#NiUnaMás
Organizadas. Familias víctimas de femicidios
A un año de la primera de varias cartas enviadas sin éxito al presidente Alberto Fernández, madres y padres de niñas y mujeres asesinadas reflexionan sobre la necesidad de estar juntos y tejer redes para pedirle al Estado que escuche. Y que reaccione. Cada experiencia refleja lo que significa la falta de políticas públicas efectivas: impunidad judicial, indiferencia, incomunicación. Lo que opinan las familias sobre la actual gestión. El encuentro por Zoom. La pelea cotidiana, sin recursos, para sostener la vida y el pedido de justicia. Y el Nunca Más como bandera. Por Anabella Arrascaeta.

El 11 de diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández recibió en la mesa de entrada en Casa Rosada lo que probablemente fue el primer petitorio enviado a esta gestión. Estaba firmado por cinco familias que se unieron para tejer la voz colectiva del grupo Familias Sobrevivientes de Femicidios y contenía cinco puntos fundacionales del colectivo:
Cumplimiento efectivo de la pena: ningún femicida puede quedar en libertad sin que el Estado garantice que la cárcel no haya sido una escuela de más violencia.
Ayuda inmediata a los hijos de víctimas de femicidios: los abuelos se hacen cargo desde el yogur hasta la psicóloga.
Acompañamiento integral a las familias desde el Estado que incluya los recursos necesarios para llevar adelante el pedido de justicia: las familias deben pagar desde el ataúd hasta el abogado.
Capacitación sobre femicidios a los jueces, fiscales y defensores judiciales: debe ser dada por los familiares, que somos expertos en el maltrato, misoginia y crueldad judicial.
Reconocimiento de las familias como víctimas por parte del Estado, y su consecuente tratamiento.
El petitorio fue firmado frente a la misma Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y entregado colectivamente luego de una ronda de más de dos horas en la que esas familias compartieron sus historias y pensaron estrategias para la búsqueda de justicia.
Habían llegado desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con kilómetros y dolores a cuestas, uniendo sus voces para ser escuchadas por quienes deben encontrar soluciones adecuadas que permitan terminar con la violencia machista, esa violencia que destroza un cuerpo y, a la vez, la vida de las familias.
Estaban presentes Rosana y Alfredo, mamá y papá de Carla Soggiu; Rubén y Ana María, papá y mamá de Melina Romero; Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; Mónica, mamá de Araceli Fulles; y Blanca, mamá de Agustina Fredes.
Todas y todos llevaban en su pecho las fotos de sus hijas. Entre la ronda de Familias y la Casa Rosada había una bandera negra de letras blancas que decía: “Estado femicida nunca más”.
No están solas
«Desde la primera carta que dejamos en Casa Rosada nosotros hicimos de todo pero las respuestas fueron muy pobres, muy miserables y muy egoístas”, dice Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada a los 16 años en Mar del Plata. “Encontrarnos con otras familias sobrevivientes fue lo mejor que pasó este año. Saco de positivo el amor que pudimos ensamblar, el apoyo que encontramos entre nosotros, y el seguir con la puerta abierta de la lucha”, sostiene mientras en sus francos como enfermera limpia frutillas para hacer mermeladas que vende para costear viajes, fotocopias y trámites en la causa de su hija que aún espera justicia.
Marta razona: “Estar juntos nos fortalece, a todos nos pasa lo mismo. Si no estuviéramos atrás de la causa, las cosas no funcionarían: es un desgaste físico, psicológico y económico. Si no estamos con la cabeza y cuerpo bien, y con plata para poder ir y venir, no pasa nada, el Estado no te da nada. Al estar las familias juntas decimos ‘si Alfredo lo puede hacer, yo también. Si Mónica puede, yo también’. Nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos. Las cosas tan duras como las que pasa el otro son iguales a las que paso yo. Poder hablar nos ayuda, y lo podemos hacer porque somos todos iguales, pasamos por lo mismo. El entramado principal está en poder decir que no estamos solas, estamos juntos por un cambio de paradigma para todas, no para cada uno. Nuestro lema es: ‘no importa lo que tengamos que pasar para llegar a que nuestras hijas tengan justicia’, pero no debería ser tan difícil, debería ser de otra manera, pero la realidad es que somos nosotros llevando adelante la causa de nuestras hijas”.
Madres descartables
La segunda ronda fue el 12 de febrero del 2020. Desde Mar del Plata llegaron a Plaza de Mayo cincuenta y cuatro personas acompañando a las familias que desde esa ciudad traían su voz. A quienes ya habían estado en el primer encuentro se sumaron Gustavo, papá de Natalia Melmann; Ana, mamá de Analía Aros; y Jesica, hermana de Nancy Segura.
