En lo que va del año, al menos 102 mujeres y personas trans fueron asesinadas. La mayoría de ellas, por sus parejas. Acá la primera parte del especial Aislamiento y violencia: la radiografía de la justicia.

Por lavaca.org y Lucrecia Raimondi

3 de abril. Maira Alejandra Sarmiento, 22 años, es asesinada a puñaladas delante de sus hijos por su ex pareja Luis Edmundo Martínez, 55 años, en Villa Mariano Moreno, Tucumán. Venía escapando de su agresor desde hacía meses. Encontró refugio en la casa de Cecilia, su cuñada y amiga, en el barrio Las Talitas al norte de San Miguel de Tucumán. No buscaba aislamiento por la pandemia de coronavirus: escapaba de la violencia.

En una llamada que Alejandra grabó, él le anunció que la quería a matar. Ella le dijo que no lo amaba, que no quería saber nada con él, que pensara en las hijas, que la deje tranquila. Pero Martínez insistía: “Yo te voy a matar porque yo te amo. Te voy a matar y me mato con vos”, le dijo por teléfono. Alejandra fue con el audio a la comisaría de El Colmenar para hacer la denuncia. La periodista tucumana Mariana Romero reconstruyó en su cuenta de Twitter la desidia: “Con el audio, se fue a la comisaría de El Colmenar. Le dijeron que le correspondía la comisaría de Villa Mariano Moreno, así que se fue para allá. Cuando llegó, le dijeron que le correspondía la comisaría de El Colmenar. Volvió. Le dijeron que le correspondía la de la Villa. Se hartó. Hizo que le tomen la denuncia y, cuando ella la fue a firmar, se dio cuenta de que no habían puesto el nombre del agresor. «Pucha se me pasó», cuenta su amiga Cecilia que les dijo el oficial, así que la tuvo que imprimir de nuevo. No quisieron escuchar los audios. Le dijeron que ahora tenía que ir a lo que llamamos la Comisaría de la Mujer. Pero, cuenta Cecilia, casi no había personal y le dijeron que cuando terminara la cuarentena la iban a hacer que haga «tratamiento psicológico». Alejandra les dijo que más que tratamiento psicológico lo que necesitaba era custodia, pero le respondieron que eso lo tenía que ordenar «tribunales».

En los 5 días que le quedaban de vida, ella nunca supo si su causa llegó a Tribunales. La mañana del 3 de abril Martínez quebró el aislamiento obligatorio por coronavirus, volvió a Las Talitas y esperó a que Cecilia abriera el portón de su casa para entrar la moto. El femicida la empujó y entró a la vivienda. Sacó a Alejandra de los pelos a la vereda, la arrinconó y la golpeó. La arrastró 20 metros y la hirió con una cuchilla de carnicero. Cecilia pidió ayuda a los gritos, solo una vecina se acercó. Lo apartaron de un golpe en la cabeza con un ladrillo. Pero se incorporó y volvió buscar a Alejandra para darle una puñalada en el pecho. Martínez fue detenido por un vecino policía que procedió después del ataque, con Alejandra muy mal herida. Murió en la vereda, a la vista de su hija de 5 años que salió de la casa y se horrorizó por encontrar a su madre desangrándose. La fiscal Adriana Giannoni imputó a Martínez por femicidio. Dos niñas pequeñas quedaron huérfanas.

El caso de Alejandra Sarmiento muestra las fisuras de un Estado que no sabe cómo actuar para proteger a una mujer en situación de violencia. Como le pasó también a Fátima Acevedo en Paraná, que denunció y las medidas que tomó el Estado no fueron suficientes para prevenir el asesinato en manos de su ex pareja. Las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación informaron que el 87 por ciento de los femicidios que se registraron en 2019 se cometieron en el hogar.

Fuerza mayor

La cuarentena agregó así un saldo sangriento de lo que va del 2020: 102 los femicidios y travesticidios confirmados: 87 mujeres y niñas, 3 asesinatos a travestis y otras 12 de esta comunidad LGBTTI fallecidas por el abandono del Estado.

Entre el 1 de marzo y el 7 de abril fueron halladas 29 mujeres y niñas víctimas de femicidio, según el relevamiento de organizaciones sociales y ONG a partir de noticias en los medios de comunicación o publicaciones en redes sociales. En los casos de travesticidios se suma otra dificultad: los medios de comunicación muchas veces no respetan sus identidades, además de que no todos salen publicados en las noticias, lo cual hace más difícil poder reconstruir la radiografía de la situación. El número al que llegó lavaca es a partir de un trabajo territorial de consulta a la comunidad trans que entiende la baja expectativa de vida como un travesticidio social. No hay datos oficiales actuales de estos crímenes.

Desde el 20 de marzo que empezó el aislamiento obligatorio por coronavirus fueron encontradas o asesinadas casi la mitad: 17 mujeres y niñas muertas por la violencia machista. De esos hallazgos, 13 mujeres y niñas fueron asesinadas durante el período de aislamiento. Algunas convivían con su agresor, otras fueron atacadas porque sus femicidas violaron la medida preventiva. Mientras lees esta nota la espantosa lista de femicidios y travesticidios posiblemente aumente.

