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Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

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Es una provincia que exhibe cómo funciona la máquina femicida: falta de búsqueda policial, impunidad judicial, mensajes machistas desde el gobierno, varones con poder. También fue epicentro de movilizaciones masivas durante la cuarentena, que lograron la sanción de una ley. Las historias de las mujeres asesinadas y la voz de sus familias. La situación de una joven desaparecida hace 5 años de la que nadie habla. Y la certeza, que impone la necesidad de declarar la emergencia: “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Cesia Reinaga vivía en Abra Pampa junto a su familia. La joven de 20 años salió de su casa el sábado 29 de agosto al mediodía a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra y no volvió. Ante la inacción policial en la búsqueda de su hija, Samuel Reinaga comenzó a recorrer los barrios y las localidades vecinas. Encontraron su cuerpo el 8 de septiembre –10 días después– en un estanque del antiguo matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”. Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto de 14 años, todos ellos dueños de Sol de la Puna, un multimedio de Abra Pampa.  Sin embargo, la familia de Cesia no está tranquila, y cuenta que después de las detenciones apareció la campera de la joven en otro de los estanques. 

El miércoles 23 de septiembre Iara fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que la vieron con vida. Su familia denunció inmediatamente la desaparición en la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí, los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”. Agregaron que no tenían personal porque era fin de semana. Por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada. El cuerpo de Iara apareció seis días después, luego de que las y los vecinos se autoconvocaran para buscarla en intensos rastrillajes comunitarios. La noche anterior a la aparición de Iara, en el mismo barrio donde se encontró el cuerpo y donde ya habían rastrillado los vecinos se produjo otro sospechoso apagón.

Gabriela Ríos, de 22 años, desapareció solo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre–, y su cuerpo fue hallado el 1° de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada en las afueras de Palpalá. La pericia forense mostró que Gabriela murió debido a golpes de su ex pareja, quién terminó por confesar el crimen. 

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre (día en que cumplía 31 años) Roxana Mazala fue asesinada por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Roxana militaba en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas de la Rama Rural. Era, además, madre de tres hijxs. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, madre de un bebé de seis meses, fue encontrada muerta al costado de la Ruta Nacional 66, en medio de un gran despliegue mediático y policial. Alejandra era víctima de violencia machista por parte de su ex novio, y estaba desaparecida desde hacía dos días. Salió de su casa en Alto Comedero, barrio periférico de San Salvador de Jujuy. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que debían esperar 48 horas. 

Estos cinco femicidios ocurrieron en el transcurso de un mes y encendieron la alarma. Madres y padres de las víctimas se organizan para reclamar justicia por ellas y por todas: “Nos matan porque dejan que nos maten”, es la consigna que enciende al movimiento feminista de Jujuy.

Cerrojo abierto

A Iara no la buscaron. Cuenta su mamá, Mónica Cunchilla, que apenas se dieron cuenta de que Iara no estaba, fueron directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí les dijeron “se ha ido con el noviecito”. “Yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada”, relata Mónica. 

La resolución 51/17 del Ministerio de Seguridad del gobierno de Jujuy había entrado en vigencia el 8 de mayo de 2017, y prevé la creación de un Protocolo para la Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

“Yo conocí esta resolución después de que apareció Iara, porque estaba cajoneada, guardada. Pero tiene que ser pública para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo no le digan que tiene que esperar 24 horas: son menores de edad y corren riesgo sus vidas”.

En los considerandos, la resolución admite el aumento de casos de desaparición de personas en esa provincia, y además reconoce la necesidad de crear políticas públicas que doten de herramientas técnicas e instrumentos operativos a la policía de la provincia para hacer más efectiva su labor.

La reglamentación obliga a las y los funcionarios policiales a tomar una denuncia de manera inmediata, sin tiempo mínimo, cada vez que un familiar o interesado advierta la desaparición o extravío de una persona de sus rutinas habituales. En el caso de menores de edad, debe intervenir el “Comité de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas de alto riesgo”, que emitirá una Alerta Roja. A partir de allí, se deben instrumentar todos los medios para la búsqueda inmediata, incluyendo el operativo cerrojo: “Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados, y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron”. 

