#NiUnaMás
Justicia feminista, por María Galindo
A qué le llamamos hoy justicia: al aparato de policía, jueces, fiscales y forenses con testículos. Por qué es necesario cambiar la mirada sobre las víctimas. El “recuento de daños” que simboliza el Observatorio Lucía Pérez. El cambio del derecho a la tipificación de femicidio, por el derecho a no ser asesinadas. La forma de inventar la justicia juntas, concatenando dolores y saberes. Por qué este informe especial representa una ruptura conceptual en la forma de enfrentar las luchas contra las violencias patriarcales. La mirada de la activista y teórica boliviana sobre el padrón.

¿Qué es la justicia patriarcal?
El aparato de justicia: policía, jueces, fiscales y forenses. El Código Penal entero: cada uno de sus elementos tiene una estructura y origen patriarcal que sigue vigente. Por eso resulta imposible que ese aparato le de solución al feminicidio, acoso sexual, violencias machistas, irresponsabilidad paterna, violación sexual y los etcéteras, que han ido entrando lentamente en la casilla de delitos y saliendo de la casilla de formas de violencia legítimas de los hombres contra las mujeres y de los cuerpos dotados de poder patriarcal contra los cuerpos despojados de soberanía.
Se han producido leyes parche como formas de respuesta lenta a la masacre contra las mujeres y los cuerpos no soberanos, leyes que a su vez han demostrado no resolver el problema y que pueden revertirse en contra de las mismas víctimas una y otra vez.
La pregunta no es si la ley sirve o no. En principio se supone que es útil, aunque cotidianamente muestra su inutilidad pues si de conseguir justicia se trata, siempre las más pobres, las más criminalizables -como son las mujeres en prostitución, las trans o las lesbianas-, quedan en la cola del sistema sin posibilidad de acceso a la justicia.
Los casos van por orden de prioridad racista, clasista, homo y transfóbica. Lo mismo si se mide al victimador. Los más pobres de entre los hombres bajo una lupa clasista, racista y homo y transfóbica serán considerados posibles victimarios y mientras más arriba en la escala social esté el victimador menos posibilidad de juzgarle como victimario tiene la víctima. El entramado de la justicia patriarcal no solo es el texto de la ley, sino el drama de su aplicación en todos y cada uno de sus detalles.
El testigo es el que posee testículos
Justicia patriarcal es que la palabra de las mujeres no tenga valor de verdad, sino que sea de antemano una palabra sospechosa y despojada de credibilidad.
Justicia patriarcal es que en un juicio por violación, la violada tenga que probar su inocencia, que una mujer que aborta sea penalizada, pero el aborto masculino sea legítimo. Aunque el primero se dé en un caso de embarazo y el segundo se dé en un caso de paternidad irresponsable.
Que haya una clasificación “moral” pormenorizada de las mujeres asesinadas y que los feminicidios sean socialmente juzgados desde la culpabilización de las muertas.
Justicia patriarcal es que toda madre sea susceptible de ser vigilada judicialmente sobre el cumplimiento de una maternidad “buena”, pero que todo padre pueda presentarse ante un juez teniendo hijes de diferentes parejas que no puede mantener y que se fije la asistencia familiar, no sobre la base de las necesidades de subsistencia de las wawas, sino sobre la base de la irresponsabilidad y comodidades del padre irresponsable, que jamás se sentirá en la obligación jurídica, no solo de criar y educar a las wawas, sino ni siquiera de ponerse un condón.
Justicia patriarcal es que un forense minimice las lesiones de una víctima de violencia machista, pero que cuando una mujer se defiende de su victimador, ella sea considerada no víctima, sino victimadora y la legítima defensa sea juzgada como asesinato o agresión con rapidez y sed de castigo social para que esa víctima sirva de escarmiento histórico, para que las mujeres no se atrevan a defenderse de sus agresores.
Justicia patriarcal es que toda víctima necesite de un abogado para ser representada y que no sea el Estado mismo, a través de la fiscalía, quien la represente.
Justicia patriarcal es que la víctima tenga que convertirse en investigadora porque la policía ha convertido en rutina los femicidios y no tiene la voluntad ni la pericia para recabar las pruebas.