“Esta cuarentena obliga a muchas mujeres a estar en sus casas junto a los agresores”, dice María Inés Benítez, del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán y de la Campaña Nacional Todas Somos Lucía, y explica que cada organización difundió el teléfono de alguna de sus integrantes a quien poder llamar para tener asesoramiento o acompañamiento en situaciones de violencia. María Inés es una de las que recibe llamados: en un solo día fueron tres las mujeres que se comunicaron con ella, y cuenta que en uno de los casos tuvieron que conseguir que intervenga un móvil policial. Resume así la emergencia: “Es preocupante. Más allá de que las organizaciones tratemos de suplir, los casos han aumentado muchísimo”. Fuentes judiciales revelaron a MU que los delitos contra la propiedad son prácticamente nulos. Mientras tanto, que las denuncias telefónicas por violencia machista se mantuvieron igual o aumentaron. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron un incremento en los casos: de 1 o 2 por día a 4 o 5 por día desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la medida sanitaria. Otra de las fuentes judiciales agregó que considera que las medidas de protección que se están otorgando en este contexto se vuelven “endebles”.

A dieciséis días de que el Poder Ejecutivo Nacional decretase el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población con sus excepciones, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso en la Resolución 15/2020 que las salidas con fines de realizar las pertinentes denuncias por violencia serían permitidas para las mujeres y la comunidad LGBTTI. Ese mismo día se conoció la noticia de que el hombre que había acompañado a su cuñada a hacer una denuncia por violencia fue procesado por violar la cuarentena.

La única política pública nacional impulsada por este Ministerio en el período de aislamiento fue la iniciativa “barbijos rojos” que recibió duras críticas por no tener en cuenta que las mujeres quedaban expuestas frente a sus agresores y que las farmacias, además de no adherirse todas las federaciones que las nuclean dejando afuera a siete provincias y casi la mitad de los establecimiento de Capital, tampoco están capacitadas ni tienen la obligación de contener las demandas de auxilio. Sin contar que en muchísimos barrios a lo largo y ancho del país no hay farmacias cercanas.

Según Agustina Ciarletta, directora del espacio de la Mujer en la Legislatura porteña, el número de llamadas a la Línea 144 en la Ciudad se duplicó desde el inicio del aislamiento y explicó que el 43% son llamados de familiares y amigos de las víctimas. Cabe aclarar que las operadoras de esta línea no reciben denuncias, sino que brinda información, contención y asesoramiento a las personas que llaman. Pero frente a la situación actual de urgencia, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció hoy frente a la cámara de Diputados que en coordinación con el Ministerio de Mujeres y Géneros acordaron que todos los llamados recibidos por la línea 144 den aviso al 911 para atender las situaciones de emergencia. Además, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firmaron el lunes un convenio de cooperación para agilizar las medidas de protección judiciales en período de aislamiento. También la ministra de Justicia, Marcela Losardo, anunció que reforzaron con un número de WhatsApp la Línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar, que envía personal judicial para socorrer a las mujeres que llaman y las derivan a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para que hagan la denuncia penal.

La OVD, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está abierta las 24 horas los siete días de la semana y recibe todas las consultas de manera presencial, pero ahora atiende con una guardia reducida. El promedio habitual de denuncias que llegan a completarse -el tiempo de espera suelen ser de varias horas y muchas se van sin hacer la denuncia- es de un mínimo de 40 y un máximo de 52 casos por día; estiman que aumentarán cuando pase la emergencia sanitaria.

Durante el aislamiento obligatorio la atención es con un personal reducido y el tiempo de la entrevista que solía ser de una hora y media o dos, en cuarentena es menor. Analía Monferrer, directora de la OVD, informó a MU que del 20 de marzo al mediodía de hoy registran que recibieron un total 91 casos. Durante el aislamiento obligatorio tuvieron su pico de atenciones el 2 de abril con 11 casos. De las mujeres que se acercaron a la OVD durante el aislamiento, 36 conviven con sus agresores y en otros casos que no convivían el agresor violó la cuarentena y la restricción emitida por el juzgado de familia; todavía les resta analizar la situación de 15 casos. Monferrer atribuye la disminución de consultas al contexto de aislamiento obligatorio, y a la dificultad de circulación, pese al decreto ministerial.

La excepción fue la Provincia, que tiene la mayor densidad demográfica de todo el país. Allí se registró la mayor cantidad de femicidios. Mediante el Decreto 178/2020 publicado el 31 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se otorga al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual provincial la facultad para otorgar un subsidio que permita dar asistencia inmediata y acompañamiento a quienes estén en situación de violencia machista. El Fondo permanente especial de ayuda en la emergencia está destinado a afrontar gastos urgentes, de asistencia económica inmediata y en el lugar de los hechos, a las propias víctimas, sus familiares o las personas que acompañen la situación de crisis y emergencia.

“La pandemia nos colocó en un cono de excepcionalidad que transformó toda nuestra vida –dijo a MU Estela Díaz, a cargo de esa cartera- Veníamos planteando la estructuración de todo el Ministerio, los mecanismos para que esa transversalidad sea posible con municipios, organismos del Estado, con mesa interpoderes, y todo esto se puso ahora en función de la atención de la violencia. Es un subsidio que ayuda para la salida de la emergencia. Estamos impulsando el proceso, trabajando con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ayuda a la salida de esas situaciones, cuando necesitas irte, cuando tenes gastos porque saliste de tu casa, favorece la respuesta y se rinde por parte de los Municipios o mesas locales de manera muy simple, explicando el caso. Está pensado para casos urgentes”. El contexto en que se implementó la medida: “Estamos restableciendo las líneas de atención y estalla la cantidad de llamados en estos días”.