El círculo se fue haciendo cada vez más grande.
“¿Qué venimos a hacer a esta plaza? Venimos a sembrar conciencia”, dijo ese mediodía Marta. Blanca, mamá de Agustina Fredes, asesinada también en la ciudad costera a los 19 años, agregó: “Nosotras pasamos a ser madres descartables. Nos matan a nuestras hijas y tenemos que venir de tan lejos a estar acá sentadas llamando la atención e informando de lo que pasa a la gente. Y no es fácil venir acá. Es muy triste”.
La ronda tuvo un punto culminante en la lectura en voz alta de la segunda carta y petitorio que Mónica, mamá de Araceli Fulles, llevó hasta la mesa de entrada de Casa Rosada. Tres reclamos:
Que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista, que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y, de ser necesario, recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral.
Que se implemente la asistencia jurídica gratuita y, en caso de ser necesario, se proporcionen los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia.
Que se implemente un protocolo de actuación territorial, especialmente en el ámbito de la educación, para aplicar inmediatamente en casos de poblaciones afectadas por femicidios.
Estado sordo
«Cuando empezamos a juntarnos no conocía a nadie pero sí había escuchado los casos”, dice Alfredo, papá de Carla Soggiu, asesinada a los 28 años. Alfredo y Rosana se hicieron cargo de sus nietos menores de edad sin recibir hasta hoy –a dos años del femicidio– la reparación económica establecida en la Ley Brisa. “Mis nietos no cobran nada. Y nadie nos informa nada porque la ANSES está cerrada. Mi señora intenta hacer trámites por teléfono y es imposible. Por la tele dicen que es un trámite sencillo pero no lo es. A nosotros en estos dos años no nos llamaron nunca”.
Para Alfredo lo primero que debería hacer el Estado es muy simple: escuchar. “Tienen que empezar por el principio: escuchando, siempre eso es lo primero. Tenía esperanza de que el Ministerio de las Mujeres pudiera ser de ayuda sobre todo para quienes están vivas. Nosotros tenemos a nuestras hijas muertas, pero hay muchas chicas que están, que sobrevivieron. A mi criterio no hubo avances, fueron cositas muy chiquitas. Creí que iban a avanzar en tratar de prevenir para que bajen las tasas de femicidios, en algo más preventivo y no en darle unos pesos, que además son insuficientes, a alguien que hace la denuncia. Habría que atacar más en otro lado. También veo que generalizan en vez de interiorizarse: todos los casos son diferentes, entonces hay que poner gente que escuche a las personas. Una mujer que hizo la denuncia necesita que la estén cuidando de una manera más personalizada. Si solo se hacen cosas generales no van a servir porque nunca van a contener a todas las personas. Tal vez a algunas sí, pero no a todas. Por eso pienso que tienen que escuchar a los familiares, para escuchar y comprender que esto tiene un montón de aristas. La sábana es corta. Más que una sábana es un repasador, y quieren tapar todo con eso: es imposible”.
Hagan algo
La última ronda presencial en Plaza de Mayo, antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio fue el 11 de marzo de 2020, bajo una tormenta implacable.
Las familias enumeraron todo lo que tienen que hacer para obtener justicia: investigar, preguntar, buscar, acompañar, y un sinfín de tareas más que van desde pagar el ataúd de sus hijas hasta el yogur que todas las mañanas toman sus nietos y nietas, a quienes ahora cuidan. Bajo la lluvia, en la ronda, Rosana lo sintetizó de este modo: “La justicia no ve que los nenes comen y van a la escuela todos los días”.
La carta del tercer encuentro entregada en la Casa Rosada y, dirigida también al Presidente fue concreta y dolorosa: “Nosotras, Familias Sobrevivientes de Femicidios reiteramos por tercera vez el pedido urgente de que el Estado que usted preside implemente las políticas públicas necesarias para contener, prevenir y erradicar las violencias que están destrozando las vidas de mujeres y travestis. En las dos anteriores cartas enumeramos una serie de medidas simples, concretas y necesarias. En esta oportunidad no queremos seguir sumando una lista de exigencias, sino sintetizar en una sola lo que se impone ante la grave situación reinante: hagan algo”.
¿Quién siente?
