Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de  las estructuras mafiosas y el funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. Por Claudia Acuña.

Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles fueron las primeras en advertirnos las coincidencias de sus crímenes. Hasta ellas, los femicidios eran clasificados en nuestro padrón a partir de las categorías creadas por la academia de género para analizar la trama de violencias que arrasa con tantas vidas, año tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas categorías. No eran “femicidios íntimos”. No las mató un novio celoso o un marido despechado. Y tampoco sus muertes aceptaban la categoría de excepción, que clasifica como “femicidio no íntimo” a aquellos crímenes que no se adaptan a la regla general. Había una regla, pero era otra. 

¿Cuál?

La camioneta que fue requisada por la policía y en la que se encontró droga “con intención de comercializar” estaba estacionada todos los días frente a la puerta del colegio de Lucía, al mediodía. La banda que abordó a Melina era habitué del bolicheal que fue a festejar sus 17 años. La del corralón que descuartizó a Araceli contaba con la protección de la policía que estuvo a cargo de la investigación de su desaparición. Lucía en Mar del Plata, Melina y Araceli en San Martín nos estaban gritando una pregunta: sin esa trama de impunidad territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido posibles?

Llamamos entonces femicidios territoriales a los crímenes que se produjeron en un marco de impunidad institucional, en el cual la policía local tiene una responsabilidad central. Eso significa concretamente el grito “El Estado es responsable”.

No se trata de una consigna, sino de un profundo análisis político que nace de la sociedad que lo padece y lo combate día a día. Sus características son tan claras y contundentes que no hay margen de dudas: este año, cuando las vecinas se enteran del crimen de Ludmila Pretti en la bonaerense Morón o de Iara Rueda en la jujeña Palpalá, lo primero que hacen es plantarse frente a la comisaría. Y con esta reacción inmediata y espontánea dejan en claro que ya saben aquello que ninguna academia reconoce: que esa trama de impunidad territorial garantiza que hacer  justicia resulte imposible. Para evitar que se arruinen pruebas, se demoren búsquedas, se deje escapar a los criminales, se alteren evidencias y se eludan las responsabilidades institucionales la respuesta es la que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica Fernández, baleada por su ex, al que la policía dejó huir: “Si hay que romper se rompe, si hay que quemar se quema, pero de acá no nos movemos hasta que el culpable esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera de mujeres frente a la puerta de la comisaría del Cuartel V de Moreno. Tres horas después el responsable del ataque estaba encerrado.

Mar del Plata

Analizar la trama de impunidad en clave geopolítica es indispensable  para comprender los femicidios territoriales. Lucía nos ubica en Mar del Plata y lo primero que encontramos allí es un trabajo maravilloso realizado en 2005 por Marta Fontela, que forma parte de la investigación titulada Femicidios e impunidad. Citamos extensamente este trabajo porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar del Plata a San Martín, ya veremos cómo. 

Fontela analizó la causa judicial que inició el juez Pedro Hooft sobre los crímenes que popularmente conocimos como del “loco de la ruta” y que implicaron la  desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. Algunas fueron encontradas descuartizadas, otras nunca. Resume Fontela: “En Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández una serie de crímenes y desapariciones de mujeres, hasta la fecha no resueltos. En el momento en que escribo este artículo, solo se ha llegado a condenar a dos suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no por las desapariciones y muertes, respecto a las cuales no se pudo probar su participación, sino por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución”.

Luego compila los datos de la única causa judicial que pronunció un fallo: “La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que investigó los casos de las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esa red de complicidades y vinculaciones entre los proxenetas y distintos poderes del Estado”. 

En la causa originariamente intervino el Juzgado Departamental N° 7, quedando a cargo de Hooft a fines de septiembre de 1998, al cambiar la organización de la justicia penal en la provincia. En la primera etapa la investigación estuvo a cargo de la policía. Debido a que no había avances, Hooft solicitó instructores judiciales al procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001, virtualmente desde cero, aunque con un aporte que mostraba entrecruzamientos telefónicos que acreditaban la existencia de múltiples y permanentes comunicaciones de este tipo entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata y dependencias policiales, judiciales y municipales. Una noticia de la agencia Telam  del 23 de noviembre de 2003 señala que según un informe del procurador de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, firmado por el doctor De La Cruz, que analiza las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, se verificaron 18 cruces telefónicos vinculados con el caso de las mujeres en prostitución de Mar del Plata. De los allanamientos realizados en los prostíbulos surgieron datos que permitieron vincular las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el informe elaborado por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de agosto de 2002 se registran al menos 28 víctimas entre mujeres presuntamente en situación de prostitución, entre desaparecidas y asesinadas.

Surge del expediente que durante 1997 y hasta los primeros meses del año 1998, “al menos ocho policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos referidos a la prostitución organizada, facilitando su promoción, la protección en calles y prostíbulos, así como su custodia y seguridad. Estos policías cumplían funciones dentro de la organización delictiva, se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal, las custodiaban, registraban patentes de vehículos de clientes, etc. Semanalmente cobraban a los prostíbulos para permitir su funcionamiento”. A esas comisarías iban las compañeras de las desaparecidas a denunciar que no estaban y rogar que las encuentren con vida. 