Justicia patriarcal es que el sistema en su conjunto les achaque al alcohol, la fiesta o el deseo de libertad sexual las causas de la violencia machista, pero no así a la educación, al concepto de familia, a los patrones de los medios de comunicación o al discurso misógino institucionalizado y generalizado.
La justicia patriarcal quiere aislar cada caso para evitar el aglutinamiento de las víctimas y la crítica al sistema que sostiene, produce y legitima esa violencia. Busca las causas que la produjeron en teorías criminalísticas que conviertan a la víctima en responsable de la violencia que sufre y al victimador en una suerte de “enfermo” mental excepcional.
Todo el sistema intenta intervenir sobre la víctima y no sobre el victimador. Ella sufre violencia machista no porque quiso emanciparse, sino porque es “carente de autoestima”, no porque se está rebelando, sino porque sale a bailar o se viste con escotes.
El victimador jamás es interpelado. Se lo encierra en una cárcel donde el tipo de reclusión será rifada por la policía sobre la base de la extorsión económica que contra el victimador pueda utilizar la policía.
No hay casas para maridos golpeadores donde ellos cocinen, cosan, tengan horarios de entrada y salida y hayan tenido que dejar las casas donde vivían, pero hay casas de refugio tipo cárcel/convento para mujeres víctimas de violencia machista.
La imagen que se muestra de nosotras es la de cuerpo maltratado, mutilado, golpeado, humillado, tirado en el piso y sangrante.
No estamos ante un reclamo por justicia, sino ante una disputa conceptual de lo que por justicia entendemos. Una disputa que pasa por el sentido y el significado que tiene cada moretón, una disputa que pasa por cada una de las palabras que vamos a inventar para formular lo que estamos viviendo las mujeres y los cuerpos despojados de soberanía en una sociedad patriarcal capitalista y colonial.
Cada uno de los pasos que hemos dado intenta ser recapturado en contra nuestra para que esta gigante lucha por justicia y para que este gigante dolor social se reviertan contra nosotras, una vez más. Por eso las palabras, las discusiones y las formas como vamos interpretando nuestro propio camino no los podemos dejar en manos del Estado, los partidos políticos, ni las oenegés. Nuestro mayor desafío político y filosófico es escuchar a las víctimas como protagonistas, y desde sus palabras y sus vivencias construir esperanza. Nuestro mayor desafío político y filosófico es responder a las violencias machistas desde nuestra autonomía política y no como clientas del Estado, los partidos, los organismos internacionales y las oenegés.
Tenemos que pasar de denunciar lo que no queremos a inventar lo que queremos.
Pasar de la denuncia a la invención
Sobre la base de formas de complicidad pequeñas e invisibles hemos llevado nuestras denuncias ante ese aparato helado e indiferente que es la Justicia Patriarcal. Tal es la cantidad de denuncias y trajines que hemos producido en sus corredores, que las mujeres mas anónimas de la sociedad hemos logrado demostrar que su aparato de justicia no sirve para nada.
Hemos logrado colapsar sus juzgados, acabar con sus horas de trabajo tratando de explicar cada moretón, cada insulto, cada violación. Han sido tantas las horas que hemos necesitado para eso que lo único que hemos logrado demostrar es que están sordos.
Este colapso del Estado ante las mujeres es importante porque deja claramente establecido que no hay policía suficiente para contener la violencia machista, sino que la policía misma es un brazo de producción de violencia patriarcal.
Este colapso del Estado ante la necesidad de justicia de las mujeres representa, ni más ni menos, que haber llegado a un límite entre lo viejo y lo nuevo, es haber llegado a un límite en el que la reforma de la ley no basta ni resulta suficiente. Es haber llegado a un límite en el que la retórica queda develada como retórica, donde queda demostrado que la propia categoría de género se ha convertido en un adminículo retórico de su misoginia estructural. Por muy loco que parezca es así.
Este límite nos obliga a pasar de la denuncia a la invención.