El pibito                       

«En los casos de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban. Después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarlas”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Durante meses, la Multisectorial denunció “ausencia del Estado, omisión y desidia”, porque “lejos de cuestionar y de sancionarse se encubren”, desde el no tomar denuncias o no sancionar a quienes no toman esa denuncia por incumplimiento de su deber como funcionarios públicos. “Esto está anticipando que las muertes no van a parar, y lo digo con todo el dolor pero con la ilusión de que no sea así. La verdad es que la vemos oscura. La impunidad envalentona a los violentos”, expresó la abogada.

Estado telefónico

El Estado no sólo no las busca, e ignora las herramientas que él mismo creó para contener este tipo de casos, sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las demoras de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y durante la pandemia, las mujeres sostuvieron que solo encontraron un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. En pandemia todo fue mucho mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor, y sin embargo  no les renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó como debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

¿Femicidios o covid-19?

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy salió a las calles. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señaló Canchi, a quien la madrugada del sábado 31 de octubre le balearon la casa en un misterioso hecho de vandalismo, hiriendo a su compañero.  

Romina se pregunta qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes: “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un Estado de escritorio al Estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por Covid 19”, asegura Romina.

Tras cinco femicidios en menos un mes ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género provincial “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”. 

Ley Iara

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy reclamó que se declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas concretas y contempladas en el presupuesto anual que permitan acciones reales y eficientes. Durante semanas, las activistas presentaron y desarrollaron los nueve puntos que expusieron en la Legislatura provincial y que cuentan con el apoyo de 3.000 firmas de personalidades de la cultura y los derechos humanos.

Sin embargo, de la noche a la mañana se aprobó una Ley de Emergencia que  se llamó Ley Iara. “Reconocemos como un avance esta ley que venimos reclamando desde el movimiento de mujeres de la provincia. Sin embargo, entendemos que la norma se aprobó sin un presupuesto claro ni precisiones de cómo se ejecutaría”, explica Natalia Aramayo, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

Denuncian que la situación de precarización laboral, con equipos rotativos y horarios acortados en los doce Centros para atención en violencia de género tampoco es favorable en la actualidad, y si bien la ley dice que abrirán tres centros nuevos, no habla de la regularización laboral de los trabajadores y trabajadoras de esos centros.

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Un nuevo no-encuentro con el Presidente tras 15 pedidos, y una carta escrita a mano con el corazón

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Como cada segundo miércoles de cada mes, el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo para entregarle al presidente Alberto Fernández una carta solicitándole una reunión. Se fueron sin ser escuchadas porque era feriado. Hace 15 cartas que las familias –con causas archivadas, sin abogados, sin justicia– no son recibidas. Hoy decidieron, además, escribirle a Fernández a mano. Qué redactaron y expresaron. Y qué aportes quieren hacer para otras familias: “Queremos ser escuchados por la máxima autoridad de este país”.

«Hola: soy Susana Reyes, a esta altura del tiempo ya nada me asombra, pero la falta de humanidad no la tolero, más que nada en un personaje tan importante que nos representa como país».

Susana Reyes es la mamá de Cecilia Basaldúa y escribe estas palabras a mano sentada en una confitería frente a Plaza de Mayo. El cuerpo de su hija apareció el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba, luego de 20 días de rastrillajes por la zona, con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Susana escribe a mano a partir de una idea de Analía Romero, sentada a su lado, que propuso que la decimoquinta carta del colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios al presidente Alberto Fernández tenga algo más: “A ver si les llegamos acá”, dice, tocándose el pecho.

Susana, la madre de Cecilia Basaldúa.

Analía es la mamá de Camila Flores y la mujer que desde el 11 de diciembre del 2020 lucha para demostrar que su hija, de 20 años, no se suicidó, sino que fue víctima de femicidio en el pueblo santafecino de San Guillermo. Mientras Susana escribe, Analía cuenta que el sábado se cumplirá un año, que lo recordarán con un Banco Rojo en la plaza de San Fernando, municipio bonaerense del que son oriundas, y revela un detalle que desnuda la soledad que atraviesan estas familias: “No tenemos abogados”.

