#NiUnaMás

Justicia feminista, por María Galindo

Publicada

hace 4 años

23/12/2020

A qué le llamamos hoy justicia: al aparato de policía, jueces, fiscales y forenses con testículos. Por qué es necesario cambiar la mirada sobre las víctimas. El “recuento de daños” que simboliza el Observatorio Lucía Pérez. El cambio del derecho a la tipificación de femicidio, por el derecho a no ser asesinadas. La forma de inventar la justicia juntas, concatenando dolores y saberes. Por qué este informe especial representa una ruptura conceptual en la forma de enfrentar las luchas contra las violencias patriarcales. La mirada de la activista y teórica boliviana sobre el padrón.

¿Qué es la justicia patriarcal?

El aparato de justicia: policía, jueces, fiscales y forenses. El Código Penal entero: cada uno de sus elementos tiene una estructura y origen patriarcal que sigue vigente. Por eso resulta imposible que ese aparato le de solución al feminicidio, acoso sexual, violencias machistas, irresponsabilidad paterna, violación sexual y los etcéteras, que han ido entrando lentamente en la casilla de delitos y saliendo de la casilla de formas de violencia legítimas de los hombres contra las mujeres y de los cuerpos dotados de poder patriarcal contra los cuerpos despojados de soberanía.

Se han producido leyes parche como formas de respuesta lenta a la masacre contra las mujeres y los cuerpos no soberanos, leyes que a su vez han demostrado no resolver el problema y que pueden revertirse en contra de las mismas víctimas una y otra vez.

La pregunta no es si la ley sirve o no. En principio se supone que es útil, aunque cotidianamente muestra su inutilidad pues si de conseguir justicia se trata, siempre las más pobres, las más criminalizables -como son las mujeres en prostitución, las trans o las lesbianas-, quedan en la cola del sistema sin posibilidad de acceso a la justicia.

Los casos van por orden de prioridad racista, clasista, homo y transfóbica. Lo mismo si se mide al victimador. Los más pobres de entre los hombres bajo una lupa clasista, racista y homo y transfóbica serán considerados posibles victimarios y mientras más arriba en la escala social esté el victimador menos posibilidad de juzgarle como victimario tiene la víctima. El entramado de la justicia patriarcal no solo es el texto de la ley, sino el drama de su aplicación en todos y cada uno de sus detalles.

El testigo es el que posee testículos

Justicia patriarcal es que la palabra de las mujeres no tenga valor de verdad, sino que sea de antemano una palabra sospechosa y despojada de credibilidad.

Justicia patriarcal es que en un juicio por violación, la violada tenga que probar su inocencia, que una mujer que aborta sea penalizada, pero el aborto masculino sea legítimo. Aunque el primero se dé en un caso de embarazo y el segundo se dé en un caso de paternidad irresponsable.

Que haya una clasificación “moral” pormenorizada de las mujeres asesinadas y que los feminicidios sean socialmente juzgados desde la culpabilización de las muertas.

Justicia patriarcal es que toda madre sea susceptible de ser vigilada judicialmente sobre el cumplimiento de una maternidad “buena”, pero que todo padre pueda presentarse ante un juez teniendo hijes de diferentes parejas que no puede mantener y que se fije la asistencia familiar, no sobre la base de las necesidades de subsistencia de las wawas, sino sobre la base de la irresponsabilidad y comodidades del padre irresponsable, que jamás se sentirá en la obligación jurídica, no solo de criar y educar a las wawas, sino ni siquiera de ponerse un condón.

Justicia patriarcal es que un forense minimice las lesiones de una víctima de violencia machista, pero que cuando una mujer se defiende de su victimador, ella sea considerada no víctima, sino victimadora y la legítima defensa sea juzgada como asesinato o agresión con rapidez y sed de castigo social para que esa víctima sirva de escarmiento histórico, para que las mujeres no se atrevan a defenderse de sus agresores.

Justicia patriarcal es que toda víctima necesite de un abogado para ser representada y que no sea el Estado mismo, a través de la fiscalía, quien la represente.

Justicia patriarcal es que la víctima tenga que convertirse en investigadora porque la policía ha convertido en rutina los femicidios y no tiene la voluntad ni la pericia para recabar las pruebas.

Justicia patriarcal es que el sistema en su conjunto les achaque al alcohol, la fiesta o el deseo de libertad sexual las causas de la violencia machista, pero no así a la educación, al concepto de familia, a los patrones de los medios de comunicación o al discurso misógino institucionalizado y generalizado.

La justicia patriarcal quiere aislar cada caso para evitar el aglutinamiento de las víctimas y la crítica al sistema que sostiene, produce y legitima esa violencia. Busca las causas que la produjeron en teorías criminalísticas que conviertan a la víctima en responsable de la violencia que sufre y al victimador en una suerte de “enfermo” mental excepcional.

Todo el sistema intenta intervenir sobre la víctima y no sobre el victimador. Ella sufre violencia machista no porque quiso emanciparse, sino porque es “carente de autoestima”, no porque se está rebelando, sino porque sale a bailar o se viste con escotes.

