Sigamos en contacto

#NiUnaMás

Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

Publicada

el

Es una provincia que exhibe cómo funciona la máquina femicida: falta de búsqueda policial, impunidad judicial, mensajes machistas desde el gobierno, varones con poder. También fue epicentro de movilizaciones masivas durante la cuarentena, que lograron la sanción de una ley. Las historias de las mujeres asesinadas y la voz de sus familias. La situación de una joven desaparecida hace 5 años de la que nadie habla. Y la certeza, que impone la necesidad de declarar la emergencia: “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Alerta Jujuy: la provincia que grita Paren de matarnos

Cesia Reinaga vivía en Abra Pampa junto a su familia. La joven de 20 años salió de su casa el sábado 29 de agosto al mediodía a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra y no volvió. Ante la inacción policial en la búsqueda de su hija, Samuel Reinaga comenzó a recorrer los barrios y las localidades vecinas. Encontraron su cuerpo el 8 de septiembre –10 días después– en un estanque del antiguo matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”. Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto de 14 años, todos ellos dueños de Sol de la Puna, un multimedio de Abra Pampa.  Sin embargo, la familia de Cesia no está tranquila, y cuenta que después de las detenciones apareció la campera de la joven en otro de los estanques. 

El miércoles 23 de septiembre Iara fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que la vieron con vida. Su familia denunció inmediatamente la desaparición en la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí, los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”. Agregaron que no tenían personal porque era fin de semana. Por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada. El cuerpo de Iara apareció seis días después, luego de que las y los vecinos se autoconvocaran para buscarla en intensos rastrillajes comunitarios. La noche anterior a la aparición de Iara, en el mismo barrio donde se encontró el cuerpo y donde ya habían rastrillado los vecinos se produjo otro sospechoso apagón.

Gabriela Ríos, de 22 años, desapareció solo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre–, y su cuerpo fue hallado el 1° de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada en las afueras de Palpalá. La pericia forense mostró que Gabriela murió debido a golpes de su ex pareja, quién terminó por confesar el crimen. 

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre (día en que cumplía 31 años) Roxana Mazala fue asesinada por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial. Roxana militaba en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas de la Rama Rural. Era, además, madre de tres hijxs. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, madre de un bebé de seis meses, fue encontrada muerta al costado de la Ruta Nacional 66, en medio de un gran despliegue mediático y policial. Alejandra era víctima de violencia machista por parte de su ex novio, y estaba desaparecida desde hacía dos días. Salió de su casa en Alto Comedero, barrio periférico de San Salvador de Jujuy. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que debían esperar 48 horas. 

Estos cinco femicidios ocurrieron en el transcurso de un mes y encendieron la alarma. Madres y padres de las víctimas se organizan para reclamar justicia por ellas y por todas: “Nos matan porque dejan que nos maten”, es la consigna que enciende al movimiento feminista de Jujuy.

Cerrojo abierto

A Iara no la buscaron. Cuenta su mamá, Mónica Cunchilla, que apenas se dieron cuenta de que Iara no estaba, fueron directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Allí les dijeron “se ha ido con el noviecito”. “Yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada”, relata Mónica. 

La resolución 51/17 del Ministerio de Seguridad del gobierno de Jujuy había entrado en vigencia el 8 de mayo de 2017, y prevé la creación de un Protocolo para la Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas. 

“Yo conocí esta resolución después de que apareció Iara, porque estaba cajoneada, guardada. Pero tiene que ser pública para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo no le digan que tiene que esperar 24 horas: son menores de edad y corren riesgo sus vidas”.

En los considerandos, la resolución admite el aumento de casos de desaparición de personas en esa provincia, y además reconoce la necesidad de crear políticas públicas que doten de herramientas técnicas e instrumentos operativos a la policía de la provincia para hacer más efectiva su labor.

La reglamentación obliga a las y los funcionarios policiales a tomar una denuncia de manera inmediata, sin tiempo mínimo, cada vez que un familiar o interesado advierta la desaparición o extravío de una persona de sus rutinas habituales. En el caso de menores de edad, debe intervenir el “Comité de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas de alto riesgo”, que emitirá una Alerta Roja. A partir de allí, se deben instrumentar todos los medios para la búsqueda inmediata, incluyendo el operativo cerrojo: “Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados, y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron”. 