Analía, y el reclamo por su hija, Camila Flores.

Enfrente de ellas está Alfredo Soggiou, papá de Carla, asesinada el 26 de diciembre de 2018: su cuerpo apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón antipánico. “Tenemos que seguir viniendo”, dice Alfredo, como una forma de dimensionar, además de todo, qué significa que la decimoquinta carta refiera en verdad que hace al menos quince meses que no fueron recibidos. “Lo que habría estado bueno es que hubiésemos tenido respuestas, que el Presidente hubiese escuchado todo lo que tenemos para contarle. Es ese deseo. Estamos pidiendo cosas concretas, de prevención, para los casos de nuestras hijas, pero es para todos. Para que ocurra menos, y lamentablemente, para los casos que van a venir: que esas familias tengan el camino más allanado, que no tengan que caminar a ciegas y en círculos sin saber dónde recurrir, y que puedan tener el acompañamiento de un ministerio, que para eso es su esencia”.

Alfredo, el papá de Carla Soggiou.

En círculos y a ciegas, repite Alfredo, mientras Susana sigue escribiendo:

«Ud., Señor Presidente, tiene hijos, madre, esposa, amigos, amigas, ¿no piensa en algún momento de su vida qué haría si les llegara a pasar lo que nos pasó y nos sigue pasando a nosotros? ¿Padres y madres, tíos, hermanos, primos, amigos… etc? Tenga por seguro que como seres humanos que somos, y atravesados por tanto dolor, también estaríamos a su lado, solamente porque somos humanos. Esperemos algún día que Ud. reflexione y haya un cambio positivo para que dejen de matarnos y se cambie y cumplan las leyes, como corresponde. Nadie tiene derecho a cortarle la vida a nadie».

Susana le pasa la hoja y la lapicera a Analía, que empieza a escribir, también a mano.

Dice Susana: “Me gustaría saber si el presidente lee las cartas. Si no, sería una falta de empatía hacia nosotros, hacia nuestro país: ¿cómo quedamos ante el mundo con todo esto? La reunión sería un aporte muy importante para todos. El dolor de todo esto es que siguen pasando las cosas, pero siguen haciendo oídos sordos: es muy vergonzoso que una persona tan importante no se haga cargo. Igual vamos a seguir luchando. Soy una persona de fe y esto tiene que cambiar: no hay que abandonar”.

Mientras tanto, Analía escribe:

«Señor Presidente: le escribimos estas pequeñas cartas para pedirle que por favor nos atienda para tener una reunión, para hablar sobre los femicidios de nuestras hijas que todavía están esperando justicia. En el caso particular de mi hija Camila Flores quieren dejar su muerte en suicidio, nosotros su familia sabemos que no fue así. Cami esa noche me contactó para preguntar cómo hacer para sacar el permiso para viajar a Buenos Aires con su familia, esa noche fue la primera vez que Cami me decía que no podía salir, que se quería ir de esa casa, que la estaba pasando horrible, y en menos de dos horas ya la habían matado. La cuñada de mi hija es policía y con ayuda de otros policías armaron todo, no le hicieron en su momento la autopsia, nos negaron ese derecho. Luego de nuestro reclamo con una marcha vinieron a exhumar el cuerpo y al día de la fecha ya en unos días se cumple 1 año, no sabemos ni el resultado de la autopsia, ni de ninguna pericia, ni mostraron las cámaras. Por favor le pido, le ruego nos ayude a lograr justicia por Camila Flores y por todas nuestras víctimas».

Analía le pasa la hoja y la lapicera a Alfredo.

