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Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

Publicada

hace 2 años

23/12/2020

Es una provincia que exhibe cómo funciona la máquina femicida: falta de búsqueda policial, impunidad judicial, mensajes machistas desde el gobierno, varones con poder. También fue epicentro de movilizaciones masivas durante la cuarentena, que lograron la sanción de una ley. Las historias de las mujeres asesinadas y la voz de sus familias. La situación de una joven desaparecida hace 5 años de la que nadie habla. Y la certeza, que impone la necesidad de declarar la emergencia: “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

Cesia Reinaga vivía en Abra Pampa junto a su familia. La joven de 20 años salió de su casa el sábado 29 de agosto al mediodía a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra y no volvió. Ante la inacción policial en la búsqueda de su hija, Samuel Reinaga comenzó a recorrer los barrios y las localidades vecinas. Encontraron su cuerpo el 8 de septiembre –10 días después– en un estanque del antiguo matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”. Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto de 14 años, todos ellos dueños de Sol de la Puna, un multimedio de Abra Pampa. Sin embargo, la familia de Cesia no está tranquila, y cuenta que después de las detenciones apareció la campera de la joven en otro de los estanques.

El miércoles 23 de septiembre Iara fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que la vieron con vida. Su familia denunció inmediatamente la desaparición en la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí, los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”. Agregaron que no tenían personal porque era fin de semana. Por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada. El cuerpo de Iara apareció seis días después, luego de que las y los vecinos se autoconvocaran para buscarla en intensos rastrillajes comunitarios. La noche anterior a la aparición de Iara, en el mismo barrio donde se encontró el cuerpo y donde ya habían rastrillado los vecinos se produjo otro sospechoso apagón.

Gabriela Ríos, de 22 años, desapareció solo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre–, y su cuerpo fue hallado el 1° de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada en las afueras de Palpalá. La pericia forense mostró que Gabriela murió debido a golpes de su ex pareja, quién terminó por confesar el crimen.

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre (día en que cumplía 31 años) Roxana Mazala fue asesinada por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Roxana militaba en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas de la Rama Rural. Era, además, madre de tres hijxs.

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, madre de un bebé de seis meses, fue encontrada muerta al costado de la Ruta Nacional 66, en medio de un gran despliegue mediático y policial. Alejandra era víctima de violencia machista por parte de su ex novio, y estaba desaparecida desde hacía dos días. Salió de su casa en Alto Comedero, barrio periférico de San Salvador de Jujuy. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que debían esperar 48 horas.

Estos cinco femicidios ocurrieron en el transcurso de un mes y encendieron la alarma. Madres y padres de las víctimas se organizan para reclamar justicia por ellas y por todas: “Nos matan porque dejan que nos maten”, es la consigna que enciende al movimiento feminista de Jujuy.

Cerrojo abierto

A Iara no la buscaron. Cuenta su mamá, Mónica Cunchilla, que apenas se dieron cuenta de que Iara no estaba, fueron directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí les dijeron “se ha ido con el noviecito”. “Yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada”, relata Mónica.

La resolución 51/17 del Ministerio de Seguridad del gobierno de Jujuy había entrado en vigencia el 8 de mayo de 2017, y prevé la creación de un Protocolo para la Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

“Yo conocí esta resolución después de que apareció Iara, porque estaba cajoneada, guardada. Pero tiene que ser pública para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo no le digan que tiene que esperar 24 horas: son menores de edad y corren riesgo sus vidas”.

En los considerandos, la resolución admite el aumento de casos de desaparición de personas en esa provincia, y además reconoce la necesidad de crear políticas públicas que doten de herramientas técnicas e instrumentos operativos a la policía de la provincia para hacer más efectiva su labor.

La reglamentación obliga a las y los funcionarios policiales a tomar una denuncia de manera inmediata, sin tiempo mínimo, cada vez que un familiar o interesado advierta la desaparición o extravío de una persona de sus rutinas habituales. En el caso de menores de edad, debe intervenir el “Comité de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas de alto riesgo”, que emitirá una Alerta Roja. A partir de allí, se deben instrumentar todos los medios para la búsqueda inmediata, incluyendo el operativo cerrojo: “Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados, y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron”.

El pibito

«En los casos de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban. Después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarlas”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Durante meses, la Multisectorial denunció “ausencia del Estado, omisión y desidia”, porque “lejos de cuestionar y de sancionarse se encubren”, desde el no tomar denuncias o no sancionar a quienes no toman esa denuncia por incumplimiento de su deber como funcionarios públicos. “Esto está anticipando que las muertes no van a parar, y lo digo con todo el dolor pero con la ilusión de que no sea así. La verdad es que la vemos oscura. La impunidad envalentona a los violentos”, expresó la abogada.

Estado telefónico

El Estado no sólo no las busca, e ignora las herramientas que él mismo creó para contener este tipo de casos, sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las demoras de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y durante la pandemia, las mujeres sostuvieron que solo encontraron un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. En pandemia todo fue mucho mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor, y sin embargo no les renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó como debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

¿Femicidios o covid-19?