En nuestro padrón histórico los femicidios en Mar del Plata suman 68, de los cuales 31 representan femicidios territoriales. 

El fiscal

El fallo cita extensamente lo que declararon las testigos. La madre de Verónica Chávez atestiguó que a Silvana Caraballo “le habían dado una paliza por hacer mal un trabajo… y que Caraballo gustaba del fiscal García Berro”. Agregó que el día antes de su desaparición, “Verónica Chávez comentó que estaba trabajando en el guardarropas de un boliche en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. Otra testigo informa que “a Verónica Chávez la llamaba Marcelo (el fiscal García Berro) y la llevaba en un Corsa… y  que luego de la desaparición no llamó nunca más”.

Concluye Fontela: “Basta leer estos párrafos, que son solo un extracto de una extensa y muy bien fundada sentencia, para que aparezca a la vista de cualquiera la responsabilidad de la policía y de funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha fundada de su intervención en los crímenes que se investigan. Sin embargo, por los requisitos y características del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo y otros procesados”.

Este proceso generó que el fiscal Marcelo García Berro fuera apartado de su cargo. Los motivos los resume una nota publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario La Nación: “El nombre de García Berro apareció en el expediente casi desde la primera hora. Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado por Chávez en su agenda personal, a la que tuvo acceso La Nación. Por el sistema Excalibur se constató que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en ese auto cerca del domicilio de la mujer”.

Entre los fundamentos de la sentencia del juez Hooft se establece que “queda semiplenamente acreditado que, al menos durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando, además, en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos y/o personas vinculadas con la prostitución, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba”. 

Hoy el fiscal García Berro ejerce en los tribunales de San Martín. Es miembro del Consejo Fiscal en representación de la agrupación Unión Progresista de Fiscales.

García Berro es fiscal en las causas por crímenes de la dictadura en la Zona IV, Campo de Mayo, Contraofensiva y los Vuelos de la muerte.  En tanto, el juez Hoof fue  acusado por crímenes durante la dictadura, que derivaron en un juicio político que lo absolvió. En su defensa adujo que las acusaciones eran consecuencia de la investigacion del “loco de la ruta”.

San Martín 

El femicidio de Melina Romero es uno de los más escandalosos casos de impunidad fiscal. Poder Judicial y policía se empecinaron en no buscar a Melina durante semanas, mientras diversos medios nacionales atacaban a la víctima. El cuerpo asesinado y corrompido fue encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita el 23 de septiembre de 2014. Melody, amiga de Melina, relató que vio cómo un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) intervinieron en el hecho. Toto fue sobreseído ante un tribunal de menores, y Melody fue acusada por falso testimonio, soportó un juicio y fue sobreseída.

La fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los otros tres implicados. El abogado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, sintetizó lo que este procedimiento fiscal representa: “Es la primera vez en mi carrera que veo que la fiscalía desista de un juicio por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por indicación de sus superiores. El superior es el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. Sin acusación fiscal Biondi, como querellante particular, solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). La sentencia fue apelada, pero la mamá de Melina ya no tiene abogado que la represente.

Tres años después del crimen de Melina, en el mismo territorio de San Martín, desaparece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio, vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. 

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, al oficial principal José Gabriel Herlein y al numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente: “Estoy con mis hijos, mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custodia”, dice Mónica a tres años del asesinato de su hija. El juicio oral tenía fecha para este año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía no me avisaron qué va a pasar”.

Todos los imputados llegan en libertad al juicio.

La impunidad

Fontela señala en su trabajo otros femicidios que tienen similares características: “El análisis de algunas investigaciones judiciales y periodísticas indicarían la conexidad entre instituciones del Estado y las bandas de tratantes y/o narcotraficantes que operan en todo el país. Si ejemplificamos con algunos casos, tres de las desapariciones en Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar en Santiago del Estero, Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán y Entre Ríos respectivamente) y el triple crimen de Cipolletti, encontramos estas similitudes. En la mayoría de los casos, hay policías y funcionarios de otros poderes del Estado involucrados, que forman parte de las redes de prostitución, fiestas privadas en las que obligaron a participar a las mujeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostíbulos como los de Sierra de los Padres o La Perla (Mar del Plata)”.

Este año sumamos a esta lista los femicidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Jujuy. Desde que se produjeron esos crímenes durante todas las semanas se realizaron puebladas en la provincia de Jujuy reclamando justicia, a pesar de que en todo ese tiempo, el gobernador realizó un sinfín de anuncios para apaciguar los reclamos. Incluso la Legislatura provincial sancionó una de las principales demandas: la Ley de emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No hizo, sin embargo, lo único que motiva el  indignado reclamo social: separar e investigar a la policía.

El desafío

Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que  comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración. Implica, además, señalar  con claridad y precisión que es necesario que un equipo especializado, experto e imparcial, sea el encargado de investigar estos crímenes desde el primer momento en que se producen y para evitar que las tramas territoriales impidan el desarrollo de una investigación en los términos que requiere el Estado de Derecho.

Y lo que es más importante, nos permiten reconocer en el rico tesoro de lucha que nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivientes e Hijes las herramientas creativas, políticas y comunicacionales que nos van a dar la fuerza que necesitamos para construir lo que queremos: una vida sin violencias.