Se seca los ojos: “Siendo familias que pasamos por semejante dolor no hay necesidad de esperar tanto por una simple reunión para ver en qué nos pueden ayudar y dar un poquito de luz. No les interesa el dolor, la vida de las chicas. En el pueblo donde mataron a Cami hay seis muertes antes que la de ella que quedaron en la nada: no quiero que la de Cami quede así. Al menos ayudarnos a que haya justicia, que los asesinos paguen y que ellas puedan dormir en paz”.

Mientras tanto, Alfredo escribe:

«Hola Señor Presidente. Le escribimos esta carta para que después de 15 pedidos nos reciba y escuche, por favor. Necesitamos ser escuchados por usted, como familiares de víctimas tenemos la tristísima experiencia, conocemos y sabemos muchas formas para ayudar a combatir este terrible flagelo. Queremos aportar, queremos ser escuchados por la máxima autoridad de este país».

Alfredo deja la carta y la lapicera en el centro de la mesa.

-¿Qué es lo que las familias pueden aportar?

Susana: Necesitamos peritos. Pero elegidos por nosotros, porque las causas de nuestras hijas están muy escondidas

Alfredo: Nuestro aporte puede ser muy grande. Lamentablemente tenemos experiencia, conocemos cómo se maneja todo, cómo están los familiares y las víctimas en este momento. Cómo se tienen que mover, a quién tienen que acudir. Sabemos que tienen que conseguir representación, preservar la escena del hecho. Para que se acorten los tiempos en esto no puede haber burocracia, tiene que haber inmediatez. Los funcionarios no tienen capacitación, tampoco perspectiva de género. Úrsula (Bahíllo, la joven asesinada en Rojas) hizo 18 denuncias, no le hicieron caso, y hoy ya no está. Con esto está demostrado que no se motorizan ni articulan leyes. Ni qué hablar de todas las niñeces que quedan huérfanas en este país. Es terrible.

Las familias se abrazan –una vez más, levantan las fotos de sus hijas ante la cámara una vez másy cruzan una Plaza de Mayo que está siendo montada con caños y escenarios para el acto del 10 de diciembre por el Día de la Democracia.

Al llegar a la reja de la Casa Rosada, las recibe un oficial:

-Disculpen, pero hoy por el feriado no hay nadie que las pueda recibir.

Las familias dicen que no importa, que volverán al día siguiente.

Mientras se montan los escenarios, las familias se van de la Plaza sin ser escuchadas.

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Es maltrato laboral: por la reglamentación de la Ley de Equidad en Medios

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Con las denuncias públicas hacia Antonio Laje, conductor de Buenos días América, se volvió a poner sobre la mesa el maltrato y la violencia laboral que se vive en los medios de comunicación tanto públicos como privados de todo el país. No hay redacción, radio o canal de televisión en donde el maltrato no exista. Por eso, la colectiva Periodistas Argentinas exigió en un comunicado el fin de la violencia laboral y que se reglamente la Ley de Equidad en Medios: «Exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral».

“Nosotras, Periodistas Argentinas, exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas”, dice el comienzo del comunicado firmado por la Periodistas Argentinas, colectiva integrada por periodistas de todo el país.

“En estos días -continúa el comunicado- se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados. Considerar que estas conductas, explícitamente sancionadas por la ley vigente, buscan la ‘exigencia profesional’ en pos de una excelencia informativa es la peor injusticia que estamos denunciando: sin dignidad no hay calidad”, dijo la Colectiva, en respuesta al descargo que Antonio Laje hizo en su programa de televisión luego de las denuncias que algunas profesionales que trabajaron con él lo dijeran en sus redes y en otros medios de comunicación.

Periodistas Argentinas viene alertando que la violencia se reproduce en todos los medios desde hace años y de manera sistemática: no es sólo un canal, es un sistema. El maltrato es cotidiano y forma parte de la manera de trabajar. Pero desde julio de 2021 rige en Argentina la Ley de Equidad en Medios (todavía falta su implementación) para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. “En el proceso de aprobación de estas leyes han escuchado testimonios, analizado los datos que aportamos y valorado la situación legisladores y legisladoras de todo el arco político: la sanción de la Ley de Equidad en el Senado fue unánime”, expresa el comunicado.