«Es importante estar juntas porque estamos en el mismo dolor que es como decir que hablamos el mismo idioma”, dice Mónica. Su hija, Araceli Fulles, fue asesinada el 1º de abril de 2017, en San Martín, cuando tenía 22 años. “La encontré a los 27 días violada, quebrada. La habían puesto en un freezer. Estuvieron 27 días sin saber dónde meter el cuerpo, hasta que la enterraron en un pozo con cal. No se veía esa carita que ven acá en la foto. Fui a reconocer el cuerpo. Solo estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también, antes, estuve muchas veces afuera. No me paré a preguntar por qué estaba reunida la gente, a veces en la plaza o con carteles, porque yo era muy ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Hoy me tocó a mí”, dijo ante el micrófono en una reunión en Plaza de Mayo donde también contó que el más chico de sus dos hijos después del femicidio de su hermana intentó suicidarse dos veces.
“Nos perjudicó la pandemia pero creo que todos tendríamos que acompañarnos, tomar conciencia de que tenemos que unirnos. Que se sigan sumando familias, es importante estar todas juntas”, reflexiona ahora, a un año del primer encuentro. “No siento que desde el Estado hayan hecho algo, y esto no se va a terminar. La cantidad de femicidios que hay es cada vez mayor, pero no hacen nada para pararlos. No sienten el dolor que sentimos nosotros”.
Ministerio zoom
Una vez iniciada la cuarentena las cartas continuaron enviándose de manera online y el grupo siguió conectado con la frecuencia posible para cada familia: en algunos casos cargar crédito para tener whastapp no es una opción.
“Hoy como todos meses nos dirigimos a usted señor presidente Alberto Fernández; necesitamos que nos escuche y nos reciba para plantear el problema que padecemos las familias que somos sobrevivientes de femicidio”, escribieron el 10 de abril del 2020.
La respuesta tardó meses en llegar: el 29 de septiembre de 2020 las Familias recibieron una carta que decía: “Por medio de la presente se le informa que, por el momento, el Primer Magistrado no podrá recibirlos debido a la intensa actividad del gobierno que actualmente desarrolla”. Ese mismo día se conocieron tres femicidios.
El pedido fue derivado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Funcionarias de esa cartera se reunieron de manera virtual con Alfredo (papá de Soggiu) y Marta (mamá de Lucía). El resto de las familias no tenían computadora para conectarse, o teléfono que permitiese hacerlo, ni otros recursos. “Hablamos de una diferencia social importante. Me atendés virtualmente pero yo no puedo ni entrar porque no tengo crédito en el teléfono”, dijo ese día Marta.
En un comunicado difundido por las Familias luego de la reunión explicaron: “Así escuchamos a varias funcionarias de segundo y tercer nivel ministerial, quienes nos detallaron los programas de ayuda asistencial que habían implementado, como por ejemplo la ayuda de 40 mil pesos que se puede pedir antes de los 60 días de sucedido el fallecimiento. Así agradecimos mucho el tiempo que nos dedicaban, les explicamos que los crímenes de nuestras hijas están impunes desde hace varios años y reiteramos nuestro interés: ser recibidas por el Presidente ya que consideramos que los femicidios deben ser prioridad en la agenda de gobierno”.
Luego de la reunión Alfredo describió la situación con la siguiente imagen: “Pusieron un granito de arena. Es un inicio. Pero falta la playa entera”.
Nunca más
«La lucha por nuestras hijas no termina, sigue. Somos la voz, el cuerpo, el pensamiento de nuestras hijas. Por eso toda la lucha que se haga con otras familias para mí es importante. Tenemos que estar golpeando puertas y abriendo cabezas”, dice Ana María, mamá de Melina Romero, a quien seguir conectada durante el aislamiento, desde su casa en San Martín, le resultó imposible. “Quedé aislada”, explica.
Por eso Ana María cree importante que pronto puedan retomar las reuniones en Plaza de Mayo: “Ojalá que nos abra las puertas el Presidente. Sería muy importante porque dijimos ‘Estado ausente nunca más’, pero hay una ausencia tremenda por parte del Estado. Hubo muchas chicas muertas antes y después de Melina. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hay? El Estado debería escuchar a las familias. Para que nos atiendan tiene que haber tiempo. La Casa de Gobierno es bastante grande para que nos pueda ceder un espacio y nos dé explicaciones a todas. Sería una forma de demostrar que está cumpliendo su función como Presidente, para que el Estado no esté ausente nunca más”.
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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.
Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.
Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.
Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?
Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.
Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.
Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.
Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.


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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.
Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.
En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.
3J federal
Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.
La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.
En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.
También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.
“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.
En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.
María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.
Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.
La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.
En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.
En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.
Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.
4J en la Ciudad
Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.
En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.
Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.
Femicidios en la mira
En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.
¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.
Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.
Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:
- a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
- Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
- Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
- En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.
El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.
El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.
“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.
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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


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