Mañana nuestro trabajo no es continuar con ese trajín amargo, sino pasar de denunciar a la justicia patriarcal a producir nosotras otras formas de justicia, porque sin justicia no podemos vivir.
Estamos conscientes de que la relación victimario/ víctima no se resuelve con la cárcel: somos responsables de construir otra respuesta de justicia.
Somos responsables de no fortalecer el sistema carcelario clasista, racista, patriarcal, policíaco y corrupto. La justicia que necesitamos la tenemos que construir por fuera de su Código Penal, de su policía y de su cárcel. Tenemos que ser capaces de respondernos: ¿Qué haríamos nosotras como juezas con un violador? ¿Qué haríamos con un femicida? ¿Qué contenidos tiene esa otra justicia que reclamamos? ¿Nos atrevemos a pasar de denunciar la misoginia del juez a plantear otro concepto de justicia? ¿Seremos capaces de no nutrir con nuestros sueños de justicia los aparatos de represión carcelario donde han sido recluidas nuestras abuelas de lucha?
¿Seremos capaces de repensar nuestro lugar de víctimas para trascenderlo y no para perpetuarlo, para que nuestras hijas hereden lugares de lucha y rebeldía y no lugares de resignación y humillación? En ese límite estamos.
Allí hemos llegado.
Recuento de los daños: Observatorio Lucía Pérez
Los Estados vienen haciendo recuento de víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar o de género, que es como les han venido llamando según diferentes olas teóricas. Son recuentos que están en manos de la policía y el Poder Judicial y que están hechos para reducir a las víctimas a cifras.
Están hechos para normalizar la violencia, para que esos recuentos se conviertan en un adminículo más de un mensaje de vigilancia y advertencia contra nuestras libertades. Esos recuentos, inclusive, están hechos para olvidar los nombres de los femicidas y que cada uno de los femicidios figure con nuestros nombres.
Están hechos también para borrar los motivos por los que fueron asesinadas y sustituirlos por el pálido dato de que son mujeres y punto. En muchos casos son, además, recuentos que excluyen a las mujeres trans de las listas de femicidios y que excluyen también a las mujeres en prostitución, porque los asesinatos de esos dos tipos de mujeres no son dignos ni de ser mencionados como número.
El observatorio autogestionado Lucía Pérez, en ese contexto, levanta un foro de justicia que, hasta donde conozco, no tiene precedentes ni comparación.
No se trata de un recuento autogestionado contra uno estatal para hacer lo mismo. No es una diferencia de detalle, ni de número, sino el uso político del número de víctimas para construir eso que tanta falta nos hace: la visión de conjunto. La visión de la cuestión estructural masiva; eso que tanta falta nos hace que es la concatenación de un caso con otro como fenómeno político.
Nos obliga a hacer lo que todo el sistema patriarcal se niega a hacer que es volcar la mirada y el registro en el victimador y, además, detallar los datos esenciales de cada uno de los femicidios.
Este padrón autogestionario nos obliga a convertir la cifra en un dato político, nos obliga a concatenar caso con caso y caso con lucha, volcándonos a que pasemos de la lucha individual por justicia a la lucha colectiva por justicia, que es la única que realmente tiene sentido.
Este padrón implica un enorme esfuerzo. Es como haber construido un empedrado sobre el cual marchar, es haber convertido los ríos de sangre en ríos de agua donde navegar en busca de justicia.
Nos obliga al encuentro entre víctimas y a la búsqueda de la invención de lo nuevo.
Este padrón nos regala la acumulación de lucha, para que cada marcha deje de ser un esfuerzo circunstancial. Nos da el grado gigante de conciencia contra las violencias que hoy está en manos de las mujeres de todas las edades y regiones, y convierte esta lucha en el hilo en torno del cual nos podemos unir. Relaciona femicidio con muerte por aborto clandestino y con violaciones, planteando así la matriz común que es otra de las cuestiones que el Estado y el Derecho Penal patriarcal separan como delitos que no tienen relación.
Este padrón autogestionado materializa la tesis más importante: la base de toda violencia patriarcal es el despojo de soberanía de nuestros cuerpos.
Por eso este padrón representa un modelo a imitar y una ruptura conceptual en la forma de enfrentar la luchas contra las violencias patriarcales.