190 contra la violencia

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer la semana pasada l la Guía Sindical “Cómo prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. Elaborada por las investigadoras Daniela Angelone, Julia Campos, Mariana Campos y Jimena Krankel, y editada por Juliana Ortiz, es una herramienta imprescindible para saber cómo actuar en casos de violencia laboral. “La guía es una herramienta útil para la detección y abordaje de los hechos de violencia desde la acción colectiva. Permite problematizar y actuar frente a las condiciones de trabajo, pero también sobre los estereotipos de género, clase, raza, etc”, dijeron a lavaca las redactoras de este instrumento.

El Convenio 190 de la OIT entiende que la violencia en el mundo del trabajo puede darse entre jefes y empleados o entre pares y comprende tanto el trabajo en relación de dependencia como el informal. Además de considerar que un solo hecho de violencia es válido para denunciar no importa si se repite o no en el tiempo. Las amenazas, las sobrecargas laborales, los cambios repentinos de horarios o de tareas también son considerados como hechos violentos y pueden ser denunciados.

En ese sentido, los protocolos redactados por las organizaciones gremiales de los medios de comunicación resultan indispensables a la hora de denunciar para que quien lo hace no esté sola y tenga un acompañamiento y una línea de acción.

Ley de equidad para una comunicación democrática

El 8 de julio, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación pero todavía falta su reglamentación para que las letras de la legislación se transformen en acciones cotidianas contra la violencia. La ley prevé la selección de los y las trabajadoras según principios de equidad, salas de lactancia en los lugares de trabajo, así como un lugar adecuado para cuidados infantiles y el reconocimiento de los protocolos para erradicar y prevenir las violencias. También establece capacitaciones con perspectiva de géneros para los y las trabajadoras y el fomento de políticas de igualdad en los cargos de decisión.

“En estos días, cuando las denuncias desbordan las redes sociales y por pantallas y micrófonos se maquillan situaciones insostenibles, lo que estamos presenciando es la consecuencia de la conducta de los responsables de los medios que desoyen e ignoran la nueva realidad: llegó la hora de terminar con la violencia laboral YA”, finaliza el comunicado de Periodistas Argentinas.

Compartimos el comunicado completo

Nosotras, Periodistas Argentinas, exigimos que las empresas de comunicación cumplan con el marco legal vigente que tipifica y sanciona el maltrato laboral y pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente en forma urgente la Ley de Equidad en Medios, que es la herramienta que garantiza la erradicación de estas conductas.

En estos días se han conocido testimonios de colegas que dan cuenta de lo que venimos denunciando desde hace varios años, a través de las encuestas que realizamos entre nuestras más de 200 integrantes. Insultos, humillaciones, acosos, negación y ninguneo de la palabra, degradación o pérdida de puestos de trabajo al regresar de la licencia por maternidad constituyen, entre otras conductas inadmisibles, prácticas que forman parte del paradigma de producción de noticieros y programas de tevé, diarios, radios, portales web a lo largo y ancho de nuestro país, tanto en medios públicos como privados. Considerar que estas conductas, explícitamente sancionadas por la ley vigente, buscan la “exigencia profesional” en pos de una excelencia informativa es la peor injusticia que estamos denunciando: sin dignidad no hay calidad.

Desde julio de 2021 rige en nuestro país la ley que consagra “el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”. Determina, además, que tales comportamientos “pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos”.

Ese mismo mes se sancionó la Ley de Equidad en Medios para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. El Poder Ejecutivo adeuda su reglamentación. Todo este nuevo marco legal habla claramente de la urgencia, la necesidad y la legitimidad de nuestros reclamos. En el proceso de aprobación de estas leyes han escuchado testimonios, analizado los datos que aportamos y valorado la situación legisladores y legisladoras de todo el arco político: la sanción de la Ley de Equidad en el Senado fue unánime, por ejemplo.