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy salió a las calles. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señaló Canchi, a quien la madrugada del sábado 31 de octubre le balearon la casa en un misterioso hecho de vandalismo, hiriendo a su compañero.

Romina se pregunta qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes: “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un Estado de escritorio al Estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por Covid 19”, asegura Romina.

Tras cinco femicidios en menos un mes ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género provincial “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”.

Ley Iara

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy reclamó que se declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas concretas y contempladas en el presupuesto anual que permitan acciones reales y eficientes. Durante semanas, las activistas presentaron y desarrollaron los nueve puntos que expusieron en la Legislatura provincial y que cuentan con el apoyo de 3.000 firmas de personalidades de la cultura y los derechos humanos.

Sin embargo, de la noche a la mañana se aprobó una Ley de Emergencia que se llamó Ley Iara. “Reconocemos como un avance esta ley que venimos reclamando desde el movimiento de mujeres de la provincia. Sin embargo, entendemos que la norma se aprobó sin un presupuesto claro ni precisiones de cómo se ejecutaría”, explica Natalia Aramayo, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

Denuncian que la situación de precarización laboral, con equipos rotativos y horarios acortados en los doce Centros para atención en violencia de género tampoco es favorable en la actualidad, y si bien la ley dice que abrirán tres centros nuevos, no habla de la regularización laboral de los trabajadores y trabajadoras de esos centros.

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Femicidio de Julieta Riera: se anuló el juicio que declaró culpable a Jorge Christen, hijo de una ex jueza

Publicada

hace 2 días

08/06/2023

Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio que lo encontró culpable: hijo de una ex jueza, Jorge Christen sigue haciendo gala de su impunidad por el femicidio de Julieta Riera. La familia de la joven elevó un recurso a la Corte Suprema y apela a que la visibilidad del caso desarme la impunidad local. La voz de la familia ante los riegos a tener que volver a pasar por un posible nuevo proceso: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia. Ya basta de impunidad”.

Por Franca Boccazzi

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos anuló, tras una sentencia inédita, el juicio que condenó a Jorge Julián Christe a cadena perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera. El argumento para justificar la decisión fue que se observaron errores en el proceso y que por eso debe hacerse nuevamente. Esto no sólo implica un retroceso en la obtención de justicia de la familia de la víctima, que había logrado llegar a la verdad y a una sentencia firme para el culpable, sino que ahora tendrán que afrontar otro juicio de cero, con todo el dolor que eso implica: volver a reconstruir la historia y las pruebas para demostrar que Julieta no se cayó del balcón, como sostuvo siempre la defensa del acusado, sino que él la arrojó. Tanto el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, como la abogada de la familia, Corina Beisel, mostraron preocupación por la decisión del tribunal y ya están trabajando para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ana Brugo, madre de Julieta, considera la posibilidad de que esta medida es otro privilegio más que obtuvo Christe por ser hijo de una ex jueza de Paraná.

A pesar de no pronunciarse sobre los pedidos de absolución y libertad inmediata que había solicitado la defensa del femicida, el tribunal integrado por les jueces Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio sí resolvió por mayoría, con dos votos a favor (de Mizawak y Carubia) y uno en contra (de Giorgio), hacer lugar a la anulación del juicio por jurados celebrado en abril del 2021, echando para atrás la decisión del Tribunal de Casación que había ratificado el fallo del jurado popular que, de forma unánime, había encontrado a Christe culpable bajo el cargo de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género.

Los caballitos de batalla de la anulación

“El juicio no estuvo mal hecho”, sostuvo Corina Beisel en diálogo con Radio La Red. La abogada de la familia de Riera explicó que la representante de Jorge Christen presentó un recurso de Impugnación Extraordinaria argumentando que hubo dos fotografías que no se mostraron durante la investigación penal preparatoria y esto ya es suficiente para decir que se violó el derecho a la defensa. Sin embargo, para Beisel la decisión del STJ es cuestionable: «He visto otros casos en los cuales, a pesar de estas cuestiones, han soslayado algunas cosas ya que han valorado la copiosa prueba que nos lleva a esta premisa de que, si suprimimos la prueba cuestionada, se arribaría a la misma conclusión».

Por otra parte, en la sentencia se critica al juez en su modo de instruir al jurado por decir “en, al menos 8 oportunidades, la necesidad de llegar a un veredicto unánime, sin explicar claramente la posibilidad de declarar “estancado” el juicio por inexistencia de unanimidad”. En realidad, es obligación explicarle al jurado la necesidad de llegar a una decisión unánime tanto para condenar como para absolver. Además, el “estancamiento” no está considerado como una tercera vía de resolución a menos que el jurado plantee dificultades en la deliberación como puede pasar en casos donde no hay pruebas suficientes. Entonces, al no ser obligatoria la instrucción sobre el estancamiento, es aún más grave que el STJ haya expresado que la omisión de esta instrucción es parte causal de la anulación de un juicio donde hubo un veredicto unánime de un jurado popular que además fue ratificado por la Cámara de Casación de Paraná.