Este padrón autogestionario materializa lo que la autonomía política representa porque no hay lugar para concesiones ni omisiones: es el punto de partida sobre el cual deliberar cómo será esa otra justicia que queremos, que ofrecemos y que necesitamos.
Por el derecho a no ser asesinadas
Nuestro desafío mayor es producir justicia: justicia feminista. Y quiero atreverme a plantear unas pocas pistas de lo que eso significaría.
La justicia feminista no saldrá de la reforma de la ley, sino de la producción paralela de justicia, tal cual lo hicimos con las dictaduras militares y los crímenes de lesa humanidad.
Esta otra justicia se puede gestar si somos capaces de construir tribunales populares de mujeres para atrevernos a juzgar los casos.
La justicia feminista no saldrá del juzgamiento con perspectiva de género que nos ofrece retóricamente el Estado, sino de situarnos en el intersticio entre legalidad e ilegalidad, es decir en el espacio de la alegalidad, para actuar rápidamente, para cuidarnos entre nosotras, para salvar nuestras vidas y actuar socialmente contra los violentos con la capacidad de convertir nuestro dolor en voz pública y autorizada para actuar.
La justicia feminista no saldrá de la construccion de una criminología, sino de la capacidad de desmontaje de la masculinidad violenta.
Lo que necesitamos demostrar no es el delito así como lo comprende el procedimiento penal, sino el ejercicio de violencia como ejercicio de una masculinidad en decadencia.
Necesitamos desactivar al violento de su ficticio poder de ejercer violencia. En los juicios de justicia feminista necesitamos demostrar que el poder de matar que usa el femicida termina aniquilándolo a él mismo.
Necesitamos destruir y desmontar el altar donde el femicida se endiosa para quitarnos la vida, porque sin altar su conversión en un ser débil y vulnerable será pensable, posible e imaginable.
No estamos asistiendo al recrudecimiento del patriarcado sino a su colapso.
La violencia que sufrimos es la respuesta a la libertad que ejercemos y no podemos perder eso de vista ni por un solo segundo.
Necesitamos producir una forma de justicia que no represente un trauma para las violadas, sino su plena sanación y la plena recuperación de su libertad.
Un escenario donde la violada no sienta vergüenza, sino que sea el violador el que deba avergonzarse.
Necesitamos producir una forma de justicia que reproduzca justicia y no que reproduzca odio y decadencia.
Esa forma de justicia la inventaremos juntas, la inaguraremos concatenando nuestros dolores, tal cual lo hace hoy este padrón autogestionado de violencia patriarcal.
#NiUnaMás
Mujeres mapuche: la resurgencia
Melisa Cabrapan Duarte es cantante, iba a ser diseñadora pero es doctora en Antropología, hija de un militar y una maestra. El crimen de Rafael Nahuel en 2017 la hizo “salir del clóset” y reconocerse como mapuche. Hoy integra la Confederación Mapuche de Neuquén, que enfrenta la invasión del fracking en Vaca Muerta. El concepto de “resurgencia”. Las mujeres mapuche frente al machismo y los abusos internos. El significado de vivir en comunidad. El ambiente y la gente. La construcción de otros horizontes y en qué cosas tener confianza frente a un 3J. Por Sergio Ciancaglini.
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Mayo 2026: Por qué el Estado es responsable de los femicidios

En lo que va de este año ya sufrimos:
95 femicidios y travesticidios
95 tentativas de femicidios
66 infancias quedaron huérfanas como consecuencia de estos crímenes
97 marchas se realizaron para exigir justicia
60 funcionarios fueron denunciados por violencia de género.
59 mujeres y niñas fueron reportadas desaparecidas.
5 crímenes en investigación están sospechados de femicidios.
En cada uno de nuestros padrones se puede acceder a los datos de los casos que componen estas cifras que expresan una realidad: la máquina de la violencia femicida. Interpretarlos en su complejidad es una tarea que la antropóloga mexicana Julia Monarrez define como “la hermenéutica social del sufrimiento” que pone de relieve “las formas en que las fuerzas sociales más amplias se unen para arruinar las vidas humanas individuales”. Entre esos signos a desentrañar el negacionismo de Estado es parte central.