El pibito                       

“En los casos de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban. Después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarlas”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Durante meses, la Multisectorial denunció “ausencia del Estado, omisión y desidia”, porque “lejos de cuestionar y de sancionarse se encubren”, desde el no tomar denuncias o no sancionar a quienes no toman esa denuncia por incumplimiento de su deber como funcionarios públicos. “Esto está anticipando que las muertes no van a parar, y lo digo con todo el dolor pero con la ilusión de que no sea así. La verdad es que la vemos oscura. La impunidad envalentona a los violentos”, expresó la abogada.

Estado telefónico

El Estado no sólo no las busca, e ignora las herramientas que él mismo creó para contener este tipo de casos, sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las demoras de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y durante la pandemia, las mujeres sostuvieron que solo encontraron un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. En pandemia todo fue mucho mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor, y sin embargo  no les renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó como debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

¿Femicidios o covid-19?

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy salió a las calles. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señaló Canchi, a quien la madrugada del sábado 31 de octubre le balearon la casa en un misterioso hecho de vandalismo, hiriendo a su compañero.  

Romina se pregunta qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes: “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un Estado de escritorio al Estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por Covid 19”, asegura Romina.

Tras cinco femicidios en menos un mes ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género provincial “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”. 

Ley Iara

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy reclamó que se declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas concretas y contempladas en el presupuesto anual que permitan acciones reales y eficientes. Durante semanas, las activistas presentaron y desarrollaron los nueve puntos que expusieron en la Legislatura provincial y que cuentan con el apoyo de 3.000 firmas de personalidades de la cultura y los derechos humanos.

Sin embargo, de la noche a la mañana se aprobó una Ley de Emergencia que  se llamó Ley Iara. “Reconocemos como un avance esta ley que venimos reclamando desde el movimiento de mujeres de la provincia. Sin embargo, entendemos que la norma se aprobó sin un presupuesto claro ni precisiones de cómo se ejecutaría”, explica Natalia Aramayo, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

Denuncian que la situación de precarización laboral, con equipos rotativos y horarios acortados en los doce Centros para atención en violencia de género tampoco es favorable en la actualidad, y si bien la ley dice que abrirán tres centros nuevos, no habla de la regularización laboral de los trabajadores y trabajadoras de esos centros.

Observatorio Lucía Pérez

30 femicidios en el primer mes del año

Publicada

el

A Rosa, a Anabella y a Yamila 20, 29 y 39 años las asesinaron el primer día del año: en Budge, en Burzaco, y en Pergamino.

El femicidio de Rosa fue frente a sus dos hijos menores. 

Desde ese día hasta hoy registramos 30 femicidios en todo el país: uno por día, sin freno. 

30 femicidios en el primer mes del año

Conocemos el nombre de cada una de las 30 asesinadas. En muchos casos también su cara porque recuperamos la foto para ponerle cuerpo a esa vida que nos quitaron. Registramos sus edades, donde vivían, cómo pasó. Buscamos también el nombre del sospechoso, su edad, si había algún vínculo. Indagamos en los datos que debe dar el Poder Judicial: quién lleva adelante la investigación y cuál es la carátula. 

Mientras escribimos este informe se confirma, por parte de los fiscales de la causa, que Berenice González (23 años y un hijo de 4) fue drogada y violada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Luego del abuso sufrió un colapso, murió en el hospital a donde había sido trasladada después de que la encontraran en la calle. Hay dos detenidos: Daniel Castañeda, 46 años, acusado del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal; y una amiga de Berenice, de 25 años, acusada de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas. 

La muerte de Berenice no está caratulada en la justicia aún como femicidio. Su hijito, huérfano, jamás podrá acceder a la ayuda económica que siempre tarde, entrega la ley Brisa.

30 femicidios en el primer mes del año

Hechos vs teorías

Este mes, también, la Fiscalía General de Chubut, por primera vez, restringió información sobre un femicidio alegando la tesis de la “mímesis” promocionada por Rita Segato. Se trata de un texto de una alumna brasileña, que Segato tuteló, que relaciona estos crímenes con los relatos mediáticos. 

En el contexto de degradación del ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas y líneas de atención a violencias de género, sumado a la total ausencia de programas de prevención, estas órdenes de silencio a la prensa nos resultan totalmente funcionales a la ausencia de política oficial, especialmente si se tiene en cuenta que, según los 4.623 casos que registra nuestro padrón, esta tesis no tiene ningún sustento en cifras concretas. 

Sin embargo, no hay textos académicos que se refieran a la relación entre el narcotráfico y la violencia femicida, donde sí aparece claramente una mímesis, por cierto no atribuible a los medios de comunicación, como frivoliza la teoría promovida por Segato.