En estos días, cuando las denuncias desbordan las redes sociales y por pantallas y micrófonos se maquillan situaciones insostenibles, lo que estamos presenciando es la consecuencia de la conducta de los responsables de los medios que desoyen e ignoran la nueva realidad: llegó la hora de terminar con la violencia laboral YA.

6 de diciembre de 2021

Periodistas Argentinas

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Tres países, un juicio: comienza a juzgarse a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

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El actor argentino se escapó a Brasil pero no logró evadir un proceso inédito que reunió a tres ministerios públicos de distintos países para comprobar los hechos denunciados por Thelma Fardin. La actriz lo había denunciado por un abuso sexual ocurrido en Nicaragua, cuando filmaban juntos una tira televisiva y ella era menor. Esta semana Thelma declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de Argentina, desde donde fue escuchada de manera virtual por un juez brasilero. Así se dio comienzo a un proceso que, en diálogo con lavaca, el abogado de la víctima considera histórico en dos sentidos: “Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”.  El detalle de cómo se llegó al juicio, cómo sigue y las perspectivas que abriría un fallo condenatorio.

Por Melanie Prokopiec

Thelma Fardin declaró y respondió preguntas durante más de cuatro horas en una de las salas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, por su denuncia contra el actor Juan Darthes por violación agravada. Virtualmente la escuchó el juez brasilero de la sala 7 de la Justicia Federal Criminal de San Pablo, donde se desarrolla el proceso. Fardin relató los hechos que denunció el 4 de diciembre de 2018 en Managua, y que desencadenaron el juicio, y luego la defensa la sometió a un interrogatorio con preguntas que apuntaron a poner en duda la veracidad de sus palabras. 

Con su declaración inició un proceso histórico que une tres países de una manera inédita: Argentina, Brasil y Nicaragua. Y que aguarda por la declaración de al menos once personas, entre quienes están citados quienes estuvieron en el lugar cuando ocurrieron los hechos denunciados; la psicóloga de Thelma que la atendió desde sus 19 años hasta el año pasado, el psiquiatra que le hizo el peritaje de parte; las actrices Anita Coacci y Calu Rivero; y algunas mujeres que no desean se revele su identidad. 

Cuando terminen dichas declaraciones, llegará el turno de la declaración de Darthés. Luego, los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía harán un análisis de lo declarado. 

La sentencia podría conocerse en enero o febrero del próximo año. 

“Se trata de un hecho que marca un hito ya que se trabajó en coordinación y cooperación entre tres países distintos, aplicándose la legislación de cada uno de esos países y un acuerdo de cooperación entre Ministerios Públicos Fiscales, con las intervenciones judiciales de cada caso, para resguardar las formalidades exigidas por los distintos ordenamientos jurídicos” sostiene a lavaca el abogado de Fardin, Martin Arias Duval, remarcando la excepcionalidad de la situación: “No es habitual que en tres países se trabaje con perspectiva de género para impulsar un proceso de estas características: los sistemas de administración de justicia en latinoamérica suelen ser conservadores y patriarcales”. 

Cómo se logró

En abril de 2018 Thelma Fardín acudió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres de la Argentina (UFEM) para denunciar a Juan Darthés por los hechos ocurridos en Managua. Allí, la fiscal Mariela Labozzeta le dijo que no podían investigar el caso porque no había ocurrido en territorio argentino. 

En casi todos los países existe el principio de territorialidad que establece que la Ley Penal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del Estado que la sanciona. Nicaragua era la jurisdicción competente para intervenir, ya que allí fue donde ocurrió el delito. 

Esta fue la primera dificultad que Thelma tuvo que enfrentar.

Entonces, la actriz fue a Nicaragua. Primero la recibieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y luego en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal. Ante este organismo, el 4 de diciembre de 2018 Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés. 

El día 20 de ese mismo mes, el actor partió a San Pablo, Brasil, país del cual posee nacionalidad. Allí no existe el principio de territorialidad y el Estado no extradita a sus nacionales, sino que asume la competencia para todos los delitos cometidos por ellos. «Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua», aseguraba Thelma en su cuenta de Instagram en ese momento. Otra complicación que aparecía en el proceso de denuncia. 

