “Es necesario que todos los colectivos ambientales y la gente vuelva a pronunciarse ante este escenario”.
Sigue: “Estamos pidiendo un juicio de responsabilidad para todos los involucrados en los incendios, entre ellos el ex presidente Evo Morales y los ganaderos. También estamos pidiendo que se haga público el contrato que se hizo con la China para la exportación de carne: tenemos información de que la mejor carne boliviana va a ser vendida a 14 pesos el kilo, cuando acá la compramos a 50 bolivianos”.

Pese a su juventud, Daniela no se deja amedrentar por la decena de policías de refuerzo que acaba de llegar, pero habla más rápido porque sabe que está en tiempo de descuento: “Estamos pidiendo una pausa ambiental sin intervención del ser humano, así como una restauración del territorio afectado. Lamentablemente lo que ha pasado con el gobierno extractivista es que ha destrozado el medio ambiento a nombre del pachamamismo”.
Yolanda Mamani: ¿Qué responsabilidad cree que tiene la presidenta de facto y su perspectiva respecto a los recursos naturales?
En este momento nos encontramos alarmados por la reunión que ha tenido la ministra de Medioambiente con los principales sectores agroindustriales y ganaderos. Nos encontramos alarmados por la promulgación del Decreto Supremo 3.874 que se ha firmado con el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Es entonces cuando los policías de UTOP la empujan y arrugan la bandera.
Tanto a los escasos cronistas que entrevistaban como a las tres mujeres, les sugieren una frase que definen estos, los peores tiempos:
-Circulen.
Más atrás, trabajadores municipales se apuran a armar un gran árbol de Navidad.

Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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