El elemento que caracteriza al femicidio es la tolerancia y minimización estatal de la problemática. La impunidad con la que actúan los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social a través de las múltiples formas en las que acciona el aparato del Estado –policías, fiscalías, funcionarios- y, en los momentos actuales, explícito en los discursos que emiten las más altas autoridades que encarnan su representación. Así, las formas de hacer y de no hacer que caracterizan al Estado abonan estos crímenes, tarea que se completa con la negación de su responsabilidad.
Ejemplos concretos de los que fuimos testigos este año:
- Córdoba: “No hacemos ninguna autocrítica”, sintetizó el fiscal Raúl Garzón en la conferencia de prensa donde anunció el hallazgo del cuerpo destrozado de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desesperadamente durante una semana por su familia, amigas y vecinas. El fiscal demoró cinco días en aplicar el protocolo obligatorio de alerta y cinco también en allanar la casa del principal implicado, pese a tener información fehaciente sobre su identidad, dirección y participación desde el mismo momento en que desapareció la menor. El imputado por el femicidio de Agostina ya tenía una condena por privación de la libertad agravada, pero el fiscal interviniente le otorgó la libertad condicional.
- Mar del Plata: La defensora del femicida de Lucía Pérez atacó a los gritos a la mamá de la víctima durante la audiencia de cesura que la Cámara de Casación bonaerense obligó a realizar al cambiar el delito de femicidio por el de violación agravada. En tanto, el otro implicado fue beneficiado primero con libertad condicional, pero la Cámara ordenó su revocación, aunque su regreso a prisión está pendiente en un laberinto de apelaciones. A casi diez años del crimen de la adolescente de 16 años que motivó el primer paro de mujeres el trámite judicial está, en los hechos, como el primer día: culpabilizando a la víctima por su asesinato, torturando a su familia y negando la figura penal, en beneficio de las estadísticas.
- Córdoba: El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue, finalmente, encontrado en una fosa común, a seis años de su femicidio. La familia se enteró que no estaba en la morgue judicial cuando solicitó realizarle una pericia de parte. Nunca fueron notificados que la fiscalía había trasladado el cuerpo al cementerio sin su autorización.
- San Juan: “Siempre estamos abiertos a dialogar con la defensa para acordar un juicio abreviado”, declaró a la prensa el fiscal Emiliano Pugliese encargado de investigar el asesinato de Camila Nicole Bijinai, víctima de una balacera desatada el 4 de octubre de 2025 en la provincia de San Juan. Su crimen no fue calificado de femicidio, por lo cual las estadísticas de ese año –dadas a conocer hace apenas unos días- señalan que en esa provincia no se produjeron femicidios, a pesar de que toda la dolorosa jurisprudencia producida por las víctimas de balaceras en Rosario indican lo contrario. El dato importante: la tipificación penal de femicidio no admite los juicios abreviados. Evitar esa caracterización es una tendencia que alienta la impunidad, tal como ya sufrió la familia de la periodista Griselda Blanco, asesinada en Corrientes en 2023. Tampoco Griselda formó parte de las estadísticas de ese año y por eso mismo su femicida gozó de un juicio abreviado.
Los cuatro casos tienen un denominador común: son crímenes que nuestro Observatorio ha denominado “femicidios territoriales”. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios, fiscales y funcionarios. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, demorando su investigación, falseando pruebas, entorpeciendo y eternizando procesos judiciales y criminalizando a las víctimas y sus familias. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
Para poner en contexto los datos de femicidios que sufrimos en Argentina es conveniente analizar las estadísticas que realiza la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas con las tasas que informan las fuentes oficiales de todos los países de América Latina:[1]
| AÑO | ARGENTINA | MÉXICO | CHILE |
| 2015 | 1.100 | O.700 | 0.400 |
| 2016 | 1.100 | 1.00 | 0.400 |
| 2017 | 1.100 | 1.200 | 0.500 |
| 2018 | 1.100 | 1.400 | 0.400 |
| 2019 | 1.100 | 1.500 | 0.500 |
| 2020 | 1.100 | 1.500 | Sin datos |
| 2021 | 1.000 | 1.600 | 0.400 |
| 2022 | 1.000 | 1.500 | 0.100 |
| 2023 | 1.100 | 1.300 | 0.400 |
| 2024 | 0.95 | 1.180 | 0.400 |
| 2025 | 0.85 | 1.080 | 0.46 |
La tasa expresa cuántos femicidios sufren estos países por cada cien mil mujeres mayores de 15 años. El femicidio de Agostina, por ejemplo, no formaría parte de esta ecuación.