La fiscalía de Nicaragua requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua, ciudad capital de ese país, la apertura de un proceso penal contra el actor el 2 de agosto de 2019. Las pericias, tanto oficiales como de parte, dieron cuenta de que Thelma presentaba estrés postraumático compatible con abuso sexual. Y el 17 de octubre, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, acusó por violación agravada a Darthes y giró una orden de detención y captura internacional contra el actor. Esto fue para que el acusado fuera buscado en todos los países miembros de Interpol.

El juez de Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas, revocar la orden de captura internacional en contra del actor e incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima. 

El organismo internacional ordenó la captura internacional de Juan Darthes el 14 de noviembre. Se emitió un alerta roja con la finalidad de localizar y detener a Darthés en Brasil y concretar su extradición a Nicaragua. El abogado de la víctima reveló: “La Fiscalía de Nicaragua promovió ante la Corte Suprema de aquél país el pedido de extradición de Darthés, por lo que a través de las vías diplomáticas, Nicaragua pidió a Brasil la extradición del nombrado. Esto lo hizo, aun sabiendo que Brasil no lo entregaría porque si no demuestra voluntad de avanzar, se cae la circular roja de Interpol”.

Era necesario agotar el procedimiento para poder trasladar el juicio iniciado en Nicaragua, a la justicia brasileña porque no debería dar por sentado que no existiría extradición. La solicitud de extradición fue admitida mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2020. Diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitó a Brasil la extradición de Darthés. Ese paso fue fundamental para mantener la vigencia de la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol.

“Lo que sucedió después fue que el Ministerio Público de Brasil, al tomar conocimiento del caso, inició una investigación en aquél país. Si bien Brasil no extradita brasileros, sí puede juzgarlos en territorio de Brasil, y aplicando ley brasileña, por delitos cometidos en el exterior”, manifestó Duval. El organismo decidió investigar de oficio luego de que Nicaragua presentara el pedido formal de extradición. El MPF pidió a Nicaragua las pruebas que tenía y la colaboración de la justicia argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad. Así se pusieron a disposición las evidencias que había recolectado la UFEM. 

Luego, la causa tuvo el siguiente avance los primeros días de abril de 2021, cuando Juan Darthés fue acusado formalmente por «estupro agravado» por el MPF. El delito tiene penas de 8 a 12 años en el código penal del país vecino. Así el Fiscal de Brasil procedió a hacer la denuncia ante el juez de Brasil.

A pedido de la justicia de Brasil, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) de la Procuración General de la Nación, elaboró un informe que fue remitido al juez de San Pablo sobre la tercera vez que la actriz fue sometida a peritajes. En Nicaragua fueron de varios tipos: psicológico, psiquiátrico y físico. Y después en Argentina Thelma hizo los peritajes con una psicóloga y un psiquiatra que ella contrató. 

El 10 de junio, tras la difusión de unas pericias psiquiátricas a Darthés, Fardin declaró en Twitter: “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales, me hicieron incluso una pericia física, sí: así de re-victimizante es el sistema”. Además, aclaró que la pericia que se hizo pública era de parte y que hasta ese momento a Darthés no le habían hecho ninguna oficial. El perito es de oficio cuando la designación ha sido hecha por la autoridad judicial y de parte cuando ha sido elegido libremente por cualquiera de las partes.

El Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo, Pablo Ali Mazloum, consideró que la acusación estaba lo suficientemente fundada como para avanzar en la realización del juicio y fijó la fecha. 

Así Darthes llegó al banquillo de los acusados. 

“Lo que ha sucedido hasta ahora tuvo un impacto enorme porque muchas víctimas de delitos sexuales, a partir de la denuncia de Thelma y de su lucha, se animaron a denunciar”, reflexiona Duval. “Y por supuesto que si se llega a un veredicto condenatorio en este caso, podría servir para que las mujeres víctimas de abusos,se atrevan a hablar: el sistema de administración de justicia podría mostrar que los agresores no quedan impunes”.

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