El victimador jamás es interpelado. Se lo encierra en una cárcel donde el tipo de reclusión será rifada por la policía sobre la base de la extorsión económica que contra el victimador pueda utilizar la policía.

No hay casas para maridos golpeadores donde ellos cocinen, cosan, tengan horarios de entrada y salida y hayan tenido que dejar las casas donde vivían, pero hay casas de refugio tipo cárcel/convento para mujeres víctimas de violencia machista.

La imagen que se muestra de nosotras es la de cuerpo maltratado, mutilado, golpeado, humillado, tirado en el piso y sangrante.

No estamos ante un reclamo por justicia, sino ante una disputa conceptual de lo que por justicia entendemos. Una disputa que pasa por el sentido y el significado que tiene cada moretón, una disputa que pasa por cada una de las palabras que vamos a inventar para formular lo que estamos viviendo las mujeres y los cuerpos despojados de soberanía en una sociedad patriarcal capitalista y colonial.

Cada uno de los pasos que hemos dado intenta ser recapturado en contra nuestra para que esta gigante lucha por justicia y para que este gigante dolor social se reviertan contra nosotras, una vez más. Por eso las palabras, las discusiones y las formas como vamos interpretando nuestro propio camino no los podemos dejar en manos del Estado, los partidos políticos, ni las oenegés. Nuestro mayor desafío político y filosófico es escuchar a las víctimas como protagonistas, y desde sus palabras y sus vivencias construir esperanza. Nuestro mayor desafío político y filosófico es responder a las violencias machistas desde nuestra autonomía política y no como clientas del Estado, los partidos, los organismos internacionales y las oenegés.

Tenemos que pasar de denunciar lo que no queremos a inventar lo que queremos.

Pasar de la denuncia a la invención

Sobre la base de formas de complicidad pequeñas e invisibles hemos llevado nuestras denuncias ante ese aparato helado e indiferente que es la Justicia Patriarcal. Tal es la cantidad de denuncias y trajines que hemos producido en sus corredores, que las mujeres mas anónimas de la sociedad hemos logrado demostrar que su aparato de justicia no sirve para nada.

Hemos logrado colapsar sus juzgados, acabar con sus horas de trabajo tratando de explicar cada moretón, cada insulto, cada violación. Han sido tantas las horas que hemos necesitado para eso que lo único que hemos logrado demostrar es que están sordos.

Este colapso del Estado ante las mujeres es importante porque deja claramente establecido que no hay policía suficiente para contener la violencia machista, sino que la policía misma es un brazo de producción de violencia patriarcal.

Este colapso del Estado ante la necesidad de justicia de las mujeres representa, ni más ni menos, que haber llegado a un límite entre lo viejo y lo nuevo, es haber llegado a un límite en el que la reforma de la ley no basta ni resulta suficiente. Es haber llegado a un límite en el que la retórica queda develada como retórica, donde queda demostrado que la propia categoría de género se ha convertido en un adminículo retórico de su misoginia estructural. Por muy loco que parezca es así.

Este límite nos obliga a pasar de la denuncia a la invención.

Mañana nuestro trabajo no es continuar con ese trajín amargo, sino pasar de denunciar a la justicia patriarcal a producir nosotras otras formas de justicia, porque sin justicia no podemos vivir.

Estamos conscientes de que la relación victimario/ víctima no se resuelve con la cárcel: somos responsables de construir otra respuesta de justicia.

Somos responsables de no fortalecer el sistema carcelario clasista, racista, patriarcal, policíaco y corrupto. La justicia que necesitamos la tenemos que construir por fuera de su Código Penal, de su policía y de su cárcel. Tenemos que ser capaces de respondernos: ¿Qué haríamos nosotras como juezas con un violador? ¿Qué haríamos con un femicida? ¿Qué contenidos tiene esa otra justicia que reclamamos? ¿Nos atrevemos a pasar de denunciar la misoginia del juez a plantear otro concepto de justicia? ¿Seremos capaces de no nutrir con nuestros sueños de justicia los aparatos de represión carcelario donde han sido recluidas nuestras abuelas de lucha?

¿Seremos capaces de repensar nuestro lugar de víctimas para trascenderlo y no para perpetuarlo, para que nuestras hijas hereden lugares de lucha y rebeldía y no lugares de resignación y humillación? En ese límite estamos.

Allí hemos llegado.

Recuento de los daños: Observatorio Lucía Pérez

Los Estados vienen haciendo recuento de víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar o de género, que es como les han venido llamando según diferentes olas teóricas. Son recuentos que están en manos de la policía y el Poder Judicial y que están hechos para reducir a las víctimas a cifras.

Están hechos para normalizar la violencia, para que esos recuentos se conviertan en un adminículo más de un mensaje de vigilancia y advertencia contra nuestras libertades. Esos recuentos, inclusive, están hechos para olvidar los nombres de los femicidas y que cada uno de los femicidios figure con nuestros nombres.