Finalmente, queremos señalar que la escena del crimen de Agostina Vega que hoy nos está interpelando es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión”. Y de esa opresión el Estado es responsable: todo femicidio es evitable.
[1] https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=4&lang=es
#NiUnaMás
La escena del crimen

Por Claudia Acuña
Como si fuera una respuesta de la realidad a las cifras, veinticuatro horas después de difundirse los datos oficiales que afirmarían la baja de femicidios, el cuerpo de Agostina Vega, de apenas 14 años, expone por qué el Estado es responsable de estos crímenes.
La escena del crimen de Agostina es la misma que se repite en las periferias urbanas de todo el país. Familias agobiadas por el multiempleo vecinas de familias rotas por el desempleo y el narcomenudeo. El Estado allí está muy presente, pero solo en su peor forma: la policía, que controla todos los movimientos, dejando hacer y dejando no hacer en una balanza que siempre se inclina hacia la impunidad de la criminalidad, que está organizada en eslabones muy débiles. Ningún capo narco vive allí y ninguna familia está preparada para soportar las consecuencias. En cada casa se sobrevive como se puede. Hasta que no.
Estamos entonces en el barrio Cofico, en las periferias de Córdoba Capital. En ese escenario el 5 de mayo de 2025 los vecinos vieron escapar corriendo de la casa de Claudio Barrellier -33 años, empleado en una agencia de seguridad que presta servicios a la municipalidad- a una joven desnuda y con las manos atadas. Llevaba puesta solo la bombacha y gritaba desesperada “Ayúdenme”. En el negocio de enfrente le dieron una remera para que se cubra. Llamaron a la policía y llegó el patrullero. Por ese acto de violencia Barrellier fue procesado por privación ilegítima de la libertad calificada y estuvo detenido veinte días. Al concederle la excarcelación, el juez interviniente le impuso una fianza y una serie de obligaciones. Entre ellas figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una condición que cumplió hasta mayo de este año. Se suma así el rol que cumple en estos casos el Poder Judicial, otra vez el Estado.
El sábado 23 de mayo Agostina salió de su casa a las 22.30 para encontrarse con él. Ariel, el remisero que la trasladó declaró que le llamó la atención que una chica de su edad viajara a esa hora hacia una zona considerada peligrosa y le preguntó el motivo. Agustina respondió que iba a encontrarse con el novio de su mamá. El motivo: iban a hacerle un regalo sorpresa. El remisero fue el último en verla con vida: Agostina desapareció.
Su cuerpo fue hallado una semana después en los pastizales de Ampliación Ferreyra.
Al conocerse la noticia las y los vecinos rodearon la comisaría, cortaron las calles y quemaron gomas. Señalaron así a quien consideran también responsable de su crimen: el Estado.
Tal como señala Julia Monarrez, antropóloga mexicana y creadora del concepto “femicidio sistémico” para analizar, erradicar y prevenir esta violencia es necesario “concebir una unidad entre el sufrimiento individual de víctimas y familiares de víctimas, y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo sostienen, requiere tener en cuenta que feminicidio es una palabra potente. Si dejamos de pensarla solo como producto de una relación cultural, que jerarquiza las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en detrimento de ellas, y la comprendemos como una palabra capaz de describir los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos que actúan en contra de la vida de las niñas y las mujeres, entonces podemos pensarla como una palabra antisistémica que denuncia los diferentes ensamblajes de opresión para las mujeres.”
Por eso mismo, nos vemos en las calles este miércoles.

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