30 femicidios en el primer mes del año

 

El femicidio de Berenice reproduce los pasos de los que en nuestro padrón clasificamos como Femicidios Territoriales. Por ejemplo:

En 2016 en Mar del Plata asesinaban a Lucía Pérez, 16 años: a los responsables se los encontró primero culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad, pasaron años hasta que se los juzgó por femicidio. También Lucía fue presentada a sus asesinos por una amiga consumidora.

En 2017, en Tigre, Luna Ortiz, 19 años, drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que intercambiaban violación por droga: su crimen no fue juzgado como femicidio. El único condenado fue encontrado responsable del delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal, en concurso real con homicidio imprudente”. Hoy está libre, viviendo a pocas cuadras de la familia de Luna, que consiguió, tras años de movilizaciones, que a través de un juicio cesura pudiese reabrirse el debate sobre su crimen. 

Esta misma mecánica con la que opera la máquina femicida es reproducida en Mar del Plata, San Martín o Victoria, territorios muy distantes y diferentes, pero donde la desigualdad social produce lo mismo: consumos problemáticos que convierten los cuerpos femeninos en mercancías y a las masculinidades de una franja etaria similar (45/55 años), tan dañadas por el sistema, en seres capaces de destrozar cuerpos adolescentes, produciendo crímenes brutales, que luego el Poder Judicial juzga con prejuicios cómplices y arbitrarios.

Esta mímesis real y concreta desnuda una realidad que duele, crece y que podemos detener si no nos ciegan con teorías construidas desde lejanías, por prejuiciosas distancias de clase y raza, y por foráneas: otra galaxia.

Desde el Observatorio Lucía Pérez proponemos hace tiempo la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Berenice, Lucía o Luna. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación (pasiva o concreta) de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales. 

30 femicidios en el primer mes del año

También proponemos que todo análisis de la violencia femicida parta de su contexto: el territorio, porque allí están las raíces, pero también las alas. Es la comunidad quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad que nos mata.

Por último reiteramos una alerta: el lavado epistémico que representa la ausencia de trabajos de investigación académica que analice la relación entre narcotráfico que en su escala territorial se transforma siempre en narcomenudeo y la violencia femicida.

30 femicidios en el primer mes del año

La información de enero 2024:

30 femicidios, uno por día 

4 víctimas eran menores de edad.

14 infancias huérfanas 

31 marchas exigiendo paren de matarnos

19 tentativas de femicidios

2 desaparecidas 

1084 días sin Tehuel

Toda la  información en www.observatorioluciaperez.org

Seguir leyendo

Nota

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio

Publicada

el

Llegando a los últimos días del año, Mónica Ferreira pensó que iba a poder festejar el 2024 con la tranquilidad de que su hija estaba en paz. Pero el veintiocho de diciembre por la mañana recibió un llamado. Del otro lado, el abogado Diego Szpigel: “Te tengo que dar una mala noticia: los asesinos de tu hija están sueltos”. Esas fueron las palabras que generaron que la familia de Araceli Fulles volviera a derrumbarse. “Sentí lo mismo que cuando encontraron su cuerpo: como si la hubieran vuelto a matar” dice Mónica. Por eso decidió hacer lo mismo que aquel día: movilizar al barrio. Cómo sigue este reclamo de justicia.

Por Delfina Pedelacq para lavaca.org

Fotos: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Son las cuatro de la tarde del viernes cinco de enero, el sol raja el asfalto de las calles de Barrio Sarmiento en San Martín. Más de cien personas se concentraron en la intersección de las calles Cabildo y Campichuelo para visibilizar, en el barrio de Araceli Fulles, que sus asesinos están sueltos otra vez. Muchas son madres o familiares de otras víctimas de femicidio que llegaron para acompañar este reclamo. Una a una se colocan detrás de la bandera que grita el reclamo de justicia, para caminar hasta la plaza donde Araceli fue vista por última vez, en marzo de 2017. Mónica lleva en su antebrazo derecho un tatuaje con la cara de su hija. Mira al cielo, lo besa y comienzan a caminar.

Rastros

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados a perpetua el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. El 29 de diciembre pasado, los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar de un perito. Tras 25 días de búsqueda, fue este perito, con su perro adiestrado en la búsqueda de personas, quien encontró el cuerpo de Araceli Fulles en la casa de Dario Badaracco y marcó en el corralón de Cassalz los lugares donde habría estado Araceli.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Mónica, mamá de Araceli. Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Los magistrados en su fallo pidieron que la Fiscalía General de San Martín investigue la actuación del perito Marcos Herrero en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones de los binomios guía-can idóneos para esa tarea, en función de lo corroborado en esta causa y otros antecedentes”.