Están hechos también para borrar los motivos por los que fueron asesinadas y sustituirlos por el pálido dato de que son mujeres y punto. En muchos casos son, además, recuentos que excluyen a las mujeres trans de las listas de femicidios y que excluyen también a las mujeres en prostitución, porque los asesinatos de esos dos tipos de mujeres no son dignos ni de ser mencionados como número.

El observatorio autogestionado Lucía Pérez, en ese contexto, levanta un foro de justicia que, hasta donde conozco, no tiene precedentes ni comparación.

No se trata de un recuento autogestionado contra uno estatal para hacer lo mismo. No es una diferencia de detalle, ni de número, sino el uso político del número de víctimas para construir eso que tanta falta nos hace: la visión de conjunto. La visión de la cuestión estructural masiva; eso que tanta falta nos hace que es la concatenación de un caso con otro como fenómeno político.

Nos obliga a hacer lo que todo el sistema patriarcal se niega a hacer que es volcar la mirada y el registro en el victimador y, además, detallar los datos esenciales de cada uno de los femicidios.

Este padrón autogestionario nos obliga a convertir la cifra en un dato político, nos obliga a concatenar caso con caso y caso con lucha, volcándonos a que pasemos de la lucha individual por justicia a la lucha colectiva por justicia, que es la única que realmente tiene sentido.

Este padrón implica un enorme esfuerzo. Es como haber construido un empedrado sobre el cual marchar, es haber convertido los ríos de sangre en ríos de agua donde navegar en busca de justicia.

Nos obliga al encuentro entre víctimas y a la búsqueda de la invención de lo nuevo.

Este padrón nos regala la acumulación de lucha, para que cada marcha deje de ser un esfuerzo circunstancial. Nos da el grado gigante de conciencia contra las violencias que hoy está en manos de las mujeres de todas las edades y regiones, y convierte esta lucha en el hilo en torno del cual nos podemos unir. Relaciona femicidio con muerte por aborto clandestino y con violaciones, planteando así la matriz común que es otra de las cuestiones que el Estado y el Derecho Penal patriarcal separan como delitos que no tienen relación.

Este padrón autogestionado materializa la tesis más importante: la base de toda violencia patriarcal es el despojo de soberanía de nuestros cuerpos.

Por eso este padrón representa un modelo a imitar y una ruptura conceptual en la forma de enfrentar la luchas contra las violencias patriarcales.

Este padrón autogestionario materializa lo que la autonomía política representa porque no hay lugar para concesiones ni omisiones: es el punto de partida sobre el cual deliberar cómo será esa otra justicia que queremos, que ofrecemos y que necesitamos.

Por el derecho a no ser asesinadas

Nuestro desafío mayor es producir justicia: justicia feminista. Y quiero atreverme a plantear unas pocas pistas de lo que eso significaría.

La justicia feminista no saldrá de la reforma de la ley, sino de la producción paralela de justicia, tal cual lo hicimos con las dictaduras militares y los crímenes de lesa humanidad.

Esta otra justicia se puede gestar si somos capaces de construir tribunales populares de mujeres para atrevernos a juzgar los casos.

La justicia feminista no saldrá del juzgamiento con perspectiva de género que nos ofrece retóricamente el Estado, sino de situarnos en el intersticio entre legalidad e ilegalidad, es decir en el espacio de la alegalidad, para actuar rápidamente, para cuidarnos entre nosotras, para salvar nuestras vidas y actuar socialmente contra los violentos con la capacidad de convertir nuestro dolor en voz pública y autorizada para actuar.

La justicia feminista no saldrá de la construccion de una criminología, sino de la capacidad de desmontaje de la masculinidad violenta.

Lo que necesitamos demostrar no es el delito así como lo comprende el procedimiento penal, sino el ejercicio de violencia como ejercicio de una masculinidad en decadencia.

Necesitamos desactivar al violento de su ficticio poder de ejercer violencia. En los juicios de justicia feminista necesitamos demostrar que el poder de matar que usa el femicida termina aniquilándolo a él mismo.

Necesitamos destruir y desmontar el altar donde el femicida se endiosa para quitarnos la vida, porque sin altar su conversión en un ser débil y vulnerable será pensable, posible e imaginable.

No estamos asistiendo al recrudecimiento del patriarcado sino a su colapso.

La violencia que sufrimos es la respuesta a la libertad que ejercemos y no podemos perder eso de vista ni por un solo segundo.

Necesitamos producir una forma de justicia que no represente un trauma para las violadas, sino su plena sanación y la plena recuperación de su libertad.

Un escenario donde la violada no sienta vergüenza, sino que sea el violador el que deba avergonzarse.

Necesitamos producir una forma de justicia que reproduzca justicia y no que reproduzca odio y decadencia.

Esa forma de justicia la inventaremos juntas, la inaguraremos concatenando nuestros dolores, tal cual lo hace hoy este padrón autogestionado de violencia patriarcal.

Organizadas. Familias víctimas de femicidios

Mu 154: Ni una más

#NiUnaMás

La tesis del gran bonete

Publicada

hace 4 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

Seguir leyendo

Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 2 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.