El principio y el contexto

María Julieta Riera tenía 24 años cuando el 30 de abril del 2020 en la madrugada su pareja de 31 años, Jorge Julián Christen, la arrojó desde el octavo piso del departamento donde convivían, a pocas cuadras del centro de Paraná. La caída de 19 metros de altura hizo que muriera inmediatamente. Luego la autopsia confirmó, además, que Julieta tenía lesiones producto de haber recibido violencia física previo a la caída.

Lo primero que hizo Jorge después de esta escena fue subirse a su moto y pasar por la casa de su mamá, la ex jueza Ana María Stagnaro, y de ahí a la comisaría para dar aviso de que su pareja se había caído del balcón.

A partir de ese momento quedó detenido y 4 meses más tarde logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria para pasar el resto del proceso judicial en la casa de su madre. Un año después fue condenado a prisión perpetua y llevado a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana. Tanto Ana Brugo como Corina Beisel cuentan que Christen obtuvo varias salidas transitorias para visitar a su hijo en casa, cuando en realidad lo común es que las familias tengan que dirigirse al penal para encontrarse con la persona privada de libertad. Beisel grafica el beneficio contando que ella, como abogada, tiene muchos clientes condenados que hace años están en prisión y aún no lograron una salida transitoria.

Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio por jurado donde 12 personas encontraron culpable a Christen: estos aspectos son considerados privilegios por ser un hijo del poder. No sólo por las posibles influencias de Stagnaro en el ámbito judicial sino también por los recursos económicos que posibilitaron que la familia de Jorge pagara peritos y consultores externos, además de una abogada como Mariana Barbitta que cuenta con una amplia trayectoria y sin ejercer en Entre Ríos se matriculó especialmente en esta provincia para atender el caso.

Es por esto que para la familia de Julieta fue crucial el acompañamiento de la comunidad paranaense, de organizaciones sociales y feministas en todas las instancias del juicio. Gracias a la incontable cantidad de movilizaciones, incluso en pandemia, el caso alcanzó la suficiente visibilización para que la familia pudiera conseguir un juicio justo que duró dos semanas, con la certeza de un proceso transparente y un jurado conformado por 12 ciudadanes. “Yo doy gracias a la sociedad porque es lo único que tengo, que me ayuda y que me da fuerzas para seguir”, le contó Ana Brugo a lavaca.

Cómo se sigue

Si bien la anulación del juicio no implica la inocencia de Jorge Christen, ahora su defensa tiene la posibilidad de obtener prisión domiciliaria o incluso la libertad del acusado mientras espera el nuevo juicio. Esto es un motivo de preocupación para la familia de Riera, no solo por el temor a ser agredides o de cruzarse por la calle con el femicida de Julieta, sino también por el riesgo de que Christen se dé a la fuga. Más allá de los recursos económicos del condenado que posibilitarían que esto suceda, para Corina el atenuante principal es la actitud que tuvo después de haber matado a su pareja: no quedarse en el lugar del hecho junto al cuerpo y llamar al 911, y en su lugar ir a la casa de la madre y luego a la comisaría para hacer pasar la situación como un accidente. Para la abogada, este comportamiento demuestra que “no es una persona fiable”.

Por eso, tanto la fiscalía como Beisel se ocuparon rápidamente de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apelan a que la visibilidad del caso ayude a que el proceso avance lo más rápido posible.

Mientras tanto, Ana y su familia deben lidiar con el shock emocional que implicó la anulación del juicio. Al día siguiente de recibir la noticia la mamá de Julieta tuvo que volver a recurrir a tratamiento psicológico y el duelo que habían empezado luego de obtener justicia con la condena a prisión perpetua de Christen, ahora se transforma nuevamente en un proceso angustiante y extenuante. Al respecto ella expresó: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia, es terrible”.

Sin embargo esta sensación no opaca el deseo de agotar todas las instancias necesarias para que el femicida de Julieta tenga su sentencia definitiva: “Sabemos que el proceso en Nación es más lento, pero como familia estamos dispuestos a remover cielo y tierra porque esto no puede quedar así: nosotros atravesados por el dolor y con impunidad. Ya basta de impunidad”.

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Nota

1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría

Publicada

hace 5 días

05/06/2023

La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.

Por Facundo Lo Duca

El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.

Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.

A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.

Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:

─Señora, su hija se quitó la vida.

La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.

La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.

La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.

La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.

La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.

La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.

La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.

A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.

Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.

La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.

La bonaerense de Laprida

En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.

Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.

Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.

Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.

Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.

Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.

En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.

Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.

Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.

Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.

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3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Publicada

hace 7 días

03/06/2023

Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.

De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.

Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.

Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.

El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.

3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Las voces de las familias

Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida

Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas.

Marisa, mamá de Luna Ortiz

Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios.

Facundo, papá de Luna Ortiz

Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.

Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001

La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.

Thelma Fardin, actriz

Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida.

Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015

Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.

Mónica, mamá de Iara Rueda

Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.

Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli

Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.

Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan

A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años. Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable.

Alfredo, papá de Carla Soggiu

Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.

Mamá de Analía Aros

Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.

Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa

Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.

Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa

Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre».

Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas

Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.

Erika, amiga de Claudia Tuppa

Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.

Familiares de Sofía Fernández

Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar. El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.

Abuela de Chiara Ramírez

Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.

Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje

La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.