Después de conocer el fallo, el abogado de la familia Fulles, Diego Szpigiel presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires: “No nos vamos a quedar con esta resolución porque la entendemos absolutamente arbitraria”.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Araceli Fulles: El sabor de la justicia

Cinco cuadras caminó la multitud hasta llegar a la Plaza “Soberanía Nacional”, donde también se encuentra un monolito en homenaje a Araceli. Es una imagen grande de su cara, abajo tiene una inscripción que dice: “Vamos negrita: bailá hasta el fin”. Monica abre despacio la reja que lo protege, levanta un cuadro y mantiene durante algunos minutos su mirada fija en él. Es una foto escolar de tercer año de Araceli: “3ro D, Señorita Maria Luisa”.

“Se me va a ir la vida, pero quiero que mi hija descanse en paz. Voy a seguir luchando y quiero que me acompañen siempre” dijo Monica ante toda la gente que participó de la movilización. “Ahora no se trata tampoco de llorar, se trata de recuperar fuerza para luchar por ella y por todas las mujeres, porque lamentablemente estos jueces corruptos han largado a estos asesinos, van a estar sueltos y le puede pasar a cualquier mujer. Tanto Carral, Violini y Maidana son más asesinos que los que mataron a mi hija, porque la volvieron a matar. Son los mismos que también soltaron a los femicidas de Anahí Benítez y Luna Ortiz”.

Alrededor del monolito se forma una ronda. Le acercan a Mónica un megáfono. La mayoría de las personas que están en la plaza se arriman a escuchar. “Nosotros queremos vivir libres. A ellos les dieron perpetua y no la cumplen: están en la calle. Mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Somos nosotros los que tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, dice Mónica, sin contener el llanto. Ricardo Fulles la aprieta en sus brazos y le seca las lágrimas.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Con la voz quebrada y agarrada fuerte de su mano, Marisa (mamá de Luna Ortiz) toma la palabra: “Luchar sirve, no nos vamos a quedar en nuestras casas llorando porque siempre se nos hizo difícil con esta justicia. Esta es la justicia que nos dan con sabor a nada, que los encierran un par de años como para decir acá ya está y después los vuelven a liberar. En estas causas hay mucha mugre y queremos que los asesinos estén donde tienen que estar, en la cárcel. Y basta de jueces y fiscales corruptos”.

Familiares de víctimas de violencias como Candela Sol Rodríguez, Natalia Sabán, Zaira Rodríguez, Luna Ortiz, Andrea Jara, Damián Castillo, Nicolás Duarte, Laura Iglesias, Lucia Costa entre otros, acompañan a la familia de Araceli durante esta primera jornada de lucha del año. La familia de Lucía Pérez y la campaña “Somos Lucía” se sumaron al reclamo y llevaron adelante una acción en Mar del Plata. También está presente el Padre Adolfo Benassi y la monja Martha Pelloni. “Esta es nuestra nueva familia”, dirá Mónica después de mencionarlos a todos y todas, “porque pasamos lo mismo, sabemos el dolor que cada uno siente porque también lo sentimos.”

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Cómo sigue

La movilización llegó a la plaza Soberanía Nacional y después de un pequeño acto, volvió hasta el lugar de salida. Con el objetivo de que el barrio se entere y conozca el nombre de los jueces que permitieron que los asesinos de Araceli estén nuevamente libres.

“El día que me digan: Señora, usted consiguió la perpetua para todos, no solamente por Araceli sino por todas las demás, ese día voy a poder descansar e irme con mi hija, porque lo que más anhelo es eso. Algún día voy a reencontrarme con vos, mamita”, dirá Mónica.

“¿El poder siempre gana? No, vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, finaliza Mónica y agradece a todos por el acompañamiento. Estas movilizaciones por el distrito se realizarán durante todo enero y cuando termine la feria judicial, el objetivo es llegar a La Plata, frente a la Cámara de Casación, para visibilizar también quienes fueron los responsables de que hoy los asesinos de Araceli estén libres.

En la esquina de Campichuelo y 25 de mayo hay un mural donde se la puede ver sonriente, como si saliera de la pared. Coronando su imagen hay una frase que Araceli había posteado en su Facebook, tiempo antes de su femicidio. “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

Seguir leyendo

Mu189

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

el

Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Movilización contra los femicidios en la ciudad, que ocupó unas diez cuadras, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ante la falta de justicia, las mujeres revelan las caras de los femicidas. Fotos: Sebastián Smok.

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Mar del Plata fuera de temporada: ¿qué ves?

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

Seguir leyendo

LA NUEVA MU. El facho

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido